El Gobierno amnistía 75 años más las casas edificadas en la playa

Las casas construidas en la playa han sido amnistiadas. El Gobierno prorrogará hasta los 75 años la duración de las concesiones de los inmuebles edificados junto al mar. Hasta ahora, los derechos de uso que el Estado otorgaba a los propietarios eran de 30 años, prorrogables a 60 años si los propietarios disponían de una sentencia judicial que acreditara su propiedad.

En otras palabras, estos inmuebles no podrán ser derribados al menos hasta 2093. Y, mientras, se podrá venderlos y comprarlos, algo que hasta ahora estaba prohibido. No obstante, tendrán que pagar un canon «simbólico» al Estado por el disfrute de esa propiedad.

El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto de la Ley de Costas, un texto que sustituye –y es radicalmente distinto– al aprobado en 1988 con el fin de frenar de forma contundente la degradación del litoral.

En tiempos de crisis, cambian las prioridades, y «la perspectiva del turismo» se ha convertido en una muy importante. Por eso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la ley tiene como fin «la protección del medio ambiente en nuestro litoral, que es la base fundamental de nuestro turismo».

Chiringuitos durante cuatro años
Santamaría ha explicado también que otro de los objetivos es «dar protección jurídica a los propietarios» de estas viviendas en la playa. A pesar de estar inscritos en el Registro de la Propiedad y pagar sus impuestos, se encontraban en una situación de incertidumbre porque no sabían si el Estado les iba a derribar la vivienda cuando venciera la concesión, que comenzaba a acabarse a partir de 2018.

Por eso el Gobierno amplía ahora la duración de los derechos de uso, ha explicado la vicepresidenta, «en la línea general de otras concesiones, como la Ley de Aguas.

Los polémicos chiringuitos de playa, que durante el anterior Ejecutivo estuvieron amenazados, también ganan tiempo con esta nueva reforma. Sus concesiones temporales tendrán un periodo de duración de cuatro años. Eso sí, «siempre que se cumplan las condiciones de protección del litoral. Actualmente la concesión era de un año. El tamaño máximo de estas casetas se mantiene: 150 metros.

Información sobre los deslindes
El Gobierno, que someterá su borrador a la revisión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), quiere dejar bien claro en la web del Ministerio y del Registro de la Propiedad la parte de playa que es pública y la parte que es privada para que ningún ciudadano pueda llevarse a error.

«Muchas veces nuestras playas son afectadas por invasiones del mar y hay que volver a contar las zonas de protección. De pronto, con un deslinde, ciudadanos que tenían su casa se dan cuenta de que la zona en la que viven no es suya. Ha pasado con barrios enteros de pescadores», ha explicado la vicepresidenta.

Así que todos los cambios se inscribirán en el Registro de la Propiedad y «se protegerán» dándoles publicidad.

‘Cláusula ‘antialgarrobicos’
Otra novedad de la reforma es que habrá «tolerancia cero ante las agresiones medioambientales». Santamaría ha hablado de la existencia de la existencia de «una cláusula ‘antialgarrobicos’», para acabar con este tipo de edificaciones ilegales en la costa, en referencia al polémico hotel edificado en el Cabo de Gata.

Por esta cláusula, «la Administración General del Estado podrá intervenir para parar esas obras en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental».

La manera de actuar consistirá en que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá instar al delegado del Gobierno a que supenda inmediatamente los planes municipales, antes incluso de interponer un recurso. «Se evitará así que nos encontremos ante hechos consumados».

El Gobierno amnistía, asimismo, a 10 núcleos poblacionales que dejarán de estar en suelo público. Se trata de Rocafel y Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava y Playa de Aro(Gerona); el casco urbano de Isla Cristina, el Caño del Cepo y Punta Umbría (Huelva); Pedregalejo y El Palo (Málaga), y Oliva (Valencia).

La mayoría de las 1.000 familias que viven en estos núcleos poblacionales estaba ya allí desde antes de la ley de 1988 y, desde entonces, se encontraban en una permanente «inseguridad», según fuentes del Ministerio. A partir de ahora pasarán de ser concesionarios a titulares de las viviendas y podrán hacer en ellas obras de reparación y mejora.

[Via ElMUnd

Las familias pagarán en impuestos 2.000 euros más que hace tres años

Los ajustes fiscales aprobados en los dos últimos años alcanzan los 120.000 millones de euros, una cifra inabarcable pero que se traduce en 8.500 euros por hogar. Solo las subidas impositivas alcanzan los 2.000 euros por familia y año respecto a 2009.

La historia económica reciente de España puede resumirse en dos comparecencias parlamentarias de los dos últimos presidentes del Gobierno: Mariano Rajoy, este miércoles, y José Luis Rodríguez Zapatero, en mayo de 2010. Esas intervenciones supusieron sendas renuncias a buena parte de su capital político a cambio de salvar al país de la debacle. En estos dos últimos años, la política económica ha oscilado alrededor de un único término: el ajuste fiscal.

El objetivo de los históricos recortes aprobados en estos dos ejercicios ha sido reducir el déficit y recuperar la confianza de los mercados. De momento, el desequilibrio presupuestario sigue lejos de embridarse, y la evolución de la prima de riesgo, triplicada desde mayo de 2010, demuestra un éxito más bien limitado. Pero más allá de las consideraciones de eficacia marcroeconómica está la repercusión de los ajustes en la vida diaria de los ciudadanos.

Giro copernicano
Después de dos años de políticas expansivas, el Gobierno socialista aprobó en los Presupuestos de 2010 suprimir la deducción general de 400 euros en el IRPF, elevar el IVA entre uno y dos puntos (tipo reducido y general, respectivamente) y aumentar la tributación de las rentas del ahorro. En total, 11.650 millones de euros. A eso se unió, tras las decisivas jornadas de mayo, la congelación de las pensiones, la rebaja salarial a los funcionarios y la supresión del cheque bebé, sumando un ajuste de gasto de 15.000 millones.

Tras todos esos esfuerzos, el déficit público cerró el año pasado en el 8,9%, casi 30.000 millones de euros por encima de lo comprometido con la Comisión Europea. La inmolación política de Zapatero dio paso a una arrolladora mayoría absoluta de Mariano Rajoy, quien, nada más llegar a la Moncloa, aprobó un recorte de gasto en los ministerios de 8.900 millones de euros, y un histórico aumento del IRPF y el IBI para recaudar 7.521 millones más.

Poco después, llegó el turno a dos de los pilares del Estado del Bienestar que parecían intocables: la educación y la sanidad, que sufrieron recortes de otros 10.000 millones. En total, añadiendo retoques sobre el tabaco y las deducciones empresariales, el ajuste acumulado del Gobierno Rajoy hasta esta semana sumaba 30.264 millones.

El ajuste definitivo
El mayor recorte de la Democracia todavía estaba por llegar: se conoció este miércoles, con la subida del IVA entre dos y tres puntos, la supresión de una paga a los funcionarios y el recorte de la prestación por desempleo como medidas estrella. Total: 65.000 millones, más que la suma de todos los recortes de los dos años anteriores.

El agregado de los ajustes alcanza los 120.000 millones de euros, y su impacto sobre los hogares no es menor: si se divide esa cifra entre los 14 millones de familias, cada una de ellas ha tenido que asumir 8.571 euros entre recortes y subidas tributarias.

Las cifras tampoco son desdeñables si se considera únicamente la mayor presión tributaria. Desde 2010, las dos subidas del IVA (9.000 millones, solo la de esta semana), el alza de tipos del IRPF, la supresión de la deducción de 400 euros, el incremento del IBI y otros impuestos suman una presión fiscal adicional de 28.171 millones de euros: 2.012 por hogar y 626 por persona y año. En resumen: dejando de lado la intensa batería de recortes del gasto público, cada familia española pagará el próximo año 2.000 euros largos más que en 2009.

[Via CincoDias]

Con el 40% de las fortunas de los ricos se pagaría toda la deuda del euro

El 40% de las fortunas de sus ciudadanos adinerados serviría para pagar la totalidad de la deuda que acumulan los estados que comparten el euro, lo que llevaría de golpe a equilibrar sus finanzas, según un estudio que publica hoy el rotativo alemán Süddeutsche Zeitung (SZ).

Con motivo del debate sobre la posibilidad de que las grandes fortunas contribuyan activamente a sanear las economías mas castigadas de la zona del euro, el rotativo revela que el propio ministro federal de Finanzas, Wolfgang Schäuble, considera «un modelo interesante» buscar opciones para que los ricos hagan su aportación a la resolución de la crisis.

La discusión en Alemania tiene su origen en las propuestas presentadas por el prestigioso Instituto Alemán de Estudios Económicos (DIW) de Berlín para que los mas adinerados contribuyan a resolver la crisis de la zona del euro, entre ellas la de la compra forzosa de deuda pública.

«Precisamente en los países en crisis son ese tipo de instrumentos una opción razonable para que las fortunas privadas, en parte muy concentradas, hagan su aportación a la refinanciación del Estado», señalaba el DIW.

«Dependiendo de los progresos en la consolidación del Estado esa deuda se podrá devolver mas adelante con sus intereses», señalaba el DIW, que propone también como alternativa un impuesto temporal que grave las grandes fortunas.

En declaraciones al SZ, el gerente de la empresa administradora de grandes fortunas Assenagon, Jochen Felsenheimer, comenta que «la reacción lógica de los ricos es económicamente equivocada» ante la opción de que se vean obligados a contribuir de alguna manera a resolver la crisis.

Añade que «en las últimas décadas se ha transferido bienestar a costa de todos a unos pocos» y por ello la crisis del euro no es una crisis de la deuda en el sentido clásico, en la que se cuestiona la capacidad de pago de una economía debido a su bajo rendimiento.

Se trata mas bien de una crisis de reparto entre las distintas economías, pero mas aun entre personas privadas y el sector público de cada estado, advierte Felsenheimer, quien considera que estos aspectos no han sido contemplados con suficiente atención hasta ahora.

A su juicio la solución de la crisis del euro debe tener en cuenta también reducir el abismo entre ricos y pobres, que siempre precede a una crisis, lo que no solo ayuda al Estado, sino que es justo.

«Estamos viendo a la vez riqueza privada y miseria pública», comenta por su parte en SZ el economista jefe del instituto financiero Commerzbank, Jörg Krämer, quien pone como ejemplo el caso de Italia, donde los hogares privados acumulan una fortuna del 175 % del PIB, mientras la deuda estatal se eleva al 120 %.

Agrega que si los italianos tuviesen que pagar un 15 % de impuestos patrimoniales sus fortunas bajarían al 150 % del PIB, pero a la vez el estado conseguiría reducir su deuda por debajo del crítico 100 %.

«No comprendo como no se lleva a cabo», afirma Krämer, para quien «Italia necesita señales claras y su proceso de reformas languidece pese a que su jefe de Gobierno Mario Monti se deja festejar como el gran reformista».

Sin embargo, el director del instituto de estudios económicos de Hamburgo HWWI, Thomas Straubhaar, considera que forzar a los ricos a comprar deuda del Estado o gravar sus fortunas con tasas extraordinarias son medidas difícilmente aplicables.

Straubhaar es partidario de optimizar la recaudación de impuestos, cerrando todos los huecos a los adinerados, e introducir un sistema impositivo progresivo que grave en mayor medida a los fuertes con mayores ingresos que a los débiles.

[Via CincoDias]

Enfermeras embarazadas, sin sueldo por descoordinación administrativa

La dirección provincial de Ourense ha comunicado, al menos a tres trabajadoras, que no va a pagar sus prestaciones

Embarazadas de riesgo pero abandonadas por las Administraciones. Trabajadoras del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que se encuentran de baja tras acogerse a la percepción por riesgo de embarazo llevan dos meses sin cobrar su salario tras recibir una comunicación escrita del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la que se desentiende del pago. La dirección provincial de Ourense ha comunicado, al menos a tres trabajadoras, que no va a pagar sus prestaciones a pesar de tener reconocido el riesgo para la salud por médicos evaluadores del propio INSS. Lo justifican asegurando que «en la normativa del Sergas están previstos procedimientos y alternativas de cambio de puesto de trabajo con otro compatible con su estado». De esta forma deniegan la prestación «porque la empresa [en referencia al Sergas] no ha acreditado su cumplimiento y la imposibilidad del cambio».

Hasta ahora, la Seguridad Social se hacía cargo del pago de esta prestación cuando las trabajadoras embarazadas recibían el informe que acredita el riesgo para su salud y para la del feto, pasando a estar de baja médica. Una de las trabajadoras afectadas (ATS en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense) obtuvo hasta dos informes favorables en el que un médico del servicio de riesgos laborales del INSS certifica que su puesto «puede producir un peligro para la continuidad del embarazo por altos requerimientos biomecánicos con posturas mantenidas de bipedestación y deambulación para la atención de urgencias». Es decir, que sus obligaciones laborales son un riesgo en su estado. Los facultativos rubrican en los documentos que esa actividad profesional «puede influir negativamente» en la salud de la embarazada y el feto.

El INSS declina ahora el pago y solicita al Sergas la recolocación de la afectada en otro puesto de trabajo. Además informa que ante la resolución pueden presentar una reclamación en los juzgados de lo social. Pero la trabajadora se mantiene en un limbo legal sin cobrar nada porque no puede ser recolocada en otro puesto que no implique riesgo. Un informe interno elaborado por la directora de recursos humanos del área sanitaria de gestión integrada de Ourense, Verín y Valdeorras certifica que «no existe otro puesto compatible con su estado». En consecuencia y dado que «resulta técnicamente u objetivamente imposible» la «recolocación» de la embarazada, han procedido a suspender su contrato de trabajo desde el pasado 24 de mayo.

Desde el sindicato CSIF, que está intentando negociar una resolución amistosa, se califica la actitud de las Administraciones implicadas de «irresponsable, lesiva y carente de fundamento ético y clínico». De hecho, relacionan los casos surgidos en Ourense con los recortes presupuestarios. Estamos ante «una auténtica guerra de presupuestos entre administraciones, en el escenario de la situación de crisis actual» insisten. Por su parte, el Sergas ha comunicado que buscará una solución para que las afectadas puedan continuar su embarazo sin riesgo, aunque no concreta cómo solucionará la situación.

[Via ElPais]

¿En qué productos sube el IVA?

– La reforma impositiva se implementará a partir del 1 de septiembre
– Algunos productos como las gafas pasan de tener un IVA del 8% a tener otro del 21%
– También el cine, los servicios funerarios o las cadenas de peluquerías
– El IVA de cines, funerales, televisión digital y peluquerías sube 13 puntos
– Consulta la subida del IVA en el BOE

La subida del IVA comenzará a aplicarse finalmente a partir del 1 de septiembre, según ha anunciado el Gobierno en el Consejo de Ministros. El tipo general pasará del 18% al 21%, mientras que el reducido, que es el que pagan la mayor parte de los servicios de hostelería, transportes, productos sanitarios y de alimentación, sube del 8 al 10%. El superreducido, que grava prensa, medicamentos o comida no elaborada, se mantiene en el 4%. Pero además, hay algunos productos que pasarán de un grupo a otro, por lo que subirán más de 13 puntos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha aclarado la lista con excatitud, pero ha señalado que sólo transporte, hostelería y hoteles y la cesta de la compra seguirá disfrutando del tramo reducido.

Estos son los productos cuyo IVA pasará del 8% al 21% el próximo septiembre, según fuentes del Ministerio de Hacienda:

Flores y plantas ornamentales.
Servicios mixtos de hostelería (restaurantes con espectáculo, por ejemplo).
Entradas a teatros, circos y otros espectáculos.
Servicios prestados por artistas y personas físicas.
Servicios funerarios.
Peluquerías (aunque el ministro ha señalado esto afectará a las cadenas, no a los establecimientos de autónomos).
Servicios de radiodifusión.
Entre los productos que se incluyen en el tramo reducido, que suben del 8 al 10%, están.

Agua para la alimentación humana o animal o para el riego.
Gafas graduadas y lentillas.
Medicamentos.
Compresas, tampones y protegeslips.
Transporte de viajeros y equipajes.
Servicios de hostelería, acampada, balneario y restauración (excepto discotecas, salas de fiesta, barbacoas, etcétera).
Exposiciones y ferias.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas
Es uno de los sectores que siempre se ven más afectados. Las carnes, pescados, verduras, vegetales y otros productos para el consumo humano están gravados con un tipo reducido al 8%. A partir de septiembre el impuesto pasará a ser de un 10%. La Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) ha advertido de que la subida tendrá un impacto negativo sobre el consumo. Si un kilo de filetes de ternera cuesta 11,90, en los próximos días subirá a 12,12. Y una botella de agua de cinco litros que vale 2,15 euros subirá unos 5 céntimos.

La ropa y el calzado
Aunque algunas empresas como Inditex, Mango o Cortefiel han anunciado que mantendrán sus precios y que la subida no afectará a sus compradores, la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos ha advertido que el incremento del impuesto afectará al consumo. Las familias no se salvarán de pagar esos tres puntos más por el IVA, ya que la mayoría del comercio sí lo trasladará. Otras grandes cadenas como Carrefour o El Corte Inglés no han señalado cuál será su estrategia. La patronal de grandes cadenas de distribución, Anged, solicitó medidas para fomentar el crecimiento y el consumo que ayudaran a compensar el aumento del tributo.

Los libros
Aunque los de papel tienen un IVA superreducido y no experimentarán variación, los libros electrónicos pertenecen al tipo general. Así que si actualmente uno cuesta 9,99 euros (8,47 sin impuesto), ahora costará 10,25.

La cosmética
Las barras de labios, cremas y el maquillaje no están incluidos en el régimen reducido, por lo que sus precios sufrirán los incrementos del 18 al 21%. Si una barra de labios cuesta 22,95 euros ahora costará 23,53 y pagarás 4,08 euros solo de IVA en vez de 3,50.

El tabaco
Con la subida del IVA, habrá además un alza de los impuestos especiales del tabaco, aunque todavía no se ha definido. Las empresas tabacaleras han señalado que temen que los fumadores vayan a ver incrementados los precios de las cajetillas entre 35 y 40 céntimos. Si ahora pagan 4,50 por un paquete de cigarrillos (aunque depende de la marca), a partir de la próxima semana pagarán casi 5 euros.

La taquilla del cine
Las entradas serán más caras. Mucho más caras. Porque es uno de los servicios que pasan de IVA reducido (hasta ahora del 8%) al IVA normal, que desde septiembre será del 21%. Ya lo anunció el miércoles desde la Federación de Cines de España (FECE), que aseguran que el incremento del IVA por el Gobierno es “un empujón más para el cierre de salas”.

Los electrodomésticos
Si planea comprar un microondas, una lavadora, un televisor u otro aparato del hogar, hágalo mejor antes de septiembre. Si una nevera cuesta ahora unos 350 euros (de los que 53 son del IVA), ahora pasará a costar unos 10 euros más. Un ordenador portátil, que ahora vale unos 650 euros (de los que aproximadamente 99,15 corresponden al IVA), con la subida del tipo al 21% su precio asciende a 666,53 euros. Por tanto, pagará unos 16,53 más de impuestos.

Los coches
Pertenecen al tipo general del impuesto, el que ahora sube al 21%. Según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a motor (Ganvam), la subida de tres puntos del IVA encarecerá los precios de los turismos en 650 euros de media, lo que supondrá «un obstáculo insalvable para muchos de los concesionarios que ya se encuentran en números rojos”, explica el presidente de esta organización, Juan Antonio Sánchez Torres.

Las bebidas alcohólicas
Como el alcohol está en el tipo general, se prevé que los bares y restaurantes suban los precios de sus copas y bebidas espirituosas. Si actualmente pagas 8 euros por un combinado, (con un IVA de 1,22 euros) ahora costarán unos 0,20 céntimos más.

El transporte
El transporte en tren, avión y autobuses pasará del 8 al 10%. Si el AVE suele costar 110 euros sin IVA, y en total por 118,8 euros, con el incremento pasará a costar 121 euros. Para los viajeros frecuentes, comprarlo en este fin de semana puede ahorrarles unos euros. En Madrid, el precio de los transportes subió hace unos meses para actualizarlo al 8%. Hay que esperar para saber si no habrá nuevas subidas.

Turismo
Los servicios turísticos también tributan con el IVA reducido. Temían que la subida del impuesto les arruinara la temporada de verano, aunque finalmente no entrará en vigor hasta el 1 de septiembre. El secretario general de la Federación Española de Hostelería, Emilio Gallego, había advertido de que iba a significar «más caída del consumo» y un impacto negativo en el sector de 2.400 millones de euros. La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, también había mostrado su disconformidad con una entrada en vigor en plena temporada estival y aseguró que supondría una caída de ingresos anuales de hasta 2.010 millones de euros para el conjunto de la actividad turística, además de una pérdida de hasta 18.730 empleos.

Hoteles y restaurantes
Como en el turismo, el IVA pasa del 8 al 10%. Pero muchas de sus variables son del tipo general, como el alcohol. Si gasta 35 euros de media por una cena, paga 2,59 de IVA al 8%. Con el incremento pagará 3,24 euros de IVA.

La sanidad
El sector de la salud, por su parte, no recibirá otro varapalo tras la decisión del Gobierno de introducir el copago de las medicinas. Esto es debido a que la subida del IVA no afecta a los medicamentos, que se encuentra dentro del tipo superreducido del 4%. Sin embargo, subirán del 8% al 10% los elevadores para minusválidos y para el diagnóstico de enfermedades. El incremento afectará, además, a la asistencia sanitaria, a los servicios dentales y a las curas termales. La sanidad privada ya ha advertido de una reducción de las plantillas y el cierre de algunos centros hospitalarios.

A partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE se puede realizar una aproximación del impacto que tendrá el alza del IVA: unos 500 euros al año por hogar. De hecho, algunas organizaciones de consumidores han hecho sus propias estimaciones, que están en la misma línea. Para la OCU, el gasto anual crecerá una media de unos 415 euros por familia, mientras que la CEACCU eleva la cifra a 600. La CECU advierte de que todavía falta hacer el cálculo con los productos que se cambien de régimen, lo que implicaría una subida mayor de la que se esperaba. Además, no todas las empresas incrementarán los precios en la misma proporción.

[Via ElPais]

Los bancos españoles podrán ofrecer el IRS como alternativa al Euribor

Ya es oficial. Como alternativa al Euribor, los bancos pueden ya ofrecer el IRS (Interest Rate Swap), el nuevo tipo de interés a cinco años al que se podrán referenciar las hipotecas, según figura en el Boletín Oficial del Estado de hoy, que publica la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España.

Entre las novedades que figuran en la circular del regulador bancario, están la de que los bancos tendrán que ampliar el tipo de letra de los contratos de los productos que ofrezcan a un mínimo de dos milímetros de alto.

Además, la nueva orden -que refrenda la circular del BE de abril- establece la obligación de las entidades de poner a disposición de los clientes, en un formato determinado por el Banco de España, los tipos de interés habitualmente aplicados a los servicios que prestan con mayor frecuencia, y las comisiones que se aplicar habitualmente a estos productos.

Teóricamente, el IRS se presenta como un tipo más estable, menos expuesto al mercado interbancario, que es el que fija el precio mensual del Euribor, al que hoy por hoy están supeditadas nueve de cada diez hipotecas avivas en nuestro país.

Según explican fuentes del Banco de España, a partir de hoy, las entidades de crédito españolas puede ofrecer el IRS en sus productos hipotecarios, pero el nuevo índice «aún tendrá un periodo de ajuste que llevará algunos meses».

El nuevo indicador hipotecario no convence a todos. El colectivo Asgeco, por ejemplo, cree que «no supone ninguna mejora para las personas que decidan contratar una hipoteca», ya que a muchos hipotecados lo que les afecta son las cláusulas abusivas a las que están sometidas tras un periodo en el que los bancos no fueron claros con los contratos hipotecarios que ofrecieron.

Tipos oficiales
Además, La desaparición de las cajas de ahorro y la concentración bancaria del sistema financiero español han dado pie al Banco de España ha lanzar nuevas referencias para las hipotecas que se firman en nuestro país:

1. Bancos españoles a 3 años o más: Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España.

2. Bancos europeos 1-5 años:Tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro.

3. Deuda pública española:Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años.

4. Euribor: Referencia interbancaria a un año.

5. IRS: Permuta de intereses/Interest Rate Swap, al plazo de cinco años.

6. Míbor: Exclusivamente para los préstamos hipotecarios formalizados con anterioridad al 1 de enero de 2000, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

[Via ElMundo]

Los pequeños empresarios pierden su vivienda aconsejados por la banca

Las pyme deben negarse a hipotecar la vivienda para garantizar los créditos empresariales.

Es necesario ampliar el capital social de forma acorde con el tamaño de la actividad.

Por menos de 100 euros se consigue poner a salvo el patrimonio familiar.

Entre los 280 desahucios paralizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, no faltan pequeños empresarios a los que la entidad financiera, cuando han ido a pedir financiación para proseguir su actividad, les ha impuesto garantizarla con su propia vivienda

«El patrimonio empresarial debe estar netamente separado del personal. Que se vinculen ambos es una anomalía», indica el notario José Ignacio Navas Olóriz. Ese es el caso de José Miguel García Gallardo, uno de los 10 subcontratistas en huelga de hambre encerrados en el edificio que han contribuido a construir pero no han cobrado. Está en el Parque Científico Tecnológico de Córdoba llamado Rabanales 21. Gallardo ha perdido su vivienda y ahora también puede perder la de su hija. «Cuando pides negociar las líneas de descuento o los pagarés o ponemos la vivienda o no nos dan nada», explica.

Trabajaron para la UTE formada por Jicar y Gea 21, en Rabanales 21. Y los accionistas de este parque tecnológico son la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, Caja Sur y Caja Sol.

Han callado y aceptado impagos y quitas «por miedo a que no nos den más trabajo», pero ahora ya no tienen nada que perder mientras la caja de ahorros de turno les embarga la vivienda. En algún caso, la misma entidad que les embarga por no pagar la cuota hipotecaria de su casa es la que, indirectamente, no les paga el trabajo.

«Si el empresario es individual responde con todos sus bienes. Y el que crea una sociedad anónima (SA) o una sociedad limitada (SL) para limitar la responsabilidad al capital social, no se da cuenta de que esto no sirve de gran cosa. ¿Por qué? Por la vieja e irregular costumbre española de constituir sociedades con el capital mínimo exigido legalmente, ponerse a trabajar y olvidarse de las ampliaciones de capital, que son las que convierten una sociedad en solvente y le facilitan liquidez», indica Navas Olóriz.

Destaca que hay mucha SL con un capital de 3.006 euros que facturan más de dos millones al año, por lo que tienen que recurrir constantemente a los préstamos o líneas de crédito.

«Un día a algún bancario preocupado por la solvencia de su cliente, se le ocurre sugerirle que sería mucho mejor para él agrupar todas sus deudas, refundir los créditos y los préstamos y convertirlos en uno solo, para tener que pagar una sola cuota y en una sola fecha. La sugerencia parece razonable, pero lleva una carga diabólica: la garantía que se presta es la hipotecaria sobre la vivienda familiar», según el notario.

«Cuando las cosas empiezan a ir mal, las empresas con escaso capital social no disponen de reservas, no tienen crédito, no pueden hacer frente al pago de las cuotas del préstamo hipotecario y, en ese momento, el empresario recuerda la entrevista con el amable director de la sucursal bancaria. La hipoteca se ejecuta, el inmueble se adjudica al banco por el 60% de su valor, y el empresario sigue debiendo la diferencia. Es su ruina empresarial y personal», concluye Navas Olóriz.

Ejemplos no faltan: en un pueblo de los alrededores de Madrid coinciden dos casos. Un pequeño empresario con seis empleados al que 2006 le dieron un crédito para comprar la nave en la que llevaba años en alquiler. No le dio importancia cuando le pidieron que avalase con su vivienda y con la propia nave -tasadas y retasadas sumaban un millón de euros- un crédito creciente a 15 años. Cuando le fue imposible seguir pagando una cuota que rondaba los 2.000 euros mensuales la casa estaba pagada y también más de una cuarta parte del valor de la nave y tenía cuotas impagadas por menos de 30.000 euros. La caja ejecutó ambos bienes sin más alternativa. Y está embargado.

En el segundo caso y la misma localidad, el promotor constructor venía reinvirtiendo todo el capital generado en un cuarto de siglo y llegó a tener 200 empleados y todo al corriente de pago. Entró en 2008 con todas las promociones acabadas, pero la caja no le renovó una póliza de 600.000 euros y ese fue el palo que rompió los ejes de la rueda. La empresa desmontada y su vivienda familiar y la del pueblo están embargadas.

«La respuesta debe ser no», afirma Fran de la Torre, cuando el empleado de banca presiona al empresario que se acerca a pedir un crédito y se resiste a ofrecer su casa como garantía. Es un comentario habitual. «Si no apuestas por tu empresa, no querrás que apostemos nosotros…», indica y sabe de lo que habla. Está al frente del departamento de consultoría estratégica y financiación empresarial —compuesto por 60 expertos y despachos especializados en banca y dirección financiera— de Pimec, la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas.

Han asesorado a más de 5.000 empresas desde 2008 y buena parte de los empresarios han llegado lastrados por aportar garantías personales como su vivienda para salvar su empresa.

«A las empresas les está perjudicando gravemente las relaciones con la banca», explica. A un lado de la mesa, un empresario que puede no haber sabido plantear su plan de negocio o venderlo. O sí, pero carece de la suficiente formación financiera y se ha dejado asesorar por la propia entidad. «¿Ha estudiado mi plan de negocio? debería ser la pregunta ante la negativa de financiación. La banca es un proveedor más y como tal hay que tratarle, negociar e insistir», aconseja De la Torre. El problema es que al otro lado de la mesa sucede algo parejo. «A las empresas que facturan menos de seis millones les atiende el departamento de banca comercial que desconoce los productos financieros específicos para empresas y suele carecer de criterio para evaluar la viabilidad de una compañía».

A juicio de De la Torre, lo primero que hay que hacer es conocer los productos financieros diseñados para la empresa. «La línea de descuento que tiene contratada la gran mayoría no sirve y encarece la financiación. Y si la facturación es alta, la empresa debe contar con un director financiero», concluye.

Quizá así no le ocurra lo que denuncia uno de los empresarios consultados: la entidad le asesora sobre determinado producto financiero y después le hace firmar que no le ha asesorado.

Que el préstamo es para la empresa y las garantías debe darlas la actividad empresarial, es algo en lo que insisten los expertos consultados. El camino es la ampliación de capital social. Este debe ser acorde con la actividad, el plan de negocio y el crecimiento de la empresa. Desde Pimec se renegocian las deudas y consideran un problema gravísimo que empresas que funcionan bien y con un buen plan de negocio hayan caído en el error de aportar garantías personales porque todas las demás entidades se lo van a pedir en adelante.

Hay recursos alternativos como Enisa, agencia pública estatal que hace préstamos participativos: aporta la misma cantidad que desembolse la empresa. El Instituto Catalán de Finanzas ofrece préstamos al socio que deben ser aportados como ampliación de capital. Tener la garantía pública facilita conseguir un préstamo adicional de la banca privada.

Un pequeño respiro cuando todas las puertas parecen haberse cerrado para las pymes. En el caso de José Miguel García Gallardo, en Córdoba, a su propia deuda y la crisis se ha sumado la morosidad. Para Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad «una de cada tres empresas que han cerrado lo han hecho directa o indirectamente por la morosidad». El 99,8% de las empresas españolas son pymes, aportan el 70% del PIB y el 75% del empleo, pero están emparedadas entre la falta de financiación, sus deudas y la morosidad de Administración y grandes empresas. Sin salida laboral y sin techo.

Por menos de 100 euros
El notario José Ignacio Navas Olóriz explica que nuestro Código de Comercio -que data del siglo XIX- vincula los bienes del que ejerce el comercio -entendiendo el comercio en sentido amplio como actividad económica- y los que adquiera, a su actividad de comerciante. Pero es que también está sujeta a esa responsabilidad los bienes del cónyuge no comerciante siempre que su marido o esposa ejerza la actividad económica con su conocimiento y sin su oposición expresa.

«El marido o la esposa puede manifestar ante notario la oposición expresa. Es fundamental que pacten separación de bienes y lo refuercen con la oposición al ejercicio de la actividad económica, (que podría ser la de un promotor, por ejemplo)», dice.

El coste de ambas escrituras ronda los 100 euros. Y permite dejar a salvo el patrimonio familiar.

Navas Olóriz estima que en toda España debe haber solo dos o tres docenas de personas que han prestado atención a esa disposición legal y han hecho la citada oposición expresa.

[Via ElPais]

¿Pánico en el mercado inmobiliario? Los expertos apuestan por el sector del lujo

Que no corren buenos tiempos para el mercado inmobiliario no es algo nuevo, sin embargo el temporal no arrecia con la misma fuerza para todos. A las caídas de los precios que se registran día a día en la obra nueva y en las viviendas en alquiler, se suman las paupérrimas perspectivas a corto plazo que sitúan un mercado totalmente parado para los próximos años. En medio de este panorama, el sector del lujo se convierte en un oasis en medio de un inmenso desierto.

La idiosincrasia de este mercado hace que resista impasible frente a los vaivenes de la economía. Esta situación, trasladada al escenario inmobiliario, ha traído una reactivación del sector que, según recuerdan los expertos, no juega en las mismas condiciones que el resto y no debe hacer frente a la falta de iliquidez que impera en el mercado.

En opinión de los expertos de la inmobiliaria Cat Real State, “las inversiones se están centrando básicamente en locales comerciales alquilados a empresas de primer nivel que presenten suficientes garantías bancarias en el cobro”.

Esta situación ha dado alas al mercado inmobiliario más exclusivo, que se concentra en la Costa del Sol, Madrid y Barcelona. Estos inmuebles se caracterizan por tener un precio mínimo de, al menos un millón de euros, aunque hay zonas como el Barrio de Salamanca en Madrid donde se sitúa desde el millón y medio de euros.

Los asesores consideran que apostar por la vivienda de lujo es una buena alternativa ya que se trata “de un mercado que continúa siendo estable y no sufrirá muchas más correcciones en el precio”. Por ello animan “a invertir en viviendas de alto standing en las llamadas ‘zonas prime’ ya que está demostrado que ahí es donde el valor ha caído menos”.

[Via ElConfidencial]

El Gobierno ahorra 17 millones de euros en alquileres

La Administración General del Estado ha ahorrado en cuatro meses un total de 17,5 millones de euros en alquileres y venta de patrimonio, según ha anunciado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Durante su participación en Navacerrada en el Campus FAES, los cursos de verano de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales que preside José María Aznar, la vicepresidenta del Ejecutivo ha explicado que el plan de gestión inmobiliaria ha empezado a dar sus frutos.

Sáenz de Santamaría ha indicado que el Estado tiene más de 50.000 fincas y propiedades en toda España pero cada año «sigue gastando más de 200 millones de euros en alquileres», que a su juicio hay que reducir en estos tiempos de crisis.

Ha asegurado que el Ejecutivo ha realizado ya un serio análisis en seis meses de mandato de sus propiedades inmobiliarias y de los alquileres que se pagan por algunos edificios con el fin de llevar a cabo «una mejor ubicación» de algunas sedes públicas.

El resultado es que en cuatro meses de aplicación ya se han ahorrado 17,5 millones de euros, aunque el Gobierno cree que es necesario ir más allá para seguir disminuyendo gastos que considera superfluos.

[Via ElMundo]

Se alquila piso… ¿mi futuro inquilino es un moroso?

En un momento caracterizado por la elevada tasa de morosidad Ibercheck nace con el objetivo de democratizar el acceso a la información financiera. Esta herramienta permite que una persona que quiera hacer negocios con otra pueda saber, con su consentimiento, si ésta tiene impagos.

Los impagos están a la orden del día. Y es que, como consecuencia de la crisis, los indicadores de morosidad se encuentran en máximos. Según el Banco de España, la morosidad alcanzó en el mes de marzo el 8,36%, el nivel más alto en los últimos 18 años, mientras que Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito) asegura que el saldo moroso total registrado superaba en enero de este año los 90.000 millones de euros.

Con este telón de fondo, Ibercheck nace con el objetivo de democratizar el acceso a la información financiera para que cualquier persona pueda acceder a los mismos datos que usan las grandes empresas y los bancos en su toma de decisiones. Así, se convierte en una herramienta sencilla gracias a la cual una persona física o jurídica interesada en hacer negocios con otras personas físicas podrá obtener información sobre si la otra parte tiene impagos e, incluso, si son leves o graves y en qué sectores se concentran. «En España no existe ninguna herramienta para que una persona física pueda saber la solvencia económica de otra persona», asegura Fernando Cabello-Astolfi, CEO de Ibercheck.

Los posibles usos de Ibercheck son muy variados. En concreto, es muy útil en situaciones en las que existe incertidumbre acerca de la fiabilidad de una persona como, por ejemplo, la formalización de un contrato de compra/venta de una vivienda, el alquiler de un piso, las ventas con pago aplazado o la contratación de personas.

Este producto se basa en un modelo de «transparencia colaborativa», es decir, el consultante muestra interés en conocer los datos de una persona con quien quiere hacer algún tipo de negocio y éste decide si permite o no que conozca sus datos. Sin su consentimiento, el consultante no podrá obtener la información.

«Este modelo es innovador porque ayuda a generar confianza en los negocios ya sean consumidores, autónomos o empresas. El modelo que proponemos se basa en la apertura cualificada y caso a caso de los ficheros de solvencia patrimonial. Este modelo pivota sobre la prestación de consentimiento del consultado: si no hay consentimiento por parte de éste, no proporcionaremos la información a la persona o empresa que nos la ha solicitado, ni cobraremos nada por no haber prestado el servicio», comenta Cabello-Astolfi.

La información que suministra Ibercheck en sus informes proviene, en principio, de la base de datos de Asnef-Equifax, pero aspira a incrementar el número de fuentes consultadas y, en los próximos meses, ofrecerá la posibilidad de que cada persona consulte sus propios datos y pueda enviarlos a terceros. Como parte de su futura expansión, Ibercheck está en conversaciones con agentes en Chile, Colombia y Turquía para articular una implantación de su modelo en otras geografías.

[Via LaVanguardia]