Sueldos, gastos de representación, libre disposición… lo que realmente cobra un diputado

¿Cuánto cobra al mes un diputado? La normativa del Congreso establece una asignación mensual de 2.813 euros brutos al mes, más complementos en función del cargo. Pero, en realidad, esa cifra dice poco. O muy poco. Hasta el extremo de que sus señorías acumulan ingresos por muy distintas partidas tales que compensación por residencia (1.832 euros) o portavocías en Comisiones (1.046 euros). De forma, que hay diputados cuyo salario mensual se aproxima a los 10.000 euros mensuales mientras otros cobran una tercera parte. Algunas de esas partidas, como la presencia en distintintas comisiones por parte de un mismo diputado, no son acumulables.

La lista de los emolumentos de los 350 diputados, a la que ha tenido acceso este periódico, constata una gran disparidad salarial en función de la actividad de cada uno de ellos. Hasta el punto de que 39 -algo más del 10% de la Cámara Baja- perciben unos ingresos brutos inferiores a los 5.000 euros, es decir, la tercera parte de lo que cobra, por ejemplo, Jesús Posada, el presidente del Congreso.

Incluso, hay tres congresistas que cobran menos de 4.000 euros al mes. Este es el caso de la veterana diputada Beatriz Rodríguez-Salmones (PP), Teófilo de Luis (PP) y -sorpresa- Alfredo Pérez Rubalcaba. El líder socialista percibe mensualmente 3.684,43 euros. Sus únicos ingresos a cargo del presupuesto del Congreso son los que corresponden a su asignación como diputado (2.813,87 euros) y 870,56 vinculados a una indemnización por residencia (así se llama), que en este caso es prácticamente la mitad de la que perciben los diputados de fuera de Madrid (1.823,36 euros).

El sueldo medio de un diputado ‘tipo’ se sitúa -siempre en términos brutos- en 5.343,88 euros mensuales. La ley prohíbe percibir dos o más sueldos a cargo del Estado, y aunque la asignación por pertenencia a una Comisión parlamentaria tiene una retribución fija, en la práctica un mismo diputado que pertenezca a dos o varias comisiones sólo cobra por una.

Gastos de representación y libre disposición
Los altos emolumentos del presidente del Congreso, Jesús Posada, tienen que ver con el hecho de que cobra, además de su asignación como diputado, otros 3.064,57 euros por ser miembro de la Mesa; 3.327,89 euros, por gastos de representación; 2.728,57 euros, en concepto de gastos de libre disposición y 1.832,32 euros por indemnización por ejercicio del cargo. En total, casi 15.000 euros por todos los conceptos.

Los diputados, según la Constitución española, tienen derecho a percibir una asignación económica fijada por las respectivas Cámaras. Igualmente, tienen derecho, como reconocen las normas internas del Congreso, a las “ayudas, franquicias e indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función”.

En cuanto a las indemnizaciones por residencia, la cuantía mensual quedó fijada en 1.823,86 euros para los diputados de circunscripciones distintas a las de Madrid, y de 870,56 euros para los electos por Madrid. Los parlamentarios deben afrontar los gastos que les origine la actividad de la Cámara, y por ser una cantidad finalista -destinada a cubrir gastos- está exenta de tributación.

El Congreso de los Diputados, de la misma manera, cubre los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco) de los parlamentarios. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista. Excepción hecha, claro está, del uso del propio automóvil, en cuyo caso y previa justificación, se abonan 0,25 euros por kilómetro.

La Cámara facilita a cada diputado que no dispone de vehículo oficial una tarjeta personalizada que permite abonar el servicio de taxi dentro de la ciudad de Madrid. La disponibilidad de dicha tarjeta tiene un límite anual de 3.000 euros.

Los diputados cuentan, además, con una cobertura social -cotizaciones- a cargo del Congreso de los Diputados. En el momento de cesar, la cuantía de la indemnización es equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional (2.813,87 euros) por cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales o fracción superior a seis meses, y hasta un límite máximo de 24 mensualidades.

[Via ElConfidencial]

N.d.R.: Este diario ha publicado que Díez, Olabarría, Jané y otros nueve diputados cobran más de 10.000 euros al mes, lo cual es erróneo ya que los emolumentos que perciben en las distintas comisiones no son acumulables. Se trata de un error de interpretación debido a que el hecho de que un diputado no genere derechos económicos por pertencer a varias comisiones, no aparece en las normas de régimen económico del Cogreso de los Diputados publicadas en su página web. Pedimos disculpas.

¿Podría Mas pagar las pensiones en una Cataluña independiente?

Las pensiones se han convertido, de nuevo, en arma electoral. La candidata del PP en las autonómicas catalanas, Alicia Sánchez-Camacho, advirtió esta mañana al candidato de CiU, Artur Mas, de que no podrá pagar las pensiones si Cataluña se independiza. ¿Por qué? Porque el Gobierno central tuvo que acudir al rescate del catalán para poner 1.100 millones de euros con el fin de pagar las pensiones de los jubilados catalanes el año 2011.

Sánchez-Camacho criticó con dureza a su rival. “El mesianismo de Artur Mas no pagará las pensiones de los catalanes, no garantizará las pensiones de los 1.600.000 pensionistas catalanes y, por tanto, es básico que los catalanes sepan que sólo las ventajas de seguir siendo lo que somos, catalanes dentro de España, garantizará el presente y el futuro de las pensiones”, dijo. Según la candidata del PP, una Cataluña independiente “nos llevaría a un empobrecimiento de la sociedad catalana y a un empobrecimiento todavía más grande de la gente mayor. No podemos poner en riesgo lo más importante, las pensiones de 1.600.000 pensionistas. Y el proyecto de ruptura y separación de Artur Mas juega con el futuro de estos pensionistas, ya que una Cataluña independiente no podría pagar sus pensiones. No se puede mentir como están mintiendo Artur Mas y CiU”.

La candidata popular subrayó que “el futuro de las pensiones sólo se encuentra dentro de la seriedad del Gobierno de España y dentro de la seriedad del Pacto de Toledo, que ha de gestionar nuestro modelo de pensiones”. Además, el tema no afecta sólo a los pensionistas: a ellos hay que añadir 600.000 prestaciones de desempleo. Frente a ellos se sitúan 2.900.000 personas que componen la población activa. La candidata del PP enfatizó que “los datos actuales demuestran que una Cataluña independiente sería inviable en el pago de pensiones. Sólo España garantiza el pago de las pensiones catalanas”.

Por su parte, fuentes del PP consultadas por El Confidencial señalan que “para poder mantener un Estado, harían falta tres cotizantes por cada pensionista, por lo que la situación en Cataluña, con ese techo de población activa, sería inviable”.

Un informe contundente
Desde las filas de CiU, no obstante, se contrapone un informe realizado por la consejería de Economía y Conocimiento, que demuestra que el saldo acumulado de la Seguridad Social en Cataluña entre 1995 y 2010 es positivo en 24.774 millones de euros. Es decir, que las aportaciones al sistema han sido superiores a las recibidas por el territorio, por lo que la comunidad ha sido contribuidora neta. ”Sólo en los periodos 1995-1996 y 2009-2010, en buena parte por la elevada tasa de paro, cercana al 20% en el primer caso y al 18% en el segundo (suben las prestaciones y bajan las cotizaciones), Cataluña fue deficitaria con la Seguridad Social. En el primer periodo, el saldo es menos negativo que en el segundo porque la economía ya había dejado atrás la recesión”, dice el texto.

El informe detalla los saldos anuales en el periodo estudiado. Según las cifras que maneja la Generalitat, el mejor año fue el 2006, en el que el saldo fue positivo en 3.519 millones de euros, seguido del 2007, en que fue de 3.483 millones. Por contra, en el año 2009 el registro fue negativo en 1.254 millones y, en el año 2010, en otros 2.142 millones.

En el resto de España, si no se contabilizase Cataluña, sólo fueron positivos los años 2003 a 2007, mientras que los demás se registró un déficit, que alcanzó los 21.967 millones en el 2009 y los 26.317 millones en el 2010. “El déficit de Cataluña con la Seguridad Social equivale a 172 euros por persona el año 2009 y a 293 euros por persona el año 2010. En cambio, en el caso de España sin Cataluña, el déficit se eleva hasta 568 euros por persona el año 2009 y a 679 euros por persona el año 2010”, indica el informe.

También destaca el estudio que “las prestaciones recibidas por el conjunto del Estado sin Cataluña han sido muy superiores a las cotizaciones, alcanzando un saldo negativo de 86.332 euros”. Si a ellos se le restan los 24.774 millones de euros del saldo positivo de Cataluña, el saldo total acumulado de España se situó en 61.558 millones en el periodo 1995-2010. Además, “mientras que Cataluña tendría un saldo acumulado positivo de 3.384 euros por persona y equivalente al 12,7% del PIB catalán, España sin Cataluña tendría un déficit de 2.228 euros por persona y equivalente al 10.1% de su PIB”.

Fuentes de la dirección de CiU señalan a este diario que ”con los números en la mano, las pensiones se podrían pagar perfectamente. Además, se ha de destacar que hay 16.000 millones de euros en impuestos que se envían anualmente a Madrid y no vuelven. Si ese dinero se quedase en Cataluña, no sólo se podrían pagar todas las pensiones, sino que tendríamos una bolsa para hacer frente a otros gastos, tanto sociales como en infraestructuras, que hasta ahora se nos niega por parte del Gobierno central y que es lo que llevamos denunciando durante años. Y hablamos de gastos reconocidos en las leyes pero que la Administración central se niega a cumplir, como, por ejemplo, las dotaciones de la Ley de Dependencia o las inversiones derivadas de la disposición tercera del Estatuto”.

[Via ElConfidencial]

Una familia desahuciada en el sur de Madrid ‘okupa’ una vivienda del mismo edificio con el apoyo de sus vecinos

Una familia que fue desahuciada el pasado mes de julio de su casa situada en el madrileño barrio de San Cristóbal de los Ángeles ha ‘okupado’ un domicilio de su mismo bloque al ver que su solicitud para un alquiler social fue denegada y querer quedarse en la calle «con dos niñas».

En declaraciones a Europa Press, la madre de la familia, María, ha explicado que esta es la salida que han encontrado al ver que su solicitud de alquiler social solicitada al IVIMA de la Comunidad de Madrid les fue denegada por falta de documentos.

En relación al desahucio que vivieron el pasado 11 de julio, este matrimonio ha asegurado que «fue muy triste, porque le sacan a uno de su casa encima con dos niñas», las cuales, según han comentado estos colombianos, «se pusieron a llorar viendo la situación». «Fue horrible, a pesar de que han pasado más o menos tres meses no nos hemos recuperado de eso, ando con depresión», ha lamentado María.

Asimismo, el marido de María, Tulio, ha comentado que a la actual situación por la que están atravesando hay que sumarle que «te quedas con una deuda, es fortísimo». Por ello, esta familia ha decidido empezar a ahorrar una parte de la prestación por desempleo que aún mantiene María para comprar billetes de avión y poder regresar a su Colombia. «Nosotros estamos pensando que si la situación sigue así pues regresaremos a nuestro país», han comentado.

Preguntada por su situación de alerta frente a una posible visita policial, María ha asegurado que es «una intranquilidad» porque «cada vez que suena la puerta estás con el temor de que te van a sacar. Uno no está tranquilo». Esta familia vive gracias a la prestación por desempleo que aún mantiene María de su último trabajo, en el que cobraba 900 euros y debía mantener a la familia y el pago de una hipoteca que, pese a reducirse de 750 euros a 500, no pudieron hacer frente.

Vecinos apoyan a la familia
Preguntados por la opinión de los vecinos, este matrimonio ha asegurado que tienen el apoyo de sus vecinos ya que les dijeron de vivir en esta casa deshabitada antes de que entrase otra gente «problemática». «Nos dijeron: meteros vosotros que mejor vosotros que otras personas», ha apuntado Tulio.

Asimismo, María ha insistido en que sin el apoyo de los vecinos no hubiesen tomado esta decisión. «Hemos tenido suerte porque hemos contado con el apoyo de los vecinos. Ellos siempre están pendientes de nosotros, preguntan si nos hace falta algo», ha explicado María, que también ha recordado que son los vecinos los que «siempre están pendientes» de ellos. «Son buenos», ha celebrado esta madre de tres hijos.

En este sentido, este matrimonio ha matizado que les ha supuesto una «ventaja» el haber convivido de forma legal cuando disponían de la vivienda en propiedad (ahora desahuciada) en el tercer piso. «No dimos problemas y no tuvieron queja, por eso, hemos tenido el apoyo, si no, nos hubieran apoyado», han celebrado este matrimonio desempleado.

San Cristóbal de los Ángeles es un barrio del sur de Madrid perteneciente al distrito de Villaverde en el que se viven desahucios casi a diario. A esta problemática, se suma el creciente número de ‘okupaciones’, que sufren decenas de viviendas situadas en este barrio, en el que numerosa gente sin recursos ve como escapatoria a su inestabilidad el ‘okupar’ viviendas o alquilar a terceros casas previamente ‘okupadas’.

[Via ElEconomista]

El precio de los alquileres subió un 0,4% en el mes de octubre

El precio medio de los alquileres de vivienda en España creció un 0,4% durante el pasado mes de octubre en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La subida de los alquileres se sitúa más de 3 puntos por debajo del IPC general, que se situó en el 3,5% en octubre.

En tasa intermensual, el coste de los arrendamientos registró un ligero aumento de una décima. Por regiones, en siete comunidades bajó el precio de los alquileres en octubre en tasa interanual. Se trata de Murcia (-1,7%), La Rioja (-0,8%), Navarra (-0,6%), Valencia (-0,3%) y Madrid, Valencia y Aragón (todas con el -0,2%). Donde más subieron los alquileres fue en Cataluña, con un 1,3%, seguido de País Vasco (0,9%), Asturias, Castilla y León y Galicia (todas con un aumento del 0,8%), Baleares (0,7%), Cantabria (0,5%), Andalucía (0,4%) y Extremadura (0,2%). Por último, en Canarias los alquileres no registraron variación alguna.

Por provincias, destacan los descensos localizados en Segovia (-0,6%) y Almería, Badajoz y Murcia (-0,3%). En el lado opuesto se encuentra Granada, que registró un avance de los precios del 0,7%.

[Via ElEconomista]

La banca miente: sí hace negocio al desahuciar y quedarse con los pisos

La banca se ha convertido en el blanco de la ira ciudadana por dejar en la calle a cientos de familias. Familias que, en la mayoría de los casos, además de perder su vivienda siguen manteniendo una deuda con la entidad de turno.

Ellos se defienden. No quieren ser los malos de la película. Han intentado calmar los ánimos al anunciar la paralización durante dos años de los desahucios en aquellos casos que sean de extrema necesidad, lo que despierta muchas dudas. Insisten, además, en que «los casos en los que se aprueba un desahucio son una excepción”, “el desalojo es la última opción”, “nuestra política es ‘no al lanzamiento forzoso’, sí a la recuperación de la deuda” o «nosotros no hemos realizado ningún desahucio».

Unas afirmaciones que, aparentemente, contradicen la realidad. Desde que estalló la crisis hace ya cinco años se han producido más de 350.000 ejecuciones hipotecarias -la cifra incluye desde la vivienda habitual, segunda residencia, locales comerciales, garajes, naves industriales… – y casi a diario asistimos a algún desalojo.

Esta contradicción se explica, según los expertos, en que a la banca sí que le interesan los desahucios. “Lo que no le interesa al banco es que no le paguen. Cuando esto sucede, su principal objetivo es quedarse con el máximo posible. Y lo persiguen en los procesos de recuperación de la deuda”, comenta Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea. “Entre los activos inmobiliarios, lo que menos les interesa es el suelo, porque no es líquido. La vivienda, sin embargo, sí porque es vendible”.

La entidad debe provisionar los inmuebles adjudicados y esa provisión va contra la cuenta de resultados. Sin embargo, teniendo en cuenta el precio al que se adjudica el inmueble y su control sobre el acceso a la financiación, el banco cuenta con margen para poner el inmueble en el mercado a precios competitivos y obtener un beneficio adicional en la operación. Sin olvidar que en la mayoría de los casos, además de perder su vivienda, el cliente moroso sigue debiendo dinero al banco.

De hecho, los expertos señalan que cuando la entidad se adjudica el inmueble de un particular, consigue un doble beneficio: la deuda de su cliente crece –intereses de demora, costas judiciales y gastos- mientras que el valor de la vivienda baja –si es la vivienda habitual, el banco se la adjudica por el 60%-.

«Se están dando muchos casos en los que la deuda que el cliente todavía mantiene con el banco tras perder su vivienda supera en importe al precio al que la entidad se ha adjudicado el inmueble», apunta Echavarren.

Para evitar este tipo de situaciones y que una vez que el afectado ha perdido su vivienda su deuda con el banco tienda a cero o sea relativamente asumible, los expertos consultados por El Confidencial sugieren una serie de pautas a seguir:

Que las adjudicaciones no se puedan realizar por debajo del 85%
El abogado Carlos Guerrero, pone un ejemplo bastante clarificador. Un inmueble cuya tasación a efectos de subasta es de 300.000 euros y el capital pendiente de la hipoteca a la presentación de demanda de ejecución es de 220.000 euros:

El banco se adjudica la vivienda al 60%, por 180.000 euros. La deuda pendiente después de la subasta y la ejecución hipotecaria asciende a 40.000 euros de principal, cifra a la que hay que sumar unos 60.000 euros de intereses ordinarios, intereses demora y costas procesales. En total, el cliente mantiene una deuda con la entidad de unos 100.000 euros.

En lugar de tener una casa de 300.000 euros y una deuda de 40.000, el banco acaba adjudicándose el inmueble por 180.000, mientras que la deuda asciende a 100.000. El importe de la deuda supera el valor de la vivienda.

¿Qué ocurriría si el porcentaje mínimo de la adjudicación en la subasta pasase del 60% al 90%? El afectado pasaría de deber a la entidad de 100.000 a 10.000 euros. El banco se adjudicaría el inmueble por 270.000 euros. Si a los 60.000 euros de intereses y costas le restamos 50.000 euros -diferencia entre 270.000 y 220.000- quedaría una deuda de 10.000 euros, “totalmente asumible y aceptable”, apunta Carlos Guerrero.

“Jugando con esos porcentajes no se evitarían muchos desahucios pero se tendería a que la deuda fuese 0. Así se permitiría a los particulares que, aun habiéndose equivocado a la hora de firmar una hipoteca, pudieran levantarse. La ley de la segunda oportunidad. El fresh start en lenguaje anglosajón”, añade Mikel.

“De la misma manera que hay una escala o una tabla de embargos respecto a los salarios, podría hacerse de la misma manera pero con los inmuebles”, sugiere Santiago Viciano, socio del despacho de abogados V Abogados.

Que los intereses de demora no superen en un 50% el tipo legal del dinero
“Los intereses de demora, las costas judiciales y los gastos acaban incrementando la deuda entre un 30% y un 40%”, comenta Viciano. “Cuando alguien no puede pagar de ninguna manera, no tiene sentido que se le estén aplicando intereses de demora del 20%”. Sin olvidar los costes derivados del proceso judicial y la ejecución hipotecaria que el banco acaba repercutiendo sobre el moroso.

Que la responsabilidad hipotecaria no sea superior al 15% de la deuda
La responsabilidad hipotecaria es la cantidad máxima de la que responde el bien inmueble en caso de ejecución de la hipoteca por impago del préstamo que garantiza. El importe viene establecido en la propia escritura pública donde se documenta el préstamo hipotecario, y su importe incluye el principal del préstamo, los intereses ordinarios y de demora y las costas y gastos de ejecución.

Normalmente, la responsabilidad hipotecaria se calcula añadiendo al importe del préstamo hipotecario un porcentaje que cada entidad establece libremente, si bien, por regla general, suele oscilar entre el 30%–50% del principal del préstamo.

Bankia ha aceptado 4.300 daciones en pago desde 2011

Bankia ha aceptado la entrega de la casa para saldar la deuda hipotecaria, conocido como dación en pago, en 4.300 ocasiones entre 2011 y este año. El banco,, ahora nacionalizado, ha adecuado también un total de 80.000 préstamos desde 2009 en el conjunto de España.

En un comunicado, la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha realizado estas consideraciones después de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para evitar que se quedara sin casa una vecina que llevaba cinco días en huelga de hambre frente a una sucursal de la entidad tras ser desahuciada de su vivienda.

«Bankia tiene una disposición permanente a negociar y llegar a acuerdos con sus clientes», ha explicado el banco nacionalizado, que garantiza que su posición en la negociación con la clienta de Tenerife no sufrió ningún cambio. «Y no se ha visto influenciada por la presión de autoridades o plataformas», ha subrayado.

En concreto, Bankia ha evitado el desahucio de casi 3.000 viviendas en Canarias desde que estalló la crisis, gracias a lo que un total de 2.766 familias han podido mantener su vivienda fruto de las modificaciones en las condiciones de sus préstamos aceptadas por la entidad desde el año 2009.

[Via Eleconomista]

La Generalitat Valenciana redistribuirá a 17.000 empleados públicos en función de carga de trabajo

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, afirma que esto no supondrá «ningún despido», y que se pretende mejorar los recursos humanos de la administración. Se espera la colaboración de los sindicatos.

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha informado de que el Gobierno valenciano elaborará un plan para redistribuir al personal funcionarial y contratados laborales de la Generalitat en función de la carga de trabajo de las distintas áreas y las necesidades de la administración.

Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha explicado que se trata de un Plan de Redistribución de Cargas de Trabajo con el que se podrá «desplazar con criterios de movilidad de unos servicios a otros» para que estén «equilibrados».

En este sentido, ha destacado que este plan, «no va a comportar ningún despido», alcanzará aproximadamente a 17.000 empleados –funcionarial y contratados laborales–, salvo personal de Justicia, Sanidad y docentes no universitarios.

El portavoz del Consell ha explicado que la movilidad de los trabajadores se realizará «dentro de la ley» y se les ofertará formación para el nuevo puesto. Además, ha destacado el «papel esencial» de los sindicatos en la negociación de este proceso.

[Via LaVanguardia]

En qué consiste el ‘fondo social de vivienda’ para desahuciados

El Real Decreto-Ley del Gobierno para ‘paliar’ las consecuencias de los desahucios de las familias «más vulnerables» prevé la promoción de un fondo de viviendas de alquiler «asumible». Exactamente, ¿qué dice al respecto la nueva norma?

En su disposición adicional única, el texto afirma que «se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito». No se especifica plazo alguno, y tampoco queda concretado a qué entidades del sector financiero se refiere.

Continúa dicha disposición y concreta que esas viviendas estarán «destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario, cuando concurran en ellas las circunstancias previstas en el artículo 1 del presente Real Decreto-Ley».

Esas condiciones impuestas de dicho artículo se pueden resumir en una serie de requisitos económicos previos, que son no cobrar más de 3 veces el nivel de renta del IPREM -Indicador Público de Renta de Efectos Públicos, 1.597 euros mensuales, es decir, 19.164 euros anuales-, que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos de la familia, que ésta haya sufrido «una alteración significativa de sus circunstancias económicas» en los últimos cuatro años, y que la hipoteca en cuestión «sea sobre la única vivienda en propiedad del deudor» y sólo para su adquisición.

Y además han de concurrir al menos una de estas circusntancias: ser familia numerosa, o que haya al menos un hijo menor de tres años , ser familia monoparental con dos hijos a su cargo, tener a cargo un dependiente o alguien con discapacidad superior al 33%, que el deudor esté en paro y sin prestación alguna, o que en la vivienda exista una víctima de violencia de género.

Aún sin concretar
El fondo social de viviendas al que se refiere el Real Decreto «tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban». No se concretan medidas para obligar a las entidades bancarias a poner a disposición de este fondo una cantidad determinada de viviendas, sino que «incluye un mandato al Gobierno para que emprenda inmediatamente las medidas necesarias para impulsar, con el sector financiero», dicho fondo de viviendas.

En su exposición de motivos, el Gobierno afirma que «este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, en beneficio de aquellas familias que solo pueden acceder a una vivienda en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos».

Es destacable que la previsión de este ‘fondo social de viviendas’ aparezca como disposición adicional y no dentro del articulado de este Real Decreto-Ley. Hay que tener en cuenta que las disposiciones adicionales suelen incluirse en los textos normativos para regular regímenes jurídicos especiales, excepciones, mandatos que no impliquen la producción de normas jurídicas y otros preceptos residuales.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó ayer, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esa ‘bolsa de pisos’ para alquilar se nutrirá de los inmuebles adjudicados por impagos propiedad de la banca, muchos ahora en manos del FROB.

A pesar de la indefinición de la medida, los bancos ya se han apresurado a quejarse. En opinión de la Asociación Española de Banca (AEB) cree que el coste de las medidas recaerá «exclusivamente» en el sector.

[Via ElMundo]

Un 95% de españoles pide cambios en la Ley Hipotecaria

El 83% de los españoles piensa que la crisis se prolongará en el tiempo y que acabará con la clase media, mientras que el 96% vaticina un aumento de la brecha entre ricos y pobres.

Según un encuesta de Metroscopia para El País, hasta un 95% de españoles se muestra a favor de una reforma de la Ley Hipotecaria. Esta corriente de opinión casi unánime ha llevado a los dos partidos hegemónicos a mover ficha en ese sentido, pese a que ambos habían rechazado hace unos meses una iniciativa de IU que perseguía precisamente ese objetivo. Así pues, el 92% de los votantes del PP y el 98% de los votantes del PSOE, estarían de acuerdo con la mencionada reforma.

La misma encuesta pone de manifiesto que el 91% de los ciudadanos cree que «la banca abusa de la buena fe y la falta de conocimientos jurídicos» de sus clientes, según publica el diario de Prisa. Aseguran también que «les ofrecen y venden condiciones abusivas». Mientras, el Banco de España es señalado como culpable de «falta de vigilancia» por el 96% de los encuestados.

En otro orden de cosas, Metroscopia también revela que un 83% de españoles se muestran pesimistas con respecto a la evolución de la crisis y creen que ésta se prolongará y afectará cada vez a más personas, destruyendo a la clase media: un 96% anuncia que aumentará la brecha entre ricos y pobres

[Via ElEconomista]

Cada mes hay mil personas desahuciadas en Barcelona

El juez de la Sala Penal de la Audiencia de Barcelona, Santiago Vidal, pide una moratoria mientras se pacta la reforma de la ley hipotecaria, y apuesta por medidas como la dación en pago, la obligatoriedad de una mediación previa para evitar el juzgado y que el banco ceda un uso vitalicio del inmueble a cambio de un alquiler social.

El juez de la Sala Penal de la Audiencia de Barcelona, Santiago Vidal, alerta de que cada mes se desahucia a un millar de personas en la provincia de Barcelona, algo que a su juicio se podría evitar siguiendo los consejos del colectivo, por lo que ha reclamado una moratoria mientras los legisladores acuerdan la reforma de la ley hipotecaria.

«Si los políticos quieren, en dos o tres meses cambian la ley: ¡Modificaron la Constitución en una semana!», ha afirmado en declaraciones a RAC 1, y ha reclamado que la reforma aclare cuando se puede aplicar la dación de la vivienda en pago de la hipoteca; que incluya una mediación previa obligatoria para evitar el juzgado, y que el banco ceda un uso vitalicio a cambio de un alquiler social.

Se ha mostrado convencido de que la modificación de la ley contemplará alternativas a la retroactividad, aunque a su juicio es complicada jurídicamente, y ha estimado que se tendrán que pedir responsabilidades penales porque «todos los indicios racionales hacen creer que se han producido delitos».

Por su parte, en declaraciones a TV3, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, se ha mostrado escéptica sobre el acuerdo entre PP y PSOE para pactar una reforma legal contra los desahucios porque sus propuestas «son para el futuro, no para lo que está pasando actualmente».

Colau ha culpado a PP y PSOE de los desahucios por provocar el sobreendeudamiento de la población con sus políticas públicas de vivienda, y les ha reprochado su menosprecio por no haber convocado a la plataforma a ninguna reunión: «Ahora llegan los últimos al debate y no cuentan con nosotros. Esto es arrogante».

[Via LaVanguardia]