El PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a no aplicar los recortes en vivienda

El PP defenderá en el Pleno del Congreso el martes, 14 de septiembre, una iniciativa con la que pretende que la Cámara Baja inste al Gobierno a suspender el recorte en políticas de vivienda anunciado por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, el pasado 27 de julio. El Ejecutivo ha justificado estas medidas como un ajuste presupuestario para cumplir con el Plan de Austeridad que permita reducir el déficit público.

El recorte al que se refiere el PP, tal y como anunció en julio la ministra, ya se aplicará este mismo año con la eliminación de la Reserva de Eficacia -que permitía a las autonomías financiar la superación de los objetivos de ayudas pactados con el Estado- y la compensación de pagos de los fondos transferidos a las regiones.

El presupuesto adicional de la Reserva de Eficacia representó el 20% de los alrededor de 1.400 millones de euros con los recursos que contó el departamento dirigido por Corredor durante 2010, mientras que los pagos a las comunidades sin justificar alcanzan 628 millones, que el Gobierno irá reduciendo «progresivamente» cada ejercicio.

Pero el ajuste «más estricto», en palabras de la propia ministra, vendrá en 2011 y se mantendrá hasta el 2012, es decir, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 será más austero en los dos años que le restan.

Así pues, el Gobierno ha decidido suprimir la ayuda directa a la entrada (AEDE) y permitir la ampliación de la hipoteca de las VPO hasta el 90% de su valor como contrapartida. Corredor ha minimizado el impacto de esta ayuda directa a la compra, al asegurar que la función de ambas medidas es la misma: reducir la necesidad de ahorro para afrontar el pago de la entrada a una VPO.

Modificar la regulación de la ayuda al alquiler
El PP ha exigido, además, que se modifique la regulación de la Renta Básica de Emancipación para evitar que «miles y miles de jóvenes» deban devolver estas ayudas por exceder el límite de ingresos al computar cantidades excepcionales «como las horas extra, las gratificaciones no habituales o indemnizaciones por despido».

Asimismo, los ‘populares’ vuelven a pedir la moratoria de un año en la materialización de las cuentas ahorro vivienda y permitir que sus beneficiarios puedan transferir las cantidades ahorradas a cuentas ahorro empresa e incluso cambiar la condición jurídica para poder beneficiándose de las deducciones fiscales.

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