Nace la Fundación la Casa que Ahorra

Isover, junto a otras empresas del sector de la construcción, acaba de presentar la Casa que Ahorra, una fundación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de sensibilizar a todos los sectores de la sociedad sobre la importancia de la eficiencia energética en la edificación y los beneficios que puede reportar para el ahorro económico y energético, la protección del medio ambiente y la creación de empleo. Incorporando, además, criterios de confort acústico y seguridad pasiva contra incendios a la definición de viviendas sostenibles.

La Casa que Ahorra es tan confortable como una casa convencional, o incluso más, pero demanda entre un 70% y un 90% menos de energía.

Una “casa que ahorra” se basa en factores como la orientación favorable, el diseño compacto, el aislamiento óptimo, los vidrios de alta eficiencia térmica, la ventilación adecuada y el uso de materiales sostenibles. Además de su positivo efecto energético, una “casa que ahorra” también incrementa el confort acústico de la vivienda (que es un gran problema en numerosas zonas de muchas ciudades españolas) sin olvidar la protección pasiva contra incendios. Nos ofrece en definitiva confort, salud y seguridad con el mínimo consumo energético, gasto económico e impacto medioambiental.

La Fundación La Casa que Ahorra es una iniciativa pionera en España, que ha sido promovida por un conjunto de empresas líderes en innovación dentro del sector de la edificación, con la misión de conseguir viviendas más eficientes energéticamente en nuestro país, aportando soluciones tanto para la construcción de nuevos edificios como rehabilitación de los antiguos. www.lacasaqueahorra.org

Una casa inteligente ayudará a cuidar a las personas que padecen Alzheimer

Un proyecto europeo en el que participan socios de España, Grecia e Italia proyecta una casa inteligente que contribuya a facilitar el cuidado de los enfermos de alzheimer gracias a la combinación de una red de sensores con aplicaciones informáticas.

La iniciativa Smart Home for Elderly People (HOPE) busca emplear las tecnologías disponibles en informática, en telecomunicaciones y en sensores, entre otras, para aumentar la autonomía de los pacientes.

El consorcio prevé desarrollar una herramienta inteligente que gestione los diferentes subsistemas y terminales necesarios para controlar las situaciones domésticas de riesgo, como el olvido de un fuego encendido o de una puerta abierta.

Según un comunicado, la ayuda que este sistema proporciona a los pacientes redundará en un aumento en su autonomía personal que minimizará las consecuencias derivadas de la pérdida de funciones y habilidades cognitivas.

Entre las entidades que trabajan en el proyecto, cofinanciado por la Comunidad Europea, figura el Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC), que tiene sede en el Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga.

La entidad ha estudiado el mercado para detectar los sensores válidos para conseguir el objetivo del proyecto, ha colaborado en el diseño del sistema y ha desarrollado uno de sus subsistemas.

Los dos ‘euro-moscones’ del urbanismo español

El urbanismo español tiene dos puntos negros que escaman a los europarlamentarios de Estrasburgo, dos pesadillas que el ejecutivo de Zapatero arrastra desde la anterior legislatura, ambas de difícil solución: por un lado, el «urbanismo salvaje» del litoral, denunciado ecologistas y partidos verdes de la cámara baja europea -con la eurodiputada danesa Magrette Auken al frente- y que amenaza seriamente con provocar la pérdida de los jugosos fondos que la UE destina a España.

Por otro, los derribos de viviendas irregulares que se suceden en zonas rústicas y protegidas del mismo litoral que afectan a miles de particulares -muchos de ellos británicos- a raíz de una política de estricta aplicación de la Ley de Costas de 1988 durante el periodo en que Cristina Narbona se hizo cargo del Ministerio de Medio Ambiente y de varios avisos procedentes de Europa. Al amparo de dicha Ley, se calcula que unas 300.000 viviendas ya construidas serían irregulares y podrían ser derruidas. Muchas ya han desaparecido del mapa.

En este farragoso capítulo, otra eurodiputada, la liberal británica Marta Andreasen, que representa al Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP) desde 2009, se ha convertido en la nueva piedra en el zapato del Gobierno. Andreasen, que fue Jefa de Contabilidad de la Comisión Europea, no ha dudado en comparar las prácticas del gobierno de Zapatero con las del régimen Mugabe cuando derribaba las casas de los colonos británicos, en el pleno europeo en el que Zapatero decía adiós a la presidencia europea.

«La situación que se está produciendo es una violación de Derechos Humanos, amén de ser un componente importante de la crisis que vive España. ¿Espera usted que esta Unión Europea venga al rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno central se decida a intervenir?», espetó al presidente del Gobierno durante la clausura de la etapa española en la presidencia de la UE.
Hace un mes que Andreasen -argentina de nacimiento, que posa en su web bajo un retrato de Winston Churchill- se abrió una cuenta en Youtube para recopilar sus iracundos alegatos en favor de los ciudadanos británicos afincados en Andalucía y Murcia, víctimas -muchos ellos, al parecer- de constructores españoles sin escrúpulos que construyeron sus viviendas a pocos metros de la costa, en suelos rurales o en parques naturales como el Cabo de Gata.

Solución complicada
En Europa, mientras a un lado de la cámara se exige a Zapatero que limpie la costa de ladrillos, al otro, se pide justicia para los propietarios de unas edificaciones que han quedado al margen de la ley.

Los dos problemas, protección del litoral y viviendas irregulares, chocan entre sí y su resolución no es sencilla ni uniforme, pues en ellos intervienen muchos escalones institucionales del Estado y los tribunales.

Ambos, sin embargo, encuentran un documento de denuncia común en el Informe Auken, donde la diputada verde danesa recogió en marzo de 2009 los puntos en los que el ladrillo español incumplía las leyes medioambientales europeas, y que denunció la «destrucción o demolición arbitrarias de propiedades de particulares adquiridas legítimamente», básicamente la tesis que también defiende la eurodiputada británica. [Lea el informe]

Mientras, los propietarios de las viviendas afectadas por la Ley de Costas, agrupados en decenas de colectivos, apelan a que son víctimas de la permisividad y la avaricia de los ayuntamientos durante la época del ‘boom’, como en el caso de los municipios de Almanzora o la Albox- y que las normas únicamente se ejecutan para las casas de los menos pudientes.

Además, denuncian que si se aplicara la ley en su totalidad los afectados ascenderían a 500.000 ciudadanos y equivaldría a tirar 50.00 millones de euros a la basura.

Bruselas sugiere retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años

«Garantizar que el tiempo de jubilación no continúe aumentando en comparación con el tiempo pasado trabajando contribuiría a la adecuación y la sostenibilidad (de las pensiones). Esto significa aumentar la edad en que uno deja de trabajar y percibe una pensión», afirma el Ejecutivo comunitario en un documento de consulta publicado hoy.

«Aumentar las vidas laborales para reflejar los continuos aumentos en esperanza de vida a lo largo del tiempo generará un doble dividendo: mayor calidad de vida y pensiones más sostenibles», asegura el Ejecutivo comunitario.

En los últimos meses, varios Estados miembros han retrasado la edad de jubilación y otros planean hacerlo. Alemania, Países Bajos y Dinamarca la han situado en 67 años y Reino Unido en 68. En España, el Gobierno ha propuesto también pasar de los 65 a los 67 años.

Durante los últimos 50 años, la esperanza de vida en la UE ha aumentado de media 5 años. De acuerdo con las últimas proyecciones demográficas, de aquí a 2060 podría producirse un nuevo incremento de alrededor de 7 años.

Si a ello se suman las bajas tasas de fertilidad que se registran en los Estados miembros, el resultado es que la tasa de dependencia se duplicará: mientras que ahora hay cuatro personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, en 2060 sólo habrá dos personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años, según los datos de Bruselas.

«Si continúan las tendencias actuales, la situación es insostenible. A menos que las personas, en la medida en que viven más tiempo, también permanezcan más tiempo en el mercado de trabajo, o bien la cuantía de las pensiones sufrirá o bien se producirá un aumento insostenible en el gasto por pensiones», alerta el documento de consulta publicado por el Ejecutivo comunitario.

«El impacto de este reto demográfico, que ha resultado agravado por la crisis, tenderá a reducir el crecimiento económico y a aumentar la presión sobre las finanzas públicas», resaltó la Comisión. En la actualidad, la edad real de jubilación en la UE se sitúa de media en 61,4 años. España está ligeramente por encima del promedio comunitario, en 62,6 años.

De acuerdo con los cálculos de Bruselas, para que la tasa de dependencia se mantenga estable, la edad de jubilación media en la UE debería retrasarse hasta 67 años en 2040 y otros tres años entre 2040 y 2060.

Fomento anuncia a las constructoras la paralización de 70 obras en curso

Los responsables de las mayores patronales del sector constructor salieron el lunes noqueados de la reunión que mantuvieron con los altos cargos del Ministerio de Fomento.

Inmaculada Rodríguez Piñero, secretaria general Infraestructuras, y Víctor Morlán, secretario de Estado de Planificación, fueron los encargados de presentar a los presidentes de Seopan, Anci y Aerco las líneas maestras del recorte de inversión pública anunciado por el Gobierno, un plan que supone, según las empresas afectadas, la mayor reconversión de obra pública habida nunca en el sector en España.

Según fuentes conocedoras del encuentro, los responsables de Fomento anunciaron que se van a suspender 70 obras de carreteras y ferroviarias que actualmente se encuentran en fase de ejecución, algo menos del 20% del total. Desde Fomento confirmaron ayer la celebración de la reunión, que enmarcaron en el proceso lógico de diálogo con el sector.

Uno a uno
La rescisión de los contratos será comunicada personalmente a cada una de las constructoras afectadas por la decisión. Entre los proyectos damnificados, destaca la autovía entre Burgos y Aguilar de Campoo, uno de los corredores pensados para mejorar las comunicaciones de Cantabria con la Meseta y Madrid.

Si se confirma el plan del Gobierno, esta medida aumentará, probablemente, las diferencias entre el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla y el de Zapatero, distanciados desde que el titular de Fomento, José Blanco , decidió no realizar la conexión del AVE a Santander.

Otra de las obras que se verá afectada por el recorte será la circunvalación de Sevilla, cuyos túneles por el Guadalquivir figuran como uno de los proyectos más costosos con cargo a los presupuestos de Fomento.

Las compañías ya han comunicado al Ministerio que reclamarán el lucro cesante (el 6% del presupuesto de la obra sin ejecutar) y las indemnizaciones correspondientes, algo en lo que el Gobierno no ha puesto, de momento, ninguna objeción.

Los administraciones públicas deberán pagar a las empresas en 30 días

La nueva ley de Morosidad entra hoy en vigor y fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las Administraciones Públicas con un periodo de adaptación, en ambos casos, que se alargará hasta 2013.

Esta norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), obliga al Gobierno a articular a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) una línea de crédito directo dirigida a diversos ayuntamientos con el objetivo de que puedan hacer frente a las deudas contraídas con algunas empresas y trabajadores autónomos.

Con ella se pretende equiparar los plazos de pago españoles con los europeos, un hecho que mejorará la competitividad de muchas empresas nacionales. En este caso, hay que señalar que la Administración tiene deudas con varias compañías por un valor de 38.000 millones de euros, mientras que la contraída por las empresas con sus proveedores se sitúa en 60.000 millones de euros.

Esta Ley de Morosidad impide a las compañías negociar plazos de pago superiores a los que estipulados y fija un periodo de ‘adaptación’ a la misma de tres años, hasta el 2013. En este caso, se establece una escala de 50 días para este año, 50 para 2011, 45 para 2012 y 30 días desde el 1 de enero de 2013.

Con respecto a las empresas privadas este periodo también se extiende hasta 2013. Desde la entrada en vigor de la ley y a lo largo de 2011 el plazo será de 85 días, de 75 en 2012 y de 60 días ya a partir del siguiente año. En cambio, el sector de la alimentación y los productos perecederos tienen la obligación de pagar en 30 días en cualquier caso.

Casos especiales: constructoras y editoriales
En el caso de las empresas constructoras, los plazos de pago serán diferentes y podrán realizarlos a 120 días desde la entrada en vigor de la ley hasta el 31 de diciembre de 2011. En el año siguiente este plazo debe rebajarse a 90 días, para fijarlo en los 60 reglamentarios en el ejercicio 2013.

El sector del libro tiene un ‘régimen especial’, que variará en función de las circunstancias én relación con los ciclos de explotación, la rotación de ‘stocks’ y el específico régimen de depósito de libros

Las empresas que ‘no quieren’ que gane España

Pese a las muestras de alegría de millones de españoles en la calle, a estas horas hay otras personas ‘preocupadas’ por el devenir de ‘La Roja’ en el Mundial. Se trata de lo responsables de las empresas que lanzaron promociones antes del campeonato y cuyo ‘señuelo’ era la participación de la selección en la final de Johannesburgo.

Es el caso de Toshiba, que junto a Intel, puso en marcha una campaña por la que reembolsaría a los compradores el importe de los televisores y portátiles de gamas media y alta adquiridos entre el 10 de abril y el 10 de junio, si se produce la victoria final del conjunto de Del Bosque.

Respecto a esta empresa, cabe recordar que más del 60% de los productos que comercializa en España son de esa gama. Como quiera que España ya ha llegado al último partido del Mundial, la empresa deberá estudiar la opción del reembolso, más aún teniendo en cuenta que sus previsiones apuntaban a la venta de 20.000 portátiles y televisores.

PCCity también se apuntó a una campaña con ‘La Roja’ y ‘regalaba’ 10 euros por cada gol de España en el Mundial -por el momento, van siete- a cada cliente que adquiriese una televisión igual o superior a 32 pulgadas con tecnología Led. Eso sí, en las bases del concurso recordaba que los goles en la tanda de penalties no serían tenidos en cuenta.

Tom Tom, la fabricante de navegadores, fue una de las empresas más madrugadoras en confiar en la selección española y lanzó su oferta dos meses antes del campeonato. La promoción -de dos semanas de duración, del 15 de abril al 8 de junio- incluía el reembolso de cuatro modelos si España ganaba la final.

El caso de Media Markt ha provocado las quejas de algunos usuarios, ya que si bien su slogan anunciaba la devolución del importe de los televisores comprados del 4 al 7 de junio, incluía también una letra pequeña en la que aclaraba que España debería ganar los tres partidos de la primera fase.

La derrota ante Suiza por 1-0 en la primera jornada de la liguilla previa acabó con las esperanzas de los clientes de esta tienda. La promoción lanzada por Media Markt llevaba por título ‘¡Si España lo gana todo, tú lo ganas todo!’.

La vivienda protegida va camino de convertirse en un producto de lujo

Con la subida del IVA el pasado 1 de julio y que al aplicarse a la vivienda protegida pasó de un 7 a un 8 por ciento, encareciendo un bien social que tiene una gran importancia.

En este sentido, el secretario del PP indicó que «no es de recibo que los jóvenes que desean acceder a una vivienda protegida tengan que pagar un uno por ciento más por algo que es un derecho constitucionalmente reconocido, y todo para pagar la ineficacia de un partido que, por segunda vez en su historia, está llevando a esta país a la ruina».

Además, para Joaquín Ruiz resulta un ejemplo «la política de vivienda del Partido Popular en la Región de Murcia que, en situación de crisis, multiplica por cinco la inversión del Plan Regional de Vivienda, mientras el Gobierno de Zapatero lo que hace es gravar un producto que va dirigido a quienes más ayuda necesitan para poder disfrutar de un hogar, a los sectores más desfavorecidos que son quienes pueden acceder a una VPO».

En este sentido, recordó las declaraciones del Delegado del Gobierno en Murcia, y de la ministra de Vivienda «quienes a principios de año prometieron a los murcianos 183 millones de euros en préstamos para construir VPO, un dinero que, después de que el Gobierno del presidente Valcárcel se haya esforzado en calificar más de 2.000 viviendas protegidas en los últimos meses, no ha llegado, y ha supuesto que sean más de 1.300 familias las que no podrán acceder a una de estas viviendas porque, una vez más, el Gobierno socialista incumple sistemáticamente todo lo que promete».

Finalmente, el secretario de Vivienda del PP exigió al Partido Socialista de la Región de Murcia que «cumpla con sus obligaciones con los murcianos, que exija en Madrid que llegue la financiación para VPO y que, con ello, eviten que este año vuelvan a quedarse miles de viviendas sin construir por culpa del Ministerio de Vivienda, y que pidan en Madrid que las viviendas protegidas se graven con un tipo superreducido de IVA para no perjudicar más aún a los murcianos».

El crédito barato de la Fed está retrasando la recuperación

Ganar dinero con demasiada facilidad tiene sus riesgos. Primero, alimentó la burbuja inmobiliaria. Ahora, en contra de lo que podría pensarse a primera vista, podría estar obstaculizando la recuperación económica. Ese no era el plan.

Al rebajar los tipos de interés casi hasta cero, la Reserva Federal ayudó a impedir el colapso económico. Sin embargo, ante la debilidad de la recuperación, hay algunos a los que les preocupa que la alta flexibilidad de la política monetaria esté convirtiendo a la Fed en un agente de la deflación.

La pregunta en cuestión es por qué los bancos no están dando créditos, especialmente a las pequeñas empresas que son el motor del crecimiento. Una de las respuestas es que no hay demanda de préstamos. No cabe duda de que es un factor. Sin embargo, la falta de oferta también puede ser responsable en parte –y no sólo porque el riesgo crediticio sea alto–.

Ronald McKinnon, un profesor de Economía de la Universidad de Stanford, expone que los tipos de interés próximos a cero frenan el mercado interbancario, lo que afecta al crecimiento de los créditos. Razona que los grandes bancos no conceden préstamos a los más pequeños porque la ridícula rentabilidad que se les ofrece no compensa el riesgo potencial que asumen.

Es un problema especial, señala McKinnon, porque muchas pequeñas empresas acceden a préstamos mediante líneas de crédito. Los bancos no las ampliarán a menos que sepan que pueden acudir al mercado interbancario posteriormente. Según los datos de la Fed, el importe de los créditos interbancarios pendientes a finales de mayo rondaba los 160.000 millones de dólares (127.286 millones de euros), lo que suponía una caída del 60% en un año.

El resultado es la flate de préstamos, señala David Malpass, presidente de la firma de análisis Encima Global. “Los bancos exponen que hay poca demanda, pero se trata de una calle de doble sentido”.

Los bancos, por su parte, están reduciendo los créditos y acumulando fondos. Según muestran los datos de la Fed, su cartera de bonos del Tesoro y otra deuda gubernamental aumentó un 19% con respecto al año anterior. Los préstamos comerciales e industriales cayeron un 18%.

Las pequeñas y medianas empresas han sido las más afectadas. En el primer trimestre, la deuda pendiente de pago de las pymes cayó en cerca de 70.000 millones de dólares, según los datos de la Fed, mientras que las grandes compañías veían su deuda incrementarse en 100.000 millones de dólares.

La reticencia a dar créditos es comprensible. Los bancos tienen acceso a dinero barato con el que pueden obtener considerables beneficios invirtiéndolo en deuda gubernamental de mayor rentabilidad, lo que se conoce como carry trade.

Esto contrasta con las consecuencias que los tipos de interés casi cero tienen sobre los inversores, que se vieron empujados hacia los activos de riesgo so pena de no obtener rendimiento alguno por su dinero.

Encareciendo el dinero se correría el riesgo de dañar a la economía, ya que algunas empresas y particulares pagaron más por la tasa flotante de su deuda. Pero podría compensar a los bancos que aumenten sus préstamos en el mercado interbancario. Los bancos, por su parte, verían reducirse los beneficios de sus seguras operaciones de carry trade, lo que podría animarles a buscar rendimientos más altos con los préstamos tradicionales.

En ese caso, “la subida de tipos podría tener un efecto inflacionista”, comenta Joseph Mason, profesor de Finanzas de la Universidad del Estado de Luisiana.

Es poco probable que la Fed, pese a su actual tendencia a la experimentación, adopte un enfoque tan poco ortodoxo. Pero el banco central debe considerar las consecuencias imprevistas de su agresiva política monetaria.

Los créditos del «boom» agravaron la crisis inmobiliaria

La «gran cantidad» de financiación que el sector financiero inyectó al sector inmobiliario durante la década del «boom» (1997-2007) constituyó una de sus «características específicas» que «agravaron» las consecuencias de la conclusión de la fase expansiva de esta actividad.

Así lo apunta un estudio realizado por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) sobre las empresas del sector desde la época del ‘boom’ hasta la recesión económica.

El informe señala que entre 1995 y 2007 el crédito para comprar vivienda se multiplicó por nueve, el crédito para actividades de construcción por 6,7 y el crédito a actividades inmobiliarias por 25.

El estudio señala además que el crecimiento del sector se financió totalmente con deuda. «Los beneficios que estas actividades proporcionaban a los inversores durante los años más expansivos del ciclo no se utilizaron para apuntar la situación patrimonial del sector, sino que el crecimiento se financió totalmente con deuda», dice el informe.

«El recurso al endeudamiento aumentaba aún más la tasa de retorno de los accionistas (de las empresas del sector), que obtuvieron importantes dividendos debido al bajo coste de la financiación», asegura. De hecho, indican que en la década 1997-2007 la aportación neta de fondos por parte de los accionistas fue negativa.

El otro factor específico que, según el estudio, agravó las consecuencias del fin del ‘boom’ inmobiliario fue la mayor duración de la fase expansiva en comparación a las anteriores.

El informe apunta que el continuado crecimiento de los precios durante diez semestres influyó en las expectativas de los agentes, que se cumplían constantemente, «lo que potenciaba el crecimiento de la demanda especulativa y facilitó que la economía sobreinvirtiese en el sector».

El estudio de Funcas indica que el perfil de las empresas inmobiliarias y de construcción que han fracasado durante la recesión corresponde al de una sociedad con alto endeudamiento, que registró un rápido crecimiento durante el ciclo expansivo, un tamaño relativamente grande y menos años de trayectoria que las que sobrevivieron.

Además, el informe subraya que las empresas del sector que presentaron concurso de acreedores a partir de 2007 no tenían en 2006 niveles de rentabilidad económica «significativamente menores que las empresas supervivientes».