Que la ministra Corredor anime a comprar vivienda en plena crisis es deplorable

La Plataforma por una Vivienda Digna quiere transmitir que considera una provocación las últimas declaraciones de la Ministra de Vivienda Beatriz Corredor –que se suman a las muchas ya realizadas en el mismo sentido-, al afirmar que en 2010 las familias tienen muchas cosas a su favor para comprar una casa.

Queremos recordar a la ministra que actualmente, según la OCDE, España sigue teniendo las viviendas más caras de todos los países desarrollados en relación a los salarios, y que, según The Economist, la vivienda en nuestro país continúa sobrevalorada en un 55%.

En España, más de la mitad de las personas de 30 años todavía no se han emancipado (fuente: OBJOVI), y somos el peor país de Europa en alquiler social, con sólo un 1%, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Sin embargo pisos no faltan, ya que somos el país de Europa con mayor número de viviendas vacías, según el relator de la ONU en asuntos de Vivienda, Miloon Kotari.

Así que, la ministra Corredor ha de saber que las familias tienen este año muy pocas cosas a su favor en materia de acceso a la vivienda y que, estando tan lejos del objetivo que dio origen al ministerio, ningún plan de vivienda puede considerarse un éxito.

La actitud de animar a la compra en un contexto de crisis, máxime cuando la vivienda sigue estando muy sobrevalorada y sigue siendo inaccesible para muchos, es cuando menos reprobable, por cuanto que puede poner en riesgo la estabilidad financiera de las familias que hagan caso a esos mensajes irresponsables y con ello agravar aún más los riesgos del país en su conjunto.

Desde la asociación Plataforma por una Vivienda Digna queremos denunciar que no se está produciendo ningún cambio de modelo en materia de vivienda. A pesar de las palabras, la realidad es que las principales leyes y métodos de gestión que han impulsado la grave situación actual no se han cambiado.

Sin leyes que limiten el endeudamiento hipotecario y la financiación de los ayuntamientos mediante la venta de suelo, sin una reducción drástica de precios de la vivienda protegida, sin la creación de alquileres sociales y el gravamen de las viviendas vacías, entre otros muchos asuntos, la vivienda seguirá siendo un artículo de lujo que esquilma nuestros bolsillos y empobrece la economía en general.

Asimismo, es prioritario poner freno a las perversas costumbres que provocan que algunos partidos políticos tengan interés en que las anómalas prácticas urbanísticas se perpetúen.

La Plataforma por una Vivienda digna dispone de 40 propuestas en materia
de vivienda y urbanismo las cuales, en nuestra opinión, ayudarían a que se cumpliera realmente el artículo 47 de la Constitución, por el que todo español tiene derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada.

Pekín da un golpe mortal al ladrillo: sólo un piso por familia

El Gobierno chino quiere acabar con la burbuja inmobiliaria en su capital con mano de hierro. Después de las últimas medidas adoptadas en abril Pekín ha decidido prohibir a las familias tener más de un inmueble en propiedad. Zuo Xiaolei, economista jefe de la inversora China Galaxy Securities, justifica la decisión como un intento por evitar la «destrucción de la economía» del gigante asiático. La libertad no existe en este régimen comunista.

Según informó la agencia oficial Xinhua, la nueva reglamentación municipal, publicada el viernes, indica que «una familia puede comprar sólo un apartamento nuevo en la ciudad en el momento actual».

El precio de la vivienda china es 27 veces superior al de los ingresos medios de los ciudadanos del país, y cinco veces superior a la media mundial, ya que la renta per cápita en China es de unos 1.500 dólares en las zonas urbanas, mientras que el metro cuadrado en Pekín supera 3.000 dólares.

Además, entre las iniciativas aprobadas el pasado mes abril se incluyen un aumento del pago inicial para la compra de una vivienda (la entrada), de los tipos de interés de las hipotecas y la prohibición para que los propietarios alquilen una tercera vivienda.

En declaraciones recogidas por el diario oficial «China Daily», Zhang Dawei, director de investigación de la inmobiliaria Centaline Property Agency señaló que espera que el precio de la vivienda en el centro de Pekín caiga un 30%, y entre un 10% y un 15% en los alrededores de la capital.

«Esperamos que en los tres próximos meses, un 50% de los especuladores empiecen a vender por debajo del precio de compra», agregó Zhang.

Pan Shiyi, presidente de la inmobiliaria SOHO, una de las mayores del país, califica la última directriz como una de las más estrictas que se han llevado a acabo en la historia de Pekín.

«Me sorprende que el Gobierno prohiba que una familia sólo pueda comprar un apartamento, como si fuera común que las compren varios», señaló el magnate, quien añadió que las limitaciones reducirán la demanda y frenarán el rápido encarecimiento de precios.

Además de limitar la compra de una vivienda a las familias pequinesas, la prohibición se extiende a los extranjeros, que no podrán adquirir un segundo apartamento en la capital china a menos que hayan trabajado en Pekín por un año.

Qi Fan, analista de la correduría inmobiliaria estadounidense Century 21, señala que la peor consecuencia de la medida puede ser una caída del 50% de las ventas en mayo.

La asociación sectorial Beijing Real Estate Association cree que la medida puede durar entre dos y tres años, y teme que Pekín introduzca nuevas medidas más duras en el segundo semestre del año, como un aumento impositivo.

Los políticos despilfarran, los ciudadanos pagan

Decía José María Aznar, cuando todavía era líder de la oposición ante una de las administraciones más despilfarradoras de nuestra historia, que «cuando los gobiernos son austeros, las sociedades son prósperas». En realidad, habría sido posible invertir los términos para decir que cuando los gobiernos son manirrotos, las sociedades tienden a hundirse en la miseria.

Esta triste verdad la han ido descubriendo con crudeza los países hispanoamericanos y africanos a lo largo de los últimos 60 años. Gobernados por oligarquías populistas y corruptas que sólo aspiraban a esquilmar a sus ciudadanos para mantener y sufragar sus privilegios, en algún momento alcanzaron un endeudamiento público de tal cuantía que sólo les quedaron dos alternativas que ayer resumió perfectamente el primer ministro griego: o catástrofe o sacrificios.

La vía catastrófica está representada por la quiebra del Estado. Las naciones bananeras a cuyos gobiernos no les importa nada el futuro de sus ciudadanos han recurrido a ella con frecuencia. Es la manera fácil de resolver un exceso de endeudamiento –no pagar– pero las consecuencias se dejan sentir durante décadas. En concreto, los inversores internacionales dejan de comprar la deuda pública y privada de esa nación salvo a tipos de interés estratosféricos, es decir, el país pasa a convertirse en una autarquía financiera. Durante tanto tiempo dejan sentirse los efectos de una suspensión de pagos que la Rusia postsoviética tuvo que amortizar las deudas que Lenin había impagado 80 años antes para que los mercados financieros internacionales le volvieran a abrir las puertas.

La alternativa a la catástrofe pasa por los sacrificios. Lo habitual es un duro plan de ajuste redactado por el FMI para consolidar el presupuesto aumentando impuestos y recortando los servicios públicos y para congelar o rebajar salarios. De ahí que el FMI haya tenido tan mala prensa en todo el mundo: siempre que era necesario introducir un poco de racionalidad a unas finanzas emponzoñadas por los políticos locales, llegaba el Fondo con un proyecto muy duro en el que tenía que hacerse en dos o tres años lo que debería haberse hecho en lustros. El cortoplacismo del electorado –perjudicado de inmediato por los mayores impuestos, las menores dádivas estatales y los sueldos estancados– se volvía contra el FMI cuando, en realidad, debería haberse dirigido contra sus mandatarios.

Grecia, de la mano de los socialistas, está sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de mantener unos presupuestos desequilibrados y falsificados durante más de diez años. Los políticos se volvieron adictos al gasto y a la deuda y ahora les toca a los helenos pagar la factura. De momento no han optado por impagar, pero la alternativa no va a ser fácil de soportar con una clase política y sindical que sólo compite en irresponsabilidad con la española. Papandréu ha presentado el plan que le exigía Merkel para contar con unas mínimas garantías de que el país podía salir adelante y devolver los 110.000 millones del plan de rescate: reducción drástica del gasto corriente en funcionarios, congelación de los salarios en el sector privado, rebaja de las pensiones y aumento de impuestos indirectos.

Todo lo cual significa que durante muchos años los griegos van a tener que trabajar no para consumir, ni para amasar un mayor patrimonio, sino para devolver el dinero que dilapidaron sus políticos. Es decir, los griegos sufrirán una reducción muy apreciable en su calidad de vida como consecuencia directa de las desmedidas capacidades de gasto con las que contaron sus gobernantes.

Mucho se ha hablado en los últimos años de hiperregular las actividades de los bancos para evitar que en el futuro volvieran a tener que ser rescatados. No estaría de más que los mismos que pretenden controlar hasta el último rincón del sector privado propongan ahora medidas similares para el público. Por ejemplo, podríamos empezar por restablecer la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada durante la segunda legislatura de Aznar y que Zapatero rápidamente derogó. Sería un primer paso que, al menos en España, necesitamos con urgencia. En caso contrario, podemos empezar a tomar nota de los padecimientos de los griegos.

Los contratos de personas con discapacidad crecen el 16%

España tiene ya 4.612.000 personas en paro, el 20,05% de la población activa. En este preocupante porcentaje, sin embargo, se esconde un apunte positivo: la contratación de personas con discapacidad ha aumentado desde enero un 16% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Según datos facilitados por el Grupo Sifu –un centro especial de trabajo que emplea a cerca de 2.500 personas con discapacidad–, entre enero y abril se formalizaron en España 13.071 contratos a ciudadanos con algún tipo de discapacidad, el 0,42% del total en toda España.

La noticia da para descorchar un par de botellas, pero José María Ballesteros, presidente en Catalunya de la Confederación Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), recuerda que el desempleo entre este colectivo «dobla el del resto de la población». Para revertir esta situación, tanto el Grupo Sifu como Cocemfe piden el cumplimiento de la ley de integración social de minusválidos, que obliga a las empresas con más de 50 trabajadores a tener un 2% de empleados con discapacidad.

A pesar de tratarse de una ley redactada en 1982, cerca del 70% de las empresas españolas siguen sin cumplir con esta normativa. Aunque las compañías saben que pueden acceder a compensaciones económicas por contratar a una persona con discapacidad, la mayoría prefiere escudarse en las dificultades para hacer accesible el edificio o la complicación burocrática para mantener su desobediencia de la ley.

El Govern estima que el precio del agua debe subir un 56 % en 5 años

Según la conselleria de Medi Ambient, el precio actual del agua sólo permite recuperar el 68 por ciento de su coste.

El precio del agua en Cataluña debería aumentar un 56 por ciento en los próximos cinco años, desde los actuales 1,7 euros de media que paga una familia por cada 1.000 litros de agua consumida hasta los 3,02 euros, lo que permitiría afrontar los costes crecientes de su suministro, según un informe de la Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente de la conselleria de Medi Ambient.

El Plan de Gestión del Agua para 2010–2015, que está actualmente en proceso de información pública, especifica en su apartado económico que la subida del precio del agua se plantea «para poder hacer frente a los retos» del mismo programa, y precisa que el incremento debe hacerse «de forma gradual y consensuada».

El director de la ACA, Manel Hernàndez, reconoció durante una comparecencia en el Parlament en diciembre que la deuda de esta institución, junto con la de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat (ATL), ascendía entonces a unos 1.945 millones de euros, de los que más de 1.500 pertenecían a la ACA.
Precio insuficiente

El organismo gestor es consciente de ello, como demuestra en su documento de planificación al precisar que actualmente el precio medio del agua en Cataluña sólo permite recuperar el 68 por ciento de los costes del ciclo completo, por lo que «se deberán crear nuevos instrumentos que permitan obtener niveles de recuperación superiores», en un contexto en el que la construcción de infraestructuras –desalinizadoras, depuradoras y conducciones– no ha dejado de crecer para asegurar el suministro en caso de sequía.

De hecho, el Plan de Gestión prevé contar en 2015 con 389 hectómetros cúbicos de agua adicionales, lo que permitirá reducir el déficit hídrico de las cuencas internas, recuperar el caudal ecológico de ríos como el Ter, así como asegurar una mínima calidad ambiental.

El informe precisa que con el incremento de costes previsto, se hace «del todo insostenible» seguir aplicando el modelo actual de financiación, dado que en Cataluña el usuario doméstico paga de media 1,7 euros por metro cúbico de agua, lo que representa menos del 1 por ciento de los ingresos familiares netos.
En comparación con otras capitales europeas, Barcelona paga 1,78 euros por metro cúbico de agua, mientras que en Berlín (Alemania) son 4,92, en Londres (Gran Bretaña) 2,56 y en París (Francia) 2,12. Tan solo en Roma (Italia) el precio es inferior, 0,95 euros por metro cúbico. Sin embargo, el metro cúbico de agua de Madrid cuesta 1,11 euros, y el de Valencia, 0,86. Únicamente las Canarias y las Baleares tienen un coste superior al de Cataluña. Actualmente, los ingresos del ciclo del agua procedentes de las tarifas repercutidas sobre los usuarios ascienden a 1.145 millones de euros.

Los cuidados en casa frenan el empleo

Con el correr de los años, los viajes del Imserso para personas mayores que comenzaron en los ochenta han demostrado que los servicios sociales no sólo proporcionan calidad de vida, sino que pueden servir para dinamizar la economía. Ahora le toca a la Ley de Dependencia.

En plena crisis, cuando el empleo se ha desplomado, el sector de los servicios sociales ha generado entre 80.000 y 90.000 puestos de trabajo. La Encuesta de Población Activa (EPA) recoge exactamente 91.400 entre el primer trimestre de 2008 y el último de 2009, un crecimiento de un 26,7% en ese periodo, un total de 433.400 empleos; y las altas en la Seguridad Social lo cifran en 83.625, sin incluir las altas obligatorias de aquellos familiares que reciben una paga por cuidar en casa a un anciano, que no generan empleo propiamente dicho.

Pero las expectativas eran mayores. El diagnóstico previo a la redacción de la ley preveía la creación en 2010 de 262.000 empleos directos y 190.000 inducidos, y que más de 100.000 personas, inmigrantes, sobre todo, sacarían a la luz estos trabajos sumergidos.

Lo que ha ocurrido es que el 57% del total de ayudas concedidas es una paga para el familiar que cuida al anciano en casa, mientras que apenas se han concedido nuevas plazas de residencia, por ejemplo. Eso hubiera tirado del empleo: gerocultores, enfermeras, limpiadores, cocineros.

De todo ello se esperaba un retorno fiscal de 2.000 millones.

No ha sido así y esa es la queja principal de los empresarios, que aún esperan que se ocupen las más de 42.000 plazas vacías que tienen en los geriátricos, aunque estas no siempre cumplen los requisitos exigidos ni están ubicadas donde hay demanda, o son muy lujosas y caras para que su uso sea subvencionado con dinero público.

Pero hay margen de maniobra. El Gobierno acaba de bajar el IVA para los servicios sociales del 7% al 4%. Esta rebaja sólo afecta a la Administración cuando compra plazas a la empresa privada para uso público. Por tanto, es un alivio para las comunidades autónomas que, según el Gobierno, ahorrarán 77 millones de euros, los mismos que dejará de ingresar Hacienda. La Fundación Edad & Vida, el gran lobby del sector, calcula, sin embargo, que la Administración ahorrará 204 millones y esperan que se traduzcan en inversiones para la Ley de Dependencia. Aunque pueden acabar financiado una televisión local.

Pero ese ahorro en el IVA no afecta al ciudadano que quiere entrar en un geriátrico de manera privada, sin ayudas públicas. Y eso es exactamente lo que quieren los empresarios. Los usuarios ahorrarían, dicen, 116 millones de euros. Habría que repercutirles la bajada del IVA en el precio y eso tampoco es seguro que ocurra. Las plazas que sufraga íntegramente el usuario son la principal fuente de ingreso de las residencias privadas, el 66,5% de la facturación, según un estudio de la empresa DBK.

A pesar de las plazas vacías en residencias, todavía hay muchos sitios donde hacen falta. Y aún se están definiendo los perfiles profesionales y la capacitación laboral. «El 95% de estos auxiliares son mujeres con un nivel de estudios muy básico y una media de edad de 40 a 45 años. No pueden pasar ahora muchas horas de formación para obtener su acreditación», dice José Alberto Echevarría, de la patronal FED.

Los sindicatos creen que una mejor capacitación les permitirá tener mejores condiciones laborales y salariales. Pero, sobre todo, reivindican un impulso para los servicios en lugar de las prestaciones económicas. Así lo opinan las responsables de servicios sociales en CC OO y UGT, Rosana Torres y Almudena Fontecha. Una de las formas de impulsar la concesión de servicios sería condicionar con ese criterio el dinero que se reparte. Se está negociando.

«Y es necesario también que las administraciones y las empresas vean fórmulas de colaboración público-privada para la creación de servicios de atención personal en las que la Administración mantega su papel de garante de los derechos y las empresas generen empleos», dice Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Mientras, los empresarios esperan que las comunidades acuerden requisitos comunes que les permitan ahorrar en sus inversiones. «En cada comunidad nos piden camas diferentes, mesillas distintas, o protocolos de cuidados diversos», dice Echevarría. En Sanidad se han puesto de acuerdo para comprar productos sanitarios y medicamentos de forma unificada, y ahorrarán un 20% en la factura.

Primer asalto en la pugna: Carrefour ‘versus’ Mercadona

Cuando las ventas se estancan, ganar clientes es una cuestión vital. Hay muchas vías para captarlos, pero la fórmula del más barato que toca directamente el bolsillo en tiempos de crisis es un recurso a tener en cuenta y, a través de ella, la guerra de precios es inevitable. La diplomacia no tiene cabida en los lineales de las grandes superficies. Cuando el conflicto se recrudece, las firmas de la distribución desenfundan su último recurso: la publicidad comparativa.

Mientras que en Estados Unidos ver a Pepsi y Coca-Cola peleándose en los medios de comunicación es algo habitual, en España es legal comparar productos desde hace apenas una década. Hasta hace poco, sólo J.García Carrión, el propietario de Don Simón, se había atrevido a utilizar una estrategia que sólo está indicada para casos muy concretos y, generalmente, desesperados.

Sin embargo, el verano pasado, Lidl comenzó a comparar una lista de más de veinte productos en su folleto. Desde que estrenó esta fórmula el 6 de julio de 2009, ha realizado tres nuevas oleadas (en septiembre del pasado año, y en enero y en abril de 2010). Sin embargo, el grupo de descuento alemán todavía no se ha atrevido a atacar de forma directa, sino que utiliza alusiones para referirse a sus rivales en su publicidad, de forma que Mercadona es reconocido como Competencia 1, Siempre Precios Bajos, mientras que Carrefour figura como 3×2, un tipo de promoción muy habitual en la cadena francesa.

Más allá
La guerra de precios se avivó en octubre de 2009, cuando Carrefour dio una vuelta de tuerca a la publicidad comparativa y la introdujo directamente en sus estanterías. Bajo el lema Comparamos por tí, la firma de distribución francesa incluye en unos 200 productos de sus lineales, no sólo su precio en los artículos de marca propia, sino también el de Mercadona.

Con esta estrategia, reconoce que el grupo que preside Juan Roig es su principal competidor o, por lo menos, lo es en la mente de sus clientes. Carles Torrecilla, profesor de Márketing de Esade, asegura que la publicidad comparativa es eficaz si se hace contra un rival ya reconocido, porque en caso contrario el efecto sería el opuesto, ya que sólo serviría para dar notoriedad a un competidor.

Sin embargo, Torrecilla advierte del peligro de utilizar esta técnica de forma masiva en tantos productos a la vez, ya que sólo está indicada para artículos muy maduros cuyas ventas se han estancado. �uando esto se produce, la publicidad comparativa es inevitable e, incluso, deseable� aunque �a respuesta del contrario es imprevisible� ya que, en general, comparar un producto con el de la competencia suele tener un impacto muy positivo en las ventas a corto plazo, pero a riesgo de hundir el mercado en el futuro. Para el experto de Esade, �a publicidad comparativa es la expresión máxima de la lucha entre empresas.

La incógnita es saber si Carrefour ha hecho un análisis previo de los productos en los que es conveniente utilizar esta práctica o, por el contrario, ha elegido sólo aquéllos en los que su marca de la distribución es más barata que la de Mercadona, ya que la comparación se puede encontrar desde productos tan commodities como un kilo de tomates hasta artículos más diferenciados, como la crema de yogur con stracciatella.

De momento, la respuesta de Mercadona a la alusión directa de su rival ha sido tímida. La cadena valenciana ha incorporado en sus lineales carteles en los que informa a sus clientes que ha bajado el precio del producto. Es el caso de la cola Hacendado de 1,5 litros, de 0,65 a 0,49 euros.

Mejor precio y calidad, en Lidl; Si pagas más, es porque quieres, en Dia; Hiper precio, hipermejor, en El Corte Inglés. No hay cadena de distribución cuyo lema no incida en el precio en tiempos de crisis para reclamar la atención del consumidor, mientras, se esfuerzan por garantizar la máxima calidad posible, pero, ¿aguantarían todos una comparación de precios en profundidad?

EXPANSIÓN ha realizado una misma compra en siete establecimientos de Madrid que compiten por el mismo cliente. Sin embargo, la comparativa de la cesta no resulta una tarea fácil.La oferta es muy dispar en las tiendas y los formatos de un mismo producto pueden inducir a confusión. Por ejemplo, el aceite de oliva suave de Carbonell en Carrefour llama la atención por su bajo precio frente a la competencia y la propia marca de distribución de la cadena. La diferencia se explica porque el tamaño del envase es menor (0,75 litros). Por el contrario, en otros productos, como una lata de Coca-Cola original, no merece la pena buscar la tarifa más baja, ya que en todos los locales visitados cuesta igual: 0,51 euros.

Diferencias
En Lidl, Dia y Mercadona, la disponibilidad de marcas del fabricante en algunos productos es nula, con lo que el consumidor no tiene capacidad de elección y se ve obligado a comprar el único producto disponible. En este caso, resulta prácticamente imposible saber si la propuesta que se le ofrece es competitiva.

Las diferencias de precios entre las marcas del distribuidor también son significativas. En general, Lidl y Dia son las más competitivas, mientras que Mercadona se queda a medio camino entre El Corte Inglés y los hipermercados Carrefour y Alcampo. En el caso de El Corte Inglés, su marca propia Aliada mantiene el mismo rango que Mercadona, en tanto que Hipercor se sitúa en un nivel superior.

Esta cadena está inmersa en el fortalecimiento de su enseña low cost y ya ha publica folletos exclusivos para Aliada. En este maremágnum, quizás, el precio de la barra de pan es un buen reflejo del posicionamiento de cada cadena. Dia es la cadena más agresiva, con un precio de 0,33 euros y una diferencia del 36% respecto a los 0,45 euros de Mercadona, Carrefour, Hipercor y Eroski.

Los visados para rehabilitar viviendas apenas suben un 3%

Los visados para la reforma o restauración de viviendas alcanzaron las 4.412 unidades hasta febrero, lo que supone un aumento del 3% respecto al mismo mes del año anterior.

En cambio, según datos del Ministerio de Fomento recogidos, los visados para ampliar las viviendas se redujeron un 30%, hasta las 412 unidades.

El impulso de la rehabilitación de viviendas es una de las líneas estratégicas del Gobierno para hacer frente al ajuste del sector inmobiliario y para crear empleo.

Las últimas iniciativas del Gobierno en este campo son una nueva deducción fiscal en el IRPF del 10% por obras de rehabilitación en la vivienda habitual o permitir a los particulares que accedan a créditos del ICO para reformas sus casas.

Unos 11.000 estudiantes argentinos faltan a clase convocados vía la red Facebook

Unos 11.000 estudiantes de la enseñanza media se confabularon y faltaron a clases este viernes en la provincia argentina de Mendoza (oeste), convocados a través de la red social Facebook, informó la policía del distrito.

Parte de los jóvenes, unos 2.000, se concentraron en la mañana del viernes en una plaza céntrica de Mendoza, capital de la provincia homónima, haciéndose eco del llamamiento a no asistir a los colegios, que en Argentina se conoce como ‘rateada’.

«No podés fallar. Venite con tu curso, con tu colegio entero, con amigos. Avisale a otros amigos de otro colegio, invitá a tus amigos del Facebook al evento», señalaba la invitación que se extendió por la red social, lanzada por estudiantes de Mendoza (1.100 km al oeste de Buenos Aires).

«La gran rateada mendocina», denominaron los estudiantes al curioso llamamiento a concentrarse en la Plaza Independencia de Mendoza.

Mendoza, la quinta provincia argentina, con 1,8 millones de habitantes, tiene una matrícula de 125.000 estudiantes de enseñanza media de entre 13 y 17 años, informó una fuente del ministerio del ramo.

Factura del crash inmobiliario a la banca: 60.000 millones en ladrillos

La banca española tiene una exposición directa de 60.000 millones de euros al sector inmobiliario. El importe engloba los activos adquiridos como consecuencia de los impagos, así como las inversiones de las entidades en este negocio. No incluye los riesgos contraídos a través de la cartera de créditos, es decir, 402.000 millones en financiación al sector constructor y de promoción residencial.

La banca española tiene una exposición directa de 60.000 millones de euros al sector inmobiliario. El importe engloba los activos adquiridos como consecuencia de los impagos, así como las inversiones de las entidades en este negocio. No incluye los riesgos contraídos a través de la cartera de créditos, es decir, 402.000 millones en financiación al sector constructor y de promoción residencial.

La cifra de 60.000 millones es el resultado de sumar tres partidas de los balances de bancos y cajas: activos no corrientes en venta, inversiones inmobiliarias y existencias. Aunque está sujeta a distorsiones, los expertos consideran que esta suma permite aproximarse a la exposición del sector.

Medias
El balance de bancos y cajas se eleva a 3,3 billones de euros. Eso significa que dos de cada 100 euros de su activo (60.247 millones) dependen directamente del negocio inmobiliario. Si se excluyen del cálculo a Santander y BBVA, que representan la mitad del sector financiero y desvirtúan el cálculo, el porcentaje sube hasta el 2,92%. En las cajas, la ratio está en el 2,91%; en los bancos, en el 1,02%. En la crisis del 93, el peso de los inmuebles adjudicados en el balance de las grandes entidades se situó, de media, en torno al 1%.

Caixa Terrassa, Catalunya, Laietana, Kutxa, CajaSur y Caixa Sabadell son las entidades más ligadas al sector inmobiliario, con un peso en balance de más del 5% (ver cuadro). En sentido contrario destaca Bankinter. Menos del 0,5% de su activo está vinculado de manera directa a esta actividad. Caja Rioja y Caja Extremadura también presentan una ratio reducida, al igual que Santander, Caja Badajoz, BBVA y Caixa Pollensa. Son, junto a Bankinter, las únicas entidades en las que la relación no alcanza el 1%.

Varios aspectos, en cualquier caso, ponen en contexto estas cifras. En primer lugar, hay que considerar el distinto método de consolidación de filiales (controladas al 100% o con una posición minoritaria), que distorsiona al alza la ratio de algunas entidades.

Existen dos opciones. Con un sistema, se clasifican como inversiones inmobiliarias las aportaciones al capital social de promotoras participadas, así como los préstamos concedidos a estas compañías. Con el otro modelo, el estándar, sólo computan como inversión las aportaciones al capital. La financiación a las participadas aparece en el balance como crédito a la clientela. Es decir, la exposición inmobiliaria no está concentrada en las tres partidas citadas (activos en venta, existencias e inversiones inmobiliarias) sino que también está en otros epígrafes de activo.

Así, por ejemplo, si se ajustara la ratio de Caixa Terrassa al método estándar, el peso de la actividad inmobiliaria caería del 9% al 4,6%. En Laietana, también se reduciría sensiblemente, hasta el 3,4%. El método de consolidación de filiales también condiciona los porcentajes de entidades como Caixa Catalunya o Kutxa, que soporta su exposición al sector con un core capital (capital y reservas) del 13%, entre las más altas de la banca.

Un segundo punto a tener en cuenta es que las tres partidas consideradas pueden incluir en algunos casos proyectos que no son inmobiliarios. En el caso de Pastor, así sucede con su participación en la empresa de telecomunicaciones R.

Negocio de alquiler
Otro aspecto relevante es que estos importes no se corresponden en su totalidad con activos adjudicados. En Popular, por ejemplo, la cartera de inmuebles adquiridos se eleva a 2.735 millones. Una parte de estos activos son inversiones inmobiliarias, en muchos casos históricas, que siguen siendo rentables. Distintas entidades han desarrollado tradicionalmente una línea de inversión en régimen de explotación (no promoción), que generan ingresos recurrentes por alquiler. Se concreta en naves industriales, locales, residencias de estudiantes y tercera edad, entre otros, que están rentando anualmente hasta un 6%.

Es una división de negocio importante. Antes todo el mundo presumía de estar en el sector inmobiliario; ahora prácticamente nos tenemos que esconder�, explican fuentes financieras. En el caso de Caixa Laietana, por ejemplo, 240 millones de los 555 millones de activos ligados al sector son alquileres. Caixa Terrassa también tiene casi 250 millones en activos de alquiler y Kutxa, unos 25 millones de euros.