La reforma de las pensiones también castiga a empresas y autónomos

La reforma de las pensiones planteada por el Gobierno al Parlamento, la patronal y los sindicatos afecta, y castiga, a todo el mundo. A los asalariados, a las empresas y a los autónomos.

Castiga porque se trata de una reforma de calado y, en ese sentido, pretende poner orden en el sistema de protección social durante un largo periodo. Por su alcance, las principales medidas son las siguientes:
El retraso de la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años. Ésta es una de las propuestas destinadas a fortalecer la contribución de los trabajadores. «Legal», significa que es la edad a partir de la cual, y siempre que se hayan cumplido otras condiciones, el trabajador tiene derecho a percibir toda la cuantía de la pensión. El Gobierno quiere que entre en vigor en 2013 y de manera paulatina hasta que esté plenamente implantada en 2025. Es decir, no afectará a los pensionistas de ahora y a todos aquellos que entren en el sistema hasta 2013. El Ejecutivo calcula que el ahorro que puede producir al sistema de pensiones entre 2013 y 2025 es de 40.000 millones de euros.

Ampliar el periodo obligatorio de cotización para calcular la pensión. El Gobierno no dice cuánto, pero emplaza al Parlamento, a la patronal y a los sindicatos a que lo hagan ellos. Es decir, hay que aumentar el número de años que, actualmente, está en quince. Sabedor de que esta propuesta puede causar malestar social, el Ejecutivo plantea la necesidad de la reforma recalcando que se trata de corregir los desagravios que se producen con los trabajadores despedidos en los últimos años de su vida laboral.

Como consecuencia de las regulaciones de empleo, y otras circunstancias, la cotización de muchos trabajadores mayores baja bruscamente y, en consecuencia, repercute sobre la cuantía de la pensión futura. Por eso es conveniente ampliar el periodo de cotización obligatoria para calcular la pensión. En sentido contrario, la propuesta tiene a reducir la pensión de quienes han aportado a la Seguridad Social durante toda su vida, porque en la media para calcular la pensión también entran los primeros años cuando el salario era más bajo.

Los beneficios deben pagar las prejubilaciones. El Gobierno propone «limitar las reducciones de plantilla en las empresas con beneficios, e imponer a las empresas la cofinanciación de los sobrecostes producidos por ello a la Seguridad Social». Incluso, el Ejecutivo propone limitar a los directivos las prejubilaciones que estén fuera de un expediente de regulación de empleo. Es decir, que el Gobierno quiere terminar con esos casos de prejubilaciones colectivas que, como no llegan al número de trabajadores afectados establecido por la ley, no necesitan un expediente de regulación de empleo.

Hachazo a los autónomos. Uno de los objetivos del Gobierno es generalizar la obligación de cotizar en las mismas condiciones a todos los trabajadores y, por eso, quiere terminar con la posibilidad de cotizar por la mínima que tienen los autónomos durante su carrera laboral.

Contener el gasto
Más cotización
El Gobierno también plantea ampliar la parte del salario que cotiza a la Seguridad Social en cada una de las categorías profesionales. Se trata de otra medida para igualar el esfuerzo contributivo a la pensión que se percibe.

El complemento
El Ejecutivo propone que quienes trabajen después de los 65 años puedan hacer uso del plan privado de pensiones. En muchos de estos casos, la retirada del mercado de trabajo se produce de forma paulatina, reduciendo jornada y salario.

Cambiar la viudedad
El Gobierno cree que hay que corregir los casos de sobreprotección y, por el contrario, mejorar las condiciones de quienes tienen una renta mínima.

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