Fusiones que dan un giro al mapa de cajas de Cataluña

Las dos fusiones de cajas de ahorro catalanas que se aprueban hoy en seis asambleas de otras tantas entidades darán un giro radical al mapa de cajas de la comunidad, «bancarizando» al sector, reduciendo el número de oficinas y ajustando las plantillas afectadas por el proceso.

Hoy se reunirán las asambleas de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona para aprobar su fusión y crear la quinta caja de ahorros de España, y al mismo tiempo también se celebran las de Terrassa, Sabadell y Manlleu para hacer lo mismo y configurar Unnim, la caja del Vallès.

El nuevo mapa de cajas supone reducir su número en Cataluña de diez a seis y que la comunidad tenga la primera -La Caixa- y la quinta caja de España por volumen de activos.

Dos estilos de fusiones
Las dos fusiones siguen modelos muy diferentes: la nueva Caixa Catalunya será una entidad con peso y representación en toda España, con una fuerte cartera de pisos que se ha quedado fruto de la crisis inmobiliaria y una voluntad de competir con los grandes grupos.

La nueva quinta mayor caja de España todavía no ha decidido con qué marca comercial operará, y ha apostado por pedir el máximo dinero posible al Fondo para la Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), en total 1.250 millones.

En cambio, la caja del Vallès sí que ha escogido marca, Unnim, y estará muy focalizada en la zona de Terrassa y Sabadell, rica en industria y sede de multinacionales y ha pedido al FROB el mínimo dinero posible, 380 millones.

Recortes de personal
El coste de las dos fusiones será alto: en total se perderán más de 1.800 puestos de trabajo, en su mayoría, 1.300 de la fusión de la nueva Caixa Catalunya, debido a que esta entidad es de mucho mayor tamaño.

Sin embargo, se trata de prejubilaciones y bajas incentivadas pactadas con los sindicatos y poco traumáticas en un contexto de fuerte ajuste laboral en todos los sectores económicos.

El personal que se eliminará en este proceso supone el 4% del personal que en este momento trabaja en las cajas de ahorro catalanas.

Las dos fusiones también se notarán en la red bancaria de Cataluña, la mas densa de España, ya que supondrán el cierre de 540 sucursales, de las que, una vez más, la mayor parte, 395, corresponderán a la nueva Caixa Catalunya. En total, se recortará con ambas operaciones el 6,3% de la red en Cataluña.

Las entidades que no se han fusionado, en especial La Caixa, también han aplicado en los últimos dos años una fuerte política de cierre de sucursales.

También cambiará el modelo de negocio, con menos oficinas se darán menos hipotecas y se intentará ganar terreno en ámbitos como el crédito a las empresas y la gestión de patrimonio.

Está previsto que las seis asambleas comiencen sobre las 18:00 horas de hoy y que alrededor de las 20:00 horas se empiece a saber el resultado de las mismas, si bien se espera que todas resulten favorables al proceso de fusión.

Narcís Serra renuncia a presidir la fusión de Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona

Narcís Serra, presidente de Caixa Catalunya, acaba de anunciar en la asamblea general de la caja de ahorros que se está celebrando en Barcelona a esta hora que renuncia a presidir la caja que resultará de la fusión de la entidad, con Caixa Manresa y Caixa Tarragona.

El ex vicepresidente del Gobierno en la época de Felipe González seguirá durante un periodo de transición, pero abandonará la presidencia cuando se renueven los órganos de gobierno de la nueva caja.

Serra ya dejó entrever la posibilidad de no continuar en la caja durante la última rueda de prensa de la caja, en la que presentó los resultados anuales de 2009. El ex político dijo que era su última rueda de prensa como presidente de la caja, pero luego no aclaró el significado de sus palabras y dio a entender que su respuesta se refería a Caixa Catalunya y no a la nueva caja resultante de la fusión. Caixa Catalunya y las otras dos entidades realizan hoy de forma simultánea sus asambleas generales para aprobar su fusión.

El 45% de las empresas llevará la subida del IVA a los precios

El 45% de las empresas trasladará toda la subida del IVA a los precios, mientras que el 23% mantendrá los precios asumiendo en sus márgenes la subida de este impuesto, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Barcelona.

El 19% de las empresas encuestadas prevé una combinación de las dos anteriores, mientras un 13% de los encuestados no sabe qué hará o no ha contestado. La encuesta se ha realizado entre unas 4.000 empresas catalanas de los sectores industrial, construcción, comercio minorista, hoteles y servicios, a las que se ha consultado sobre la subida del IVA que entrará en vigor el próximo mes de julio y que pasará del 16% al 18%, el tipo general, y del 7% al 8% , el reducido. El sector relacionado con servicios a las empresas es el que prevé un mayor traslado del aumento del IVA a los precios finales, el 50%, mientras que el sector hotelero es el que prevé menor impacto sobre los precios debido a la fuerte competencia existente en la actualidad. Las empresas de comercio no se definen claramente por ninguna opción, ya que el 38,7% de las mismas prevé trasladar toda la subida del IVA a los precios, el 23,5% la absorberá contrayendo los márgenes y el 24% hará una combinación de las dos anteriores. La encuesta muestra que, a menor dimensión de la empresa, mayor es la probabilidad de que el aumento del IVA se traslade a los precios. El 35% de las empresas cree que la subida del IVA hará que se avancen las decisiones de compra en el primer semestre del año y que el consumo caerá en el segundo, el 38% cree que no se avanzarán las decisiones de compra, aunque el consumo caerá en el conjunto del año, y el 27% opina que el consumo no se verá afectado. El 82% de las empresas encuestadas está en desacuerdo con la subida del IVA, aunque un 60% de éstas estaría a favor si se redujesen proporcionalmente las cuotas empresariales a la Seguridad Social. El sector que se muestra más contrario a la subida del IVA, con un 90% de respuestas en contra, es el del comercio.

Hoy comienza SIMA con más del 25% copado por la vivienda de protección oficial

Las promotoras acuden al certamen con descuentos de precio de hasta el 40% y otras iniciativas comerciales.

La vivienda de protección oficial (VPO) copará la cuarta parte (el 25%) de la oferta de pisos del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) que se celebra entre los próximo días 20 y 23 de mayo en el Ifema, informó la organización.

El peso ganado por la vivienda protegida constituye una de las principales novedades de la presente edición del SIMA, junto con la «masiva presencia» de entidades financieras, a través de sus respectivas ramas de negocio inmobiliario.

También destaca la «recuperación de la vivienda turística» y la «significativa presencia del producto inmobiliario internacional».

Las inmobiliarias acudirán a la feria con imaginativas ofertas comerciales para atraer a la demanda, entre las que sobresalen descuentos de precio de entre el 10% y el 40%, los sistemas de alquiler con opción a compra, el reparto de ‘cheques-regalo’, o estancias pagadas para conocer las viviendas turísticas.

El SIMA 2010 será junto con el del pasado año los más reducidos de cuantos se han celebrado. Ocupará un sólo pabellón del Ifema y un total de 16.000 metros cuadrados de superficie.

Contará con 217 expositores, de los que 165 serán nacionales y los 52 restantes internacionales, provenientes de 17 países distintos.

En cuanto a la oferta de vivienda se que ofrecerá, los asistentes al certamen podrán encontrar pisos ubicados en 23 provincias, si bien casi la mitad de las viviendas (el 48%) se localizarán en Madrid (tanto capital como Comunidad).

El mayor protagonismo de las viviendas turísticas se evidencia en el hecho de que copan el 35% de la oferta, frente a la tasa del 10% de un año antes, con Alicante, Valencia y Almería, como principales ciudades con oferta de pisos.

En cuanto a la oferta internacional, en SIMA se podrán encontrar pisos en Florida (Estados Unidos), Uruguay, República Dominicana, Brasil, Andorra, Hungría o Cabo Verde, entre otras destinos.

Cataluña es la región que más competencias y funcionarios asume en tres décadas

El Estado ha traspasado a las comunidades autónomas un total de 1.943 competencias y 821.001 funcionarios desde 1978, con un coste efectivo de 24.725,1 millones de euros, según la Estadística de traspasos publicada por el Ministerio de Política Territorial. Cataluña es la autonomía que más funcionarios y competencias ha asumido.

Cataluña se sitúa a la cabeza con 185 competencias traspasadas seguida de Galicia, con 154; Andalucía, 152; Comunidad Valenciana, 131 y Canarias con 120.

También superan el centenar de traspasos las comunidades de Castilla y León, Murcia, Aragón, Baleares, Asturias y Cantabria. Por el contrario, las comunidades con menos transferencias asumidas son Navarra (69) y La Rioja (75), además de las ciudades autónomas de Ceuta (21) y Melilla (24), señala el Ministerio de Política Territorial en un comunicado.

En lo que va de legislatura, Cataluña también es la autonomía que más transferencias ha asumido, un total de 10; por delante de Andalucía, con 9, y Galicia, 7. Además de las 51 competencias incorporadas desde 2008, se han traspasado un total de 3.413 funcionarios, con un coste de 263,3 millones de euros. Sin embargo, cinco comunidades -Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y La Rioja- no han asumido competencias en esta legislatura, y tampoco lo han hecho las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En relación a los tres decenios anteriores, el más fructífero fue 1978-1987 cuando el Estado y las comunidades autónomas firmaron un total de 1.028 traspasos, casi el doble de los 526 del decenio siguiente y el triple de los 338 que se formalizaron entre 1998 y 2007.

Por legislaturas, la segunda (1982-1986) fue la que concentró el mayor número de transferencias y personal traspasado, con 686 y 217.272 funcionarios, respectivamente.

BBVA regala un seguro a todo riesgo al pedir un crédito para comprar un coche

El seguro ‘Todo Riesgo BBVA’ ofrece las mejores coberturas del mercado y servicios exclusivos. El ‘Crédito Coche BBVA’ financia hasta el 100% del importe total del automóvil con un máximo de 60.000 euros a un plazo de entre 36 y 120 meses.

BBVA ha lanzado en su red comercial la campaña ‘Crédito Coche BBVA’ con el fin de ofrecer a sus clientes un crédito para la compra de vehículos nuevos o kilómetro cero en condiciones muy ventajosas.

El ‘Crédito Coche BBVA’ financia hasta el 100% del importe total de vehículo, con un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 60.000 euros y el cliente tiene la opción de elegir los plazos de devolución desde 36 hasta 120 meses. Además, ofrece un tipo de interés de hasta el 8,25% con el único requisito de que el cliente domicilie la nómina y contrate un seguro de protección de pagos.

Según explica la entidad en un comunicado, al contratar un ‘Crédito Coche’ por un importe mínimo de 12.000 euros a un plazo igual o superior a 60 meses, BBVA regala al cliente un seguro de auto a todo riesgo durante el primer año. Con esta campaña, que estará vigente hasta el 31 de julio, BBVA tiene un doble objetivo: ganar cuota de mercado y conseguir una mayor vinculación con sus clientes.

El seguro ‘Todo Riesgo BBVA’ que el vanco regala a sus clientes tiene una franquicia de 300 euros y el Banco asume un coste máximo de 1.200 euros el primer año.

Toxo considera «un atraco» lo que el Gobierno quiere hacer a los pensionistas

El secretario general de CC.OO. , Ignacio Fernández Toxo, calificó hoy de «atraco» lo que el Gobierno pretende hacer con los pensionistas en España y no descartó, además del paro de los funcionarios el 2 de junio, «otras medidas y de otro nivel», en alusión a la convocatoria de una huelga general.

«El Gobierno se está haciendo acreedor a un reproche importante, y uno de ellos es la huelga general», afirmó el líder sindical, para quien las medidas de ajuste para reducir el déficit son «claramente injustas» y «desproporcionadas en el reparto de la carga».

«En estos momentos no descarto absolutamente ningún escenario de reproche a la acción del Gobierno. Si lo ponemos en marcha, estoy convencido de que tendrá éxito», insistió en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Preguntado por si se mantendrá el poder adquisitivo de las pensiones, tal y como señaló el ministro de Fomento, José Blanco, Fernández Toxo afirmó que la pensiones se actualizan con referencia al mes de noviembre del año anterior, que es «lo que fija la ley», para añadir a continuación: «El señor Blanco parece un genio. Sólo faltaría que se lo quitasen con carácter retroactivo».

«No, si encima le van a tener que estar agradecidos los pensionistas al Gobierno por quitarles una cantidad apreciable», agregó el secretario general de CC. OO. , quien afirmó que la pensión media en España es de 870 euros y denunció que la existe gente en umbrales muy próximos a la pobreza que verá como su pensión se verá congelada.

Respecto a la necesidad de un acuerdo para la reforma laboral, el líder sindical de CC. OO. aseguró que intentarán que el Ejecutivo no tenga que hacer nada, porque «bastante daño está haciendo ya en estas circunstancias». «Prefiero un acuerdo con las organizaciones empresariales. Es posible, aunque difícil», subrayó.

Asimismo, Fernández Toxo, preguntado por cambios en la política fiscal, consideró que habría que tomar alguna medida de carácter transitorio, a falta de una reforma fiscal, y agregó que el Ejecutivo va a estar «obligado» a adoptar decisiones «dentro de muy poco tiempo».

«Nadie se cree que esto vaya satisfacer a los mercados y que este sea el último viaje en materia de ajustes. Probablemente dentro de un mes estaremos hablando de dónde encontrar nuevos elementos para paliar nuevos agravamientos de la situación», señaló.

Por último, tras señalar que reducir los salarios a los funcionarios públicos no son prácticas que se compadezcan con un Estado de Derecho, Fernández Toxo subrayó que «la inacción de la Unión Europea es lo que puede arruinar el euro, no el hecho de que los sindicatos reclamen que se repartan las cargas de forma equitativa». «Somos conscientes de que una de las vías para la salida de la crisis es ajustar el déficit público», concluyó.

El PSOE recuerda que todas las economías desarrolladas recurrieron al déficit para estimular la economía

Más allá de los focos y las cámaras del Congreso, la noticia del día, el recorte del gasto público por parte del Gobierno y la evolución de la crisis, tenía una lectura más sosegada y académica en otro foro celebrado en la Fundación Rafael del Pino. Allí, una de las voces económicas más representativas del PSOE, Antonio Miguel Carmona, recordó que todos los Gobiernos de los países desarrollados han recurrido al gasto público para impulsar la economía ante la parálisis, así como que los costes financieros de esa deuda contraída con políticas keynesianas se han disparado ahora por la crisis griega y los ataques especulativos. En este contexto, el socialista defendió el drástico recorte del Ejecutivo y tachó de “poco seria” la propuesta de Mariano Rajoy de recortar el gasto fundiendo ministerios. Las réplicas y propuestas del PP no pudieron escucharse porque las obligaciones como diputado impidieron a Cristóbal Montoro acudir al foro como estaba programado, sin que ningún compañero de su partido acudiera a sustituirle.

Mientras Zapatero, Rajoy y los portavoces del resto de los grupos parlamentarios debatían sobre la decisión del Gobierno de recortar drásticamente el gasto público, en otro foro madrileño se reflexionaba más pausadamente sobre la crisis sin los condicionantes de la tribuna pública del Parlamento. Concretamente en un simposio sobre la economía española organizado en la Fundación Rafael del Pino por la consultora Atos Origin, por donde desfilaron voces como la del ex ministro de Economía Miguel Boyer o la de Juan Rosell, presidente de la patronal catalana Fomento del Trabajo -figura ascendente en las organizaciones empresariales ante el declinar de Díaz Ferrán-.

El efecto dominó en la crisis
Uno de los platos fuertes de la jornada era el careo sobre la crisis entre una de las voces económicas del PSOE, Antonio Miguel Carmona, y el portavoz del PP en esta materia, Cristóbal Montoro, quien finalmente no pudo asistir. Carmona defendió así la gestión del Ejecutivo socialista de la crisis recordando su génesis y sintetizando algunos de las claves del “efecto dominó” de ésta: la expansión monetaria del Greenspan –presidente de la Reserva Federal de EEUU ya con Reagan-, la sobrevaloración de activos (Bolsa y vivienda), la titularización de los activos basura que se incrustan en el sistema, la crisis inmobiliaria estadounidense, la crisis financiera, el paro, la caída del consumo, de las rentas y de los ingresos estatales.

“Todos hemos recurrido al gasto público” Carmona recordó cómo los planes de gasto público activados por el Gobierno español para estimular la economía ante la crisis fueron similares a los del resto de países desarrollados. Explicó asimismo que en el consenso generalizado sobre la necesidad de políticas keynesianas de gasto público –aunque existen voces discrepantes como las de Nouriel Rubini que defendían recortes del déficit otras como las del Nobel 2008 Paul Krugman insisten en la necesidad de mantener el impulso público- en su momento hubo un debate en el Ejecutivo sobre la conveniencia de que éstas fueran vía gasto de políticas públicas o bien mediante el consumo poniendo más dinero de la recaudación en manos de los consumidores.

Zapatero pretendía apuesta más tecnológica
Otro debate en el seno del Gobierno español fue si utilizar el gasto público para iniciar obras intensivas en mano de obra o bien para otras para implantar nuevas tecnologías y de mayor valor añadido, una última postura por la que estaba más el presidente Zapatero, según aseguró Carmona. Finalmente se apostó por la primera opción y se puso en marcha el Plan E con una inversión que alcanzó los 11.000 millones de euros, la mayor parte en manos de los Ayuntamientos.

“Poco seria” la propuesta de Rajoy
El socialista se preguntó si en el “correcto” empleo del gasto público pudo haber sido excesivo, en cuanto que si economías como la de Reino Unido se fueron hasta déficits del 8% en el caso de España fue del 11,2% el pasado año. En este contexto, avaló el recorte del déficit anunciado por el Gobierno este miércoles y tachó de “poco seria” la propuesta de Mariano Rajoy de recortar el gasto fundiendo ministerios. Aunque se mostró prudente sobre el recorte de sueldos públicos, sí apuntó que el sector privado ha contenido o recortado sus costes durante la crisis. En cuanto a las reformas necesarias, se mostró partidario de impulsar la del mercado laboral, pero también recordó que es “más difícil” y más importante cambiar el actual modelo productivo que ha generado los problemas actuales.

Reclama que otras administraciones se impliquen
Ante la ausencia de Montoro, sólo Carmona pudo responder a la pregunta de uno de los asistentes al simposio sobre qué podían hacer conjuntamente PSOE y PP para afrontar la crisis. “Todos tenemos una responsabilidad, el Gobierno tiene que gobernar, y si hay un acuerdo debería ser para que Comunidades Autónomas y Ayuntamientos vayan en la misma dirección de reducción del gasto del gobierno”, apuntó el socialista, recordando en este sentido los abultados déficit de Valencia o de Madrid.

El inquilino moroso, acorralado

En los últimos meses, se han multiplicado las iniciativas para perseguir a los que no pagan su alquiler / Su inclusión en ficheros de malos pagadores, principal amenaza.

El «desahucio exprés» también está encaminado a dar más seguridad al propietario de la vivienda.

La pesadilla que quita el sueño a todo casero comienza cuando un inquilino remolón deja de pagar un mes de alquiler, se acentúa cuando el retraso se convierte en morosidad permanente y sólo acaba cuando tras presentar una demanda de desahucio ante los tribunales, –y tras un arduo y largo proceso judicial que, por lo general, suele prolongarse varios meses– consigue desalojar al moroso.

Para que el mal sueño no se convierta en realidad, en los últimos meses se han intensificado las iniciativas para poner cerco a los inquilinos morosos, origen de este círculo vicioso y, en gran medida, de la desafección que los propietarios españoles tienen para alquilar sus viviendas.

Las agencias de alquiler públicas como el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid o la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) han recurrido a estudios de solvencia económica de los potenciales inquilinos para prevenir que las casas sean arrendadas por potenciales morosos.

Más dureza
Sin renunciar a esta herramienta, Alquiler Seguro se ha propuesto ir un paso más allá. La compañía, que gestiona de forma integral alquileres de viviendas a cambio del 5% de la renta, se ha adherido de forma reciente a la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), con lo que aquellos que alquilen su vivienda a través de esta empresa ya pueden incluir en este fichero de morosos a los inquilinos que no paguen la renta.

Los efectos de la inclusión en este listado son devastadores. «Simplemente, al comprobar que tienes pagos pendientes, los bancos te cortan todo tipo de crédito», resume Gustavo Samayoa, secretario general de la Fundación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI). Samayoa no tiene claro que medidas como ésta sean las más apropiadas en una coyuntura económica tan delicada como la actual. «Si la gente no paga ahora su alquiler no es porque no quiera, sino porque, sencillamente, no tiene dinero para hacerlo», se lamenta.

Gustavo Rossi, consejero delegado de Alquiler Seguro, que cuenta con 5.000 clientes y un índice de morosidad cero, asegura que su empresa tan sólo persigue «garantizar la tranquilidad del arrendador», al que considera la parte más débil en todo proceso de alquiler.

Para mayor seguridad del propietario, la compañía también ofrece la posibilidad de consultar el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), una base de datos que contiene información sobre arrendamientos impagados aportados por arrendadores y profesionales del alquiler y que contiene información sobre sentencias de desahucio. Precisamente, desde el pasado mes de julio el FIM ha incorporado el contrato SMS y el SMS Certificado como mecanismos de lucha contra la morosidad en los arrendamientos residenciales. Ahora, los propietarios pueden visitar la web de FIM y por 14,99 euros realizar una consulta acerca de su potencial inquilino, introduciendo el nombre, apellidos y teléfono móvil de éste.

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs) también podrán recurrir a la documentación de este fichero en virtud del acuerdo que firmaron con FIM Ibérica el pasado 20 de abril.

No tan rápido
Y si las medidas «preventivas» no son suficientes, siempre queda el «desahucio exprés». La reforma, aprobada a finales de 2009, persigue agilizar los trámites de desalojo de inquilinos morosos. En Barcelona se tarda entre cuatro y seis meses en dictar una sentencia de desalojo desde que se presenta la demanda. En Madrid, la horquilla es de entre siete y nueve meses. Con el «desahucio exprés», se persigue que dicho plazo se acorte a sólo dos meses. El problema, según los expertos, es que aunque se han agilizado mucho algunos trámites, el juez sigue sin tener una fecha límite desde que se presenta la demanda para iniciar el proceso y señalar el juicio. Y teniendo en cuenta la saturación del sistema judicial español, la agilización real del desahucio será por ello más que relativa.

Ala cola de Europa
Fomentar el alquiler como alternativa para que los menos pudientes puedan tener un hogar digno se ha convertido en una de las principales obsesiones del Gobierno. Y aunque, según los últimos datos, los pisos de primera residencia en alquiler ya representan el 13% del Parqué total, la cifra todavía está muy alejada del 40% de media europea. Entre los principales argumentos que se esgrimen para justificar tan bajo porcentaje están no sólo la cultura de compra de vivienda, tan arraigada en España, sino también en el desamparo de los propietarios ante situaciones de impago. Medidas como el «desahucio exprés» o la impulsada por Alquiler Seguro persiguen precisamente proteger al propietario para que resulte más atractivo poner en el mercado de alquiler su vivienda.

Trichet: «Vivimos los tiempos más dramáticos desde la I Guerra Mundial»

El presidente del BCE califica de «tonterías» que el euro esté sometido a ataques.

El economista francés apuesta por una supervisión más estricta de las políticas económicas europeas.

Berlín- La delicada situación que atraviesan países como España, Grecia o Irlanda, sumidos todos en importantes problemas de déficit público, ha colocado a la UE en una posición muy apurada. Tan complicada es la misma que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, no dudó ayer en declarar que se están viviendo «tiempos verdaderamente dramáticos» para la economía, una situación que calificó como «la más difícil» desde la Primera Guerra Mundial.

En una entrevista en el medio alemán «Der Spiegel», Trichet descartó categóricamente, no obstante, que el euro esté bajo ataque después de que la moneda única alcanzara el viernes el mínimo frente al dólar más bajo registrado en 18 meses, y calificó de «tonterías» las presuntas peticiones de los gobiernos de la eurozona formuladas a la institución económica para que actúe en este sentido, lo que pondría en duda la credibilidad e independencia del BCE. «No tiene nada que ver con que el euro esté siendo atacado. Tiene que ver con el sector público y, por lo tanto, con la estabilidad financiera en la eurozona. Está claro que la responsabilidad de los europeos pasa por adoptar las medidas apropiadas para contrarrestar las tensiones actuales en Europa», declaró.

Supervisión
Trichet abogó por un salto «cualitativo» en los mecanismos de supervisión de las políticas económicas europeas y descartó absolutamente la salida de Grecia de la UE. «No es una opción. Cuando un país entra en la unión monetaria, comparte con el resto de los países un destino común», sentenció. «Lo que necesitamos es un salto cualitativo de la supervisión mutua de las políticas económicas en Europa. Hay que mejorar los mecanismos que evitan y castigan las negligencias, y necesitamos aplicar este control de una manera eficaz, con las sanciones pertinentes contra todas las violaciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento», añadió.

De supervisión habló también ayer Barack Obama. El presidente de EE UU dijo que la reforma financiera que discute el Congreso pondrá fin a los excesos de las grandes instituciones y ayudará a evitar futuras crisis económicas. En su habitual discurso de los sábados, Obama añadió que su proyecto beneficiará a todos los estadounidenses, pero sobre todo a las pequeñas empresas que resultaron particularmente perjudicadas por la crisis.

Al explicar los principios de la reforma, Obama manifestó que su responsabilidad no es sólo asegurar que el país se recupere de la recesión, «sino también garantizar que nunca más vuelva a ocurrir una crisis económica como ésta que impulsó la recesión».

Debates técnicos
El mandatario indicó que el avance del proyecto ha sido vacilante en las últimas semanas y se han sucedido las discusiones técnicas del proyecto «y mucha retórica a veces engañosa de aquellos que se oponen». Según el gobernante, los cuestionamientos técnicos y esa retórica han complicado el significado de la reforma para el estadounidense de a pie víctima de los abusos de las empresas financieras o de las emisoras de tarjetas de crédito, informa Efe.

En su discurso dirigido a ese estadounidense, Obama aseguró que la reforma «representa las mayores protecciones para el consumidor financiero en la historia». Esa reforma, agregó, «ayudará a poner fin a las prácticas depredadoras y neutralizará a los prestamistas sin escrúpulos para ayudar a asegurar el futuro financiero de su familia».

Italia también mete la tijera
Italia estudia llevar a cabo una serie de ajustes en el ámbito de las pensiones y en los salarios de los funcionarios para reducir su déficit y relanzar la economía del país. Éstas son algunas de las medidas que, según informó ayer la prensa italiana, está preparando el Gobierno y que llegan pocos días después de que el Ministerio de Economía anunciara la necesidad de aplicar un programa correctivo por valor de 25.000 millones de euros para sanear las finanzas públicas.