Ultiman la rehabilitación de 1.500 viviendas del parque público

El Instituto de Vivienda y Suelo de la Región (IVS) ultima la rehabilitación de 1.500 inmuebles del parque público regional de viviendas, a través del Plan Repara, informa la Consejería de Obras Públicas.

La primera fase del Plan Repara incluyó la mejora integral de 900 viviendas sociales en los municipios de Cartagena, La Unión, Caravaca de La Cruz, Cehegín, Cieza, Molina de Segura y Puerto Lumbreras.

Respecto a las obras de la segunda fase, englobaron otras 600 viviendas en los municipios de Abanilla, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Blanca, Calasparra, Cartagena, Ceutí, Lorca, Puerto Lumbreras y Villanueva del Río Segura. La mayoría de estas actuaciones se ejecutaron a lo largo de 2010 y otras se encuentran próximas a su finalización.

Las obras realizadas en estos inmuebles, de titularidad autonómica y en régimen de alquiler, comprenden la mejora de las condiciones de accesibilidad, la rehabilitación integral de las fachadas y cubiertas, la renovación de las zonas comunes y de las instalaciones de las viviendas.

El Instituto de Vivienda y Suelo ha subvencionado con 890.000 euros a los ayuntamientos de 12 municipios para la adquisición y mejora de inmuebles destinados a dar alojamiento a las familias con menos recursos. Dichos consistorios son los de Archena, Bullas, Calasparra, Cartagena, Cehegín, Lorca, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco.

[Via Finanzas]

El Gobierno regula el juego on-line y cede la recaudación a las comunidades

La Ley del Juego, aprobada hoy por el Gobierno, regula por primera vez en España todas las modalidades de juego por internet, el móvil o el ordenador, y prevé además la creación de un nuevo impuesto para las empresas del sector.

La totalidad de los impuestos (que serán diferentes para cada modalidad de juego) que se recauden por el juego se destinarán a las comunidades autónomas, ha subrayado hoy el Ejecutivo tras aprobar el texto, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria.

El texto del Gobierno constata los cambios que se han producido desde que en 1977 se despenalizara el juego en España, sobre todo debido a la irrupción de las comunicaciones electrónicas y a la utilización de los servicios de juego a través de internet, y pretende dar respuesta a la aparición de nuevos operadores en el mercado del juego que no están regulados por la ley vigente hasta ahora.

Incide además el texto en la necesidad de establecer nuevos mecanismos de regulación que ofrezcan seguridad jurídica a los operadores y a los consumidores, y de proteger a los menores de edad y a las personas (unas 40.000 en España) que han pedido voluntariamente que no se les permita acceder al juego para prevenir situaciones de ludopatía.

La ley reserva en exclusiva el juego de loterías de ámbito estatal a Loterías y Apuestas del Estado -que se va a transformar en Sociedad Estatal y que se va a privatizar en un 30%- y a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).

El Gobierno ha previsto en la nueva ley que la Comisión Nacional del Juego será la que vigile la seguridad, la fiabilidad y la transparencia de todas las operaciones del juego, además de ser el órgano que se encargará de conceder las licencias.

Además, la Conferencia Sectorial del Juego será el órgano de cooperación, coordinación y participación de las comunidades autónomas.

El texto que el Gobierno ha enviado al Congreso prevé que todas las actividades de publicidad, patrocinio o promoción de las empresas que prestan estos servicios deben contar con autorización previa de la Comisión Nacional del Juego.

Las sanciones económicas previstas en el proyecto de ley oscilan entre 100.000 euros para las leves hasta los 50 millones para las «muy graves», entre las que figura ofrecer juegos sin tener licencia para ello o manipular los sistemas técnicos que se hubieran homologado para obtener los premios.

La decisión del Gobierno de ceder íntegramente el nuevo impuesto a las comunidades autónomas ha motivado ya algunas reacciones; entre éstas, la de la Comunidad de Madrid, que ha cuestionado que éste vaya a contribuir a mejorar la financiación autonómica.

La Comunidad de Madrid ha hecho pública una nota en la que advierte que el Gobierno central no ha aclarado si descontará después el importe cedido a las comunidades del Fondo de Suficiencia, lo que beneficiaría, según el Ejecutivo regional, al Estado pero no a las autonomías.

Según la Comunidad de Madrid, esta «instrumentación» de las regiones ya tiene precedentes en las recientes subidas del IVA y los Impuestos Especiales, que han sido detraídas del fondo de suficiencia global de las Comunidades Autónomas, de forma que las regiones no se han beneficiado de los incrementos de esos impuestos.

Desde el sector de juego privado se ha rechazado el régimen fiscal previsto en la nueva Ley, ya que supone aplicar los impuestos a los ingresos brutos por esta actividad económica, no sobre las ganancias reales de los operadores.

Fuentes del sector consultadas por Efe han criticado también que se instauren tantos tipos impositivos, uno por modalidad de juego.

Advierten, además, de que la propuesta del Gobierno supone una ruptura del equilibrio entre juego público y privado, pues Loterías y Apuestas del Estado (LAE) tendrá posibilidad, aseguran, de actuar en los dos ámbitos.

Aparte, echan en falta medidas correctoras para los operadores en internet que han venido actuando ilegalmente, con el fin de que los nuevos no comiencen en condiciones de desventaja.

La Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI) ha celebrado la aprobación del proyecto de ley, y ha confiado en que esta regulación sea beneficiosa para el Estado, para los operadores de juego por internet y para los usuarios.

La AEDAPI ha hecho pública una nota en la que señala que confía en que en que el Gobierno «haya tomado la decisión acertada y propuesto una regulación competitiva y coherente».

[Via Invertia]

La factura que soportan los hogares se encarece hasta 1.000 euros en 2011

Los coletazos del alza del IVA costarán a cada familia casi 200 euros de media y la no actualización del IRPF con el IPC, 300 euros. La subida de la luz, otros 80 euros.

Las iniciativas del Ejecutivo para mantener la estabilidad presupuestaria darán un duro varapalo a las finanzas de los hogares españoles durante este año. Al incremento de los impuestos se suma también la subida de los servicios básicos como el gas y la electricidad anunciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a comienzos de año, y el previsible aumento del euribor, que encarecerá las hipotecas. En definitiva, según los cálculos elaborados por EXPANSIÓN, la factura que soportan los hogares españoles se encarecerá hasta 1.000 euros de media en 2011.

Este escenario es especialmente preocupante porque se produce en un año en el que el paro se encuentra en niveles sin precedentes (ya hay casi 4,7 millones de desempleados, de los que más de dos millones lleva más de un año viviendo este drama) y cuando las empresas están limitando las subidas salariales a sus trabajadores para no cerrar, una decisión inspirada en los duros recortes en el sueldo que sufren desde el año pasado los empleados públicos, un asunto que también comenzarán a notar en su bolsillo los jubilados a comienzos de 2011.

Una medida que dañará a todos, aunque no por igual, seguirá siendo la subida del IVA. El Gobierno espera recaudar con este tributo indirecto 3.300 millones de euros en 2011, lo que se traducirá en una golpe de 191 euros de media sobre cada uno de los 17,2 millones de hogares que hay en España, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Pese al empeño de las autoridades de decir que el diseño de esta subida fiscal era progresivo (argumentando que no se subían por igual los bienes gravados con el tipo general y con el reducido) lo cierto es que este impuesto se ceba con los colectivos más dañados con la crisis, como los pensionistas o los mileuristas.

Para más inri, el coste estimado por hogar por la subida del gravamen sobre las labores del tabaco podría costar a los hogares de los fumadores 45,34 euros al año. Sin embargo, estas han sido las medidas tributarias más polémicas, pero no las únicas. El Gobierno también ha elevado de forma encubierta este año el IRPF en casi 2.400 millones (ver EXPANSIÓN del pasado 1 de febrero). La decisión del Gobierno de no actualizar la renta podría impactar sobre las cuentas de una familia estandar en 278 euros al año de media, una cifra aún mayor para las rentas altas.

Otro capítulo en el que los consumidores salen perjudicados es en el de los servicios básicos. Las medidas del Gobierno para paliar el déficit eléctrico aumentará la factura de la luz en 81,24 euros durante este año, según un informe de la organización de consumidores FACUA. Otra institución, FUCI, calcula que el incremento del gas costará a cada hogar cerca de 20 euros.

La subida estimada del coste de la vida superará los 600 euros para una familia que no tenga ninguna hipoteca. Sin embargo, si se cumplen los peores augurios, el coste será superior a los 1.000 euros para aquellos hogares que sigan pagando su casa mediante un crédito. Los expertos prevén que el euribor podría alcanzar el 2% a lo largo de 2011, lo que podría elevar el desembolso anual que tienen que realizar las familias en las entidades financieras en cerca de 400 euros anuales.

No obstante, la factura extra de 1.000 euros para los hogares ha sido calculada a la baja, ya que no se tiene en cuenta (por la volatilidad de las materias primas) cuál será el impacto durante todo este año del encarecimiento de los carburantes, que se debe sobre todo a que uno de cada dos euros de lo que cuesta repostar se lo lleva Hacienda.

Tampoco se ha computado en esta estimación el alza de los transportes públicos que han impulsado un gran número de ayuntamientos, de comunidades autónomas y el propio Estado, que ha elevado hasta un 3,1% el precio de los billetes de tren.

Más los alimentos
Se dispara el IPC
Los precios de consumo ya se sitúan en el 3,3% en enero, a expensas de lo que ocurra con el petróleo a lo largo del año, que podría encarecer aún más el coste de la cesta de la compra.

Diferencias
Algunos alimentos han registrado aumentos espectaculares de sus precios, por lo que las familias en crisis tendrán que optar por algunos productos y desechar otros para capear el temporal.

Los productos que suben
En el último año, las patatas se han encarecido un 12,1%; el salmón, un 9,7% y las cebollas, un 6,1%, según los datos de Industria. En productos envasados destaca el alza interanual de más del 5% del tomate natural.

… y los que bajan
En cambio, en el último año las naranjas han bajado su precio un 4,21%; la pescadilla, un 5,5%; las peras de agua, un 3,6%, y el cordero pascual de primera, un 3,5%.

Previsiones
El precio de los alimentos siguen a expensas de las materias primas, cuya escalada ha provocado grandes revueltas. La evolución de este mercado será crucial para los hogares.

[Via Expansion]

La renovación de los contadores de la luz debe ser gratuita

La Unión de Consumidores de España (UCE) advierte en su web de que el cambio en el contador de la luz debe ser gratuito, tras recibir consultas de distintos usuarios por una carta de Endesa que les avisa de que deberán pagar 9 euros por derechos de enganche. Por su parte, Endesa asegura que no ha cobrado nada a sus clientes y que no lo hará.

Este pago no es conforme a la norma y exige a la compañía eléctrica que lo anule y devuelva los cobros efectuados hasta la fecha por ese concepto: una orden del Ministerio de Industria obliga a sustituir los viejos contadores por nuevos equipos que permitan la discriminación horaria y la telegestión.

Según el Ministerio, este cambio de contadores «no supondría ningún coste adicional para los consumidores».

La UCE recomienda a los usuarios que hayan realizado el pago que reclamen su devolución a la compañía eléctrica y, en caso de no ser atendidos, que denuncien el hecho ante la Dirección General de Consumo, ante la Consejería de Industria de sus respectivas comunidades autónomas y ante la CNE.

Además, insta a Endesa a que «cese en la imposición de ese pago y restituya de forma inmediata lo cobrado por ese concepto».

Endesa niega el cobro
Por su parte, la compañía eléctrica reconoce que en una primera misiva enviada a sus clientes a finales del pasado año se informaba de que procederían al cobro de este servicio, aunque aseguran que aún no se le ha aplicado a ningún cliente.

Según han explicado desde la compañía a elEconomista.es, en un primer momento sí se contemplaba la posibilidad de reclamar el pago de la instalación de los nuevos contadores, y no ha sido hasta hace 20 días que ellos han tenido conocimiento del cambio de legislación.

Por ello, Endesa enviará una nueva circular a sus abonados en la que se eliminará la exigencia de este pago y se informará de las nuevas condiciones, ya que la última normativa establece que el coste de la sustitución de contadores no debe asumirlo en consumidor.

La eléctrica presidida por Borja Prado es la única que está acometiendo la renovación de contadores, ya que decidió adelantarse al plazo fijado por la Unión Europea para la implantación plena del sistema de telegestión eléctrica, que sitúa la fecha en 2015.

La CNE lo desaconsejaba
En un informe del pasado mes de septiembre, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) emitía un informe en el que señalaba que las compañías eléctricas no tienen base legal para cobrar lo derechos de enganche. CNE: las eléctricas no deben cobrar por sustituir los contadores.

«No generará coste alguno para su propietario, ni cobro en concepto de alquiler durante el periodo restante de vida el equipo hasta alcanzar los 15 años», indicaba el regulador energético en su informe no vinculante.

De acuerdo a la normativa vigente, es improcedente cobrar derechos de enganche porque los contadores retirados ya estaban conectados a la red eléctrica y, por lo tanto, no se trata de un acceso nuevo, explicaba la CNE.

[Via ElEconomista]

‘Walking dead’ o el regreso de los zombis

Están despertando. De manera colectiva. Las inmobiliarias españolas han registrado una explosión de valor en bolsa en este arranque de 2011 después de largo tiempo hibernando. Realmente ha sido zombi el calificativo usado para definir a estas compañías, pues se han visto sostenidas artificialmente y controladas por terceros, en este caso, los bancos acreedores, que han tomado el control de la gestión y del accionariado en muchas de ellas. Pero ahora, de repente, el negro futuro que se les auguraba a estos particulares ‘muertos vivientes’ se adivina radicalmente distinto.

¿Por qué? Por todo y por nada. Solo un cambio de estrategia en sus vecinos, los bancos y las cajas, que han cogido el toro por los cuernos después de ser desde 2008 feroces acreedores de algunos grupos (Martinsa) y benevolentes con otros en las refinanciaciones (Reyal). En primer lugar, y como factor más importante, se encuentra el inicio de la segunda ronda de la reestructuración financiera. A diferencia de la primera, esta va en serio. Hay declaraciones de riesgo inmobiliario total, nuevas dotaciones y saneamientos de los balances bancarios. Y sino solo hay que ver lo que ha sucedido en el seno de Caja Madrid-Bancaja (BFA) o La Caixa, que en conjunto suman 620.000 millones de euros en activos y suponen prácticamente la mitad del sistema de cajas.

La madrileñovalenciana ha dotado 9.200 millones de euros como provisiones y asume un banco de suelo de 11.200 millones. Son cifras que dejan la famosa intervención de Banesto (3.500 millones) en 1993 a una altura inferior. La Caixa, por su parte, ha creado un ‘banco malo’ agrupando todos sus activos inmobiliarios, incluyendo sus participaciones en las cotizadas Metrovacesa o Colonial, en torno a Servihabitat, su filial de promoción de vivienda. La caja catalana goza de un historial impecable que es bien recordado en el sector y el mercado de valores. En los 90, tras la anterior recesión y ola de morosidad, construyó la primera gran inmobiliaria española que ha pervivido hasta hoy bajo la bandera de Colonial. La venta de la esta en 2006, poco antes de la explosión de la burbuja, representa el cierre del boom inmobiliario en España. Ahora quiere volver a levantar otra gran inmobiliaria de las cenizas.

Levantamiento bursátil
compañías que iban a quebrar y resulta que no: que siguen vivitas y coleando. Y además son las que mejor conocen las singularidades del mercado promotor que tanto asusta a las entidades financieras. La fiebre por estos valores ha golpeado con fuerza en estad dos últimas semanas. Como se puede ver en el cuadro, desde el 1 de enero, las acciones del ladrillo están disparadas. En Top 10 de subidas de los 117 miembros del mercado continuo, ocho son inmobiliarias (Quabit, Metrovacesa, Sacyr Vallehermoso, Montebalito, Inmobiliaria Colonial, Urbas Guadahermosa, Reyal Urbis, Renta Corporación) y acumulan revalorizaciones que van desde el 33% al 78% en poco más de un mes.

Todas ellas tienen en común que han afrontar una reducción de sus niveles de deuda -que se mantienen elevados-, han vendido suelo y han ampliado capital para sobrevivir. Pero lo más importante: siguen vivas. Si en algún momento fueron valoradas en cero, ahora pueden valen su peso en ladrillo, deuda o en la gestión de las desinversiones en ladrillo de las entidades financieras. Se han convertido en verdaderos fondos de gestión inmobiliaria y, sin lugar a duda, lo van a hacer mejor que bancos y cajas. Las inmobiliarias saben vender, alquilar y gestionar ladrillo. Tienen, en muchos casos, los equipos humanos para hacerlo. Salen a la calle, enseñan y venden. Los empleados de sucursales reconvertidos en vendedores de casas no. El valor añadido de una vivienda, más allá de su coste y financiación, reside en la capacidad para vender

Las inmobiliarias han sobrevivido y van a volver a jugar un papel central como brokers de vivienda en la reactivación y para ‘desatascar’ el mercado inmobiliario. Por el camino se ha registrado la peor crisis de crédito en décadas, con efectos más devastadores si cabe debido al gigantesco endeudamiento acumulado. Al igual que en la crisis de principios de los años 90, la banca ha usado a las inmobiliarias como parapeto ante la escalada de la morosidad en el sector. Ahora las usará como brókers y vehículos para dar salida a sus inmuebles y balances enladrillados. El Banco de España ha obligado a publicar las cifras de riesgo y exposición inmobiliaria al conjunto del sector. Este retrato deja a algunas entidades estigmatizadas y activa un tic, tac, una cuenta atrás, para deshacerse al máximo de ladrillos casi a cualquier precio. Llega el ajuste. ¿Llegarán las ventas?

[Via Cotizalia]

El “low cost” llega a la telefonía móvil con ofertas más atractivas

Movistar y Orange acaban de lanzar una tarifa similar a las de las compañías más pequeñas, con precios muy competitivos. Sin embargo, los expertos estiman que el futuro del sector beneficiará a las compañías que ofrezcan los mejores servicios en conexión a Internet.

¿Imaginaba que algún día podría volar hasta París por apenas 10 euros? ¿Y que fuera posible hablar a las 24 horas del día, con cualquier operador de telefonía, por apenas 5 u 8 céntimos el minuto? El modelo de negocio del bajo coste («low-cost») también ha llegado al mercado de la telefonía móvil, como ya ocurrió hace años en las aerolíneas. Aunque, como en este caso, existen excepciones, requisitos y costes que pueden elevar la factura final de forma considerable.

En los dos últimos años, las grandes operadoras (Movistar, Vodafone y Orange) han visto cómo parte de sus clientes han optado por otras compañías, como Yoigo, que ha ganado 944.000 usuarios desde finales de 2008; o como los operadores móviles virtuales OMV (Carrefour, Masmóvil, etc.), que han logrado atrapar a casi a un millón y medio de usuarios en apenas 24 meses, según los últimos datos publicados por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).

Ante esta tendencia, las grandes operadoras han lanzado campañas agresivas, con unos precios que intentan competir con los de las nuevas empresas que han ido apareciendo en el sector. «Estas operadoras tienen que competir con la línea de «low-cost», especialmente en determinados segmentos de población», explica José Ramón de la Vega, director del sector de Telecomunicaciones y Media de KPMG.

Sin embargo, según este experto, «puede haber competencia en precios, pero en general su oferta será diferencial» en otro tipo de servicios.

Las compañías no quieren perder al segmento de usuarios que anteponen precios bajos, frente a la utilización de otros servicios adicionales, como Internet, mucho más desarrollados entre las grandes operadoras.

Movistar ha sido la última operadora que ha lanzado unos precios muy competitivos para evitar la sangría de clientes hacia los OMV.

Tarifas por minutos
Esta compañía ha puesto en marcha la Tarifa 8, con la que se cobran ocho céntimos de euro por minuto, a cualquier hora del día e independientemente del operador al que se realice la llamada. Esta estrategia supone una novedad en la política de comercialización de Movistar, que ha primado siempre a los clientes que realizaban llamadas entre teléfonos de su compañía.

El mismo precio es el que cobra Orange con la tarifa Ardilla 8, y prácticamente con los mismos requisitos que en Movistar. Por su parte, la más competitiva de Vodafone para hablar las 24 horas del día es una tarifa plana con la que se pueden hablar 1.000 minutos al mes de 18.00 a 08.00 horas, y 150 minutos al mes desde las 08.00 hasta las 18.00 horas, con un coste de 39,90 euros.

De este modo, las ofertas más atractivas de Movistar, Vodafone y Orange se asimilan a las del resto de nuevos operadores de telefonía, cuya estrategia ha sido, casi desde que aparecieron en el mercado, la de ofrecer unos precios por minuto muy bajos y a cualquier operador.

Esta tendencia ha sido tan grande, que ha provocado la reducción de los precios de móvil. En los últimos diez años, los ingresos que las compañías han obtenido por precio por minuto ha caído desde los 29,1 hasta los 15,5 céntimos, según la CMT.

Requisitos sorpresa
Antes de contratar estas tarifas, los usuarios deben analizar con detenimiento las condiciones que les exigen las compañías para beneficiarse de estas atractivas ofertas.

Casi todas las promociones incluyen requisitos, como un consumo mínimo al mes. Además, en algunos casos, como Movistar, hay que pagar una cuota mensual, independientemente de los gastos que se generen con las llamadas; y en otras tarifas, se limita el número de llamadas o de minutos que se pueden utilizar cada mes con esa tarifa tan atractiva.

Además, hay que tener en cuenta cuál es el plazo de permanencia al que obligan las compañías a aceptar. Se trata de periodos que, en la mayor parte de las tarifas, son de 18 meses. Esto es, un año y medio vinculado obligatoriamente a un operador y con la posibilidad de aplicarle una sanción si el cliente rompe el contrato de forma unilateral.

Por último, no hay que olvidar que en la mayor parte de las promociones publicitarias, los precios de las llamadas se exponen sin el correspondiente Impuesto de Valor Añadido (IVA), que, en el caso de los móviles, grava las llamadas con un tipo del 18 %.
Sin embargo, los expertos aseguran que esta estrategia es sólo uno de los pilares en los que se centran las compañías para ganar mercado. Porque el que puede marcar el futuro es el modelo de negocio basado en Internet.

Mayor demanda de acceso a la «web»
El sector de la telefonía móvil se encuentra en pleno proceso de transformación, gracias a la aparición de los teléfonos inteligentes («smartphones»), que funcionan como verdaderos ordenadores. «Actualmente, la mayor parte de los ingresos de los operadores provienen de los servicios de voz y mensajes de texto», explica José Ramón de la Vega, de KPMG. Sin embargo, esta tendencia cambiará en los próximos años. «La mayor aceptación de estos terminales y lo que implica, con un mayor consumo de banda ancha móvil o descargas de aplicaciones, será el motor de la telefonía móvil», indica De la Vega. De hecho, las promociones que están lanzando los operadores más pequeños incluyen terminales de última generación, porque la mayor parte de los clientes no se conforman con un móvil clásico.

En este campo, los operadores tradicionales juegan con ventaja, ya que ofrecen una amplia gama de terminales que no son accesibles a través de los OMV, como los de iPhone. Y se reparten la mayor parte de la cuota de mercado en conexiones a Internet a través del móvil, algo que apenas ocurre con los operadores de nueva creación.

[Via Finanzas]

La deuda hipotecaria cierra el año con un alza del 0,8% por el empujón de diciembre

La deuda hipotecaria de las familias cierra 2010 con 680.367 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,8% respecto a 2009, cuando también crecía a un ritmo del 0,2%, lo que refleja una recuperación de los préstamos para la adquisición de vivienda, según datos del Banco de España.

El crecimiento registrado en diciembre se sitúa cerca de los máximos que el endeudamiento de las familias ha llegado a alcanzar durante algunos meses del mes, como junio y julio, cuando repuntó un 1%.

Los préstamos para vivienda continúan representando el 75% de la deuda total que tenían los hogares, que se situaba en diciembre en 902.418 millones de euros.

Por el contrario, la deuda de las empresas creció en diciembre un 1%, con lo que suma tres meses seguidos de repuntes y deja atrás once meses de caídas consecutivas. El importe de la deuda total se situaba en 1,31 billones de euros.

[Via ElMundo]

Unnim descarta el préstamo del FROB y opta por buscar accionistas

La reestructuración del sistema bancario español va a un ritmo tan alto que los planes estratégicos se deshacen y rehacen a gran velocidad, al son de los cambios que va introduciendo el Banco de España. Unnim, la más pequeña de las cajas catalanas que todavía son independientes, aprobó el viernes en un consejo extraordinario la creación de un banco y descartó el préstamo de dinero público vía FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) de 200 millones al que tenía derecho por haber suspendido las pruebas de estrés de julio pasado.

Al final, la entidad que dirige Enric Mata optó por buscar accionistas que entren en el capital del banco al que transferirán todo el negocio. La caja surgida de la fusión de Sabadell, Terrassa y Manlleu confiaba en la ayuda de la CECA para captar inversores de Oriente Próximo. La cancelación del viaje por parte de la CECA dificulta aún más ese proceso y les aboca a que sea el Estado el que tome una participación.

Fuentes financieras sostienen que Unnim, como el resto de las cajas medianas y pequeñas, deberá acabar solicitando el auxilio del Gobierno para que entre en su capital al resultar dificilísimo encontrar alguien que quiera entrar en un sector –el de las cajas– muy criticado en los últimos meses. El Banco de España quiere que ese proceso se acelere y por eso ha abierto la puerta a que a partir de febrero o marzo se puedan realizar las primeras operaciones de entrada de capital público en las cajas –ya convertidas en bancos– mediante el FROB.

Se da la circunstancia que Unnim ha sido una de las cajas punta de lanza del proceso de reordenación. No en vano protagonizó los primeros movimientos para una fusión en España. Por eso, los expertos consultados creen que puede volver a ser una de las primeras cajas que cumplan con los nuevos requerimientos del Banco de España y del Ministerio de Economía.

Unnim tenía a finales del año pasado un core capital (capital más reservas) cercano al 6,5%. La entidad esperaba que con los 200 millones que recibiría en forma de préstamo del FROB (como el Banco de España se comprometió a hacer) superaría el 8% de ratio. Pero cuando esta semana Elena Salgado anunció que el core capital para las entidades no cotizadas estaría en torno al 9 o el 10%, Unnim, como otras entidades, vio que esa cifra era muy alta y optó por convertirse en banco.

Una segunda reflexión es para qué solicitar un préstamo al FROB al 10% anual pudiendo optar por que alguien entre en el capital sin impacto en los resultados. La decisión de Unnim de convertirse en banco se produjo el día después de que La Caixa aprobara su transformación. En Catalunya sólo queda Catalunya Caixa como caja de ahorros pura, si bien podría anunciar su conversión en los próximos días.

[Via LaVanguardia]

El Gobierno vasco rehabilitará 17.400 viviendas durante 2011

La firme apuesta por la rehabilitación del Gobierno vasco se materializará este año con la mejopra de 17.400 pisos, en los que se invertirá 26,66 millones de euros. «Queremos que la rehabilitación sea algo más que una alternativa, que sea una solución real y atractiva para que las antiguas viviendas tengan los mismos niveles de calidad que las de nueva planta», ha afirmado esta mañana el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola

Las actuaciones previstas para este año se enmarcan en el Plan de Rehabilitación que el departamento ha elaborado para 2011, 2012 y 2013 y que se llevará 139,83 millones de euros. «Una parte importante del parque edificado de viviendas, cerca de dos terceras partes, presenta necesidades de modernización en aspectos como la accesibilidad, las instalaciones técnicas, la eficiencia energética de su envolvente, las condiciones de habitabilidad y de seguridad. Cerca de 80.000 edificios, que albergan unas 326.000 viviendas tienen una antigüedad superior a los 50 años», ha explicado el consejo.

[Via ElMundo]

Detenidas 57 personas por un fraude de más de 2,2 millones en Seguridad Social y seguro de desempleo

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 57 personas por un fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal por más de 2,2 millones de euros sólo en cuotas impagadas, según ha informado el Ministerio de Interior.

En esta operación, bautizada ‘Llétar’, han sido detenidas 57 personas, cinco de ellas titulares de otras tantas empresas, y 71 han sido imputadas por los presuntos delitos de falsedad documental, estafa al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), contra la Seguridad Social, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.

Así, la citada operación ha concluido que la mayoría de empresas investigadas no desarrollaron actividad empresarial real y efectiva y, las que la tuvieron, «en ningún caso» se corresponde con el volumen de trabajadores que dieron de alta. Algunas de las personas llamadas a declarar afirmaron no haber trabajado y haber sido dadas de alta a cambio de entregas de dinero a los responsables de las empresas en cuantía que oscila entre los 150 y los 400 euros.

Las investigaciones se iniciaron a partir de que la Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo de Lleida detectaran la existencia de empresas en las que se registraban continuos movimientos de altas y bajas, que aparentemente no se correspondían con una actividad real y que presentaban deudas en sus cotizaciones de seguros sociales.

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) trasladó esta información a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la policía Nacional, dependiente de la Comisaría General de la Policía Judicial, especializada en la lucha contra el fraude.

Tras las oportunas comprobaciones, los investigadores determinaron que once empresas, de las que seis eran personas físicas, presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, algunas de las cuales se repetían en el entramado empresarial, al tiempo que incumplían sistemáticamente la obligación de cotizar a la Seguridad Social por los seguros sociales de sus trabajadores.

Los descubiertos por impago de cuotas a la Tesorería General de la Seguridad Social ascendían a un total de 2,2 millones de euros. Además, las empresas investigadas tampoco habían presentado la declaración de operaciones con terceros ante la Agencia Tributaria, o lo habían hecho por cantidades mínimas.

Aportaban domicilios falsos
Las investigaciones detectaron asimismo que los domicilios presentados para la inscripción de las empresas en Seguridad Social eran falsos y sus titulares desconocidos en las direcciones que constaban, tanto en la propia Seguridad Social como en las bases de datos policiales.

Las empresas aparecían registradas con actividades de construcción, servicios de limpieza, carnicería y locutorio y habían dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un total de 660 trabajadores, de los que 115 solicitaron prestaciones o subsidios.

En base a los periodos de alta y carencia acumulados, 70 de estos solicitantes percibieron prestaciones por desempleo del SPEE y, en algunos casos, del Instituto Nacional de la Seguridad Social por maternidad. El total de lo percibido por este concepto asciende a más de 500.000 euros.

La operación ‘Llétar’ ha sido realizada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica, de la Comisaría General de la Policía Judicial, en colaboración con las Brigadas de Policía Judicial de Lleida y Reus (Tarragona).

[Via ElEconomista]