Archivo del mes 29 junio 2010

La deducción por vivienda se limita a partir de enero

Quedan solo seis meses para aprovechar el actual régimen de deducción por compra de vivienda habitual en el impuesto de la renta (IRPF). A partir del 1 de enero, solo disfrutarán de esta ventaja fiscal los contribuyentes con ingresos anuales inferiores 24.107,20 euros y todos aquellos que hubieran adquirido la residencia hasta el 31 de diciembre.

El Gobierno está convencido de que la mitad de los asalariados podrá seguir beneficiándose de esta ventaja. La deducción actual del 15%, que supone hasta 1.352,25 euros anuales de rebaja en la factura del IRPF por contribuyente (fruto de aplicar el 15% a un máximo de 9.015 euros destinados a comprar la vivienda) solo será posible para las adquisiciones realizadas hasta el próximo 31 de diciembre y, a partir del 1 de enero, para las rentas de hasta 17.707,20 euros.

Las personas con ingresos anuales entre esa suma y los 24.107,02 euros también disfrutarán de la desgravación, pero será cada vez menor hasta quedar en cero. Según cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), este cambio puede suponer para un contribuyente con ingresos de 24.107,20 euros la pérdida de más de 27.000 euros de rebaja fiscal a lo largo de los 25 años de vida de una hipoteca. Este colectivo debe sopesar si le compensa esperar a comprar o mejor, si tiene posibilidades, hacerlo antes de que acabe este año.

Según la Memoria Tributaria del 2007, el último ejercicio del que se tienen datos globales, un total de 6,1 millones de declaraciones de la renta disfrutaban de la deducción por compra de vivienda habitual. Alrededor de 2,4 millones superaron los 24.107,02 euros de renta anual.

«En todas las promociones posibles ajustamos precios al máximo»

«En todas las promociones posibles estamos ajustando al máximo el precio cara al comprador», afirma Enric Reyna, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Barcelona (APCE). Por eso, explica, no se bajarán más los precios. Si el promotor quiere hacer el 5% de descuento sobre el precio final, al cliente le dará igual que le haga una rebaja del 4% y que la subida del IVA la asuma el promotor o que este le aplique un descuento del 5% y luego tenga que pagar el IVA. Al final, el descuento será el mismo. «El descuento, en lugar de ir para el cliente, irá para el IVA», resume Reyna, por lo que concluye que «sale perdiendo el comprador, que pagará el 1% más».

Según el promotor inmobiliario, la decisión de subir el impuesto sobre el valor añadido hará que la gente se retraiga a la hora de comprar. «No se estimulan las ganas de comprar, al contrario», por lo que prevé que se produzca un «freno» en la compra de viviendas.

El economista Gonzalo Bernardos opina que las promotoras acabarán «perdonando el IVA», siempre que el comprador sea hábil y lo negocie. No obstante, el profesor de la UB afirma que, si bien la subida de este impuesto es importante, lo es más la supresión de la desgravación fiscal a partir del 2011.

Corbacho dice que intentará mantener la ayuda de 420 euros

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, dijo hoy que su voluntad y también «la sensibilidad» del Gobierno es de intentar salvar la partida de los 420 euros mensuales para los parados que hayan perdido la prestación «por encima de cualquier otra».

Durante una entrevista en Radio Nacional, Corbacho ha subrayado que el ajuste tan duro que lleva a cabo el Gobierno hace que prácticamente no haya ni una sola partida que no se analice por el Ejecutivo, pero ha indicado que esta medida está cumpliendo una función social muy importante, por lo que ha asegurado que seguirá defendiendo su mantenimiento.

«Los ajustes son muy duros pero espero que no se toque esta partida», ha dicho Corbacho, quien ha añadido que no puede garantizar que sea así cuando se hagan los presupuestos para 2011.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, el ministro ha afirmado: «no deberíamos tocarlas de ninguna manera» porque, junto con otros tipos de prestación constituye la red de protección social para quienes se han quedado en el paro sin las cuales «el clima social en la calle sería radicalmente diferente».

No obstante, ha dicho que cuando España empiece a salir de la crisis debe hacer una revisión en profundidad de las políticas pasivas de empleo en relación con las activas. En este sentido, ha recordado que la situación de desempleo es de transición y que «a veces» ha existido la cultura de que se tiene derecho a la prestación por paro de forma pasiva y estática.

En su opinión, si se cobra el paro durante dos años se entra en riesgo de desincentivar la búsqueda de empleo y de que el trabajador se convierta en un parado de larga duración.

Preguntado si la tramitación de la reforma laboral hace que los empresarios hayan cerrado el mercado de trabajo a la espera de que se produzcan las modificaciones, Corbacho ha respondido que «no sucede» y que no existe inseguridad jurídica, porque la reforma tiene eficacia desde que se publicó en el BOE.

Despido objetivo
En relación a las causas del despido objetivo, uno de los puntos más polémicos de la reforma, ha dicho que durante la tramitación del decreto ley se enriquecerá el texto actual. En este sentido ha explicado que cuando una causa económica sobrevenida obligue a una empresa a hacer todos los ajustes pertinentes y después corra el riesgo de cerrar si no ajusta la plantilla de forma «objetiva, razonada y razonable» y el juez lo certifica «estaríamos delante de un despido objetivo.

Corbacho ha pedido un debate sereno y se ha mostrado partidario de que se mantenga la tutela judicial efectiva porque es un «elemento muy determinante». Con respecto a la reforma de las pensiones, ha insistido en que el objetivo es lograr que el máximo de personas estén el máximo tiempo en el mercado laboral con medidas como acercar la edad real de jubilación a la legal o incentivar el alargamiento de la vida laboral.

Advirtió al PP de que haría mal en «enrocarse por decir que ahora no toca» hablar de pensiones, ahora que el Gobierno ha tenido «la valentía» de plantear el debate. También ha avisado a Bruselas para que no obligue a España a tomar una decisión mañana mismo, ya que es el Pacto de Toledo donde corresponde hacerse.

Ha recalcado que pasar ya a alargar la vida laboral a los 67 años y mantener la política de prejubilaciones es «contradictorio» por lo que las empresas con beneficios que quieran hacerlo «están en su derecho» pero que paguen ellas a la Seguridad Social.

Además, en una entrevista en «La Razón» Corbacho ha señalado que si sigue siendo ministro de Trabajo cuando acabe la crisis propondrá que las pensiones suban por encima de la inflación. Preguntado en este periódico si el Fogasa tendrá dinero suficiente para pagar todas las extinciones de contratos, ha respondido que tiene un recorrido de ocho años para asumirlas «sin problemas».

El número de hipotecas sobre viviendas sube un 0,2% en abril

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ralentizó su crecimiento en abril y aumentó tan sólo un 0,2% en relación a igual mes de 2009, hasta situarse en 50.342, encadenando así su cuarta subida interanual consecutiva, aunque a mucho menor ritmo que las de enero, febrero y marzo, meses en el que las viviendas hipotecadas avanzaron un 2,3%, 8,5% y 2,4%, respectivamente.

Respecto al mes anterior, las viviendas hipotecadas se redujeron un 5,9% respecto a marzo, frente a los mayores incrementos registrados en los meses anteriores.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en abril los 114.132 euros, un 1,1% menos que en igual mes de 2009, mientras que el capital prestado bajó un 1% en tasa interanual, hasta rozar los 5.744,6 millones de euros, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Caída total de las hipotecas del 4,3%
En abril se constituyeron 79.392 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas), cifra que supone un retroceso del 4,3% respecto a igual mes de 2009 y un descenso del 7,3% en tasa intermensual.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 14,5% en el cuarto mes del año en tasa interanual, hasta situarse en 10.299 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 129.734 euros, un 10,6% menos que en abril de 2009 y un 8,7% menos que en el pasado mes de marzo.

Las cajas de ahorro fueron las entidades que concedieron en abril un mayor número de préstamos hipotecarios, con el 50,4% del total, seguidas de los bancos (38,4%) y otras entidades financieras (11,2%).

En cuanto al capital prestado, los bancos concedieron el 45,3% del total, las cajas de ahorro el 42,8% y otras entidades financieras el 11,9%.

Condiciones hipotecarias
El tipo de interés medio en abril fue del 3,92%, lo que supone un descenso del 16,8% en tasa interanual y un aumento del 0,3% respecto a marzo de 2010.

En abril, el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorros fue del 4,07% y el plazo medio de 23 años. En cuanto a los bancos, el tipo medio de sus préstamos hipotecarios fue del 3,81% y el plazo medio de 21 años.

El 95,4% de las hipotecas constituidas en abril utilizó un tipo de interés variable, frente a 4,6% de tipo fijo. Entre los variables, el Euríbor es el tipo de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas, en concreto en el 89,4% de los nuevos contratos.

En abril, el número total de hipotecas con cambios en sus modificaciones fue de 37.844, con un descenso interanual del 7,7%. En el caso de viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones fue de 23.372, un 12,2% menos que en abril de 2009.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, en abril se produjeron 31.920 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), con un descenso interanual del 4,8%.

Por su parte, el número de préstamos que cambiaron de entidad fue de 4.059, un 22,8% menos en tasa interanual. Por su parte, en 1.865 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), lo que supone un descenso del 14,2%.

De las 37.844 hipotecas con cambios en sus condiciones durante el mes de abril, el 38,0% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

Cae la opción del tipo fijo
El porcentaje de hipotecas a tipo de interés fijo se redujo después del cambio de condiciones (desde el 3,8% hasta el 2,6% del total), ya que la mayoría de estos préstamos pasaron a estar referenciados a un tipo variable.

Dentro de la estructura de tipos de interés, el Euríbor fue la principal referencia. El interés medio más bajo antes del cambio fue el de otros tipos de interés (4,39%) y después del cambio fue el Euríbor (3,59%).

Tras la modificación de condiciones, el interés medio de los préstamos disminuyó 0,89 puntos en las hipotecas a tipo fijo y 1,15 puntos en las hipotecas a tipo variable.

Además, en abril se cancelaron registralmente 46.182 hipotecas, un 9,1% más que en el mismo mes de 2009. Las hipotecas canceladas sobre fincas rústicas aumentaron un 2,2% y las canceladas sobre fincas urbanas un 9,3%. Las cancelaciones de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentaron un 11,3% en tasa interanual.

Por regiones
El número de fincas con hipoteca constituida por cada 100.000 habitantes fue mayor en La Rioja (347) e Islas Baleares (279). Las comunidades con las mayores tasas de variación fueron Castilla-La Mancha (27,4%) y Principado de Asturias (19,7%).

Las evoluciones más negativas se dieron en La Rioja (-42,6%) y Canarias (-26,1%). Las comunidades autónomas con mayor importe medio hipotecado fueron Comunidad de Madrid (187.931 euros) y Comunidad Foral de Navarra (169.133 euros).

Las únicas comunidades con tasas de variación positivas fueron Islas Baleares (26,1%) y Cataluña (12,0%). Las evoluciones más negativas se dieron en La Rioja (-49,1%) y Aragón (-45,9%).

Las comunidades en las que el número de fincas con cambios en sus condiciones por cada 100.000 habitantes fue mayor son Comunidad Valenciana (191) y Castilla-La Mancha (147).

Las que tienen mayor número de hipotecas canceladas registralmente por cada 100.000 habitantes fueron La Rioja (175) y Cantabria y Región de Murcia (ambas 156).

El euríbor cerrará junio en el 1,27%, su tasa más alta desde agosto de 2009

El euríbor a doce meses cerrará el mes de junio en el 1,27% su tasa más alta desde agosto de 2009, aunque aún abaratará las hipotecas suscritas hace un año que se revisen en julio en apenas 25 euros mensuales o cerca de 300 anuales.

El euríbor comenzó en octubre de 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, una racha bajista que se prolongó de forma ininterrumpida hasta noviembre de 2009 y se interrumpió en diciembre pasado.

En esos catorce meses el indicador ha permitido a las familias hipotecadas ahorrarse en algunos casos casi 4.000 euros anuales, unos descuentos que, previsiblemente, llegarán a su fin este verano.

A lo largo de este año el indicador ha mantenido una tendencia variable, ya que bajó en enero al 1,232%, en febrero al 1,225% y en marzo al 1,215% -su cota más baja de todos los tiempos-, para repuntar posteriormente en abril (1,225%) y mayo (1,249%).

Durante todo el mes de junio ha seguido una trayectoria ascendente que lo situaba hoy en su tasa diaria más alta -1,303%- desde el 31 de agosto de 2009.

A falta de dos sesiones para que concluya el mes de junio la media provisional ascienda al 1,279%, la mayor desde agosto del año pasado, aunque las hipotecas contratadas hace un año que se revisen en julio aún experimentarán descuentos, dado que en junio de 2009 el euríbor se situaba en el 1,610%.

Los analistas consultados por EFE indican que los datos de mercado permiten anticipar que el euríbor seguirá al alza en los próximos meses, hasta concluir el año en torno al 1,5%.

No obstante, en julio aún se mantendrá por debajo del 1,412% con el que cerró el mismo mes del año pasado, aunque será casi imposible que se mantenga por debajo del 1,334% con el que cerró agosto.

El euríbor, que suele subir o bajar en función de las subidas o bajadas de tipos de interés, estaría así reflejando ciertas tensiones en el mercado interbancario, ya que el Banco Central Europeo (BCE) mantuvo en su última reunión los tipos de interés en la zona del euro en el 1%.

Nueva Ley de Morosidad: una reforma con efectos retardados

La recién estrenada reforma de la Ley de Morosidad supone un importante avance en nuestra legislación, pero no llega a tiempo para solucionar los problemas de impago actuales. El establecimiento de un período de transición, que pospone su aplicación completa hasta el año 2013, merma eficacia a un texto muy esperado en plena crisis económica.

Uno de los efectos más claros de los estragos que está causando la crisis económica en nuestro país es el incremento de la morosidad: aumento de los impagos o retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas que están afectando a todos los sectores.

Este virus, que se está contagiando en cadena entre las empresas y que en muchos casos tiene su origen en las dilaciones de los pagos por parte de la Administración, está provocando la quiebra de un alto número de empresas, incapaces de subsistir más tiempo sin la liquidez necesaria para continuar con su negocio.

Las cifras no dejan lugar a dudas. Se calcula que la deuda de las Administraciones con las empresas privadas podría alcanzar los 38.000 millones de euros. Además, una de cada cuatro microempresas de las que se han visto obligadas a cesar en su actividad ha sido por culpa de la morosidad, tanto pública como privada, tal y como ha denunciado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Las pequeñas y medianas empresas son las más sensibles a esta situación ya que funcionan con gran dependencia del crédito a corto plazo y con unas limitaciones de tesorería que hacen especialmente complicada su actividad.

En este contexto, el pasado 17 de junio se aprobó definitivamente en el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley 3/2004,de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, al ratificar todas las enmiendas introducidas por el Senado salvo la relativa al último párrafo de la DisposiciónTransitoria Segunda.

Esta esperada reforma de la Ley de lucha contra la Morosidad introduce novedades muy importantes, que suponen un avance fundamental en la materia. Sin embargo, el período transitorio que se fija para su aplicación dan como resultado un texto descafeinado al retrasarse hasta 2013 algunas de las medidas más importantes, como, por ejemplo, el tope de 30 días para que la Administración pague sus facturas pendientes.

El Preámbulo del nuevo texto explica que la Ley 3/2004 incorporó a nuestro Derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Cinco años después de la entrada en vigor de la ley española, se considera que la legislación ha de adaptarse a los cambios que se han producido en el entorno económico y modificarse para que sea ampliamente aplicable tanto en el ámbito de las empresas españolas como en el del sector público. Aunque todo apunta a que el texto aprobado distará mucho de poder ofrecer efectos inmediatos a causa del período transitorio establecido.

Cláusula polémica
Una de las principales conquistas de la nueva regulación aprobada es haber conseguido suprimir la cláusula «salvo acuerdo de las partes», que permitía ampliar los plazos de pagos por encima de los legalmente establecidos, asfixiando a la parte más débil del contrato que tenía que sucumbir a los deseos del más fuerte.

Concretamente, el artículo 9 de la nueva redacción, en su apartado 1, establece que «serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario».

Además, el artículo 9.2 establece que el juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias de su ineficacia.

En este sentido, el bloque formado por el PSOE, aliado para la ocasión con las constructoras y los hipermercados, había intentado reintroducir en el Senado ese acuerdo entre partes que, en la práctica, había supuesto una legalización encubierta de la posición dominante y el abuso de las grandes empresas y las Administraciones sobre autónomos y pymes.

Finalmente, los socialistas fueron derrotados en esta batalla que había suscitado el disgusto, sobre todo, de pymes y trabajadores autónomos. Eso sí, las constructoras han logrado sacar durante la tramitación algún beneficio en cuanto al período transitorio para los plazos de pago.

Plazos de pago
Esta ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.

Desde el punto de vista de los plazos de pago del sector público, se reduce a un máximo de 30 días el plazo de pago, pero esta medida no se aplicará hasta e1 de enero de 2013, siguiendo un período transitorio para su entrada en vigor. Así, para la Administración Pública se irá rebajando el plazo de pago a 50 días este año y el 2011, 45 días para el 2012, hasta llegar a los 30 de 2013.

En este ámbito, se propone un procedimiento efectivo y ágil para hacer efectivas las deudas de los poderes públicos y se establecen mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de pago, a través de informes periódicos a todos los niveles de la Administración y del establecimiento de un nuevo registro de facturas en las Administraciones locales.

En lo que se refiere a los plazos de pago entre empresas, se fija un plazo máximo de pago de 60 días por parte de las sociedades para los pagos a proveedores.Comoya se ha mencionado, este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes, con el fin de evitar posibles prácticas abusivas de grandes empresas sobre pequeños proveedores, que den lugar a aumentos injustificados del plazo de pago.

A este efecto, también aquí se contempla un calendario transitorio que culminará el 1 de enero de 2013: deberán pagar a sus proveedores en 85 días este año y elpróximo, 75 días en 2012 y 60 el último año del período.

Por otra parte, en lo que afecta a las empresas, se refuerza el derecho a percibir indemnización, se amplía la posibilidad de que las asociaciones denuncien prácticas abusivas en nombre de sus asociados y se promueve la adopción de códigos de buenas prácticas en materia de pagos.

Trato de favor a constructoras
Mención apartemerecen las constructoras de obra pública que, en este aspecto sí han logrado una pequeña victoria. Sus plazos serán distintos a la hora de saldar sus deudas con subcontratistas y proveedores, de tal forma que se les permite pagar en 120 días hasta el 31 de diciembre de 2011, un plazo que se reducirá a 90 días el siguiente año y permanecerá en 60 del 2013 en adelante.

Una situación cuando menos preocupante si se tiene en cuenta que, actualmente, el tiempo en que este tipo de empresas paga sus facturas está en los 100 días.

Según explica el legislador, los plazos de pago establecidos en esta Ley se adecuan con lo preceptuado en la Directiva Europea.

El régimen general previsto en el apartado 1 del artículo 3 de la misma se aplica a los pagos efectuados por las administraciones públicas, así como a los de productos de alimentación frescos y perecederos, mientras que se establece en 60 días el plazo de pago de las operaciones comerciales entre empresas conforme al apartado 2 del mismo artículo, con objeto de recortar las elevadas demoras en los cobros en sectores básicos.

Indemnizaciones
El artículo 8, relativo a la indemnización por costes de cobro, establece que cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste.

En la determinación de estos costes de cobro se aplicarán los principios de transparencia y proporcionalidad respecto a la deuda principal.

La indemnización no podrá superar, en ningún caso, el 15 por ciento de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda supere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de la deuda de que se trate.

El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago.

Memoria de cuentas anuales
La nueva redacción hace hincapié en la transparencia y las buenas prácticas comerciales. En este sentido, el artículo 11 dice que, con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, las Administraciones promoverán la elaboración de códigos de buenas prácticas comerciales, así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de lamediación y el arbitraje, siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos.

Además, el texto final incorpora una disposición en la que se exige a las sociedades la publicación de forma expresa de las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la Memoria de sus cuentas anuales. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resolverá sobre la información oportuna en la Memoria de Cuentas Anuales de las empresas para que, a partir de las correspondientes al ejercicio 2010, la auditoría contable contenga la información necesaria que acredite si los aplazamientos de pago efectuados se encuentran dentro de los límites indicados en la Ley.

Crédito del ICO
En vista de las dificultades de liquidez de los ayuntamientos, la ley determina que elGobierno tendrá que establecer, a través del instituto de Crédito Oficial, una línea de crédito directo, en condiciones preferentes, dirigida a las entidades locales, para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos con anterioridad al 30 de abril de 2010. Para ello se le da un plazo de 30 días. La línea de crédito se cancelará caso por caso, siempre que no haya sido amortizada con carácter previo.

Pan, leche, queso, huevos, fruta y verdura mantendrán el precio

No todos los productos verán modificado su precio el próximo 1 de julio. El incremento impositivo anunciado por el Gobierno no afecta a aquellos productos grabados con el IVA superreducido (4%), lo que a la práctica significa que algunos alimentos, bienes culturales y medicamentos costarán lo mismo.

La mayoría de bienes alimentarios está grabado con un IVA del 7%, que a partir del jueves aumentará un punto. Sin embargo, el pan común (también la masa congelada), las harinas panificables, la leche producida por cualquier especie animal, los quesos, los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, tienen un IVA del 4% que no variará.

También entran en esta categoría los libros, periódicos y revistas; CD, DVD y programas informáticos; los vehículos para personas con movilidad reducida; las prótesis; las viviendas de protección oficial y los medicamentos.

GUERRA DE PRECIOS / Uno de los lugares donde antes comprobará el consumidor si los precios han aumentado es en los súper e híper. Sin embargo, el sector de la distribución está inmerso desde hace más de un año en una intensa guerra de precios para captar clientes, lo que puede acabar derivando en que la subida del IVA no se note en los lineales.

De hecho, cadenas como Mercadona o Carrefour ya anunciaron que no van a repercutir el incremento impositivo en los productos (siempre que no se incurra en venta a pérdida), al igual que Lidl (la alemana sí que subirá los precios de los alimentos frescos). Otras, como Alcampo, no se han pronunciado.

«La pretensión de que una cadena de distribución absorba para siempre la subida es naif. Por un lado, seguro que intentan un descenso inicial de los precios por parte de los proveedores. Por otro, es una buena promoción. Pero la definición de promoción es algo que se acaba», explica el profesor de Esade, Gerard Costa. En Alemania, donde se subió el IVA del 16% al 19% en el 2007, las cadenas hard discount ganaron cuota, explica el profesor del IESE Marc Sachon. «Al mismo tiempo se detectó que algunos fabricantes utilizaron la subida del IVA como una oportunidad para subir precios: a primera vista mantuvieron el precio, pero en realidad redujeron el tamaño del producto», añade.

En España, de momento, los expertos coinciden en que probablemente las cadenas tratarán de asumir el aumento del impuesto, aunque poco a poco lo irán repercutiendo. «Sin embargo, hay que recordar que las cadenas estamos bajando los precios de los productos, por lo que a final de año los consumidores no estarán pagando más por la cesta de la compra que el 1 de enero», explica un alto ejecutivo de una cadena de supermercados.

El Plan de Vivienda de la Junta solo ha logrado vender ocho inmuebles en la Costa del Sol

Fracaso absoluto. El Gobierno andaluz pensaba que la iniciativa sería un éxito, pero la dura realidad del mercado inmobiliario se ha acabado imponiendo. Los promotores de la Costa del Sol sólo han vendido ocho pisos del Plan de Venta de Viviendas impulsado este año por la Junta de Andalucía. Lo certifica José Prado Seseña, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de la provincia de Málaga.

El Gobierno andaluz, en joint venture con 27 entidades financieras, difundió el pasado mes de febrero un stock de 17.300 viviendas en toda la comunidad autónoma. La Junta tenía previsto gastarse en este plan 1.000 millones de euros. Los promotores confirman que no sólo supone un varapalo al Ejecutivo socialista de José Antonio Griñán, sino también para los bancos y cajas de ahorros que pretendían conceder estos créditos.

En la provincia de Málaga, una de las pujantes de España en los años de la burbuja inmobiliaria, actualmente existen entre 20.000 y 25.000 inmuebles sin comprador. Y el mercado residencial se encuentra “paralizado”, según Prado, con apenas un volumen de 3.000 viviendas visadas, un 74% menos que en 2009. Hacía 50 años que no se llegaban a estas cifras tan cortas.

Según el informe Influencia del sector de la construcción en el resto de los sectores productivos de la provincia de Málaga, presentado el pasado viernes, el segmento residencial ha sido hasta ahora el principal motor del ladrillo, concentrando el 91,3% de las inversiones privadas en edificación. “Es el principal responsable del fuerte impacto de la construcción en la economía, concentrando la cuarta parte de la producción agregada de Málaga en el promedio 2000-2008, el 10,8% del VAB (Valor Añadido Bruto) promedio anual y la quinta parte del empleo equivalente a jornada completa”.

La licitación pública también está acusando gravemente la crisis. El negocio ha descendido un 6% en la Costa del Sol y apenas llegó a los 1.000 millones de euros. El sector de la construcción, con 42.000 desempleados en esta provincia, denuncia que las administraciones públicas deben a las constructoras más de 150 millones de euros.

Respecto a la producción de viviendas en la provincia de Málaga se prevé que se inicien en torno a las 4.200 unidades, lo que representa un notable retroceso respecto a 2008 (-21%), mientras que, en Andalucía, aunque se prevé que siga la misma trayectoria, el descenso puede ser algo más intenso (-37,7%).

En las viviendas terminadas, las estimaciones prevén que alcancen alrededor de las 15.000 viviendas, un descenso interanual del -12,6%, mientras que, en Andalucía, se prevé un descenso relativo más moderado, alrededor del -10,2%.

El sueldo de los trabajadores de la construcción subirá un 1,5% en 2010 y 1,5 puntos más del IPC en 2011

Según lo acordado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y UGT y CC.OO, informaron los sindicatos.

El convenio general del sector de la construcción, firmado en 2007 con vigencia hasta 2011, establece que la retribución de los empleados del sector se revisará durante cada uno de los ejercicios de este periodo, aplicando la fórmula del IPC más 1,5 puntos adicionales.

En el marco de este convenio, sindicatos y patronal suscribieron el pasado martes el acuerdo de revisión salarial para este año y el siguiente.

Así, según este acuerdo, para 2010 la subida de salario será 1,5%, dado que no se aplicará revisión alguna por la evolución de la inflación. No obstante, para 2011 se fija una actualización de los salarios en función del IPC real, además de los 1,5 puntos adicionales fijados por convenio.

El convenio de la construcción se firmó en 2007, antes de la crisis económica, que afecta especialmente al sector, lo que llevó a que el pasado año algunas patronales regionales solicitaran revisar las condiciones del documento para adecuarlas a las actuales circunstancias.

No obstante, según indican en fuentes del sector, la CNC siempre defendió mantener en la medida de lo posible los compromisos adquiridos con el sector.

SINDICATOS PIDEN QUE SE CUMPLA.
De su lado, los dos sindicaron pidieron que el cumplimiento del acuerdo no se vea obstaculizado por ninguna patronal provincial.

Así, el secretario general de Fecoma, Fernando Serrano, mostró su disposición a «vigilar la actitud de aquellas asociaciones patronales que pretendan incumplir con una mano lo que firman con la otra». «No descartamos ninguna acción sindical en las provincias en las que no se cumpla lo pactado», añadió.

Serrano destacó la importancia del acuerdo, al considerar que aporta estabilidad a las relaciones laborales en el sector y supone una «garantía del cumplimiento del convenio general y el desarrollo e implementación de las políticas laborales previstas en el seno de la Fundación Laboral de la Construcción».

Por su parte, el secretario federal y responsable de Construcción de MCA-UGT, Juan Carlos Barrero, solicitó que el acuerdo se traslade con «responsabilidad y sin demora a las tablas salariales de ámbitos negociales inferiores» y pidió asimismo «que no se repita lo ocurrido en 2009, cuando numerosas patronales provinciales matuvieron bloqueada la negociación por su negativa a cumplir con algunos puntos del convenio colectivo».

¡Que viene el IVA!

La subida del gravamen al consumo a partir del 1 de julio puede restar hasta un punto al crecimiento.

«Técnicamente, una subida de impuestos siempre tiene efectos contractivos en la economía». El incremento de dos puntos del tipo general del IVA, del 16% al 18%; y de un punto en el reducido, del 7% al 8%; a partir del jueves 1 de julio puede restar entre 0,75 y un punto al crecimiento, según un estudio del que es coautor el profesor del IESE, Javier Díaz-Giménez.

Tanto si el alza del tipo general se convierte en un encarecimiento del precio final del 1,72% (la subida máxima imputable al IVA) o del 0,93% en productos con tipo reducido, como si la absorben total o parcialmente las empresas, el saldo es menos crecimiento. La medida no afecta a los productos básicos sujetos al tipo superreducido del 4%.

Hasta hoy, numerosos sectores han hecho campañas del estilo «ahórrese el IVA». Algunos han decidido incluiso prolongarlas. Con eso han logrado adelantar compras que tal vez se hubieran hecho en el futuro. Tras el 1 de julio, muchas de esas adquisiciones dejarán de hacerse. Y el resultado, la suma de miles de pequeñas decisiones, será un menor crecimiento. El Gobierno reconoció que con la subida del IVA se producirá un ligero bache económico.

TRANSMISIÓN GENERAL / «El aumento se transmite por toda la economía. Al final, da igual quien lo pague, sea el consumidor final mediante un precio mayor o el vendedor mediante un menor margen; o entre ambos, el resultado es menos actividad», dice uno de los coautores del estudio.

«La subida encarece el consumo y reduce el valor de la hora trabajada, es decir, después del alza se pueden comprar menos bienes con el sueldo de una hora. Los hogares reaccionan a este cambio sustituyendo horas de trabajo remuneradas formalmente por tiempo dedicado a actividades sin remuneración formal», explican en el estudio. Ya se pronostica un ascenso de la economía sumergida, que algunos estudios sitúan en el equivalente al 23% del conjunto de la riqueza del país. La pregunta: «¿Le hago la factura con IVA o sin IVA?» serán aún más habitual, por si no lo es ya suficientemente.

Cuando se anunció la medida el otoño pasado, las críticas sobre su inoportunidad fueron casi unánimes. Tras la crisis de la deuda pública, las cosas han cambiado. Ni siquiera los autores del estudio lo ven tan claro. «En la actualidad se podría decir que hay más razones para subir los impuestos porque, en el fondo, hay un coste añadido de no subirlos que lo marca el precio al que el Estado tiene que pagar la deuda», apunta Díaz-Giménez. Pero lo cierto es que tiene efectos recesivos.

Finalmente hay que ver compensa o no. El ministerio de Economía, que se guarda en la recámara nuevas alzas tributarias en el futuro, estima que el incremento del IVA aportará más de 5.000 millones de euros. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a decir que con este dinero se pagará la prestación por desempleo de unos 500.000 parados.

Pero los expertos no son tan optimistas y ven claras contrapartidas. Aunque el tipo general del IVA sube el 12,5%, los ingresos apenas lo harán el 1,7% «porque la mayor recaudación por el impuesto sobre el consumo se compensa parcialmente con las reducción de la recaudación de los tributos sobre las rentas del capital y del trabajo», estiman los profesores del IESE .

En cualquier caso, «la teoría económica y subidas anteriores indican que lo más normal es que el impacto se reparta al 50% entre el precio final y los márgenes», es decir, entre consumidores y empresas. Así, el precio final en los productos gravados a partir del 1 de julio con el 18% será el 0,86% superior y el 0,47% para los del tipo reducido, según expertos tributarios. Las organizaciones de consumidores estiman que el alza costará 300 euros por familia.

Las mismas fuentes se preguntan si la medida del Gobierno, que entrará en vigor junto con el inicio de las rebajas de verano, no tendrá efectos positivos. «Se supone que contribuirá a sanear la cuentas públicas y a fortalecer el euro», dicen. Los detractores aseguran que supondrá una ralentización de la actividad que se saldará con una menor recaudación.

En todo caso no estamos ante un invento español para combatir el déficit público. El gobierno de coalición conservadora-liberaldemócrata del Reino Unido subirá 2,5 puntos el tipo general del IVA a partir de enero. Eso lo situará en el 20%, dos puntos por encima del español. Rumanía lo aumentará cinco puntos, hasta el 24%. Y es que el gravamen al consumo en España, aun después de la subida, seguirá por debajo de la media de la UE, el 20%. Tras el alza del jueves, la media será del 20,1%.