«No podemos permitir la competencia desleal de los autónomos que no declaran»

Cotizar o no cotizar? La pregunta se repite cada vez más en la cabeza de muchos autónomos, algunos de los cuales tienen que recurrir al trabajo en negro para poder mantener su actividad laboral y, sobre todo, económica.

Sin embargo, el paso a la economía sumergida acaba perjudicando a los que sí cotizan, y muchos están hartos: «No podemos permitir la competencia desleal de aquellos que no declaran su actividad, perjudicándonos a todos», asegura María José Landaburu, del colectivo Uatae.

Para Landaburu, «se hace imprescindible la lucha contra la actividad pirata», ya que «es muchísimo el esfuerzo que supone para los emprendedores regularizar su situación, pagar sus impuestos y su seguridad social».

Estas declaraciones vienen al hilo de lo que ya adelantábamos la semana pasada: la creciente afluencia de trabajadores autónomos que no cotizan, una práctica en contra de la que la portavoz de Uatae ya se ha posicionado en más de una ocasión.

La EPA aumenta los autónomos, la Seguridad Social los baja
Y es que los últimos datos del paro nos muestran la diferencia de realidades: «Es preocupante que, mientras los datos de la EPA apuntan a un importante aumento de los trabajadores por cuenta propia, la afiliación real al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) caiga por cuarto mes consecutivo».

Los datos de afiliación a la Seguridad Social, una vez más, no son buenos para los autónomos: según las cifras públicas, el RETA cosechó 5.953 bajas en el mes de octubre, dejando el número de autónomos en nuestro país en un total de 3.038.901.

Las comunidades autónomas que más trabajadores por cuenta propia han perdido esta vez son Baleares (-1.528 autónomos, un -1,9%), Cantabria (-234 autónomos, un -0,6%), Castilla y León (-731 autónomos, un -0,4%), Andalucía (-1.163 autónomos, un -0,3%), Comunidad Valenciana (-1.046 autónomos, un -0,3%), y Galicia (-676 autónomos, un -0,3%).

Por el contrario, el número de autónomos aumenta en Canarias (+356 autónomos, +0,3%), la Comunidad de Madrid (+856 autónomos, +0,2%) y País Vasco (+94 autónomos, +0,05%).

Para María José Landaburu, la proliferación del trabajo en negro no tiene justificación, pero sí explicación: «Se debe fundamentalmente a la falta de incentivos, el aumento de los tipos impositivos de IVA y el IRPF y la no flexibilización en lo que las cuotas de la seguridad social se refiere, que provoca el rechazo de muchos a darse de alta como autónomos, procurando en muchos casos afianzar la actividad antes de regularizarla».

[Via ElConfidencial]

Oleada de dinero negro en las últimas horas de la amnistía fiscal

La avalancha de ciudadanos que han decidido acogerse a la amnistía fiscal en el último minuto que preveía Hacienda se ha producido. Pero los interesados ahora no son titulares de cuentas y bienes opacos sino que vienen con fajos de billetes y los bancos les hacen muchas preguntas.

La gran mayoría de los que han esperado hasta el último momento para acogerse a la amnistía fiscal, que acaba mañana, no son propietarios de cuentas o bienes opacos sino de fajos de billetes y tienen muchas dudas sobre el procedimiento y la información que deben facilitar, según cuentan los asesores fiscales.

El procedimiento es sencillo: basta con abrir una cuenta en un banco y realizar la declaración. Sin embargo, según están descubriendo quienes intentan regularizar efectivo ahora, deben rellenar numerosos formularios, como el S1, que pide la banca para quien mueva más de 100.000 euros.

O, incluso, formularios propios de cada entidad que preguntan sobre residencia fiscal, actividad que se desempeña, condición de persona políticamente expuesta, entre muchas otras.

Así lo requieren los formularios del Banco Santander, por ejemplo, que quiere saber si se es autónomo o profesional, si el interesado se dedica al negocio de joyas u obras de arte o a importación de bienes costosos, el origen de los fondos o del patrimonio, o si los ingresos tienen origen inmobiliario, entre otras muchas cuestiones.

Al principio, Hacienda excluyó del Decreto de marzo que lanzó la amnistía el dinero en efectivo pero, en la Orden Ministerial de 4 de junio que publicó el Modelo de declaración, lo incluyó. Llovieron las críticas de quienes apuntaban que se incitaba a blanquear dinero sin origen acreditado e, incluso, a operar en B hasta noviembre y luego regularizar.

Como medida de control, Hacienda creó la ficción jurídica de que quien regulariza dinero en metálico acredita ser su dueño a 31 de diciembre de 2010, el marco temporal de la amnistía.

[Via Expansion]

El Euribor no detiene su caída

El Euribor, el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, ha marcado un nuevo mínimo histórico en el 0,576%, tras la caída de dos milésimas en tasa diaria.

El indicador sitúa su media mensual de noviembre 2012 en el 0,589%. De esta forma, acumula ya tres meses por debajo del precio actual del dinero, el 0,75%.

De acabar el mes en el 0,589%, el Euribor registraría una caída de 1,455 puntos porcentuales respecto a 2011. Las hipotecas medias de 120.000 euros a 20 años a las que les toque revisión sufrirían un descenso de la cuota mensual de 84,19 euros y una bajada de 1.010,28 euros en la anual.

Teniendo en cuenta que es posible que el Banco Central Europeo (BCE) aplique próximamente una bajada de los tipos, el analista de XTB Gustavo Martínez prevé que el índice cerrará el mes con una media mensual del 0,585% y diaria del 0,57%.

También ha apuntado que estas cifras afectarán positivamente a las hipotecas y aquellas personas que tengan que realizar la revisión en enero les bajará la cuota mensual. El ‘problema’, según Martínez, es que el Banco Central Europeo (BCE) está elevando los diferenciales de los bancos.

Por lo tanto, aquellas personas que ya hayan contratado hipotecas antes de la crisis se verán beneficiados en 0,5 puntos, pero no así los que las contraten ahora ni los que se vean afectados por las llamadas ‘cláusulas suelo’.

[Via ElMundo]

El Gobierno dispuesto a estudiar cualquier cambio en ley si es ‘sensato’, ‘justo’ y ‘razonable’

IU pide la paralización ‘total’ de los desahucios, la dación en pago con carácter retroactivo y alquileres sociales

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió este miércoles las medidas de ‘choque, eficaces y operativas’ que ha tomado su Ejecutivo para paliar los desahucios pero ha dicho que no se deben ‘generalizar’ ni ‘conviene improvisar’ en este asunto para ‘no alterar el normal funcionamiento del mercado’ cuando la economía mejore. Dicho esto, se ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier cambio en ley si es ‘sensato’, ‘justo’ y ‘razonable’.

Así se ha pronunciado Rajoy en la sesión de control en respuesta al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha emplazado a Rajoy a ‘ponerse en la piel’ de las miles familias desahuciadas, que tienen que decir a sus hijos que ‘unos hombres de negro’ vendrán a echarles de su casa.

Tras subrayar que el Comité de Derechos Políticos y Sociales de la ONU dice que los desalojos sin alternativa constituyen una violación flagrante de los derechos humanos, ha indicado que el Código de Buenas Prácticas del Gobierno ha sido ‘un fracaso total’ y ha recalcado que ha sido la ‘presión social’ de las plataformas de afectados y los propios jueces los que han conseguido frenar algunos desahucios. ‘Han sido necesarios dos suicidios para que finalmente se apruebe ese decreto’, se ha quejado.

El diputado de Izquierda Plural ha señalado que los ‘límites’ para impedir desahucios los ha puesto ‘la banca’. ‘Es la misma banca que amenaza con suprimir el crédito si se modifica la Ley Hipotecaria y que recibe avales públicos por miles de millones de euros de todos los ciudadanos’, ha denunciado.

Dicho esto, Lara ha pedido a Rajoy que durante la negociación parlamentaria del decreto permita ‘la paralización total’ de los desahucios, la dación en pago con carácter retroactivo, la sustitución de las hipotecas por los alquileres sociales y que cree un parque público de vivienda social con los activos del banco malo.

Rajoy ha recalcado que por ‘primera vez’ en España un Gobierno ha tomado decisiones sobre este problema ‘tan grave’ y ha insistido en que la norma aprobada por el Consejo de Ministros pretende ayudar a las personas ‘especialmente vulnerables’, ya que se paralizan durante dos años los desahucios (si no se supera una renta de 1.597 euros al mes) y se crea un fondo social de viviendas.

‘Son medidas de choque, eficaces, operativas y, al mismo tiempo, mantienen los principios del ordenamiento jurídico y no convierten la excepción en una regla general’, ha dicho, si bien ha admitido que el Gobierno está dispuesto a hablar con los grupos parlamentarios por si tienen ‘aportaciones sensatas y razonables que hacer’.

Dicho esto, Rajoy ha querido poner las ‘cosas en sus justos términos’ afirmando que el mercado hipotecario español ha permitido el acceso de muchas personas a la vivienda en propiedad (más del 80 por ciento de los españoles). Por eso, ha subrayado que ‘no conviene improvisar para no alternar el normal funcionamiento de este mercado cuando la economía mejore’.

Además, ha destacado que la mayoría de las personas que compraron una casa a crédito ‘están pagando’, algo que, a su juicio, ‘no conviene olvidar’. También ha recordado que muchos de los desahucios no son de primera vivienda, al tiempo que ha indicado que el desahucio es ‘siempre la última opción’ y que se están refinanciando muchos créditos hipotecarios.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado al coordinador de IU que ha ‘reflexionado mucho’ sobre este tema y ha insistido en que el decreto-ley que han aprobado resuelve los casos ‘más urgentes y los más dramáticos’.

‘El Gobierno ha querido proteger a las personas más débiles’, ha reiterado, para añadir que no se deben ‘generalizar’ estas medidas pero que está dispuesto a estudiar ‘cualquier cambio en la ley en vigor que sea justo, razonable y sensato’.

[Via UrbaNoticias]

El aumento de los impagos en las comunidades se ha notado más en los tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios

La quiebra de inmobiliarias, los desahucios y las tasas judiciales obstaculizan el cobro de esta deuda, según los administradores de fincas.

Las comunidades de vecinos soportan una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

‘El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios’, indicaron en fuentes de esta institución.

No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda ‘pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda’.

Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.

Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.

A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. ‘La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias’, asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.

Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las ‘dificultades’ que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, ‘salvaguardar los derechos de los consumidores’.

El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.

Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.

‘Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos’, según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.

En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo ‘para que se recuperen a familias que lo están pasando mal’. ‘Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar’, detalló.

[Via UrbaNoticias]

El Gobierno marroquí avisa de que sólo podrá comprarse casa en España con su autorización

La propuesta que estudia el Gobierno español de dar permiso de residencia a los extracomunitarios que compren vivienda en el país por más de 160.000 euros comienza a tener sus detractores también fuera. La Oficina de Cambios marroquí, dependiente del Ministerio de Hacienda de Marruecos, ha informado a los ciudadanos del país africano de que sólo pueden adquirir casas en España con una autorización previa del Ejecutivo de Rabat. En el mismo sentido, ha subrayado que estos permisos sólo se conceden «en circunstancias excepcionales».

El Gobierno marroquí ha enviado esta advertencia en un comunicado publicado después de que el Ejecutivo español anunciara que está estudiando la posibilidad de conceder el permiso de vivienda a los extranjeros que compren viviendas por valor igual o superior a los 160.000 euros. Marruecos busca impedir con este aviso, principalmente, la fuga de capital nacional fuera de sus fronteras.

Ante «la tentación» de adquirir una vivienda «en aquellos países donde los precios son más bajos que los vigentes en Marruecos», la Oficina de Cambios marroquí ha advertido de que «la adquisición de bienes inmuebles en el extranjero» por parte de «personas que residen habitualmente en Marruecos» está «sujeta» a «la aprobación previa» de esta institución.

De este modo, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda marroquí ha subrayado que estas autorizaciones «se conceden generalmente sólo en circunstancias excepcionales» y que una compra sin ese permiso «constituye un delito punible».

La Oficina de Cambios ha explicado, además, que la posesión de una residencia en otro país excluye al ciudadano marroquí de la condición de residente el extranjero (MRE) y, por tanto, de los beneficios en cambio de divisas que tienen los marroquíes que se encuentran en esa situación.

[Via ElMundo]

El aumento de los impagos en las comunidades se ha notado más en los tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios

La quiebra de inmobiliarias, los desahucios y las tasas judiciales obstaculizan el cobro de esta deuda, según los administradores de fincas.

Las comunidades de vecinos soportan una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

‘El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios’, indicaron en fuentes de esta institución.

No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda ‘pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda’.

Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.

Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.

A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. ‘La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias’, asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.

Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las ‘dificultades’ que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, ‘salvaguardar los derechos de los consumidores’.

El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.

Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.

‘Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos’, según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.

En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo ‘para que se recuperen a familias que lo están pasando mal’. ‘Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar’, detalló.

[Via UrbaNoticias]

El Gobierno Vasco pagará la extra de Navidad a sus funcionarios, pero no a los altos cargos

A unos días del traspaso de poderes, el Gobierno Vasco de Patxi López abonará la paga extraordinaria de Navidad a sus cerca de 70.000 funcionarios, aunque no la percibirán los altos cargos del Ejecutivo. Asimismo, la medida tampoco afectará a los funcionarios de las diputaciones ni de los ayuntamientos. La Junta de Extremadura no garantiza que sus funcionarios cobren la extra en enero.

Así lo ha anunciado la portavoz en funciones del Ejecutivo, Idoia Mendia, tras el Consejo de Gobierno en el que se ha adoptado esta medida, en contra del criterio del Gobierno central.

Según ha anunciado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo autónomo, Idoia Mendia, la suspensión sería «injusta en el fondo y en la forma» y, además, su eliminación «tendría un dudoso impacto sobre el déficit».

Mendia se ha remitido al informe jurídico, según el cual, si el Gobierno vasco no abonara la paga extra sin acudir al Parlamento para modificar la Ley de Presupuestos, se estaría tomando «una decisión no ajustada a derecho».

El Gobierno considera la decisión «muy negativa»
Poco después de conocerse la decisión, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha considerado que es «muy negativa», ya que la ley es igual para todas las CCAA.

«Mi valoración no puede ser más que negativa porque es la legislación básica para todas administraciones públicas», ha señalado Currás, que ha explicado que la competencia sobre esta materia la tiene el Estado.

Preguntada por si el Gobierno estudia tomar alguna medida para evitar que el País Vasco pague finalmente la paga extra, Currás se ha limitado a decir que no le corresponde a ella tomar esta decisión.

El jueves de la pasada semana, el Gobierno vasco en funciones tenía prevista una reunión con la comisión negociadora del PNV con el fin de proceder a un traspaso de poderes «ordenado». El encuentro, en el que los representantes de Gabinete de López pretendían consultar al PNV su opinión sobre si debía proceder o no al pago de la extra, fue suspendido por el Ejecutivo en funciones por «la deslealtad» de la formación ncionalista al denunciar en los medios de comunicación que el Gobierno saliente había comprometido un gasto de 640 millones en los últimos días.

El día anterior a la cita frustrada, la portavoz del Ejecutivo vasco, Idoia Mendia, manifestó que su deseo era pagar la extra de Navidad a los funcionarios y que había dinero para hacerlo, pero que, al suponer una decisión importante por la cuantía económica que constituí y los efectos que pudiera tener en el próximo Ejecutivo, pretendían consultarlo con el PNV. Esto suscitó el malestar de la formación ncionalista, que entendió que se le pretendía trasladar la responsabilidad de esta resolución.

Sin embargo, este mismo lunes, tras señalar que ambas partes se reunirían para hablar del traspaso «ordenado» de poderes, Mendia anunció que el Consejo de Gobierno de hoy decidiría sobre el abono o no de la extra a los funcionarios.

La polémica con Extremadura y su extra
La semana pasada, la Junta de Extremadura también anunció que pagaría la extra navideña a sus funcionarios, aunque finalmente reculó y explicó que adelantaría la extra de verano de 2013 tras las amenazas del Gobierno central.

El presidente extremeño, el popular José Antonio Monago, aseguró que los funcionarios extremeños cobrarían la extra después de que el Tribunal Constitucional fallara a favor del impuesto a los depósitos bancarios que en el año 2001 estableció el expresidente socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo que reportará 240 millones de euros a la comunidad. Sin embargo, el Ejecutivo central le avisó de que recurriría al propio Constitucional si seguía adelante con sus intenciones.

Además de Extremadura, la Junta de Castilla y León también estudia adelantar la extra de verano de 2013 para paliar la rebaja impuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el asunto.

[Via ElEconomista]

Los cinco pasos legales a seguir para evitar el desahucio

La asociación de consumidores Ceaccu ofrece una estrategia legal para paralizar los desahucios de aquellas familias que no estén amparadas por el código de buenas prácticas ni por el decreto de paralización de los desalojos aprobado por el Gobierno. Estos son los cinco pasos a seguir para evitar o aplazar el embargo, una hoja de ruta que puede culminar con una demanda a la entidad financiera para ganar tiempo.

El decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios concederá dos años de respiro para determinados colectivos, familias vulnerables con rentas bajas, pero no protege al grueso de los potenciales afectados. He aquí una guía práctica, basada en las distintas alternativas que vienen ofreciendo la banca, el Gobierno o las asociaciones de abogados y consumidores, sobre los pasos a seguir para eludir o retrasar el desahucio hipotecario.

1 Negociación con el banco. El primer paso a dar es siempre tratar el problema con la entidad que ha concedido la hipoteca. La comunicación debe ser fluida e iniciarse en cuanto hay problemas para afrontar uno o dos pagos de la cuota puesto que los problemas suelen ir incrementándose con el tiempo. Todas las entidades han puesto en marcha planes de renegociación que incluyen aplazamientos, modificación de las condiciones o conversión del contrato en alquileres sociales.

2 Código de buenas prácticas. Existen determinados colectivos a los que las entidades firmantes del código de buenas prácticas para la banca, prácticamente todas, están obligadas a flexibilizarles la deuda hipotecaria. Son aquellas familias con todos sus miembros en el paro, para las que el pago de las cuotas hipotecarias supere el 60% del conjunto de sus ingresos -aunque sean prestaciones por desempleo- y en los que la hipoteca este concedida sobre su única residencia, no superando ésta los 120.000 euros en pequeñas poblaciones o los 200.000 en grandes ciudades. Si se forma de este grupo hay que acreditarlo ante la entidad, quién en el plazo d un mes deberá presentar un plan de refinanciación que incluye un periodo de carencia de cuatro años sobre el pago del capital y un límite de euríbor más 0,25 en los intereses. Si aun así no es posible hacer frente a la deuda, la entidad podrá ofrecer una quita y, en última instancia, saldar la deuda con la entrega de la vivienda (dación en pago) y permitir que la familia siga residiendo en ella bajo un alquiler social durante dos años.

3 Decreto antidesahucios. Para quienes queden fuera del umbral de protección del código de buenas prácticas se ha introducido el paraguas del decreto antidesahucios que paraliza durante 24 meses el desalojo de familias numerosas, monoparentales con hijos, parados sin prestación o discapacitados siempre que cobren menos de 19.200 euros anuales y cuya cuota hipotecaria suponga el 50%_de sus ingresos.

4 Demanda a la entidad. Para el resto de afectados que no estén protegidos, la asociación de consumidores Ceaccu ha ideado una estrategia legal que permite aplazar el desahucio entre tres y 10 años. Se trata de «darle la vuelta a la tortilla» y que «el afectado que era la víctima del banco, pase a ser su verdugo tomando la iniciativa judicial», resume el responsable del departamento jurídico de Ceaccu, Eugenio Ribón. Una vez que la entidad acude al juzgado de primera instancia para reclamar la ejecución del desalojo, el procedimiento consiste en demandar al banco por las cláusulas abusivas del contrato hipotecario, lo que según la legislación debe hacerse en el juzgado de lo mercantil. Al tratarse de una «cuestión prejudicial civil directa» y corresopnder a otra sede judicial, esta demanda tendrá preeminencia sobre la de ejecución, y deberá resolverse antes. Un fallo que puede hacerse esperar tres o cuatro años, asegura Ribón, por la sobrecarga de los juzgados de lo mercantil -en muchos casos solo uno por provincia- ante el aluvión de concursos de acreedores que tramitan. Desde la asociación aseguran que entre el 80%_y el 90% de las hipotecas contienen términos abusivos. Un ejemplo clásico es la cláusula suelo, que limita la rebaja en la cuota hipotecaria de la que se puede beneficiar un afectado. Otra es la prohibición a alquilar el inmueble o la posibilidad de utilizarlo con fines comerciales. En cualquier caso, expone el abogado, que la cláusula sea abusiva o no es lo de menos porque el proceso se abre y paraliza el embargo igualmente.

5 Acudir al juzgado. Una vez presentada la querella ante el juzgado de lo mercantil solo hay que acudir con copia sellada al de primera instancia en el que la entidad ha requerido el desahucio para que se suspenda. La paralización puede alargarse hasta a 10 años -aunque el luego se termine ejecutando- si además se presenta una cuestión de constitucionalidad sobre la ley de tasas (ver despiece). Ceaccu facilita gratuitamente su modelo de demanda en www.ceaccu.org y la comparte con plataformas de afectados, colegios de abogados y grupos de justicia gratuita.

[Via CincoDias]

Fomento: ‘Mientras haya un ‘stock’ de 700.000 pisos no hace falta seguir construyendo’

El secretario de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha señalado que «mientras haya un ‘stock’ de 700.000 viviendas no hace falta seguir construyendo». Una afirmación que contradice lo dicho por el presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín, quien apuesta por levantar más viviendas y conceder más hipotecas para paliar los casos de desahucio.

En declaraciones a los medios tras comparecer ante la Comisión de Presupuestos del Senado, Catalá ha indicado que, en todo caso, «puede tener sentido construir alguna promoción» en localizaciones «puntuales» donde hay «algún déficit» de vivienda.

«A través de Sepes estamos promoviendo vivienda pública en Ceuta y Melilla», ha puesto como ejemplo, para añadir que, sin embargo, «no parece que tenga que ser un eje de la política de vivienda». En este sentido, ha recordado que el Gobierno está trabajando en reorientar los recursos públicos para fomentar el alquiler y la rehabilitación.

Apuesta firme por el arrendamiento
En este punto, ha señalado que, de cara al parque de vivienda social que se quiere crear para resolver la situación de familias al borde del desahucio que tengan mayores dificultades, el Gobierno está trabajando con el sector privado, básicamente la banca, para establecer «incentivos» para que se dedique parte del ‘stock’ al alquiler en beneficio de estas personas.

Asimismo, Catalá ha dicho que se está trabajando con la Sareb (‘banco malo’) para que oriente sus activos al mercado del alquiler y ha confiado en que todos estos esfuerzos tengan resultado para equilibrar la proporción de arrendamientos y de viviendas en propiedad.

[Via ElMundo]