Las firmas ‘low cost’ animan el mercado legal español

Al consumidor ya le basta con descolgar el teléfono para solucionar sus problemas legales. Desde hace una década, se están implantando en España consultoras de servicios jurídicos que acercan a cualquier ciudadano a un abogado, incluso las 24 horas del día, por un precio asequible.

La sentencia del Tribunal Supremo que aprueba la cuota litis estricta –que el letrado cobre según los resultados– dibuja el nuevo paisaje del mercado legal español, que se aproxima al de EEUU.

Un panorama en el que ya conviven despachos de negocios que funcionan como empresas y abogados que defienden los derechos del consumidor, en la línea de los letrados estadounidenses que buscan clientes en hospitales y accidentes, o que ofrecen sus servicios a afectados por infracciones criminales de empresas. “Los bufetes americanos son los que han aportado el concepto de law factory [fábrica legal] que aplicó Paul Cravath a partir de la producción en cadena”, explica Marisa Méndez, consultora de Márketing jurídico. En 1899, Cravath decidió aplicar el sistema de la fábrica de coches de Henry Ford: especialización y optimización de producción y recursos.

El modelo de negocio tiene múltiples posibilidades: asesoramiento multidisciplinar (como Legálitas o John Lawyer), fiscal –Fiscálitas–, o la reclamación de daños pura –el caso de Bufete Ram, en reacciones adversas a medicamentos–.
Sin embargo, estas empresas, sociedades de intermediación de servicios jurídicos, desafían la mentalidad y algunas normas de la Abogacía tradicional. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), ha rogado a la Administración, a la espera de que se apruebe el nuevo Estatuto de la Abogacía, “que revise la parte de las compañías de intermediación”.

Sobre estas sociedades, Juan Enrique Gradolph, técnico Comercial y economista del Estado, director general de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda, asegura: “Las sociedades mercantiles podrán actuar en el mundo jurídico, como en la ingeniería. No existe una regulación específica del ejercicio en sociedad en las profesiones jurídicas y que, por lo tanto, lo que es posible en la ingeniería, donde existen grandes empresas que realizan actividades en este ámbito, debe serlo también en el mundo jurídico”.

La Exposición de motivos de la Ley de Sociedades Profesionales aclara que sus restricciones no se aplican a las sociedades de intermediación. No existe ninguna restricción legal a que los servicios de abogacía (prestados a través de profesionales habilitados) se ofrezcan mediante este tipo de sociedades. En el pasado ha habido restricciones en normativa colegial, ahora en proceso de revisión y que han quedado desautorizadas (salvo las que se amparen en una ley) mediante la Ley Ómnibus.

De esta forma, fuentes del CGAE descartan que “se pueda poner puertas al campo”, ya que “estas iniciativas van a prosperar. Pero ni sustituyen a los grandes, medianos o pequeños despachos ni atacan la esencia de la profesión ni la proletarizan”. Y recuerdan que “hay despachos que acuerdan el asesoramiento de sus clientes con una cuota concertada, lo que viene a ser algo parecido. Estas nuevas formas incentivan la competencia y aproximan al ciudadano al abogado”, zanjan.

Legálitas, por ejemplo, cuenta con una red externa de 250 despachos. El servicio que recibe el cliente incluye consultas telefónicas 24 horas, redacción de escritos y la negociación en su nombre. Sin embargo no incluye, por razones económicas, la defensa jurídica frente a Tribunales. En un 2% del total de consultas se agota la vía extrajudicial. “La capacidad de negociar con esos 250 despachos es enorme, dado el volumen de operaciones que generamos. Los ingresos generados son netos”, explican.

Sobre las reticencias de la abogacía tradicional ante este nuevo modelo, Juan Pardo, director general de Legálitas, asegura que “los nichos de mercado de los bufetes tradicionales y de Legálitas son diferentes. Estamos convencidos de que no somos competencia directa de esos despachos; más bien al contrario, somos generadores de negocio”.

A juicio de Pardo, “el futuro de este sector se acompasará a la maduración social de los españoles, que implicará una mayor conciencia de los derechos y una demanda muy fuerte de democratización de la Abogacía. Esa demanda implicará eliminar barreras –cita previa; desplazamientos, costes…–, y ahí se encontrarán modelos como el de Legálitas”.

Estas empresas aseguran que no notan la crisis salvo en que las consultas no crecen y cambia su objeto. Se reducen las relativas a la compraventa de inmuebles, que ahora versan sobre reclamaciones a las inmobiliarias. Y el ámbito laboral ya no lo copan las bajas voluntarias, sino los despidos improcedentes.

En esta línea, en Fiscálitas explican que la crisis no afecta a su negocio ya que “su producto consigue abaratar los costes en un área que está muy a la izquierda de la cadena de valor de las compañías y ayuda a las empresas a ganar margen”.

Apostillan: “Nos hemos convertido en la marca blanca de muchas asesorías con el fin de ser su fábrica y hacerles ganar competitividad, por lo que nuestro proyecto no tiene ninguna incompatibilidad ni reticencia con las pequeñas asesorías”.

De cara a los emprendedores, John Lawyer plantea una alternativa de autoempleo a empresarios, abogados y bufetes que quieren ampliar su negocio. “Hemos apostado por acercar el servicio al ciudadano a través de oficinas a pie de calle, una fórmula a la que la sociedad española, en otros segmentos, ya ha respondido favorablemente”, explican.

Consideran que “atravesamos un momento propicio para la reorganización, bien a través de un modelo de fusión de despachos, bien a través de la creación de bufetes multidisciplinares o sumándose a otras fórmulas como la franquicia”.
Así, auguran que “irán en aumento los servicios on line. Cada vez es mayor el núcleo de mercado que hace compras y usa Internet para buscar la respuesta a sus necesidades, también legales”.

John Lawyer rebate que contribuyan a que incremente la litigiosidad, “al contrario: abogamos por la prevención. Intentamos dar solución a los problemas legales sin tener que llegar a los tribunales”.

Por último, Francisco Almodóvar, abogado, responsable de Gestión y Desarrollo de Bufete Ram, niega la mayor: “Reticencias de los bufetes tradicionales no; lanzamos un área muy especializada igual que antes han hecho otros, por ejemplo, en Derecho marítimo. Tenemos una larga trayectoria en el sector salud y farmacéutico. Hemos readaptado el modelo a los tiempos sin improvisar”.

Como “primer bufete en España especializado íntegramente en la reclamación de los daños ocasionados por reacciones adversas a medicamentos”, vaticinan que “nacerán otros bufetes que aportarán competencia y nos ayudarán a mejorar”. ¿A quién reclamará ahora el cliente insatisfecho con su abogado? Estas empresas también revolucionarán el panorama de la Responsabilidad Civil de los abogados.

Ejemplo de consulta
Siniestro acaecido en el hogar
Legálitas ofrece un ejemplo de consulta telefónica. Un cliente no está de acuerdo con la indemnización percibida por un siniestro acaecido en su hogar y se pone en contacto con Legálitas planteando su problema. El abogado de Legálitas le pregunta por todos los pormenores del siniestro, estudia la póliza del seguro, y demás documentación necesaria, y se pone en contacto con la compañía de seguros para negociar un acuerdo.

“En caso de que no haya acuerdo, incluso se puede proporcionar al cliente, en muy buenas condiciones, una segunda peritación, y si a pesar de eso la compañía no accede, el abogado redactaría y se presentaría una carta de reclamación o, en caso extremo y dependiendo de la gravedad del asunto, una demanda judicial”, explican.

Aseguran que “normalmente, cuando es un abogado quien llama a la compañía de seguros, el acercamiento entre las partes es más factible”.

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