Industria prepara un nuevo tijeretazo a las renovables de 3.000 millones

El Gobierno prepara un real decreto para aplicar un importante recorte en la retribución de las energías renovables que puede llegar a ascender a 3.000 millones de euros en los próximos cinco años, según los cálculos de la CNE.

Según fuentes consultadas por elEconomista, el Ministerio de Industria tiene sobre la mesa una propuesta que realizó el regulador en su informe para acabar con el déficit de tarifa el pasado mes de marzo y que puede aprobarse con gran rapidez.

El Gobierno se está planteando congelar la actualización de las primas de las renovables con el IPC, tal y como se hacía hasta el momento, en lo que supondría un nuevo recorte para estas tecnologías. Entre las medidas que se barajan tambien figura ampliar el plazo de los derecho de cobro de primas a cambio de una reducción de las mismas.

La opción que parece tener más predilección es la primera. Los técnicos consultados por este diario explican que la tarifa que incentiva las instalaciones de renovables se actualiza con el IPC corregido por un factor de eficiencia llamado «X». Dicho factor era de 25 puntos básicos hasta 2012 y desde 2013 se ha duplicado, es decir, se ha hecho mucho más restrictivo. La propuesta de la CNE situaría este elemento en los 175 puntos básicos.

Las primas se actualizan con la inflación para poder mantener el nivel de rentabilidad, pero la falta de combustible fósil hace que el coste variable de estas tecnologías dependa únicamente de los diversos servicios de las plantas (operación, mantenimiento, seguro), es decir, todos aquellos costes que están directamente ligados al aumento de la inflación, como los salarios o los precios de los suministros.

La justificación para este ajuste, según el criterio de la CNE, se ampara en que una gran parte de sus ingresos anuales se dedican a cubrir los costes de la inversión, que representan aproximadamente el 85% en el caso de la eólica y la fotovoltaica. De este modo, el regulador considera que «actualizar la totalidad de la prima resulta desproporcionado y cree por lo tanto que sólo se debería actualizar únicamente el 15%».

En el caso de la cogeneración, las tarifas y primas se actualizan trimestralmente con las variaciones del IPC y de los precios del combustible. Dado que en estas tecnologías el peso relativo de los costes de operación y mantenimiento es similar, se propone realizar una actualización análoga en la parte correspondiente de los incentivos económicos.

La medida propuesta, que requeriría una norma con rango de Real Decreto, consiste en incrementar el valor del factor corrector de modo que se mantenga el principio de una rentabilidad razonable contenido en la Ley y que sirva para poder evitar reclamaciones por considerarse una medida retroactiva.

Para un IPC del 2%, el factor corrector debería estar en los 175 puntos básicos. De este modo, para que se lograría la quivalencia con el 15% del valor de las tarifas y primas que se deben actualizar con el IPC, lo que está en línea con lo propuesto para otras actividades reguladas del sector, y sin perjuicio de que se mantuviese la indexación a los precios de los combustibles en el caso de la cogeneración o de los residuos. Dado que los valores de las tarifas se calculan cada año (o trimestre), esta medida tiene un impacto acumulativo: supondría reducir anualmente en torno a 200 millones a partir de 2013.

Quejas de EEUU
El embajador de Estados Unidos en Madrid, Alan Solomont, mostró ayer su «preocupación» ante algunos de los elementos de la reforma energética española por su efecto en el sector de las renovables y en las inversiones realizadas por empresas estadounidese.

Solomont ha analizado las «excelentes» relaciones bilaterales, pero también ha alertado de políticas concretas que preocupan mucho a su país, como la reforma energética y la piratería en Internet. Sobre el primer capítulo, ha destacado la apuesta de su EEUU por ese sector, en el que España es líder.

A pesar de reconocer que en su desarrollo han estado presentes los subsidios públicos y que era necesario abordar el déficit tarifario, Solomont ha explicado que ha mantenido contactos con el Ministerio de Industria para intentar evitar que la reforma socave el crecimiento económico y desaliente la creación de puestos de trabajo. En su opinión, la reforma ha introducido «cierta inestabilidad» cuando se necesita un marco regulatorio previsible para impulsar las inversiones.

[Via ElEconomista]

¿Cuánto gasta (de verdad) en España cada uno de los turistas que viene?

El turismo inyectó en la economía española casi 41.200 millones de euros hasta noviembre. Ésos son los ingresos reales que generan los turistas extranjeros que vienen al país y que se contabilizan como una suerte de exportaciones por el Banco de España. Una cifra que revela que cada turista extranjero genera, de media, 750 euros; una cuantía bastante menor a los 962 euros que cuantifica el Gobierno. ¿Por qué esa diferencia?

España ha disfrutado en 2012 un verdadero boom del turismo extranjero. El pasado se convirtió en el tercer mejor de la historia en llegadas de viajeros internacionales, y eso se va a notar a modo de ingresos adicionales que paliarán parcialmente (solo parcialmente) el batacazo de una economía, la nuestra, que atraviesa su segunda recesión en tres años. El turismo no impide la recesión, pero sí está ayudando a que no sea más honda.

El turismo inyectó en la economía española 41.165 millones de euros entre enero y noviembre del año pasado, según los datos de la central de balances del Banco de España hechos públicos ayer. La cifra representa un incremento del 1,7% en relación a los niveles del año anterior, cuando ya se registraron máximos históricos (que previsiblemente se superarán al cierre de las cuentas de 2012).

La balanza de pagos que elabora el Banco de España recoge los ingresos que efectivamente recibe la economía nacional del exterior por actividades de turismo y viajes; en la práctica, serían los ingresos que realizan los turistas extranjeros que recibe el país. Esos casi 41.200 millones reflejan el impacto económico real que tiene en España el negocio que generan los viajeros internacionales.

Las otras cifras del Gobierno
Y es que en el sector turístico la variedad de fuentes estadísticas en ocasiones generan confusiones. Mientras que el Banco de España cuantifica los ingresos turísticos de nuestra economía, la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) del Ministerio de Industria mide el gasto total que realizan los turistas que visitan España, y no exclusivamente el que efectúan una vez llegados al país. Esto es, la encuesta del Gobierno recoge también los pagos que eventualmente un turista podría realizar antes del viaje a una aerolínea o una agencia de viajes de su país de origen, no solo el gasto que repercute en España.
Es por ello que los datos de Banco de España y los del Gobierno no coinciden. Egatur cuantificó el gasto total que realizaron los turistas que visitaron España hasta el pasado noviembre en 53.000 millones de euros, casi 12.000 millones más que los registrados en la balanza de pagos. Los datos del Ministerio de Industria no son incorrectos, simplemente cuantifican una magnitud diferente, que sirve para calibrar la tendencia de gasto de los turistas, pero no para establecer el impacto real en nuestra economía.

El gasto de cada turista
España recibió entre enero y noviembre del pasado año un total de 55,06 millones de turistas extranjeros. Según las cifras del Gobierno cada uno de estos visitantes realizó, de media, un gasto total durante el viaje de 962 euros y el gasto que efectuaron por cada día de estancia fue de 109 euros (un 3% y un 6,6% más, respectivamente). Sin embargo, las cuantías que se quedaron efectivamente en España, que impactaron en la economía nacional, fueron sustancialmente menores.

El resultado de combinar los ingresos turísticos reales que mide el Banco de España y la cifra de turistas internacionales que llegaron al país muestra otros resultados. Cada uno de los viajeros que llegaron generó ingresos durante su estancia de 747,6 euros, mientras que el gasto medio diario real se quedó algo por debajo de los 84 euros. Según estos datos, el gasto por cada jornada creció un 1% en relación al año anterior, pero el gasto medio por cada turista disminuyó un 2% (una tendencia dispar que se explica por la diferente duración de la estancia media entre un ejercicio y otro: de 9,1 días en 2011 y de 8,8 días en 2012).

Vienen más (bastantes más) turistas y generan más ingresos para la economía española, y eso incluso a pesar de que cada uno de ellos gasta un poco menos de lo que lo hacían el año anterior porque sus viajes son más cortos. El resultado de combinar todas estas variables, en cualquier caso, es positivo para el sector turístico y para el conjunto de la economía nacional. Al cierre de 2012 los ingresos por turismo rondarán, según las previsiones del sector, los 43.300 millones, con lo que se marcará un nuevo récord histórico. Una inyección que, aunque no se convierte en un infalible escudo antirrecesión, sí sirve para sanear en parte las agotadas cuentas españolas.

[Via Expansion]

Ley Antidesahucios para los autónomos en situación de cese porque ‘nunca estarán en desempleo’

Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido este jueves a la Dirección del Grupo Popular en el Congreso que, a través de sus enmiendas al proyecto de ley Antidesahucios, incluya a los autónomos en situación de cese de actividad entre los supuestos que se pueden acoger a la moratoria de dos años en los alzamientos.

Amor ha mantenido un encuentro de algo más de una hora con el portavoz parlamentario ‘popular’, Alfonso Alonso, para tratar las iniciativas que afectan al colectivo de autónomos que están actualmente en tramitación o que se presentarán en los próximos meses.

A la salida, ha explicado a los medios que desde ATA se ha pedido incluir en el proyecto de ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios a los autónomos en situación de cese de actividad como uno de los colectivos que pueden acogerse a la moratoria.

‘El texto inicial sólo habla de desempleo y nunca habrá un autónomo en situación de desempleo. Sí tienen prestación por cese de actividad, así que pedimos que no se les excluya. Es lo justo. A veces el legislador olvida que no todos los ciudadanos de este país tienen derecho al desempleo. Espero que, a partir de ahora, cualquier medida vinculada a colectivos específicos, cuando el legislador hable de situación de desempleo piense que en España hay tres millones de ciudadanos que trabajan por cuenta propia y nunca estarán en desempleo’, ha insistido.

En el mismo sentido, ATA espera que también se pueda incluir finalmente en el texto de la ley que los autónomos ‘en situación de embargo o anuncio de desahucios y que sean acreedores de una administración pública’ puedan acogerse a la moratoria presentando únicamente esa justificación de deuda pública.

Asimismo, el presidente de los autónomos también ha vuelto a pedir al PP que se agilice el cambio normativo para que los empresarios no tengan que pagar el IVA de las facturas con entidades públicas hasta que lo hayan cobrado. ‘Hemos vuelto a pedir que, lo antes posible, si puede ser este semestre, se cambie de una vez por todas el sistema de tributación del IVA para que los autónomos dejen de financiar a las administraciones’, ha dicho Amor.

Con respecto a la Estrategia por el Emprendimiento y el Empleo en la que el Ministerio de Empleo trabaja con sindicatos y empresarios, Lorenzo Amor ha aplaudido que se intente ‘fortalecer la figura del autónomo, que se le dote de protección social’ y que se aborden aspectos para ‘favorecer’ el empleo juvenil y la generación de puestos de trabajo desde el emprendimiento.

Así, ha deseado que esta estrategia ‘pueda estar aprobada en pocas semanas en el Consejo de Ministros’, y ha aplaudido la medida de reducir las cotizaciones a la Seguridad Social de los jóvenes emprendedores menores de 30 años y de las mujeres menores de 35 años durante los seis primeros meses de actividad. ‘Es una estrategia encaminada en la buena dirección y que nosotros vamos a defender’, ha concluido.

[Via UrbaNoticias]

Empleo incentivará con hasta 700 euros la contratación de trabajadores sin experiencia

Esta medida será incluida en la Estrategia para el Emprendimiento y el Empleo Joven que discuten desde noviembre los agentes sociales con el Ministerio de Empleo.

Se trata de incentivar la conversión en indefinidos de los trabajadores con una experiencia laboral inferior a tres meses que sean contratados previamente con carácter eventual. La iniciativa, todavía en estudio a falta de los últimos flecos, consiste en impulsar que las empresas contraten a jóvenes menores de 30 años sin apenas experiencia (menos de esos tres meses) de manera temporal a jornada completa o superior al 75%. Si posteriormente, transforman esos contratos en indefinidos, tendrán derecho a una bonificación en las cuotas a la Seguridad Social que sería de 500 euros durante tres años en el caso de que el trabajador sea hombre, o de 700 euros si es mujer. Este incentivo respondería a las exigencias de la patronal de otorgar un trato diferencial a la contratación de personal sin experiencia.

Efecto sustitución
En las negociaciones que mantienen las tres partes se está barajando además la posibilidad de establecer un contrato en prácticas para el primer empleo, destinado a jóvenes menores de 30 años que funcionaría como puente entre la formación y el trabajo. Para esa clase de contrataciones se baraja la introducción de una rebaja de hasta el 50% de las cotizaciones sociales. Una tercera medida para impulsar la contratación de este colectivo tan castigado por el desempleo sería bonificar el contrato a tiempo parcial que esté vinculado a tareas formativas, con el que se podría cubrir hasta el 50% de la jornada a tiempo completo. Este incentivo consistiría en reducir la cuota empresarial a la Seguridad Social durante un año. La bonificación alcanzaría el 100% para las empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% en caso de superar ese tamaño. Estas tres medidas estarían condicionadas a la creación de empleo neto, con el objetivo de evitar el efecto sustitución de trabajadores tan temido por las organizaciones sindicales.
Otra de las peculiaridades que tendrán estas nuevas medidas es que serán de carácter temporal. Así, tal y como ha decretado recientemente el Ejecutivo con la prórroga automática de la ayuda a parados de 400 euros; estos nuevos incentivos a la contratación de jóvenes estarían en vigor hasta que la tasa de paro no se sitúe por debajo de un determinado nivel, que podría fijarse en el 15% (ahora se encuentra en el 26%).

En la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales ya se han acordado otras medidas como la anunciada por la ministra Fátima Báñez a comienzos de esta semana: la aplicación de una cotización de 50 euros mensuales para los nuevos autónomos.

Además, se encuentra muy avanzada la posibilidad de permitir a los emprendedores compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo con la actividad empresarial durante el primer año, así como ampliar las posibilidades que tienen de capitalizar el paro (cobrar por adelantado toda la prestación).
Asimismo, está previsto ampliar de dos a cinco años el periodo en el que, tras iniciar su actividad, el emprendedor puede reanudar el cobro de la prestación por desempleo si su empresa no es viable. Y por último, medidas para mejorar la financiación a estos profesionales, como los fondos semilla o los préstamos participativos.

[Via CincoDias]

«España necesita más obras porque hay stocks inmobiliarios que se han acabado»

El director general de Banco Sabadell, Miguel Montes, ha afirmado este miércoles que «España necesita más obras porque hay stocks inmobiliarios que se han acabado» y que, en 2012, ya financiaron «operaciones, pocas, de promoción inmobiliaria» a «gente que no tenía ni el suelo financiado» ni «resolvía un problema» a la entidad, al tratarse de «ejemplos de proyectos que iban a tener rentabilidad».

Así lo ha señalado en su intervención en las jornadas Cinco Días-Banco Sabadell, en la que ha señalado que tras la integración de la CAM se convirtieron «en uno de los mayores tenedores de activos con exposición inmobiliaria dentro del sistema financiero español», lo que les llevó a unificar sus activos y equipos para «reaccionar».

En 2012, la entidad vendió activos inmobiliarios por importe de 2.300 millones de euros, la mayoría en el segundo y tercer trimestre. Según fuentes del banco, el pasado año dobló el número de viviendas vendidas respecto a 2011 y, en concreto, el 43,7 por ciento de los 13.777 pisos vendidos correspondieron a la CAM –6.021 inmuebles–, el 39,2 por ciento al Sabadell –5.400 pisos– y los 2.286 restantes a inmuebles en balance, 746 en el de CAM y 862 en el del Sabadell.

Según ha explicado Montes, a mediados de 2012 agregaron todas sus unidades dedicadas a la gestión del sector inmobiliario para «acelerar la venta de pisos» y «hacer un negocio», para lo que pasaron de generar «equipos de solución a problemas» a «construir una buena inmobiliaria», con un equipo territorial en Valencia, otro en Valencia y otros cuatro repartidos por España, encargados de «vender activos», de «gestión urbanística» y del «desarrollo del proceso de transformación para generar nuevo producto inmobiliario».

En cuanto a la situación actual, mantiene que el mercado inmobiliario de la Comunitat Valenciana y Murcia «es el más líquido de España y tiene un volumen de transacciones creciente», con «bolsas de demanda que eran insospechadas y actúan casi autónomamente». «Y cuando nos pongamos todos a conseguir que actúen, crecerán», añade.

¿Dónde hay demanda?
Entre esas bolsas de demanda, cita a un turismo residencial que considera «asequibles» las valoraciones de los inmuebles y «está queriendo encontrar oportunidades y respuestas en la zona costera», así como a la «demanda de vivienda asequible en ciudades medianas y grandes de toda España que está insatisfecha», a la que «no se le da respuesta con la segunda mano» y habrá que ofrecer «un producto quizá diferente de lo que se construyó en el pasado», apunta.

Así, incide en que «el volumen de sobreoferta en el Levante español no es fatal, al revés, es una oportunidad». «Nosotros ya hemos puesto este año pasado grúas y vamos a poner más», asegura Montes, quien aclara que ya no financian suelo ni hacen «algunas cosas» que hicieron en el pasado, pero empiezan a «ver que hay solo un futuro, que esto vuelva a ser un mercado».

Defiende, en este sentido, que «de este problema no sale nadie solo y o viene más gente y volvemos a tener un mercado, o el problema no se resolverá», pero «ya está en fase de solución», recalca.

En algunos sitios la oferta está «sobredimensionada»
A preguntas de los medios, ha remarcado que «no se puede pensar que el ladrillo es un sector que no vaya a tener volumen de negocio nunca más» y que «hay una demanda para activos inmobiliarios».

Montes admite que hay «una oferta en algunos sitios muy sobredimensionada, fruto de decisiones pasadas colectivas muy erróneas», pero subraya que «ha empezado a no ser una tónica tan generalizada y ya hay demostraciones evidentes de que hay sitios donde hay producto inmobiliario por desarrollar porque hay demanda insatisfecha».

A preguntas acerca de esas declaraciones y de la conveniencia de volver a apostar por la construcción, el director general del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Antonio Carrascosa, ha recalcado que «hay que invertir o dar crédito de manera prudente».

«A lo mejor lo que explica la crisis de determinadas entidades es su exposición imprudente y una concentración de riesgos en determinados sectores, concedidos de manera poco prudente», ha agregado Carrascosa, quien mantiene que «es fundamental que fluya el crédito a la economía» y que «no en todas las provincias y todas las ciudades hay una sobreoferta de viviendas y de otros inmuebles, con lo cual perfectamente puede ser rentable invertir y dar crédito en el sector inmobiliario, siempre que se haga de manera prudente».

Paralización de desahucios
En otro orden de cosas, el directivo del Sabadell se ha referido en su intervención a la paralización de los desahucios y ha indicado que, «de enero a mayo de 2012, CAM realizó 105 lanzamientos forzosos y, desde el 30 de mayo, no ha hecho ninguno más ni va a hacer» dado que cuando el Gobierno inspiró una dinámica para «armonizar esta situación», ellos ya habían tomado esa decisión «hacía tiempo».

En la actualidad, participan en el Fondo Social de Vivienda y tienen un mecanismo para «evitar situaciones de conflicto y establecer mediación en el momento de la generación del problema» y, según ha explicado, si bien no renunciar a «recuperar la propiedad de los activos que garantizan préstamos que se hacen incobrables», no hacen con ella «nada que genere mayores niveles de tensión social». De hecho, «buena parte» de las viviendas recuperadas «están ocupadas por los antiguos propietarios, a veces generando nuevas situaciones de morosidad» que soportan con ingresos de su actividad normal.

[Via ElEconomista]

El banco no podrá adjudicarse una vivienda por menos del 70% de su valor

El Gobierno reconoce un desequilibrio de derechos entre los bancos y los ciudadanos en torno al sistema hipotecario y quiere atajarlo a golpe de ley. Así, legislará que las viviendas embargadas no puedan ser subastadas por menos del 75% de su valor de tasación y, si no hay postor, el banco no podrá quedársela por menos del 70% de dicho valor (un 10% más). Además, los jueces tendrán potestad para reducir las deudas que les quedan pendientes a las familias víctimas de desahucios si el banco obtiene una plusvalía al vender la vivienda.

Así lo ha avanzado el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante su intervención ante el Pleno del Congreso para defender el proyecto de ley de Medidas Urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. El ministro afirma que las medidas para compensar la situación de los hipotecados se aplicarán «a todas las hipotecas» y no sólo a los nuevos préstamos.

Mejor tarde que nunca. De Guindos ha avanzado algunos de los cambios que el PP propondrá durante el plazo de enmiendas parciales para este proyecto de ley, con el objetivo de «mejorar la normativa. Una de las medidas que baraja es «modificar los umbrales para que se incorporen más personas a la fase de reestructuración de la deuda».

Hipotecas a 30 años
Otra medida importante es que se limitarán los intereses de demora y se fijará en 30 años el plazo máximo para conceder hipotecas para vivienda habitual.

En septiembre, el PSOE pidió esto mismo. «No es que se prohíba conceder hipotecas a más de 30 años, pero se limitarán de forma indirecta. 30 años es una práctica habitual, es un tiempo suficientemente dilatado y, si se va a más tiempo, la posición del deudor puede ser mucho más vulnerable al gravar mucho tiempo la vida y las rentas del deudor», ha explicado el titular de Economía.

Intereses de demora al 12%
En este sentido, propondrá una reforma la Ley Hipotecaria para limitarn los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero para «evitar el crecimiento desorbitado de la deuda y facilitar que los deudores puedan afrontar el pago». Actualmente el precio legal del dinero se sitúa en el 4%, por lo que el interés de demora no podría superar el 12%.

Tasadoras y bancos, separados
Aunque, a diferencia de los años de la burbuja, las mayores tasadoras del país ya no pertenecen a los bancos, el Gobierno ha decidido que «reforzará» su independencia, limitando la presencia los bancos en su accionariado del 25% al 10%.

También «endurecerán los supuestos de infracción». Las entidades de crédito tendrán que «aceptar cualquier tasación homologada de un bien que aporte el cliente» y el incumplimiento de este precepto será sancionable, lo que «incrementará la competencia y objetividad del mercado de las tasaciones».

Además, el Consejo de Consumidores y Usuarios y otras autoridades administrativas estarán facultadas para «requerir al Banco de España que inicie un procedimiento sancionador contra una tasadora».

Subastas por un 75% del valor de la casa
El Gobierno modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil para evitar «que las viviendas se vendan o adjudiquen por valores inferiores al de tasación».

En este sentido, dos de las medidas más interesantes que introducirá la ley son que se impedirá que el precio de subasta sea inferior al 75% del precio de tasación en escritura y que «si la subasta concluye sin postor, el porcentaje de adjudicación para el banco subirá del 60% al 70% de la tasación», ha añadido el ministro.

También prevé que, si tras la ejecución de la hipoteca al deudor de buena fe le restara deuda por pagar, el juez tendrá la potestad de decidir si se amortiza hasta el 65% máximo del total hasta el quinto año desde la ejecución o del 80% en diez años. «Y si la entidad financiera obtiene una plusvalía con la venta del bien en esos diez años el juez podrá exigir que el 50% de esa plusvalía se reduzca de la deuda», ha añadido De Guindos.

Con el mismo fin, también se propondrá facilitar el acceso de los postores a las subastas «por ejemplo, rebajando los requisitos» como el aval necesario para pujar, que caerá del 20% al 5% del valor de tasación; ampliar de 20 a 40 días el plazo para que el adjudicatario encuentre financiación o

Subastas más ágiles
Por otra parte, la Ley Hipotecaria incluirá una reglamentación para la venta extrajudicial de las viviendas, que hasta ahora «suscitaban problemas de legalidad», incluyendo la posibilidad de realizar «subastas extrajudiciales online» con un procedimiento «mucho más garantista que agilizará la resolución de las ejecuciones y aliviará la carga de los juzgados».

Sin avanzar a qué plazos se refiere, De Guindos ha dicho que quiere «reducir la demora habitual de las ejecuciones judiciales que, además, provocan una acumulación de intereses en perjuicio del deudor».

Tres impagos en lugar de dos
Por otra parte, se cambiará la Ley de Enjuiciamiento Civil para que no se pueda iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que se hayan producido tres impagos, y se adoptarán medidas adicionales de «prudencia financiera» como limitar a 30 años el plazo máximo para conceder hipotecas de vivienda habitual.

También se sugerirá cambiar la redacción sobre algunas cláusulas «especialmente complejas» como las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa o los ‘swaps’ de intereses. En este sentido, además de hacer constar en la escritura que el notario ha informado expresamente al deudor de la existencia de esos componentes, también se exigirá una aceptación manuscrita de su aceptación.

Según De Guindos también se avanzará en un «mayor equilibrio» para que las cláusulas puedan actuar proporcionalmente en perjuicio o en beneficio de ambas partes, «y no de forma desequilibrada como actualmente», si bien no ha precisado cómo se garantizará este objetivo.

Código de Buenas Prácticas: 3 veces el IPREM
Finalmente, la intención del Gobierno durante la tramitación parlamentaria de este proyecto también se buscará perfeccionar el Código de Buenas Prácticas (CBP), aprobado hace un año -al que los bancos se adhieren sin problemas- y que ya que, aunque «ha tenido buenos resultados» tiene capacidad de mejora.

Once meses después de su aprobación, De Guindos afirma que más ciudadanos podrán acogerse al CBP, pues ampliará el umbral de ingresos hasta tres veces el IPREM.

Los bancos han renegociado más de 400.000 hipotecas, pero el Gobierno está satisfecho con las 1.500 solicitudes de aplicación de las medidas incluidas en el Código -reestructuración de la deuda, quita o dación en pago-, presentadas en 2012, de las cuales casi 800 fueron aceptadas. De ellas, en 317 casos se optó por la reestructuración viable de la deuda y en 78 casos se llegó a la dación en pago, 36 de ellas en el último trimestre.

No obstante, el Gobierno cree que es conveniente ampliar los umbrales de exclusión que en su momento se fijaron para poder acceder a estas opciones, por lo que se elevarán los límites de los préstamos que se pueden acoger y se podrán modificar «en función de las cargas y circunstancias familiares».

Además, si el banco rechaza el plan de refinanciación propuesto por un deudor deberá justificar por qué, y se moderarán los intereses de demora del 20% al 10% en los casos de impago del alquiler tras la dación en pago. Con respecto a la comisión de seguimiento de este Código de Buenas Prácticas, se ampliará el número de miembros «para que sea más plural y representativo».

Fondo social de alquiler
De Guindos también se ha referido al Fondo Social de Alquiler para los desahuciados que el Gobierno ha constituido con la participación de los ministerios de Fomento, Economía y Sanidad, del Banco de España, de la FEMP, de la Plataforma del Tercer Sector, de las patronales bancarias y de 33 entidades que aportan de momento unas 6.000 viviendas.

«Este primer año de Gobierno hemos dado respuesta al drama de los desahucios, perfeccionando y reforzando el marco de protección a los deudores. Y estoy convencido de que dentro, de las enmiendas que presenten los grupos, podremos encontrar importantes puntos de encuentro. Es la voluntad del Gobierno y seguro que también la de todos los grupos, porque una situación como ésta no requiere menos», ha concluido el ministro.

[Via ElMundo]

El Plan de Vivienda debe ser una oportunidad para consolidar un nuevo sector dedicado a la rehabilitación

Ante las profundas modificaciones normativas a las que se enfrenta el sector de la edificación, Green Building Council España valora positivamente cualquier iniciativa que fomente la rehabilitación.

En este sentido, considera que el borrador del Proyecto de Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda, Alquiler, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 debería convertirse en el eje de la acción pública que determinase objetivos cuantificados de objetivos cuantificados a medio y largo plazo (reducción de emisiones de ozono, consumos energéticos, etc…) que permitan orientar el sector de la edificación acorde con una ‘visión-país’ ambiciosa.

Para GBCe, los retos ambientales que la sociedad española debe afrontar, suponen un eje básico en la necesaria transformación de la economía española hacia una economía competitiva. Estos retos tienen una definición específica a escala europea pero, nuestro país no ha sabido siempre reconocerlos como una oportunidad sino como un obstáculo, difiriendo su transposición, su aplicación y su aprovechamiento como palanca de cambio del sector y de la economía nacional.

En ese sentido, GBCe cree que el Plan de Vivienda, más allá de su papel tradicional de ayuda al acceso a la vivienda, debe transformarse en un eje vertebrador de la acción pública en el parque construido, organizado sobre un nuevo marco innovador, y alineado con los objetivos y la experiencia europea

Del mismo modo, la asociación estima que el Plan de Vivienda debe hacer una lectura de los instrumentos disponibles –Inspección Técnica de Edificios, Certificación energética, CTE,…- para orientarlos hacia una acción integrada en el ámbito de la regeneración urbana y la rehabilitación.

GBCe cree que la cuantificación de las ayudas encaja en la hoja de ruta propuesta por el Grupo de Trabajo de Rehabilitación (GTR) en el Plan de Acción propuesto en su informe de 2012, si bien se echa de menos un incentivo más claro hacia los proyectos de actuación a escala urbana, completamente necesarios para activar el mercado de la rehabilitación en España.

Por otro lado, el Plan de Vivienda supone la oportunidad de definir los objetivos sociales que debe afrontar el sector, como el acceso a la vivienda y el riesgo a perderla, la pobreza energética, la adecuación a los cambios poblacionales, los problemas de segregación urbana, el deterioro de los centros históricos, el acceso a los servicios, etc.

El texto del borrador del Plan de Vivienda que está circulando no contiene tampoco una estimación de los volúmenes totales de inversión ligados a la reforma normativa, lo que es completamente necesario para hacer una evaluación certera de la eficacia del proyecto propuesto.

En conclusión, GBCe está convencido que la acción de la Administración Pública en materia de vivienda debe estar consecuentemente coordinada y orientada hacia la definición y el alcance de estos objetivos y que el Plan de Vivienda debe tener una ambición que supere el mero cumplimiento de unos objetivos en materia de acceso a la vivienda para plantearse unos más amplios que permitan definir el nuevo sector de la edificación.

[Via UrbaNoticias]

La restricción de crédito eleva la compra de viviendas sin financiación

Desde comienzos de 2012, el número de compraventas es «sensiblemente superior» al de hipotecas, una tendencia que se acelerará mientras los precios sigan en una senda bajista y no mejore el acceso y las condiciones crediticias, según indica el jefe de Estudios de idealista.com, Fernando Encinar.

En un comunicado, Encinar destaca que la firma de nuevas hipotecas publicadas este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que ante la «incertidumbre» del euro, la situación de los bancos, la «inestabilidad» de los mercados y con las oportunidades que pueden conseguir las agencias son muchos los inversores que han optado por «refugiarse en el ladrillo» comprando con mucho descuento viviendas para ponerlas en alquiler.

«Conforme se acentúa la bajada de precios de la vivienda y suben los diferenciales hipotecarios, cada vez son más las operaciones que se cierran sin financiación», indica el jefe de Estudios del portal inmobiliario.

[Via ElEconomista]

El Euribor de enero rebajará las hipotecas otros 70 euros al mes

El Euribor seguirá alegrando la vida a los hipotecados que revisen sus préstamos anuales en enero pese a la escalada que describe desde el inicio del nuevo año. El principal índice volverá a abaratar las cuotas hipotecarias de un crédito medio más de 70 euros al mes y más de 800 euros al año. Un respiro que mirando al corto plazo, sin embargo, parece tener los meses contados.

Esta rebaja se produce después de que el índice haya cerrado enero en el nivel mensual del 0,575%, muy por debajo del 1,837% que registró en el mismo periodo de 2012. Esta nueva tasa, por otro lado, significa un cambio de tendencia ya que representa el primer incremento intermensual del Euribor en los últimos 15 meses -desde octubre de 2011 no experimentaba una subada entre meses-. En diciembre de 2012 se situó en 0,549%. Y, concretamente, el indicador cotiza en tasa diaria en el 0,620% después de ganar más de 70 milésimas (desde el 0,543%).

De este modo, una hipoteca media de 120.000 euros a 20 años y con un tipo de interés variable de Euribor +1%, verá reducida su cuota mensual en unos 73 euros -876 al año-. Rebaja que en el caso de los préstamos de revisión semestral será inferior: 45 euros mensuales y 540 anuales. Es más, estas hipotecas de revisión semestral serían las primeras en comenzar a encarecerse si el Euribor continúa por la senda alcista iniciada en 2013.

Evolución al alza que varios expertos consultados por Europa Press dan por hecho. Estos prevén que en «cuestión de semanas» el índice podría alcanzar valores del 0,70% ó 0,75% aproximándose al precio del dinero. El analista de IG Markets Daniel Pingarrón ha explicado que en diciembre el Euribor «tocó suelo» y ahora ha emprendido una tendencia alcista que, aunque a ritmo lento, puede tener continuidad a lo largo del año.

Aunque, sin duda, habrá que estar muy atentos a la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE). Si el máximo regulador bancario europeo decidiera rebajar los tipos de interés del 0,75% al 0,5%, el Euribor volvería a relajarse. De hecho, su descenso hasta el mínimo histórico del 0,549% se debió a que ya se daba por descontado que el BCE rebajaría el precio del dinero al 0,5%. Algo que, por el momento, no se ha producido y parece descartar el Euribor vista su evolución.

[Via ElMundo]

El Gobierno ampliará los supuestos para beneficiarse de la dación en pago

Más avances en la reforma de la ley hipotecaria que prepara el Ejecutivo. Además de poner un tope a los intereses de demora y al plazo de amortización de los créditos a la compra de una vivienda, se introducirán cambios en el Código de Buenas Prácticas pactado con la banca de forma que más familias puedan acogerse a la dación en pago.

Hasta el pasado 10 de enero, el número de entidades que se han sumado a la hoja de ruta impulsada por el Gobierno en marzo de 2012 para evitar desahucios ascendía ya a 97, según los datos publicados en el BOE.

Pese al elevado número de bancos y cajas adheridos al paquete de medidas de protección de deudores hipotecarios sin recursos, hasta noviembre solo se habían aceptado ocho casos de dación en pago.

Del total de 278 solicitudes resueltas, en 44 casos se optó por refinanciar la deuda pendiente de pago, mientras que las 226 restantes fueron rechazadas. Esta es la situación que quiere revertir el Gobierno, de acuerdo con la información que hoy publica el diario Expansión citando a fuentes del Ministerio de Economía.

Los cambios
Lo que pretende el equipo de Mariano Rajoy es flexibilizar las condiciones para poder saldar la hipoteca con la entrega de la vivienda, de forma que más gente pueda evitar el lanzamiento de su hogar.

Hasta ahora, es requisito imprescindible que todos los miembros de la familia carezcan de ingresos derivados del trabajo o actividades económicas y que su renta en conjunto no supere los 16.000 euros. Además, el valor de la casa no puede sobrepasar los 200.000 euros y la cuota hipotecaria deberá sobrepasar el 60% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Con la reforma que se debate mañana en el Congreso de los Diputados, aumentará el tope establecido para la renta de los hogares hasta los 19.000 euros, en línea con el umbral establecido en el decreto ley de medidas urgentes contra los desahucios aprobado el pasado mes de noviembre.

También se contempla eliminar la obligación de que todos los miembros estén en paro, de acuerdo con el rotativo, aunque tendrán que cumplir los supuestos incluidos en el decreto ley, como el de ser una familia numerosas, tener hijos menores de tres años o ser familia monoparental con dos hijos a cargo, entre otras.

Debate en el Congreso
De esta forma, el Gobierno atendería a las quejas que suscitó en su día el Código, que fue tachado de «parche insuficiente» y de «humo» por las asociaciones de consumidores y por los grupos de la oposición. De hecho, el PSOE fue quien propuso ampliar la dación en pago a aquellas familias que no superen en tres veces el índice de renta Iprem, el baremo que se empleó en el decreto ley de noviembre.

Así, finalmente la dación en pago se añadirá a la batería de propuestas que prepara el Gobierno dentro de las enmiendas en el Proyecto de Ley de medidas hipotecarias y que mañana será debatido en la Cámara Baja. Además, se baraja un tope máximo del 6% para los intereses de demora que cobran las entidades, que el plazo no supere la edad de jubilación y la creación de procedimiento extrajudicial para evitar la subasta del inmueble.

[Via ElEconomista]