Un grupo de expertos piden bajar la pensión respecto del último sueldo

Se calcula que en España la pensión media equivale al 80% del último salario percibido. Esta relación (tasa de sustitución) es una de las más altas de los países desarrollados (solo superada por Grecia) y según algunos expertos es inevitable que se reduzca si se quiere preservar el actual sistema público de pensiones de las presiones demográficas que augura el futuro. Este es uno de los mensajes centrales de un documento presentado ayer sobre la reforma de las pensiones, promovido por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y firmado por más de un centenar de economistas, entre ellos, Julio Segura, presidente de la CNMV.
«Nadie está hablando aquí de bajar las pensiones», se adelantó Luis Garicano, profesor de la London School of Economics y uno de los promotores del informe que, junto con César Molinas (fundador de Multa Paucis), Sergi Jiménez (Universitat Pompeu Fabra) y Pablo Vázquez (director de Fedea), participó ayer en la presentación del estudio. «Se puede reducir la tasa de sustitución sin bajar las pensiones si la economía y los salarios crecen», afirmó Garicano provocando un interrogante enorme entre periodistas.

PODER DE COMPRA / Hizo falta una explicación larga. La pensión media es ahora de 16.500 euros al año y el salario medio, de 21.500. La tasa de sustitución, pues, es del 76,7%. Garicano explicó que si la economía crece a un promedio del 1,5% anual en términos reales (en los últimos 10 años la media ha sido del 2,21%), el consiguiente incremento del salario medio al cabo de los años, hasta 31.195 euros (en términos constantes) permitiría bajar la tasa de sustitución hasta incluso el 50% sin perder poder adquisitivo (equivalente a 16.500 euros de hoy).
La pensión, evidentemente sería muy inferior al último salario, pero, según Garicano, conservaría su poder de compra. «Si hoy la pensión media da para ir de vacaciones una vez al año, o las que sea, seguiría igual. Es verdad que no te podrías ir tantas veces como lo hacías con tu último salario», resumió con un ejemplo un economista.
Qué reformas hacer para lograr este complicado objetivo es algo en lo que no entra el documento de Fedea. «Hay multitud de combinaciones posibles de reformas para preservar el crecimiento real de la pensión sin subir impuestos ni generar déficit», dijo Sergi Jiménez.
En la única reforma que se moja el documento es en la de alargar la edad de jubilación. Pide al Gobierno «que no dé marcha atrás en su propuesta de aumentarla hasta los 67 años». Según César Molinas, habría que lograr alargar «en tres o cuatro años» la actual edad efectiva de jubilación, de 63 años y 10 meses. También se aboga por ampliar el actual periodo de 15 años que sirve de base para el cálculo de la pensión, sin cifrar la alternativa.

LIBRO BLANCO / La necesidad de reformas nace de razones demográficas. Ahora hay cuatro españoles con edades entre 16 y 65 años por cada jubilado; en el 2049 apenas habrá 1,75. Fedea fue la impulsora, hace un año, del conocido como Documento de los 100 para la reforma laboral en el que otro centenar de economistas (algunos coincidentes) hicieron una propuesta que ha servido de eje en el actual debate sobre el mercado de trabajo, ya sea captando adhesiones o críticas. Ahora, el tema son las pensiones y, según Pablo Vázquez, el objetivo es apremiar el debate evitando «tópicos y errores del pasado»
Por eso, la única propuesta del documento es «la elaboración de un Libro Blanco que el Pacto de Toledo debería encargar a expertos independientes» como guía para adoptar reformas sin caer en la politización. Así se ha hecho en Suecia, Países Bajos, Reino Unido y Alemania.

EL CAMBIO / En realidad, la filosofía que subyace es muy cercana a los planteamientos del Gobierno. Se aboga por preservar el sistema público de reparto –«no planteamos ir a un sistema privado», dijo Molinas–,
alargar la edad de jubilación, no tocar las pensiones actuales, preservar el Pacto de Toledo y no bajar cotizaciones, «ni siquiera a cambio de subidas de impuestos», dijo Molina. El problema es que es difícil defender que un recorte de la tasa de sustitución no es bajar las pensiones.

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