Archivo del mes 13 junio 2010

Los estudiantes, nueva vía de escape para el ‘stock’ de pisos

El sector inmobiliario sigue buscando fórmulas para dar salida a su grueso ‘stock’, el gran lastre emanado de la crisis. La última tiene como protagonistas a los estudiantes. Una empresa ha lanzado una web donde ofrece bloques de viviendas nuevas en alquiler sólo para ellos. Como definen sus impulsores: «Pisos de estudiantes en edificios de estudiantes a contratar e incluso buscar compañeros desde el sillón de casa».

Ragooh, hogar a la inversa, es el nombre del portal que representa esta innovadora y pionera iniciativa puesta en marcha por Pablo Callejo, Ramón Ferraz y Germán Martínez. Los jóvenes emprendedores han visto en el excedente de pisos un alojamiento perfecto para universitarios además de una solución para movilizar los inmuebles en ‘stock’ de promotores y bancos. «Aunque el mercado del alquiler en España está poco desarrollado, hay nichos de gran potencial y uno es el de los estudiantes: mucha demanda para una oferta escasa», afirma Callejo.

«La crisis nos suena a oportunidad. La existencia de miles y miles de pisos nuevos repartidos por todo el país, en edificios enteros, produce una situación idónea para dar un giro a la oferta de alojamientos estudiantiles –actualmente, viviendas de particulares y residencias– y ofertar algo nuevo. Aunamos lo mejor de cada opción: independencia y precio de las viviendas de particulares en un entorno juvenil y académico», dice Martínez.

Según cálculos de esta empresa, 350.000 alumnos se desplazan a otra ciudad a estudiar cada año. Ferraz destaca de la iniciativa el haber «combinado prácticas de mercados anglosajones, como Reino Unido y EEUU, para crear un modelo más allá del gestor profesionalizado de residencias universitarias».

Por el momento, la idea ha nacido con 200 pisos en siete ciudades (Madrid, Salamanca, Valladolid, Alicante, Valencia, Castellón y Murcia), aunque el objetivo es contar con inmuebles en todas las ciudades importantes porque «se pretende dar al proyecto un alcance nacional». Se trata de pisos amueblados con rentas de 250 a 350 euros por inquilino.

En contra de lo normal, el contrato de alquiler dura lo mismo que el curso –de septiembre a junio– y no requiere aval, aunque sí de una fianza de tres meses. «Los contratos se firman por habitación y cada uno sólo se responsabiliza del pago de su parte», recuerda Callejo. Si uno de los integrantes se va, Ragooh también le ayuda a buscar sustituto para evitar que pierda la fianza.

Otra de las ventajas de este proyecto reside en que los interesados también pueden encontrar el compañero ideal en Ragooh. «El inquilino, durante el proceso de registro, completa un perfil geográfico a través del que se le recomendarán las viviendas que más se adapten a sus gustos; y otro sociológico, que establece categorías de afinidad sobre los posibles compañeros. Así, le proponemos pisos y además le ponemos en contacto vía on line –a través de redes sociales– con otros jóvenes», señala Callejo.

Jerónimo Rosa, consejero delegado de CB Zaida, es uno de los promotores que ya tienen sus inmuebles en este portal. «Estoy seguro de que la idea triunfará», afirma. Éste destaca la «gran tranquilidad» que le da no tener que buscar arrendadores y, aunque tiene asegurados los pagos, aprueba la apuesta por los estudiantes, «los que menos riesgo de mora tienen al contar siempre con el respaldo de sus padres».

Ragooh ya tiene cerrados acuerdos con todas las universidades de las ciudades donde tiene oferta. Incluso ha hecho llegar su propuesta al Ministerio de Educación para ver cómo podrían colaborar. «En principio, les ha parecido buena idea, pero nos han pedido una propuesta específica», apunta Ferraz.

La economía preocupa cada vez más y el paro sigue como mayor problema

El paro sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos, al ser citado como principal problema por el 79,9 por ciento en el último barómetro del CIS, que también detecta una subida de 4,1 puntos en las menciones a los problemas económicos, que figuran como segunda inquietud ciudadana.

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado del 4 al 13 de mayo, en una semana muy adversa para la economía, cuando el Gobierno anunció su plan de ajuste, sitúa los problemas económicos en segundo puesto de las preocupaciones, con el 50,9 por ciento, la cifra más alta del último año.

A la par, aumentan casi dos puntos las personas que creen que la situación económica general de España es «mala» o «muy mala» (el 76,1 piensa así) y suben los que vaticinan que dentro de un año será todavía peor, al pasar de un 26,9 por ciento de pesimistas en abril al 28,8 del último barómetro.

Créditos más caros a empresas y particulares

El mercado no se fía de la capacidad de pago de los Gobiernos. Los bancos desconfían de prestar dinero a sus vecinos del sistema financiero y, en el último eslabón de la cadena, el crédito deja de fluir hacia particulares y empresas. El agudo encarecimiento en el coste de financiación de los Estados -consecuencia de la inquietud por la situación financiera de numerosas economías europeas, incluida en un doloroso puesto de honor la española- se ha trasladado rápidamente al conjunto del mercado de capitales. Así, si al Estado español le cuesta que los inversores compren su deuda, otro tanto le sucede a las entidades financieras españolas.

La consecuencia directa para quienes ahora necesitan un crédito es un tipo de interés más elevado y un análisis de los riesgos más riguroso, dificultades que sin duda no juegan a favor de la reactivación económica. Menos aún en un contexto de recortes salariales y de un ajuste fiscal y presupuestario que ha suprimido el papel de los Gobiernos como motores del gasto y el consumo.

«Sin lugar a dudas, va a caer la concesión de créditos», señala Alfonso García, experto de Analistas Financieros Internacionales (AFI). La concesión de créditos es la actividad esencial de los bancos, la espina dorsal de su negocio. Su concesión no puede desaparecer, pero se ha restringido notablemente desde la quiebra de Lehman Brothers. El recuerdo de los peores momentos vividos entonces en los mercados internacionales ha regresado con nitidez estos días, sin que la concesión de créditos se haya recuperado desde entonces.

«El crédito a particulares se cerró en el conjunto del sistema en otoño de 2008 y no se ha reabierto apenas. El sector se ha concentrado en reforzar el control de riesgos. La principal novedad de la actual situación para el mercado del crédito a particulares es que se aplicarán unos tipos de interés más caros», reconoce Rodrigo Cury, director de Desarrollo de Negocio de Productos Retail de Barclays España. Desde AFI, que no espera crecimiento para la inversión crediticia en España hasta 2012, consideran una estimación razonable que las nuevas hipotecas a interés variable se concedan con un diferencial medio de 140 puntos básicos sobre el euríbor a un año. Con los últimos datos del Banco de España, las nuevas hipotecas se conceden a un interés TAE del 2,55% y los créditos al consumo, al 9,6%.

La referencia que la banca no pierde de vista son los 200 puntos básicos que llegó a superar esta semana la prima de riesgo española. «Lo lógico es que el coste de financiación de la banca sea superior al del Tesoro», apuntan desde el sector, lo que explica que la banca española lleve más de un mes sin lanzar emisiones en el mercado de capitales. De hecho, las vías de financiación se han agravado estos días de forma preocupante para la banca española, que se ha encontrado con la puerta cerrada en el mercado interbancario.

«La crisis en el mercado interbancario está siendo peor para la banca española que en los momentos de la quiebra de Lehman. Entonces se apreciaba una posición más saludable para la banca española y al menos Santander y BBVA lograban financiarse mejor», se lamenta el responsable de tesorería de un banco mediano español.

¿Significa esto que, sin posibilidad de financiación en el interbancario, no hay posibilidad tampoco de conceder créditos en las oficinas? No necesariamente. La liquidez, la clave para que la maquinaria de la financiación a particulares funcione, existe. A falta emisiones en el mercado de capitales y de préstamos en el interbancario, los bancos españoles encuentran en el BCE su tabla de salvación. El conjunto de la banca de la zona euro, incluida la española, tiene depositada en el BCE la cuantía récord de 370.000 millones de euros, a cambio de una rentabilidad de tan sólo el 0,25%. «Hay liquidez de sobra, pero está retenida en el BCE. Y la banca española cuenta con colaterales que superan sus necesidades de liquidez», asegura un directivo.

Fuentes financieras recuerdan que la concesión de créditos a particulares y empresas está directamente relacionada con la disposición de liquidez de una entidad. «Sin liquidez, la concesión de créditos se resentirá. Pero sin concesión no hay negocio por lo que aquellos que tengan cubiertos sus vencimientos tendrán una ventaja competitiva sobre los que no los tengan. La única variable adicional es la liquidez de cada entidad para conceder esos préstamos», apuntan desde una entidad. En la presentación de resultados del primer trimestre, entidades como BBVA o Popular aseguraban tener ya cubiertos sus vencimientos de 2010.

Una regla de oro común impera en el mercado de deuda, el interbancario y en la oficina de un banco. «La clave es demostrar que lo que se presta se puede devolver». De nuevo, se impone el requisito de no dar una hipoteca por más del 80% del valor de tasación de la vivienda, con una cuota que no supere el 30% de la renta. Y en el crédito a empresas, la financiación será más accesible para proyectos ajenos al ladrillo. Tras el empacho inmobiliario, aún por digerir, la banca busca diversificar riesgos, previsiblemente a precios más altos.

El Gobierno creará en 2012 un fondo de capitalización del despido

El Gobierno ha fijado para 2012 la creación de un Fondo de Capitalización del despido para los trabajadores que se mantendrá durante toda la vida laboral. La cuantía será equivalente a un cierto número (aún por determinar) de días de salario por cada año trabajado y permitirá reducir en esta cifra la indemnización que afrontará el empresario en caso de despido.

Así consta en el documento de reforma laboral definitivo del Gobierno, donde se autoriza al Ejecutivo a crear este fondo en el plazo de un año y previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales.

El nuevo Fondo, similar al que plantea el modelo laboral austriaco, estará operativo a partir del 1 de enero de 2012 y se aplicará a los nuevos contratos indefinidos que se cierren a partir de esa fecha.

Según el texto, el trabajador podrá hacer efectivo, si así lo desea, el abono de las cantidades acumuladas a su favor en el Fondo en los supuestos de despido, de movilidad geográfica o para el desarrollo de actividades de formación. En caso de no hacerlo, percibirá la cuantía en el momento de su jubilación.

El Ejecutivo no señala el modelo de financiación de estos fondos ni concreta más su organización y funcionamiento.

Acceso limitado del Fogasa
Hasta su entrada en vigor, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) financiará ocho días en los despidos de nuevos contratos de fomento del empleo estable, con una indemnización de 33 días por año trabajado, celebrados con posterioridad a la entrada en vigor del decreto y que superen el año de antigüedad.

El documento que ha elaborado el Gobierno para reformar el mercado de trabajo limita el acceso al Fogasa a este tipo de contratos, y desecha la posibilidad de que se aplicara a cualquier contrato indefinido, tanto vigente como nuevo.

En el caso de que los contratos no superen el año de vigencia, la indemnización sería abonada en su totalidad por el empresario. En este caso, el empresario deberá hacer constar en la comunicación escrita al trabajador el salario diario que haya servido para el cálculo de la indemnización a su cargo, en los términos que se determinen reglamentariamente.

Esta medida se financiará con cargo a las cotizaciones efectuadas por los empresarios al Fogasa. La indemnización se calculará según las cuantías por año de servicio y los límites legalmente establecidos para cada tipo de extinción del contrato.

Despidos objetivo
En cuanto a las causas objetivas de despido con indemnización de 20 días, el Gobierno incluye que será procedente cuando la empresa tenga pérdidas económicas, pero no cifra el periodo de resultados negativos sino que simplemente dice que «no sean coyunturales».

Sin embargo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celestino Corbacho ha señalado que durante las negociaciones con los agentes sociales se había planteado la posibilidad de que las empresas con pérdidas durante seis meses se pudieran acoger a la medida.

Este «ejemplo», ha dicho Corbacho, será estudiado en los próximos días con los partidos de la oposición para su inclusión o no en el decreto de la reforma laboral que aprobará el Gobierno el próximo día 16 y que se convalidará en el Congreso el 22 de junio.

‘Modelo alemán’
En cuanto al llamado ‘modelo alemán’, que busca facilitar la reducción de jornada antes que el despido; el Gobierno facilita las medidas de recorte de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas de fuerza mayor.

Así, abre esta posibilidad a todas las empresas, independientemente de su tamaño, y podrá ser de entre un 10% y un 70% de la jornada habitual.

Según el borrador remitido, dicha reducción se realizará teniendo en cuenta la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Además, precisa que la suspensión de contratos de trabajo y la reducción no podrán tener una duración superior a un año.

Contrato temporal
Por otro lado, el documento recoge las propuestas sobre contratación temporal, que pasan por realizar conversiones de contratos temporales en una misma empresa a contratos de fomento del empleo indefinido.

El borrador del Ejecutivo amplía su uso a los parados que lleven más de tres meses en desempleo -hasta ahora eran seis- e incluye a los discapacitados y a aquellos que, durante los dos años anteriores a la pérdida del trabajo, hubieran tenido exclusivamente contratos temporales.

Además, se amplía de seis a doce meses el periodo de prórroga en la duración de los contratos de obra o servicio, más allá de los dos años de límite que tienen establecidos.

También mejora la indemnización al término de los contratos temporales, que pasará de ocho a doce días de salario por cada año de trabajo. Sin embargo, esto no entrará en vigor hasta 2014, algo que ya recogía el documento de propuestas.

Asimismo, se mejoran las condiciones por las que un trabajador temporal pasa automáticamente a ser fijo. Hasta ahora, un temporal que lleve 24 meses en un mismo puesto de trabajo y en la misma empresa con más de un contrato, pasará a ser fijo. Con la reforma, esto se aplicará aunque sea en un puesto de trabajo distinto y no sólo en la misma empresa, sino dentro del mismo grupo empresarial.

Bonificaciones
En cuanto a las bonificaciones a la contratación, se mantienen las destinadas a los jóvenes desempleados entre 16 y 30 años con problemas de empleabilidad, a los mayores de 45 años, a la transformación de contratos formativos, de relevo o de sustitución en indefinidos.

Si el contratado es un trabajador de más de 45 años desempleado durante al menos 12 meses, la bonificación será de 1.200 euros -1.400 euros si es mujer. Si se trata de una conversión en indefinido de un contrato formativo, de relevo o de una sustitución por anticipación de la edad de jubilación, la bonificación será de 500 euros (700 euros en el caso de las mujeres).

Según ha precisado el Ejecutivo, será requisito imprescindible para que puedan aplicarse estas bonificaciones que las nuevas contrataciones o transformaciones, salvo la referidas a contratos de relevo, supongan un incremento del nivel de empleo fijo de la empresa. Además, las empresas que se acojan a estas bonificaciones estarán obligadas a mantener, durante el periodo de duración de la bonificación, el nivel de empleo fijo alcanzado.

Por otra parte, amplía el colectivo que puede ser empleado con un contrato en prácticas elevando de cuatro a cinco años el periodo máximo que puede haber transcurrido desde que el trabajador haya terminado sus estudios, como ya adelantaba el documento de propuestas.

Cláusulas de descuelgue
Ell documento señala que las cláusulas de inaplicación de los acuerdos salariales también se podrán aplicar cuando las perspectivas de la empresa o su estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia del cumplimiento del régimen salarial, afectando a las posibilidades de mantenimiento del empleo en la misma.

Cuando los convenios colectivos no incluyeran la citada cláusula, ésta podrá establecerse por acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores de la empresa, «previo desarrollo de un periodo de consultas de duración no superior a quince días prorrogables».

Ingresos por los que Hacienda pasa de largo

La declaración de la renta es el momento para rendir cuentas con Hacienda, pero también hay determinados ingresos que quedan libres de impuestos y que el contribuyente debe conocer. Las indemnizaciones por despido en determinadas cuantías o algunas pensiones públicas no tributan, como tampoco determinadas ganancias patrimoniales y rendimientos del capital mobiliario, como los dividendos -hasta un máximo de 1.500 euros- o las plusvalías de la venta de una vivienda que se reinviertan seguidamente en la adquisición de una nueva vivienda habitual.

Los mayores de 65 años y los contribuyentes con minusvalía también disfrutan de exenciones y quedan libres de impuestos en ciertas circunstancias.

INDEMNIZACIONES
El Hacienda no obliga a tributar por toda la cuantía de una indemnización cuando se trata de despidos o de accidentes.

Por despido. La intensa destrucción de empleo sufrida por la economía española el pasado año se hará notar ahora en la declaración de la renta de quienes perdieron su puesto de trabajo. Hacienda establece que las indemnizaciones por despido en el marco de un ERE o de despido por causas objetivas -económicas, técnicas y organizativas- quedan exentas hasta una cuantía máxima equivalente a 45 días por año o 42 mensualidades. Ahora bien, esta exención se ha ampliado a tales niveles sólo para los ERE aprobados a partir del 9 de marzo de 2009. Para despidos anteriores, la exención es de 20 días por año con un máximo de doce mensualidades.

El despido improcedente también disfruta de la máxima exención, de 45 días por año o 42 mensualidades. Además, la parte de la indemnización que no queda exenta disfruta de una reducción del 40% si se percibe como pago único y si el trabajador tiene una antigüedad superior a los dos años.

La indemnización no cuenta con exención alguna si se trata de la finalización de un contrato temporal, de un despido disciplinario calificado como procedente ni en el supuesto cese voluntario del trabajador.

Por accidente. Las indemnizaciones cobradas por un accidente de tráfico están exentas hasta la cuantía legal o reconocida por el juez. Así, si se establecen por intervención judicial, ya sea por sentencia o conciliación, están totalmente exentas. Y si se establecen por acuerdo extrajudicial, sólo está exenta la cuantía legal establecida por la Dirección General de Seguros para los accidentes. Según explica la OCU, el exceso, si lo hay, se declara como ganancia patrimonial y tributa en la base imponible general, a tarifa. Por ejemplo, un contribuyente que se rompe un brazo en una tienda y recibe una indemnización del comercio, en el marco de un acuerdo extrajudicial, deberá tributar a tarifa por todo lo ingresado. Si la indemnización resulta de una sentencia judicial, quedará exenta la cuantía reconocida judicialmente.

PENSIONES
Las prestaciones por pensiones públicas tienen la consideración fiscal de rendimientos del trabajo. Es el caso de las pensiones por jubilación y también de la pensión por viudedad. Sin embargo, quedan libres de impuestos las pensiones por incapacidad absoluta -en la que se reconoce la incapacidad para ejercer cualquier trabajo- y por gran invalidez, la que cobran quienes necesitan ayuda de terceras personas en lo más básico de su vida diaria. En cambio, la pensión por incapacidad parcial, que no impide trabajar, sí tributa.

También están exentas todas las prestaciones públicas por orfandad, nacimiento, parto múltiple, adopción e hijos a cargo y las prestaciones por maternidad de las comunidades autónomas. En todo caso, y como norma general, quedan libres de hacer la declaración de la renta quienes tengan rendimientos del trabajo inferiores a los 22.000 euros anuales, recibidos de un único pagador.

VIVIENDA
Los mayores de 65 años y las personas en situación de dependencia severa o gran dependencia que vendan su vivienda habitual no tendrán que tributar por las plusvalías obtenidas. Tampoco quienes vendan su casa y reinviertan lo ganado en una nueva vivienda habitual, al menos en un plazo máximo de dos años. Como excepción provocada por el pinchazo inmobiliario, Hacienda permite que tienes compraran su nueva casa en 2006, 2007 ó 2008 y aún no hayan vendido la anterior, puedan aplicarse la exención por reinversión si venden la casa antigua antes del 31 de diciembre de este año.

Coeficientes reductores. Al margen de los supuestos anteriores, parte de las ganancias patrimoniales obtenidas de la venta de un inmueble pueden quedan exentas gracias a la aplicación de los denominados coeficientes reductores o de abatimiento y en función de la antigüedad de la inversión, que debe ser anterior al 31 de diciembre de 1994. Así, la plusvalía generada hasta el 19 de enero de 2006 puede quedar completamente exenta si el inmueble vendido se compró antes del 31 de diciembre de 1986. Estos coeficientes también se aplican a las ganancias en acciones y fondos.

RENDIMIENTOS
Algunos rendimientos del capital mobiliario también están exentos. Es el caso de los primeros 1.500 cobrados en dividendos, siempre que no se compraran los títulos dentro de los dos meses anteriores al pago ni se vendieran en los dos posteriores. La ganancia de un plan individual de ahorro sistemático también está exenta si se rescata como renta vitalicia pasados al menos diez años.

El despilfarro de los grandes alcaldes cuesta 1.000 euros por habitante

Los ayuntamientos de las 52 capitales de provincia deben casi 15.000 millones de euros, los mismos que aspira ahorrar Zapatero con el plan de recorte. La que más debe es Madrid con 6.777 millones, la que menos Bilbao con 4 millones.

El pequeño mapa de la deuda municipal explica en pequeña escala el gran mapa de la deuda autonómica y nacional. Tomando como referencia la deuda a 31 de diciembre de 2009 de las 50 capitales de provincia y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el panorama es desolador.

Las corporaciones de estas 52 ciudades en las que viven algo más de 15 millones de españoles deben 14.575 millones de euros, casi la misma cantidad que Zapatero pretende ahorrar con el plan de recorte de gasto público que presentó el pasado 14 de mayo.

En términos absolutos, la ciudad más endeudada de España es, y con gran diferencia sobre la segunda, la capital de España. Madrid, cuyo Ayuntamiento tenía el pasado diciembre un agujero de 6.777 millones de euros, fulmina todos los récords en lo que a deuda municipal se refiere. Gallardón ha conseguido que las altísimas deudas de Valencia y Barcelona (8 veces menor), la de Zaragoza y Málaga (9 veces menor) o la de Sevilla (13 veces menor) sean peccata minuta al lado de la de Madrid.

En cifras absolutas estaríamos hablando de que Valencia debe 834 millones de euros, Barcelona 792 millones, Zaragoza 752 millones, Málaga 720 millones y Sevilla 522 millones. Un dineral indecente que los alcaldes de éstas, las seis ciudades españolas con más de medio millón de habitantes, han gastado de más cargando el pufo sobre los hombros de los contribuyentes.

Con todo, las cifras son engañosas porque no es lo mismo el municipio de Madrid, que alberga a más de tres millones de almas, que el de Málaga con sólo 568.000. Los números reales de la deuda no hay que mirarlos en números absolutos sino repartiendo éstos entre el total de sus habitantes.

Y es aquí donde nos encontramos con la primera de las sorpresas. El cetro de campeón del derroche no lo tiene Gallardón sino su compañero de partido Juan Jesús Vivas, alcalde-presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. La plaza africana, con un padrón de 73.674 habitantes, debe la intemerata de 195 millones de euros o, lo que es lo mismo, 2.646 euros por ceutí, incluidos los bebés, los ancianos y los estudiantes.

Tomando el promedio nacional, la cifra de deuda por habitante es de 958,5 euros, es decir, el equivalente al sueldo mensual medio del español. Nos encontramos, pues, ante un Apocalipsis fiscal en los ayuntamientos ya que, pasadas las vacas gordas de la burbuja inmobiliaria, no han ajustado sus presupuestos y han escogido la vía del endeudamiento para mantener los niveles de gasto anteriores a la crisis.

Los alcaldes del PP deben más

El reparto del poder municipal está muy igualado en las capitales de provincia. En 25 gobierna el PP y en 25 el PSOE, luego, Pamplona -gobernada por UPN- y Bilbao -por el PNV- van por libre. Filtrando los datos de deuda nos encontramos con que los populares son más manirrotos que los socialistas. La deuda de las capitales gobernadas por el PP es de 10.720 millones de euros, mientras que las del PSOE (ya directamente o en alianzas) deben “sólo” 3.782 millones de euros.

El número final tiene una pequeña trampa porque entre las populares está incluida Madrid, que les desgracia la media. Si retiramos Madrid del cómputo la deuda quedaría muy igualada: 3.943 millones de euros frente a los 3.782 de los socialistas.

La conclusión que cabe sacar es que Alberto Ruiz Gallardón es un auténtico problema para su propio partido si lo que éste quiere defender es la contención en el gasto. Si incluimos Madrid en la deuda por habitante resulta que los ciudadanos gobernados por un alcalde del PP tienen de promedio una deuda de 1.270 euros por persona mientras que los gobernados por el PSOE poco más de 600 euros. Al sacar Madrid del cálculo la cosa vuelve a igualarse, pero no tanto como en los números absolutos: 761 euros por habitante frente a 608 euros por habitante.

El problema del PP es que gobierna algunas de las ciudades más endeudadas de España, tanto en términos absolutos como relativos y, sobre todo, que padece los desmanes presupuestarios de Gallardón. La deuda de Madrid, Valencia, Málaga, Ceuta y Melilla, todas gobernadas desde 2007 por el PP, está fuera de control y supera en todos los casos el promedio nacional de los 958 euros por cabeza. En algunos casos lo duplica, como en Málaga, con una deuda por habitante de 1.266 euros, en otro directamente lo triplica, como en Madrid, o lo cuadruplica, como en Ceuta.

En el lado socialista la ciudad más endeudada en términos absolutos es Barcelona, con 792 millones de euros y 488 por cabeza. La que más debe en términos relativos es Teruel, gobernada por un pacto del PSOE con el PAR: 1.300 euros debe cada uno de los 35.000 turolenses, gracias a largueza de su alcalde, el aragonesista Miguel Ferrer, elegido primer edil en 2007 tras un pacto con el PSOE.

En Aragón también está la segunda ciudad más endeudada de las gobernadas por los socialistas: Zaragoza, cuyo alcalde, el ex ministro Belloch, debe 752 millones de euros, casi tantos como Barcelona, pero con sólo 675.000 habitantes, por lo que la deuda per cápita de los zaragozanos es de 1.115 euros por habitante.

En lo que PP y PSOE se parecen es en el incremento de la deuda municipal entre 2008 y 2009, los años del Plan-E. En ambos casos la deuda ha crecido por encima de los dos dígitos de media, aunque justo es reconocer que los alcaldes del PP han apretado el acelerador con más decisión. La deuda municipal en las capitales de provincia se incrementó un promedio del 14,5% interanual en 2009. Los alcaldes del PP lo hicieron un 27,3% y los del PSOE un 15,6%.

Los que menos deben
No todos los ayuntamientos son igual de irresponsables con el dinero de todos. El consistorio de España que menos deuda acumula es el de Bilbao con sólo 4 millones de euros y 11 euros por habitante. Así que si mañana los 355.000 bilbaínos se acercasen hasta el Ayuntamiento presidido por Iñaki Azcuna con 11 euros sueltos, el municipio quedaría en punto muerto, ni pérdidas ni ganancias, como debe de ser en una Administración Pública.

Lo de Bilbao, sin embargo, es una rareza. Por detrás de la capital vizcaína va Toledo, gobernado por el PSOE, que debe 19 millones de euros o, lo que es lo mismo, 230 euros por toledano. Luego vendría Pontevedra (BNG/PSOE), Las Palmas (PSOE), La Coruña (PSOE), Huesca (PSOE) y Almería, la más austera de las capitales gobernadas por el PP con 189.000 habitantes, 62 millones de deuda y 328 euros por habitante. Junto a Rogelio Rodríguez, alcalde de Almería, los ediles populares menos endeudados son los de Guadalajara, Badajoz y Zamora.

Lo que no hay en toda España, ni a izquierdas ni a derechas, ni en el norte, ni en el sur, ni en los archipiélagos es una capital de provincia con superávit.

Un iPad por 300.000 euros. Nueva Campaña de BBVA

El banco entregará el nuevo tablet PC lanzado recientemente por Apple a los nuevos clientes de Banca Privada que realicen aportaciones de patrimonio de más de 300.000 euros. Además, se podrán beneficiar de una nueva aplicación financiera, ‘BBVA Banca Privada’, desarrollada para el iPad. Inicialmente, la campaña se desarrollará hasta el 30 de septiembre.

BBVA considera que el lanzamiento al mercado de nuevas tecnologías representa una gran oportunidad para las entidades financieras innovadoras para establecer nuevos modelos de relación con sus clientes y nuevas formas de comunicación con la comunidad financiera.

«El nuevo iPad de Apple, un original tablet PC que se sitúa en una categoría entre los ‘teléfonos inteligentes’ (smartphone) y un ordenador portátil, es un claro ejemplo de esa nueva forma de relacionarse. El lanzamiento a principios de abril de este nuevo dispositivo ha levantado una gran expectación en el mercado. Se calcula que a finales de año habrá 10 millones de iPad en el mundo», explica la entidad.

En este contexto y dentro de su estrategia de captación de nuevos clientes, BBVA ha lanzado una campaña dirigida al segmento de Banca Privada: El Banco les premiará con la entrega de un iPad, que incluirá una completa aplicación de información financiera y bursátil, ‘BBVA Banca Privada’.

Alimentos y prendas de vestir elevan la inflación al 1,8%

La tasa de inflación continúa su repunte y en el mes de mayo creció tres décimas, pasando del 1,5% de abril al 1,8%, la tasa más alta desde noviembre del 2008, cuando el índice de precios se enfilaba hacia las tasas negativas. Desde hace siete meses (desde noviembre del 2009) la inflación se ha instalado en tasas positivas y, según los expertos, se encamina hacia un nivel en el entorno del 2% en el mes de diciembre.

En Catalunya, el IPC subió tres décimas en mayo respecto a abril, y la tasa anual se situó en el 2%.

En el conjunto del país, los precios subieron el 0,2% respecto a abril. En la subida mensual del IPC influyó, sobre todo, el encarecimiento de vestido y calzado (2%), de los carburantes (el 0,9%) y de los coches (el 0,5%).

Sin embargo, en la variación de la tasa anual de la inflación (del 1,5% al 1,8%), lo que más ha influido son los alimentos, los viajes organizados y los medicamentos (cuyos precios dejan de bajar con la misma intensidad). Si se eliminan los precios más volátiles de la energía y de los alimentos no elaborados, la llamada inflación subyacente se situó en el 0,2% (frente al –0,1% de abril, la primera tasa negativa de la serie).

El IPC armonizado español (el 1,8%) se situó por encima de la media de la zona euro (el 1,6%) por tercer mes consecutivo.

El Govern respalda la fusión del Banc Sabadell y el Guipuzcoano

Confirmadas las negociaciones entre el Banc Sabadell y el Banco Guipuzcoano. Tanto la Generalitat como el Banco de España respaldaron ayer las negociaciones que pueden culminar en la integración de las dos entidades financieras. El banco que preside Josep Oliu remitió ayer un comunicación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que reconoce que analiza una posible integración con el Gipuzcoano «mediante una operación consistente básicamente en el canje de acciones u otros instrumentos financieros». El anuncio propició que la agencia de calificación Standard & Poor’s colocara ayer en vigilancia negativa el rating del Sabadell S&P coloca en vigilancia negativa el ‘rating’ de Banco Sabadell tras la posible absorción del Guipuzcoano.

El director general de Política Financiera de la Generalitat, Jordi Pericàs, destacó que la fusión es una buena noticia. «Todo lo que suponga enviar mensajes al resto del mundo de que España está haciendo los deberes y de que estamos concentrando nuestro sector financiero, es positivo», manifestó ayer. Para el Govern, en el caso del Sabadell la noticia es doblemente buena «porque, además, se refuerza una de las entidades claves del sistema financiero catalán».

REFORZAR SOLVENCIA / La Generalitat tiene la tutela de las cajas de ahorro con sede en Catalunya pero en cambio no tiene competencias en el sector bancario, que corresponde al Banco de España. Para el supervisor bancario todas las operaciones que permitan reforzar la solvencia de las entidades son bienvenidas. El tamaño del banco vasco, con unos activos de 10.000 millones de euros y concentrado territorialmente en el norte de España, complica su subsistencia en un sistema financiero que requiere de entidades de más tamaño y de mayor solvencia como consecuencia de la implantación de las nuevas normas de contabilidad internacionales conocidas como Basilea III. «Es demasiado pequeño para continuar solo y necesita asociarse con otra entidad», comentó ayer un directivo del banco vallesano.

El consejo de administración de la entidad financiera vasca se reunió ayer para valorar la oferta del Sabadell, aunque no trascendió que se haya alcanzado ningún acuerdo. Para el consejo del banco, en el que participan dos de las cajas vascas, BBK y Kutxa, el Sabadell es una entidad familiar. Ya tuvo un participación del 10% en el Guipuzcoano en el año 2000. La firma catalana acabó vendiendo a BBK este paquete.

JUGADOR IMPORTANTE / En febrero de este año, el consejero delegado del Sabadell, Jaume Guardiola, ya afirmó que el banco aspiraba a ser «un jugador más importante» en el sector financiero. La operación, de llegar a concretarse, se realizará mediante recursos propios y no necesitará ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), pese a que se lleva a cabo en pleno proceso de reestructuración del sistema financiero español, principalmente de las cajas ahorros, que en su mayor parte sí que han tenido que recurrir al instrumento del Banco de España.

La fusión con el Guipuzcoano culminaría una larga etapa de compras o fusiones en las que un pequeño banco con sede en Sabadell ha acabado por convertirse en el cuarto grupo bancario español. El primer salto adelante se produjo en 1996, cuando todavía era presidente Joan Corominas y el Sabadell compró por 142 millones el banco Natwest en España, una vez que el grupo británico optó por retirarse del mercado de banca minorista en este país. Reconvirtió la marca, con una amplia presencia en la Costa del Sol, en la actual Solbank.

El siguiente paso fue seis años después, con Josep Oliu ya como presidente y los ojos puestos en la bolsa. La Caixa entró en el capital y aportó sus acciones del Banco Herrero. Posteriormente La Caixa abandonó el capital del banco. En el 2003, presentó una opa por el 100% del capital de Banco Atlántico, operación que culminó un año después y gracias a la cual entró en el Ibex 35 y creó la marca comercial Sabadell Atlántico.

La última compra se produjo en el 2006: adquirió en subasta el Banco Urquijo por 760 millones. Es decir, en los últimos siete años se ha gastado en compras solo en España más de 2.200 millones de euros.

Montilla agradece su «sacrificio» a los funcionarios para calmar sus ánimos

Recortar salarios es una medida impopular y requiere muchas cosas para hacerla digerible. Entre otras, una buena explicación. El presidente de la Generalitat, José Montilla, pensó ayer que la mejor manera de hacer pasar el mal trago a los funcionarios de Cataluña que verán cómo su nómina disminuye un 5 por ciento es exponer sus razones «personalmente». Por eso, Montilla envió ayer más de 200.000 cartas a los trabajadores públicos de Cataluña. En esta misiva, el presidente de la Generalitat expresa su agradecimiento a todos aquellos a los que ha impuesto un «sacrificio».

Montilla defiende este recorte de salarios para «poder seguir ayudando a los que lo han perdido todo y hoy se encuentran sin trabajo». «Es una medida necesaria porque estamos obligados a reducir el déficit público. No podemos continuar gastando más de lo que tenemos», razona, y recuerda que «se está realizando también en la mayoría de otros países de la Unión Europea, con recortes tanto o más severos que los que se aplicarán en nuestro caso».

Las protestas de las trabajadores públicos ya se han dejado notar desde que se anunció el tijeretazo. Centenares de funcionarios de la Generalitat se concentrarib en la plaza Sant Jaume el pasado 1 de junio ante la sede del gobierno catalán para expresar su rechazo y lo mismo ocurrió en la última sesión plenaria en el Parlament, el pasado miércoles.

Montilla teme perder la complicidad de los empleados del sector público a pocos meses de las elecciones y, por eso, no sólo trata de hacer entendible su medida, sino que también promete futuras compensaciones. «Hemos previsto que, cuando la coyuntura mejore, pueda ser posible comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido», afirmó para tranquilizar a los funcionarios.

«Entiendo el malestar que los recortes pueden generar», asegura Montilla, quien cree «sinceramente, que el Govern de Cataluña ha actuado correctamente y cuando tocaba en relación con la crisis». «Pero os pido que hagamos este esfuerzo (…) para seguir ofreciendo una educación, una seguridad, unos servicios de emergencias y una asistencia sociosanitaria de calidad, al conjunto de nuestros conciudadanos», continúa el presidente, quien concluye agradeciendo la colaboración.