Más de un millón de hogares paga con retraso sus recibos

La crisis continúa haciendo estragos en las finanzas de los hogares españoles. Según las últimas cifras publicadas por el INE, casi la mitad de las familias no se puede permitir unas vacaciones de al menos una semana al año y el 40% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Pero, sin duda, otro hecho preocupante es que más de un millón de familias retrase el pago de sus recibos ordinarios.

Que cada vez más hogares no puedan salir de vacaciones ni una semana al año era de esperar con el empeoramiento de la situación económica que se ha producido desde la pasada primavera. Que cada vez sean más las familias que llegan con mucha dificultad a fin de mes también era previsible con las políticas de recortes de plantilla y ajustes salariales que aplican cada vez más empresas en el sector público y privado.

Pero, sin duda, lo que cada vez es más preocupante es que también aumente el porcentaje de hogares que además de no poder afrontar los gastos imprevistos (grandes reparaciones, facturas médicas, entre otros) se retrasa en el pago de sus principales recibos (hipoteca o alquiler, gas electricidad, o comunidad).

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó ayer los resultados provisionales sobre la encuesta de condiciones de vida relativa a los ingresos medios de los hogares españoles el año pasado y en ella se revela cómo por cuarto año consecutivo las familias tuvieron que hacer frente a todos sus pagos con menos recursos que un año antes.

Así, el ingreso monetario medio neto anual por hogar ascendió a 24.609 euros, lo que representa una disminución del 1,9% respecto al año anterior. Por persona, el ingreso medio alcanzó los 9.321 euros, un 1,3% menos que un año antes.

Mayor deterioro

Esta caída de ingresos es la que explica que todas las variables se hayan deteriorado. Según los datos recogidos por una encuesta realizada entre abril y julio de este año, el 12,7% de los hogares (1,5 millones de familias) manifiesta llegar a fin de mes con «mucha dificultad», 2,9 puntos más que el ejercicio anterior.

El 44,5% de las familias o, lo que es lo mismo, 7,5 millones de hogares no se pueden permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, un porcentaje 5,6 puntos más que los datos arrojados en 2011 y el 40% de los hogares (6,8 millones) admite no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, frente a casi un 36% del año pasado. Otro millón doscientas mil familias, el 7,4% del total, reconoce que ya acumula retrasos en los pagos de todos aquellos gastos relacionados con su vivienda principal.

Este porcentaje es también 1,2 puntos más elevado que el del año anterior. Esta situación, sin duda una de las más preocupantes, es la que explica, entre otros factores que la tasa de morosidad bancaria continúe disparada y haya sobrepasado el 10%. Otro de los datos interesantes que arroja esta encuesta es el relativo a cuál es la situación de las familias respecto a su vivienda.

Así, el 52,3% de los hogares dispone de vivienda en propiedad por la que no tuvo que pagar ninguna hipoteca en 2011. Por contra, el 29,9% sí tenía pagos pendientes por su casa. Otro 9,3% de los hogares manifestó estar pagando un alquiler a precio de mercado, mientras que el 2,8% admitió que sus rentas de alquiler son más bajas que las del mercado y el 5,7% restante dijo estar residiendo gratis en su vivienda.

Por comunidades autónomas, los mayores porcentajes de hogares con la vivienda en propiedad se registraron en Asturias (87,9%) y Navarra (87,4%), mientras los menores correspondieron a Canarias (72,8%) y Baleares (74,2%).

[Via CincoDias]

Las empresas con beneficios deberán compensar los despidos a trabajadores de más de 50 años

El Gobierno presentará al Pacto de Toledo un informe para tratar de «desincentivar las jubilaciones anticipadas»

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes una medida por la que una empresa que tenga más de cien trabajadores y cuente con beneficios durante más de dos años seguidos deberá asumir parte de los costes en el caso en que despida a trabajadores mayores de 50 años.

Según ha explicado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el objetivo de esta medida es acabar con una «discriminación por razones de edad». Báñez ha detallado que las empresas deberán aportar esta compensación en el caso del primer trabajador despedido que sea mayor de estos cincuenta años y que hayan iniciado el procedimiento a partir del 17 de abril de 2011.

Para el cálculo de las aportaciones económicas con las que la empresa deberá contribuir, se tendrá en cuenta el total de las prestaciones contributivas por desempleo y los subsidios por desempleo. Todo ello será objeto de liquidación para que la empresa haga la aportación en los 30 días siguientes.

Por otro lado aunque en la misma línea, el Gobierno también ha anunciado su intención de «acercar la edad real a la edad legal de jubilación» y, por lo tanto, ir aprobando en el futuro -y mediante el Pacto de Toledo- medidas que desincentiven la «jubilación anticipada». La ministra ha situado la edad real de jubilación en los 63 años mientras que la edad legal se sitúa en los 67.

Báñez ha presentado en la reunión del Consejo de Ministros de este viernes un informe en el que se apuntan posibles fórmulas para reconfigurar la jubilación parcial y la anticipada con el objetivo de reducir su coste para la Seguridad Social.

Tras su paso por el Consejo de Ministros, la ministra ha anunciado que el informe será presentado en la Comisión del Pacto de Toledo, que podría reunirse la próxima semana.

[Via LaVanguardia]

El Ayuntamiento de Madrid rebaja el alquiler a 4.472 familias

Según ha informado la alcaldesa, Ana Botella, en rueda de prensa tras la reunión de su Gobierno, esta es la partida correspondiente al cuarto trimestre de un importe total anual de 3.690.661 euros para este ejercicio.
Los precios de las viviendas protegidas están fijados por los módulos aprobados por los gobiernos estatal y autonómico y con el fin de reducir esa renta mensual, el Ayuntamiento concede subvenciones, que rebajan las rentas a los adjudicatarios.

Estos no deben realizar ninguna solicitud, ya que la bonificación en sus rentas se les aplica directamente por parte de la EMVS.

Los descuentos oscilan entre el 10 y el 25 % de la renta en el caso de las viviendas del Plan de Vivienda en Alquiler.

En cuanto a las familias alojadas en pisos municipales de régimen especial, verán reducida su renta entre un 20 y un 50 %, de forma que el pago esté adaptado a su nivel de ingresos.

En los casos de realojos de familias procedentes de colonias municipales y bolsas de deterioro urbano, la subvención es mayor, ya que la renta se establece en el 10 % de los ingresos brutos familiares, por lo que el resto, hasta alcanzar la renta objetiva, se cubre con la subvención.

[Via UrbaNoticias]

Demanda a Bank of America por fraude hipotecario

Estados Unidos presentó el miércoles una demanda civil por fraude hipotecario contra Bank of America Corp, en la que lo acusa de causar pérdidas por más de 1.000 millones de dólares a los contribuyentes al vender a Fannie Mae y Freddie Mac miles de créditos hipotecarios tóxicos que cayeron en suspensión de pagos.
El caso, que se originó en los datos aportados por un informante, es la primera demanda civil del Departamento de Justicia por fraude relacionado con préstamos hipotecarios vendidos a Fannie Mae y Freddie Mac, que fueron rescatadas en 2008.

También aglutina los problemas legales que el consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, enfrenta por la desastrosa compra en 2008 de Countrywide Financial Corp, otrora el mayor prestamista hipotecario de Estados Unidos.

De acuerdo a la demanda presentada en un tribunal federal de Manhattan, Countrywide creó en 2007 un plan conocido como «Hustle» diseñado para acelerar el procesamiento de préstamos hipotecarios para vivienda.

Operando bajo el eslogan «Los préstamos avanzan, nunca retroceden», los ejecutivos del banco trataban de eliminar herramientas diseñadas para garantizar que los préstamos fueran sanos y no contaminados por fraude, dijo el Gobierno.

[Via UrbaNoticias]

Hacienda irá a los negocios para embargar la caja del día _ Los inspectores visitarán las tiendas con deudas fiscales en horario comercial

La directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, ha anunciado esta mañana una batería de medidas para luchar contra la economía sumergida que incluye el control de los alquileres en zonas turísticas, la venta ambulante en mercadillos, el control de los amarres en puertos deportivos o, incluso, las actividades

En un encuentro con periodistas durante el congreso de la Organización de Inspectores de Hacienda, Viana señaló que Hacienda enviará a agentes tributarios en negocios y tiendas con deudas fiscales para embargar la caja del día.

Ello se realizará en horario comercial y con independencia de que haya clientes en el local. Esta medida se adoptará cuando la Agencia Tributaria no tenga otros mecanismos como el embargo de cuentas o bienes.

La idea de fondo de las nuevas actuaciones es que los inspectores pisen más la calle y se hagan visibles. En el plan contra la economía sumergida de este año se contemplaban 12.000 visitas y ya se están analizando 7.700 actuaciones. De éstas, en un 37% se ha detectado riesgo fiscal, es decir, indicios evidentes de la existencia de fraude.

[Via CincoDias]

Guerra a las prejubilaciones

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, tiene previsto presentar hoy en el Consejo de Ministros tres informes para reformar las modalidades de prejubilación. Entre otras cosas, sugerirá la posibilidad de eliminar el retiro parcial y endurecer más el acceso a la jubilación anticipada. Y propondrá compatibilizar la pensión con un empleo.

La jubilación parcial es un «coladero» para el sistema de pensiones. Así han definido esta modalidad de retiro anticipado desde hace años, en público y en privado, distintos responsables de la Seguridad Social.

Es un tipo de jubilación previa a los 65 años que interesa enormemente a las empresas y los trabajadores, pero que supone un agujero para las arcas públicas de cerca de 2.600 millones de euros. El trabajador puede reducir su jornada entre un 75% y un 85% según los casos; concentrarla en uno o dos meses al año (mientras cobra entre el 15% y el 25% del sueldo y el resto de pensión; y luego cuando llega a los 65 años accede a su pensión, sin ningún tipo de penalización, a diferencia de la jubilación anticipada que sí se penaliza).

Por ello, el Consejo de Ministros tiene previsto estudiar hoy tres informes. Uno para reformar la jubilación parcial; otro para modificar el retiro anticipado y un tercero para posibilitar y fomentar la compatibilización del salario y la pensión una vez cumplida la edad de jubilación.

Fuentes cercanas al Gobierno precisaron que en el caso de la jubilación parcial el informe del Ministerio de Empleo planteará varios escenarios de reforma, entre los que estará llegar a eliminar este tipo de jubilación de la propia ley. Si bien también se propondrán otros endurecimientos alternativos que no conlleven su desaparición.

Por el contrario, para la jubilación anticipada el Gobierno estudia medidas que endurezcan su acceso, como, por ejemplo, elevar el número de años cotizados exigidos, ahora fijados en 33.

Ejemplo europeo

En otros países europeos se exige haber cotizado más de 35 años para poder jubilarse antes de la edad legal de retiro, por lo que el Gobierno podría plantear la elevación de este requisito, en línea con otros países comunitarios.

Asimismo, otra posibilidad para hacer más difícil el retiro anticipado sería equiparar su edad de acceso en todas sus modalidades a los 63 años; ya que ahora está fijada esa edad para la jubilación anticipada voluntaria y los 61 años si el trabajador procede de un despido.

Igualmente, Empleo podría plantear endurecer los coeficientes penalizadores para recortar la pensión, a partir de la edad de retiro, de los trabajadores que opten por esta jubilación. El tercer informe que presentará hoy Báñez al Consejo de Ministros, propondrá un cambio normativo que permita compatibilizar salario y pensión, una vez cumplida la edad legal de jubilación.

En la actualidad, solo se permite cobrar una pensión y seguir trabajando después de los 65 años a los trabajadores autónomos que cobren menos del salario mínimo interprofesional. Por lo que, Empleo quiere extender esta compatibilidad a más trabajadores. Si bien el diseño de esta medida esta aún «muy abierto» y todavía no se han fijado porcentajes ni situaciones concretas de compatibilización.

Además, se trataría de fomentar esta medida de alguna forma. Ya existe un incentivo para seguir trabajando más allá de los 65, que consiste en reconocer entre un 2% y un 3% más de pensión por cada año en activo de más hasta los 70; solo el 10% de los jubilados se acoge a ella.

[Via CincoDias]

Cataluña tiene más de 80.000 viviendas nuevas pendientes de venta. La mitat de ellas estan en Barcelona

Cataluña tenía hasta julio 81.586 viviendas nuevas pendientes de venta, 43.988 en la provincia de Barcelona, de las que buena parte son de difícil colocación por su emplazamiento, según datos de la Asociación de Promotores de Barcelona (APCE).

Así lo ha explicado el presidente de la APCE, Lluís Marsà, quien ha alertado de que será difícil liquidar el ‘stock’ por la falta de financiación y porque parte de las viviendas están en zonas sin demanda, de modo que intentar alquilarlas -como pretende el Gobierno- asegura que no tiene sentido porque se puede tardar años: «No digo que se echen abajo, pero son de difícil absorción», añade.

Cataluña tiene 11 viviendas nuevas vacías por cada 1.000 habitantes, y por provincias la cifra es de 23 en Tarragona, con un ‘stock’ de 18.389; 20 en Girona (14.949), diez en Lleida (4.294) y ocho en Barcelona (43.988), mientras que en la conurbación de Barcelona hay cuatro (12.253) y en la capital catalana, tres (4.415).

Si las viviendas ubicadas en barrios periféricos o en pequeños municipios tienen poca demanda, la asociación sí ha detectado, en los últimos meses, un regreso de los inversores tradicionales, dedicados a la compra de viviendas para su alquiler y que buscan inmuebles con tres o cuatro habitaciones y bien ubicados -por ejemplo, en el Eixample barcelonés-: «No están interesados en municipios con mucho ‘stock'».

En la provincia de Barcelona, la superficie media de los pisos nuevos entre junio de 2011 y 2012 creció un 1,6% con respecto al segundo semestre de 2010 hasta los 84,7 metros cuadrados, mientras que el precio de venta cayó un 9,1% hasta los 279.019 euros y el precio del metro cuadrado útil se desplomó un 12,7%, hasta los 3.598 euros, según datos de la entidad.

Dificultades en el sector
La Asociación de Promotores de Barcelona ha perdido en torno al 20% de miembros desde 2009 y ahora cuenta con 400 grupos inmobiliarios que representan a más de 1.000 empresas en la provincia.

Marsà ha destacado el «drama social» por el despido de hasta el 80% del personal en las firmas que siguen en pie, que lo han conseguido en buena parte debido a que son muy locales, haber diversificado sus actividades y no haberse endeudado en exceso.

Para Marsà, la solución pasa por la recuperación del sistema financiero español y por abrir el grifo del crédito, por lo que ha pedido a las administraciones que faciliten el trabajo de los bancos sanos, en lugar dice de dictarles las mismas condiciones que a los que requieren ayudas, y ha alertado de que el déficit de viviendas nuevas en las zonas con demanda puede redundar en una subida de precios.

Otras vías pasan por salir al exterior, atraer a inversores rusos y chinos, y conjurar la competencia de los bancos, con buena parte del ‘stock’, encargándose de edificar en los suelos de su propiedad, que a su juicio son el «principal problema» de las entidades financieras, y lo serán también del ‘banco malo’.

Una veintena de miembros de APCE ya han emprendido operaciones mixtas con bancos, y el presidente de la entidad ha abogado por las «sinergias conjuntas», puesto que las entidades financieras necesitan profesionales del sector inmobiliario para desarrollar y dar salida a sus terrenos.

Marsà, que el 9 de octubre relevó a Enric Reyna al frente de la APCE, se ha fijado como retos abordar la mejora de la eficiencia energética de las edificaciones sin disparar el coste para los compradores, así como la adaptación de las empresas a un mercado más orientado al alquiler que a la venta.

[Via ElEconomista]

Minicréditos: el desorbitado precio del dinero rápido

Ofrecen pequeñas cantidades de dinero de una manera rápida y sin demasiadas preguntas. Sin embargo, los minicréditos tienen un gran inconveniente: los honorarios que se cobran a cambio del préstamo pueden alcanzar el 45%.

El blindaje de la banca en cuanto a concesión de crédito está fomentando la creación de otras vías para obtener financiación. Este es el caso de los minicréditos (también conocidos como minipréstamos) que se están convirtiendo en una popular alternativa a la hora de solicitar dinero de manera rápida. Estos préstamos, comercializados a través de internet por empresas privadas que funcionan sin la supervisión del Banco de España, se caracterizan por ofrecer pequeñas cantidades de dinero (normalmente prestan desde 50 a 600 euros) a plazos muy cortos que oscilan entre un día y 45 días.

Se suelen vender como medio para hacer frente a facturas imprevistas, averías del coche o gastos médicos inesperados y, tal y como informan desde el portal de finanzas personales HelpMyCash.com, su principal ventaja es que normalmente se conceden de manera instantánea (lo habitual es tener el dinero en la cuenta entre 10 minutos y 48 horas después de solicitarlo) y no suelen requerir demasiado papeleo. Cualquier persona puede pedir un minicrédito independientemente de su situación personal y laboral ya que no se exige justificación de ingresos. Por lo general, los únicos requisitos suelen ser superar los 21 años de edad, tener una cuenta corriente o de ahorros y no estar inscrito en ningún registro de morosos.

Frente a esto, los minicréditos cuentan con varios inconvenientes. El plazo de amortización es muy limitado, por lo que pueden surgir problemas a la hora de devolverlos (en caso de impago las medidas son inmediatas, sin posibilidad de negociación). Además, los intereses (honorarios) que se cobran se incrementan en función del importe prestado y del tiempo que se tarde en devolverlo y en algunos casos pueden llegar a alcanzar el 45%.

En este momento, existen varias empresas que se dedican a la concesión de minicréditos. En concreto, Préstamo10 ofrece un máximo de 500 euros (300 euros en el caso de los nuevos clientes) a devolver en un plazo que oscila entre 5 y 30 días. Para importes de 100 euros a 30 días, por ejemplo, los honorarios ascienden a 45 euros, por lo que el solicitante tendría que devolver 145 euros un mes después de obtener el préstamo. Sin embargo, todo aquel que solicite 500 euros y tarde en devolverlos ese mismo periodo de tiempo pagará unos honorarios de 225 euros. En caso de impago, se tendrá que reembolsar el importe impagado y una penalización por mora del 20%.

Crédito Pocket, por su parte, presta 200 euros a todos aquellos que soliciten un minicrédito por primera vez a un plazo máximo de 20 días y, en este caso, los honorarios ascenderían a 55,56 euros. Asimismo, la empresa detalla que los clientes fieles tendrán prórrogas de vencimiento de hasta 30 días y préstamos que pueden alcanzar los 400 euros. Via SMS, que da desde 50 euros hasta 400 euros, cobra unos honorarios de 15 euros para importes de 100 euros a devolver en dos semanas y de 120 euros si se solicita el máximo a un plazo de 30 días.

Asimismo, Crédito Sí presta desde 50 a 300 euros a sus nuevos clientes (con un máximo de 500 euros para los antiguos). Eso sí, solo hay un plazo posible para su devolución: 15 días. Algo parecido ocurre con Crédito Nuevo, que concede hasta 600 euros a devolver en un plazo único de 21 días con unos honorarios de 132 euros en el caso de solicitar este importe. Asimismo, se desmarca de sus competidoras al pedir requisitos con algunas variaciones. La empresa precisa que para poder solicitar el préstamo es necesario tener nacionalidad española y disponer de nómina o pensión.

Alternativas
Teniendo en cuenta las altas comisiones que hay que pagar al solicitar los minicréditos y los limitados importes que se conceden (que pueden no ser suficiente para afrontar una determinada situación), conviene valorar si existen otras opciones para conseguir el dinero.

En muchos casos, es más recomendable solicitar un préstamo rápido, que dan importes más elevados con unos intereses más asequibles. Asimismo, también se puede recurrir a la tarjeta de crédito, ya que lo normal es que permitan flexibilizar la devolución de la deuda.

[Via CincoDias]

El ‘ladrillo’ dice… lo que el ‘banco malo’ calla

Los empresarios y analistas inmobiliarios creen que el borrador del Gobierno no despeja las claves principales para que el Sareb reactive la economía y advierten a Rajoy de que España ‘no puede perder ya más tiempo’. Gráfico: el riesgo de la banca en el ladrillo

«El Gobierno lleva tres meses entreteniéndose en construir el banco malo. Ahora parece que no hay duda y que el Sareb -su nombre oficial- ya está aquí. Pero su futuro dependerá de cómo se gestione», dicen expectantes quienes conocen el sector del ladrillo palmo a palmo. «Sólo esperamos que los que constituyen el banco malo no sean los mismos del banco bueno. Banco malo más banco malo, banco muerto», sentencian, mientras analizan un borrador con muchas sombras en cuanto a la estructura de este nuevo ente.

En ese sentido, el Ejecutivo ha presentado esta semana el marco legal que lo sustente y que se aprobará el próximo 16 de noviembre. Es sólo un borrador pero «para que funcione» hay que dejar muy claro quién lo constituye, qué sociedad de gestión lo hace, a qué banco se pasan estos activos tóxicos y la financiación. «De otra manera, ni los fondos de inversión que están interesados en nuestro país ni Europa se creerían la reforma».

«¿Bancarizar la gestión?», se pregunta el analista José Luis Ruiz Bartolomé. «¿Qué sabe un bancario de inmuebles? Nada. De hecho, ¿no fueron ellos los que concedieron créditos sin ton ni son a personas que no lo merecían, sobre activos que estaban sobrevalorados?», critica sin tapujos el autor del libro Adiós ladrillo, adiós.

Conocer el terreno
Pese a que hay coincidencia en que la creación del llamado banco malo era necesario, los expertos insisten en que hay que saber gestionarlo y el Gobierno, hoy por hoy, da palos de ciego ahuyentando a los inversores. «No es lo mismo un activo financiero que un activo inmobiliario», argumenta el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce) y Asprima, José Manuel Galindo, que una vez más insiste en el papel que tienen que tener los empresarios y los operadores del sector inmobiliario, que conocen de primera mano el producto que se cataloga.

Los expertos consultados por elEconomista han puesto firmes al Gobierno y reclaman su protagonismo en el Sareb que, de entrada, no parece darles mucho juego.

«Prescindir de los profesionales de este sector para la gestión de la sociedad sería un grave error», apunta Ruiz Bartolomé, que insiste en que no se puede despreciar el conocimiento acumulado por los profesionales del sector ni tampoco proscribir a la totalidad de la profesión, como se ha venido haciendo hasta ahora.

«Si se prescinde de ellos, se cometerán muchos errores, se tardará más tiempo en salir y la rentabilidad de la sociedad quedará en entredicho; como también su reputación si son los bancarios -que no olvidemos que han quebrado sus entidades- los que la gestionan. Acabará pareciendo que «todo queda en casa», y que la sociedad es una pantalla», recuerda el analista.

El proveedor de servicios inmobiliarios globales Savills tiene claro cuáles son los pilares de este Sareb. Según el director de activos bancarios en España, Nicolás Llari de Sangenis, «la Sociedad de Gestión de Activos debe estar liderada por unos profesionales externos con alta reputación nacional e internacional en el sector inmobiliario, cuyo equipo sea capaz de optimizar resultados sin grandes estructuras internas».

En su papel de observador de primera fila como presidente de los promotores y constructores, José Manuel Galindo lanza su pregunta al aire. ¿Cuántas operaciones inmobiliarias se han cerrado en los últimos tiempos?

«Ninguna. Sólo se han hecho financieras y de crédito porque los que gestionan esa parte la conocen mucho mejor», se responde a modo de advertencia. «En la estrategia de gestión debe participar todo aquel que tenga conocimiento y dineros comprometidos con ese banco malo, como es la función pública y los operadores del sector financiero e inmobiliario».

Recuperar la financiación
También el consejero delegado de Foro Consultores, Luis Corral, asegura que su experiencia es fundamental, «ya que somos conocedores del mercado y con la profesionalidad contrastada».

Otros sujetos activos en la España del ladrillo han sido sin duda alguna las sociedades de tasación y los agentes de la propiedad inmobiliaria (Apis), que en ambos casos se han manifestado como interlocutores válidos para entrar en el Sareb. En el caso de las tasadoras, su director general Leandro Escobar aboga por su labor en la valoración de inmuebles y, en especial, en el mercado local con bases amplias y rigurosas bases de datos. «Los informes pasan por un doble filtro de control de calidad. Todo esto dota a los informes de valoración emitidos por las sociedades de tasación españolas de un alto nivel de transparencia y la elaboración de tasaciones en unos plazos realmente cortos y a precios asumibles».

También información muy cercana y de primera mano es la que presentan como referencia los agentes de la propiedad inmobiliaria. El presidente del Colegio oficial, Jaime Cabrero, ya ha mantenido una reunión con el Ejecutivo para ofrecerse a valorar los activos y esperan reunirse también con el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

elEconomista ha dado un paseo por el sector y ha dejado la palabra a quienes pueden ser protagonistas del camino que se tome en un futuro porque «el Gobierno no puede esperar a que los fondos de inversión, el capital extranjero o las aseguradoras vengan a constituir el banco malo, porque no lo van a hacer», dice un empresario desanimado tras examinar con detalle un borrador que, en su opinión, no aclara ninguno de los pilares sobre los que debería basarse el esperado banco. No ha sido así. Las 24 páginas ni aclaran nada sobre la gestión ni despejan cuál será el valor de los activos que se transfieran.

De hecho, el propio director general del Frob, Antonio Carrascosa, dijo al día siguiente de conocerse el borrador que la transferencia de activos inmobiliarios al Sareb se realizará a un precio «conservador» y con «descuentos muy significativos». «Pero poco más», dice un empresario que esperaba que el directivo arrojara alguna luz. Habló de «desinversiones realistas», pero sin datos concretos y apostillando que todavía se están valorando los riesgos sobre las participaciones de control en sociedades inmobiliarias que las entidades financieras deberán transferir al Sareb. Para los analistas son demasiadas condicionales en un país al borde del rescate y casi cinco millones de parados. Y el cómo y el quién es básico y coinciden en que se debe ofrecer un producto bueno y con precios interesantes para que los ciudadanos puedan comprar y los inversores vean rentabilidad, «lo que reactivaría la actividad y el empleo».

Obra de ingeniería
Pero, lo que en un principio parece un razonamiento a simple vista lógico, se convierte en toda una obra de ingeniería. «Al banco bueno le perturba que el banco malo exista porque va a sufrir su propia medicina, que es sacar los activos más bajos y no va a poder vender los suyos», dice un analista que conoce el mercado local.

El Gobierno ha reconocido que hay cerca de 200.000 millones en activos problemáticos. Si sólo se transfieren al vehículo unos 90.000 millones, los inversores internacionales volverán a pensar que llegamos demasiado tarde y hacemos poco. «No podemos permitirnos el lujo de hacerlo mal. Si se hace mal, serán dos años tirados por la borda como ocurrió en Irlanda, y España no se lo puede permitir».

La economía ha entrado en un círculo vicioso del que es difícil salir y en el que se suman la restricción de crédito, la recesión económica y una mayor morosidad que han provocado pérdidas del sistema bancario y que cierra el círculo con una mayor restricción de crédito. «Para romper el círculo hay que sanear el sistema bancario y volver a crecer», dice un promotor que reconoce que esta limpieza «es un requisito necesario para salir de la crisis». Y para ello hay una condición ineludible: que el suelo esté al mínimo valor posible para que se pueda vender y sea atractivo al inversor.

«Sin duda el profesional inmobiliario es el único capaz de ordenar, priorizar, paquetizar, y, por supuesto, definir el tipo de comprador final y de la más oportuna forma de comercialización. Ahí está el valor añadido: rentabilizar la sociedad de gestión de activos», dice José Luis Ruiz Bartolomé.

En esa línea se encuentra la consultora Savills. Para Nicolás Llari de Sangenis, en el contexto actual, el capital es muy caro, y si es extranjero más. «Existe una alta diferencia de precios entre oferta y demanda, y las carteras no están lo suficientemente sesgadas de la tipología de producto que no compra un fondo oportunista».

Hacer ‘industria inmobiliaria’
El año 2012 ha sido un ejercicio complicado y 2013 apunta a que no será un camino de rosas. Pero hay ganas. Ganas de salir adelante; ganas de volver a crecer y de generar empleo y, sobre todo, ganas de trabajar. Es lo que algunos han llamado hacer una «industria inmobiliaria» sin sombras como las que ocasionaron la burbuja inmobiliaria con picos en los precios que aún hoy son difíciles de digerir. «Hacer industria inmobiliaria supone elaborar unos proyectos atractivos, generar suelo, agilizar los procesos», dice un empresario que deja claro que «no es la cultura del pelotazo, sino la industria inmobiliaria».

También desde la patronal de los constructores el mensaje es claro. Como dice Galindo, «se trata de que nadie pierda valor para que se recupere el dinero del contribuyente. Y eso pasa porque los activos estén bien valorados, pero sin tirar los precios porque no sería creíble», dice convenido de que éste es el paso necesario para atraer a los inversores y que el crédito vuelva a fluir, «porque un suelo parado no sirve de nada y crea gastos».

«Se hace necesario ponerlo en valor, hay que conseguir que el suelo valga lo mínimo posible. Pero hay que hacerlo ya», dice un empresario que advierte a los bancos que «tapar lo que es intapable no vale para nada, prolonga la agonía y crea desconfianza fuera y los fondos interesados no vienen». «Vale más dinero la actividad que generas que el dinero que das para que el sector recupere su pulso». Pero, «¿dónde pones el precio?, se pregunta Luis Corral, quien insta al Gobierno «a actuar ya».

Ruiz Bartolomé da las consignas: «Hay que mover, zarandear, sacudir el mercado desde el principio. Si se empieza con buen pie, el banco malo marchará solo».

[Via ElEconomista]

Siete jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios español

Desde 2008, año en que comenzó la crisis, hasta hoy se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España. Cada día ocurren nuevos desahucios y el drama social de esta situación preocupa a los jueces.

Por esta razón el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargó un informe detallado a siete magistrados, informe que será analizado hoy por el órgano rector de los jueces. En él se denuncian los abusos en el sistema legal de desahucios y se critica la «mala praxis» de las entidades bancarias.

Estos siete jueces atacan los abusos que ampara el marco legal de desahucios en España y de paso recuerdan que el sistema de cobro de créditos hipotecarios que está vigente hoy en nuestro país fue creado en 1909.

La «mala praxis» de los bancos
El informe, al que tenido acceso el diario El País , habla de «mala praxis de las entidades bancarias» y propone medidas que protejan a las familias que se encuentran al borde del desahucio.

Los jueces reclaman que las ayudas del Estado a la banca se extiendan al cliente sobreendeudado, siempre que éste lo sea de buena fe, ya que «en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual», dice textualmente el informe.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Las conclusiones del texto acusan a la banca de una ligereza desmesurada a la hora de conceder crédito hipotecarios de forma generalizada «sin valorar las posibilidades reales del deudor». En concreto se afirma que realizaron una «comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos… (participaciones preferentes)».

El informe afirma que las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado en los últimos cuatro años y sólo en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año anterior. Los autores destacan que desde 2008 se han producido unas 350.000 ejecuciones hipotecarias en España y recuerdan que «no se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos,» no pueden pagar lo que deben.

Se necesitan «soluciones excepcionales»
Los siete jueces analizan la situación. Tras una ejecución hipotecaria el inmueble se adjudica al banco y «generalmente por un precio inferior al mercado» aumentando así los activos inmobiliarios de la entidad. Una vivienda más que seguramente no se ocupará en años ya que con la actual crisis económica ha descendido la demanda de pisos.

¿Cómo se puede salir de este círculo vicioso? La comisión de jueces propone un debate serio sobre el tema y piden «soluciones excepcionales» ante la situación excepcional que vive hoy la economía española.

En concreto, el informe presenta 18 medidas. Entre ellas los jueces proponen acuñar el término de «deudor hipotecario de buena fe» para añadir cambios en el marco jurídico que beneficien a aquellos que realmente lo necesiten.

Solicitan que el juez pueda otorgar moratorias para aplazar el pago de cuotas en casos concretos como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad. También piden que la dación en pago se convierta en una «regulación imperativa en determinadas circunstancias»: con la entrega de la vivienda se cancelaría el crédito.

Los jueces piden un mayor protagonismo para los hipotecados y plantean introducir mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing. También reclaman la creación de comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores.

El Código de Buenas Prácticas: un fracaso
En informe critica también el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. Los jueces aseguran que esta medida estrella del Gobierno ha fracasado, entre otras cosas, porque era algo voluntario. «No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios», se queja el informe.

[Via ElEconomista]