Las «low cost» europeas piden el fin de las ayudas de la Generalidad a Spanair

Elfaa, cuyos miembros representan más del 35% del tráfico aéreo en Europa, ha remitido un escrito firmado por su secretario general, John Hanlon, a Almunia en el que expone su creciente preocupación por la «incesante continuidad» de las ayudas y critica la nueva inyección de 20 millones de euros del Ejecutivo catalán en la citada aerolínea.

La misiva recuerda las anteriores quejas a las autoridades comunitarias y pide una «urgente y completa investigación» sobre la nueva aportación de capital público que, en su opinión, «constituye una violación flagrante de la legislación europea sobre competencia y ayudas estatales».

El texto recuerda también que Spanair está participada al 19,9% por Scandinavian Airlines (SAS), «compañía que también recibe ayudas estatales de sus gobiernos-accionistas (Suecia y Dinamarca)». Por esa razón, las «low cost» denuncian que «Spanair se está beneficiando del apoyo de los contribuyentes tanto de España como de Escandinavia» y rechazan cualquier argumento de que las ayudas públicas sean «estratégicas» para la construcción de un hub en el aeropuerto barcelonés de El Prat.

A este respecto, la carta agrega que «no existe una justificación económica para la incentivación de un hub en el aeropuerto cuando muchas aerolíneas, entre ellas varias pertenecientes a Elfaa, ofrecen múltiples rutas a y desde Barcelona».

Catalunya ocupa el cuarto puesto en nivel de transparencia

A la cola se sitúan Baleares, Valencia y, como farolillo rojo, Cantabria

La Generalitat es la cuarta administración autonómica en nivel de transparencia, según la clasificación que por primera vez ha elaborado la ONG Transparencia Internacional. La clasificación la encabezan Andalucía y Galicia. A la cola se sitúan Baleares, Valencia y, como farolillo rojo, Cantabria.

Aunque Catalunya ofrece, en términos generales, buenas puntuaciones en la mayoría de apartados, lo que condiciona en última intancia la nota definitiva es en el aspecto de contrataciones de servicios y suministros donde muestra una puntuación más baja: 62,5 puntos, lo que la lleva hasta la novena posición de este apartado.

Sobre un máximo de 100 puntos, tanto Andalucía como Galicia obtuvieron 87,5 puntos, frente a los 82,5 de Catalunya.

El director de Transparencia Internacional España, el catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid Jesús Lizcano explicó que las puntuaciones se elaboran sobre la evaluación de 80 índices de información que debe estar a disposición de los ciudadanos a través de la web institucional de cada comunidad. Tras un primer análisis, Transparencia informa a las autonomía de cuáles son los índices que no figuran en sus webs y le otorga un plazo para solucionarlo antes de aplicar la puntuación que le corresponde.

Transparencia Internacional ha realizado ya tres ediciones de índices municipales, en las que analizó el grado de transparencia de todos los ayuntamientos con poblaciones por encima de los 50.000 habitantes. Esta mañana entregó los premios correspondientes a la tercera edición. Premios que han recaído en seis ciudades españolas entre las que figuran Sant Cugat del Vallès -que por segundo año consecutivo ha obtenido un 100 como puntuación- y Sabadell.

La justicia abre la puerta a eliminar las cláusulas suelo de las hipotecas

La cláusulas suelo de las hipotecas, que limitan la reducción de las cuotas en caso de caída de los indicadores de referencia de los préstamos, están más que nunca en el ojo del huracán. Y ya es decir. El Banco de España, supervisor del sector financiero y responsable de la protección de los clientes bancarios, no solo avala sino que recomienda esta controvertida práctica. Pero una reciente sentencia, ya recurrida, prohibió a tres entidades aplicarla por considerarla abusiva y ha provocado una nueva oleada de demandas.

De las 6,077 millones de hipotecas vigentes al cierre del 2009, un 32% incluía limitaciones a la variación a la baja o al alza de los intereses. Es decir, las cláusulas afectaban a 1,97 millones de hipotecados. De estos, 824.666, el 48%, ya sufrían al ver como su cuota no reflejaba en su totalidad las bajadas del euríbor (el indicador al que están vinculados el 84% de los préstamos) o del resto de referencias variables (13%). Solo el 3,2% de las hipotecas españolas tiene un interés fijo.

Estas cláusulas fijan un límite a partir del cual el préstamo no puede abaratarse más, pero en algunos casos (el 28% del total de préstamos) también fijan un techo.

El problema es que este es tan alto que nunca se alcanza, mientras que el inferior se rebasa de forma mucho más habitual (el euríbor ha estado por debajo del 1,5% desde junio del 2009 hasta el pasado octubre). La prueba es que la hipoteca media con limitación es de 95.542 euros, frente a los 93.784 euros de las que no tiene cláusulas.

ABUSO / Precisamente, es esta «desproporcionada» relación entre el suelo y el techo (3,35% y 13,47% de media, respectivamente) la que llevó hace unas semanas a un juzgado de lo mercantil de Sevilla a obligar al BBVA, Cajamar y Caixa Galicia a eliminar las cláusulas existentes y a no usarlas en los nuevos créditos. Son abusivas, argumentó el juez, porque «solo cubren notoriamente y con soltura el riesgo de una parte negocial, el banco, y no así y de modo semejante el del prestatario».

Las tres entidades no tardaron en recurrir ante la Audiencia Provincial el fallo, que por lo tanto está en suspenso. «Es una sentencia puntual y esporádica. Y no se puede hablar de abusos: es difícil de entender, cuando todo el mundo se financia en el mercado por encima del 4% y la media de nuestros suelos es del 2,75%», argumentó hace un par de días Ángel Cano, consejero delegado del BBVA. En la sentencia, sin embargo, se afirma que los límites del banco son de entre el 3,25% y el 3,5%.

ACCIÓN COLECTIVA / Puede que las instancias superiores den la razón a las entidades, pero el fallo ha tenido un gran valor simbólico y ha reactivado las protestas de las asociaciones de consumidores. Una de ellas, Adicae, presentó la semana pasada una demanda contra 45 bancos y cajas, que pretende ampliar en los próximos días a otras 15.

Según sus cálculos, las cláusulas suelo suponen un sobrecoste para las familias que las tienen contratadas de unos 2.200 euros anuales. Mediante esta práctica, argumenta, las entidades han ingresado entre 3.300 y 7.000 millones de euros más de lo que les correspondía en el 2009. A la demanda se han adherido 591 afectados, de los cuales la mayoría (114) proceden de Barcelona.

La AdLa Administración se toma casi medio año de media para pagar

La ley les obliga este año a abonar sus facturas en 55 días, pero comunidades y autónomos se toman hasta 158 días para pagar a sus clientes.

Con mucha tranquilidad. Así es cómo las Administraciones públicas se toman la tarea inamovible de tener que pagar pagar a sus clientes. Según un estudio difundido hoy por la Federación de Autónomos ATA, el pago medio del sector público asciende a los 158 días, más del doble que la media europea (67 días).

Ni la ley de Morosidad ni el �tirón de orejas� que recibe el sector público siempre que en un foro se discute sobre este asunto han servido de escarmiento. El leit motiv sigue siendo el mismo: En España se paga mal y tarde.

Este estrangulamiento afecta especialmente a los pequeños negocios: según las conclusiones del informe del Observatorio Autónomos de la citada asociación, a seis de cada diez trabajadores por cuenta propia les afecta directa o indirectamente la morosidad pública, un hábito incomprensible que les ha forzado a cerrar a muchos de ellos.

No obstante, la demora en el pago de facturas es un tic que afecta a toda la economía. Las dificultades de acceso al crédito está provocando que unas empresas se nutran financieramente de las facturas que no abonan a las otras. Esta cadena tiene efectos demoledores: En España nadie paga a un tercero hasta que hayan pasado, al menos, 103 días, según este estudio

Esta cifra refleja que España se encuentra en la cola de países europeos en cuanto al tiempo medio de pago, solamente superada por Grecia, que sitúa en 125 días el plazo medio de pago de las facturas.

Comparativa europea
La media de pago de toda Europa se cifra en 62 días. Por encima está Italia, pero con un periodo de pago medio de las facturas de 85 días. Noruega es el país que menos dilata los pagos, con un plazo medio de pago de las facturas de tan sólo 32 días.

Por debajo de la media europea también se sitúan Suecia (34 días), Polonia (37 días), Austria (38 días), Dinamarca (40 días), Suiza (43 días), Países Bajos (44 días), Alemania (47 días), Reino Unido (50 días) y Bélgica (51 días).

Lo que se preguntan muchos es ¿para qué ha servido la Ley de Morosidad que entró en vigor el pasado julio? Cabe recordar que esta norma prevé prevé reducir a un máximo de 60 días los plazos de pago entre empresas y a 30 días el plazo de pago de las Administraciones Públicas a partir del 1 de enero de 2013, siguiendo un periodo transitorio para su entrada en vigor.

Además, la ley contempla que el cronómetro para pagar se pondrá en marcha a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos, no desde la emisión de la factura, lo que daba entrada a múltiples triquiñuelas.

Pues bien, según ese calendario este año las Administraciones deberían de estar pagando a 55 días y las empresas a 85.

Bruselas propone una subida salarial del 0,4% para los funcionarios europeos

La Comisión Europea (CE) planteará para el próximo ejercicio una subida salarial del 0,4% para los funcionarios comunitarios que trabajan en Bruselas y Luxemburgo, según anunció hoy.

La propuesta del Ejecutivo de la UE resulta de aplicar el método de cálculo en vigor, en el que se tiene en cuenta la variación de los sueldos de los funcionarios de los ocho Estados miembros más ricos y el coste de la vida en Bruselas.

En términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación, los funcionarios europeos perderán un 2% de su poder adquisitivo, una cifra equivalente a la media de sus colegas nacionales.

El incremento propuesto es superior al planteado inicialmente en octubre a causa de las nuevas cifras facilitadas por el Reino Unido -donde la pérdida de poder adquisitivo será menor de lo previsto- y por España, donde parte de las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno no se aplicarán hasta el próximo año.

Para su cálculo, Bruselas tiene en cuenta las variaciones de salarios nacionales entre julio de 2009 y julio de 2010, periodo en el que de media el sueldo de los funcionarios en los ocho países más ricos cayó un 0,3 por ciento y su poder de compra un 2 por ciento.

Sólo Alemania (-4,1) y España (-1,3) redujeron el salario de los empleados públicos en ese tiempo, aunque las subidas en el resto de países fueron en casi todos los casos inferiores a la inflación.

La subida propuesta del 0,4 por ciento para los funcionarios europeos beneficia a aquellos que trabajan en Bruselas y Luxemburgo -la gran mayoría-, pero no a los destinados en otros puntos de Europa.

Por ejemplo, las más de 1.500 personas que trabajan en Varese (Italia), donde la UE tiene un centro de investigación, verán su sueldo reducirse un -4,6 por ciento dada la bajada en el coste de la vida en esa zona.

Por contra, todos los funcionarios verán como se recorta en un 0,3 por ciento su contribución a su pensión, que pasará del 11,3 al 11 por ciento de su sueldo mensual.

El portavoz de Administración de la CE, Michael Mann, defendió hoy la subida salarial en base al reglamento vigente y recordó que refleja lo ocurrido con los funcionarios nacionales.

La Comisión recordó además que desde la entrada en vigor del actual mecanismo de cálculo en 2004, los empleados comunitarios han perdido un 5,3 por ciento de su poder adquisitivo.

El aumento salarial propuesto por Bruselas debe ahora ser aprobado por los gobiernos.

El pasado año, dado el escenario de crisis, los Veintisiete decidieron no seguir la recomendación de la CE -una subida del 3,7 por ciento- y la limitaron a un 1,85 por ciento.

La medida fue recurrida por la Comisión ante la Justicia europea al considerar que los países violaron la legislación comunitaria con su decisión.

El fallo del caso se espera durante la primera mitad de 2011, según informó hoy el Ejecutivo comunitario.

La economía no empezará a crear empleo hasta la segunda mitad de 2011

La economía española no empezará a crear empleo hasta la segunda mitad de 2011, aunque los puestos de trabajo generados no podrán reducir el elevado número de parados registrados durante la crisis, según el «Avance del Mercado Laboral» que elaboran conjuntamente Analistas Financieros Internacionales (AFI) y la patronal de grandes empresas de trabajo temporal (Agett).

Los cálculos de Afi-Agett apuntan a una caída interanual del empleo del 0,9% en enero, lo que situaría el total de ocupados en 18,25 millones de personas. A la espera de lo que ocurra en noviembre y diciembre, Afi-Agett prevé que los mínimos de ocupación de 2010 se registren en el cuarto trimestre.

El informe de estas entidades advierte de que el descenso de la afiliación a la Seguridad Social experimentado en septiembre supone «el comienzo de una senda de destrucción de empleo que podría continuar hasta el inicio de 2011 y neutralizaría la mejora en la ocupación mostrada desde el segundo trimestre de 2010».

MENOS POSIBILIDADES DE PASAR DEL PARO AL EMPLEO.

El «Avance del Mercado Laboral» de noviembre de 2010 también constata que las probabilidades de transitar del desempleo al empleo se redujeron en el tercer trimestre de 2010 frente a las existentes en igual trimestre de 2009 y 2008.

Así, sólo una de cada cinco personas (20%) que estaban en el paro en el segundo trimestre del año encontraron empleo en el tercer trimestre, cifra «muy inferior» a la alcanzada en 2008 (30%) y en el cuarto trimestre de 2007 (32,5%).

En el tercer trimestre de 2010 casi dos tercios de los desempleados españoles también estaban pasados en el trimestre anterior (63,4%), porcentaje más elevado del existente en el tercer trimestre de 2009, cuando el 61,1% de los parados estaba en esta situación, y cifra «notablemente peor» a la del tercer trimestre de 2008, donde casi la mitad de los parados también lo estaba en el trimestre anterior.

Para el presidente de Agett, Francisco Aranda, ahora más que nunca resulta «urgente» una «verdadera y eficiente» remodelación de las políticas activas de empleo, que acerquen a los desempleados nuevas fórmulas para elevar sus posibilidades de encontrar un trabajo.

«El reto que se nos plantea ahora es conseguir que nuestros desempleados consigan un trabajo lo antes posible, para lo que se necesita una suma de recursos públicos y privados», ha señalado Aranda.

AUMENTA EL «EFECTO DESÁNIMO» EN LAS PERSONAS SIN EXPERIENCIA.
El informe de Afi-Agett también revela que el «efecto desánimo» se ha reducido entre quienes han trabajado anteriormente y se ha acentuado entre los que no tienen experiencia laboral.

De acuerdo con sus datos, el aumento de la inactividad en el tercer trimestre de este año en 17.700 personas se debe íntegramente a las personas sin experiencia laboral, frente al abandono de la inactividad de 17.500 efectivos que han trabajado anteriormente.

Especialmente, se trata de antiguos trabajadores del sector servicios que abandonan la inactividad para buscar un empleo. En concreto, 26.300 personas con experiencia en las actividades de comercio y reparación de vehículos abandonaron la inactividad, seguidas de las actividades artísticas y de entretenimiento (14.500), las actividades profesionales (13.900) y aquellos que dejaron su último empleo hace más de un año (8.900).

En el lado contrario, los que abandonaron la inactividad en menor número son aquellos que se dedicaban anteriormente al suministro de energía (600), actividades sanitarias (1.700) y hostelería (2.300).

Nuevos incentivos para nuevos funcionarios

¿Se podría despedir a los empleados públicos? Esta idea, esbozada recientemente por Isak Andic, dueño de Mango, plantea la posibilidad de instaurar en la Administración Pública políticas de recursos humanos propias de la empresa privada.

Cuando Isak Andic, presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), dueño de la firma Mango y conocido emprendedor, afirmó que «los nuevos funcionarios tendrían que poder ser despedidos» se reabrió el debate sobre las condiciones laborales de estos trabajadores.

La eliminación del puesto de trabajo para toda la vida será harto complicado, pero lo que subyace bajo esta idea y sobre el hecho de que a los funcionarios se les retribuya según su labor –otra apuesta de Andic– es la falta de productividad y modernización, y la escasez de políticas de recursos humanos que impera en la Administración Pública.

El Estatuto Básico del Empleado Público recoge aspectos en gestión de personas, como la evaluación del desempeño o que una parte de la retribución complementaria se vincule al rendimiento. Sin embargo, ha sido poca la voluntad para poner en marcha estas medidas. «Se ha olvidado el desarrollo de la persona», resume José Manuel Sánchez, director de administraciones públicas de Dopp Consultores.

Las razones están claras. Para este experto existen dos barreras que frenan este tipo de políticas: «Por un lado, el tamaño. Mover a un gran elefante como es la función pública es difícil. Y por otro, la falta de liderazgo político. El alcance temporal de cuatro años de legislatura y el desgaste que trae consigo la aplicación de las herramientas de gestión hace que los dirigentes no apuesten por avanzar en este tema».

Óscar Lupión, director de administraciones públicas de Adecco, suma otros obstáculos. «El sector público posee una cultura organizativa basada en poderes de dirección limitados, inflexibilidad laboral y escasos incentivos. Además de la excesiva burocracia y de la existencia de unos sistemas de comunicación poco ágiles».

Según fuentes de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado (Fedeca), «la falta de este tipo de políticas ha provocado que no exista una gestión de recursos humanos. El funcionario está atrapado en su categoría por lo que no puede permanecer en un mismo puesto con más responsabilidad y mayor retribución. Por tanto, ni tiene subida de sueldo, ni ascenso, ni evaluación por desempeño, ni carrera administrativa». Por consiguiente, este déficit en la gestión de personas ha derivado en un cuerpo funcionarial con baja motivación.

Más eficacia
La aplicación de medidas de gestión es posible, y no sólo porque el Estatuto lo contemple. Lupión destaca que el Gobierno de Baleares posee legislación específica que apuesta por la evaluación del desempeño, y desde Fedeca citan a la Agencia Tributaria y a la Abogacía del Estado como organismos que aplican la retribución variable. «La Administración tiene la obligación de utilizar criterios de eficacia y de eficiencia; es decir, de conseguir resultados de calidad y utilidad al menor coste. En el fondo se trata de ir más allá de la mera gestión de personal», expone el director de administraciones públicas de Adecco.

En este sentido se puede avanzar en tres áreas: incorporación de funcionarios, formación y evaluación. Respecto al primer punto, Sánchez explica que «los procesos de selección deben ayudar a incorporar perfiles más ajustados a las necesidades de la Administración, no sólo con los conocimientos requeridos, sino también con habilidades y actitudes». En resumen, se trata de realizar una buena planificación de personal para controlar las necesidades futuras y no sobredimensionar las plantillas.

En cuanto a los planes formativos, las fuentes de Fedeca señalan que «actualmente no están adecuados ni a las carencias del empleado público ni a las de la Administración». Así, Lupión destaca que «para que prime la productividad es necesario que se imparta formación sobre políticas de liderazgo, de habilidades y de negociación».

La evaluación por desempeño es el eterno caballo de batalla. Desde Fedeca apuntan que «somos conscientes de que la función pública es difícil de valorar, pero deseamos que se nos evalúe». Para ello, el directivo de Dopp Consultores propone comparar los requerimientos en el puesto ocupado con el resultado del trabajo. De este modo, la medición puede servir para orientar determinados procesos retributivos y de carrera profesional.

Por su parte, Lupión aconseja realizar un análisis de la disponibilidad del personal. «Es necesario conocer el número de perfiles y su cualificación para mejorar la movilidad geográfica y funcional, y la promoción interna».

Valoración del trabajo
Una vez realizados los avances en estos campos se solucionará la escasa motivación de los funcionarios. «El mejor incentivo es la valoración del trabajo realizado. Algo que ahora no se hace», reclaman desde Fedeca.
Mar García, directora general de Grass Roots, destaca que «se debe encontrar el punto de motivación haciéndoles olvidar que tienen la nómina resuelta. Esto se hace mediante la coherencia, la comunicación y con un buen jefe que posea conocimientos de gestión y liderazgo». Según esta experta, «donde impera el café para todos, la motivación interior es la que mueve».

Las grandes inmobiliarias retoman la construcción de nuevas viviendas

Tras dos años de parón en los que no habían edificado nuevos pisos, las grandes inmobiliarias que conforman el G-14 han comenzado a promover nuevas viviendas, según ha informado esta organización.

Aunque algunos, como la Asociación de Fabricantes de Productos, alertan de que el ‘ladrillo’ no ha tocado fondo, y los visados de obra nueva siguen cayendo en la en la búsqueda de su equilibrio, estas compañías, que no levantaban pisos desde noviembre de 2008, han detectado una pequeña luz al final del túnel.

Conviene recordar que en cualquiera de los años anteriores al estallido de la crisis en el sector, estas firmas empezaban la construcción de entre 500 y 600 viviendas cada mes.

Donde el ‘stock’ se acaba
El G-14 ha indicado que varias sociedades del grupo están considerando abordar nuevos proyectos. «El ritmo de promoción y la cantidad de viviendas dependerán de la financiación que se consiga», apuntaron.
La organización considera que sus empresas están localizando oportunidades en mercados donde, según asegura, el ‘stock’ de pisos se está agotando y empieza a repuntar la demanda de vivienda nueva. Madrid, Barcelona, País Vasco, Asturias, Castilla-La Mancha y Galicia, son algunos de estos mercados.

Además, el G-14 señala que el mercado español encadena ya tres años con un volumen de ventas de pisos «muy por debajo» de la que se considera la demanda natural de país (entre 350.000 y 400.000 pisos anuales).

Entre enero y junio los arquitectos registraron peticiones para construir 44.826 viviendas, un 26,6% menos respecto al mismo periodo de 2009, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. El dato constata la ralentización del ritmo de descenso de construcción de nuevos pisos, que cayó un 56% en 2009.

Pese a ello, en caso de que se mantenga la tendencia del primer semestre, en el conjunto del año se pedirán autorizaciones para construir unos 90.000 pisos, y la edificación de nuevos pisos se mantendrá así en mínimos históricos.

El ejemplo de Vallehermoso
Vallehermoso, filial de promoción del grupo Sacyr Vallehermoso, acaba de anunciar que está empezando a desarrollar distintas promociones que, en conjunto, suman casi un millar de nuevas viviendas.
En concreto, prevé edificar 191 pisos en un proyecto en el centro de Barcelona, junto a la torre Agbar, y otros 96 en Mairena del Aljarafe (Sevilla). En Málaga construirá 67 viviendas en una torre de 14 plantas de arquitectura singular, y treinta chalets adosados en Albolote (Granada).

Entre los proyectos que Vallehermoso prevé acometer en breve figuran también 136 viviendas libres y otras 56 protegidas en Valencia, y un total de 400 pisos protegidos en Madrid, concretamente en Alcalá de Henares y Getafe, según explicaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

El anuncio de Vallehermoso sucede al realizado recientemente por Realia. La inmobiliaria controlada por FCC y Caja Madrid retomó recientemente la edificación residencial con una promoción de cuarenta viviendas en Valencia.

A este proyecto sucederán otros en Fuenlabrada (Madrid), Sevilla, Valladolid, y también en Valencia, con los que prevé levantar un total de casi 400 residencias.

El Gobierno mantiene la rebaja fiscal del 5% para los autónomos

El Ministerio de Economía ha remitido a información pública la orden que mantiene para 2011 la rebaja del 5% en el IRPF para los autónomos que tributan por IRPF por el método de estimación objetiva, más conocido por el régimen de módulos. Este beneficio fiscal se pactó en la Mesa del Trabajo Autónomo y se justifica por la situación de crisis económica.

Los autónomos que aplican el sistema de módulos no pagan el IRPF en función de sus beneficios sino que su factura fiscal depende del número de trabajadores, del consumo de electricidad o de los metros cuadrados de su local, entre otras variables. En cualquier caso, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) considera que la rebaja resulta insuficiente. El sindicato sostiene que para calibrar si el descenso fiscal es equitativo, la Dirección General de Tributos debería haber presentado un informe previo sobre la media de las declaraciones de los autónomos que declaran por estimación directa, es decir, aquellos que tributan en función de sus beneficios reales.

Por otra parte, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, reclama que se promueva un estudio que «permita rectificar los criterios de estimación objetiva para fijar los módulos de determinadas profesiones y sectores de actividad económica que están sufriendo especialmente la crisis, como son algunos grupos de la construcción, la hostelería y los vendedores de prensa, entre otros». En cualquier caso, los autónomos tiene libertad para cambiar el régimen de módulos por el de estimación directa.

Casi 1,4 millones de parados sobreviven con subsidios de menos de 500 euros

Aunque la recesión quedó atrás hace tres trimestres y la actividad puja por salir del pozo, la cara más amarga de la crisis económica se recrudece. Según los datos recién publicados por el Ministerio de Trabajo, hasta 1.366.819 desempleados cobraron en septiembre un subsidio del Estado, que por término medio les reportó 486 euros. Por primera vez desde que se mantienen registros, las prestaciones asistenciales (50,03%) superaron en ese periodo a las contributivas.

El grupo de los subsidiados está formado por perceptores que no han llegado a cotizar un año completo, además de quienes han agotado ya su prestación contributiva y tienen cargas familiares o no disponen de renta alternativa, que son los beneficiarios de la famosa renta de 426 euros durante seis meses. Pues bien: los subsidios han crecido un 49% en el último año, debido a que muchas de las personas que conocieron el desempleo en los albores de la crisis (a principios de 2008) han agotado ya los dos años de prestación contributiva.

En sentido contrario se mueve el grueso de perceptores del seguro de paro: en el último año, el número de beneficiarios de prestación contributiva se redujo en un 12,8%, hasta situarse en 1.365.226 personas. Por término medio, cada una de ellas ingresa 845,5 euros al mes, una cantidad que también se ha reducido en los últimos dos años.

La distinta evolución de estas dos figuras no tiene únicamente consecuencias sociales. La consecución de una tímida recuperación económica en los próximos trimestres se basa en la recuperación del consumo, que aporta alrededor de dos terceras partes de la actividad. Pero el aumento del paro y la reducción de las prestaciones recibidas por los desempleados están llevando a una minoración de la renta disponible, la variable más determinante del gasto familiar.

Hogares sin ingresos
La última memoria de Cáritas, una organización no gubernamental dependiente de la Iglesia Católica, calcula que hay casi 300.000 hogares que sobreviven sin ningún tipo de ingreso. Según la última Encuesta de Población Activa, el número de familias en los que no trabaja ninguno de sus miembros asciende a 1.292.300.

Por su parte, la Encuesta de Condiciones de Vida, también elaborada por el INE, sitúa la tasa de pobreza relativa en el 20,8% de la población. Lógicamente, esa medida no tienen nada que ver con la que utilizan instituciones como la ONU, que contemplan ingresos inferiores a uno o dos dólares al día; se trata de un concepto estadístico que mide desviaciones respecto a ingresos medios del país. Por tramos de edad, los mayores niveles de pobreza se concentran entre las personas mayores de 65 años.

El fuerte deterioro del mercado laboral ha llevado a que casi uno de cada tres hogares lleguen a fin de mes con dificultad (el 13,4% del total, con mucha dificultad), un porcentaje prácticamente idéntico al del año pasado. Esas penurias se traducen en que el 39,7% no puede permitirse vacaciones de al menos una semana al año y el 36,7% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Aunque ha avanzado más de dos puntos en dos años, el porcentaje de los que se retrasan en pagos relacionados con la vivienda principal se limita todavía al 7,7%.

Presupuesto asistencial al alza
El proyecto de Presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal para 2011 contempla una reducción del 1,7%, hasta situarse en 38.201 millones de euros. Pero su reparto presenta modificaciones notables, que agudizan la senda ya dibujada. Así, el pago de prestaciones contributivas absorberá 20.929 millones, un 15% menos que este año. En cambio, el gasto en subsidios se disparará un 64,4%, hasta alcanzar los 7.781 millones de euros. Trabajo contempla así un futuro próximo en el que millones de personas que entraron en el desempleo entre la segunda mitad de 2008 y la primera de 2009 (la fase más aguda de la crisis) perderán su derecho a la prestación contributiva, y engrosarán las filas de los subsidiados.