La Administración adeuda a las constructoras el equivalente al ‘plan Blanco’

La credibilidad del sector público no está bajo mínimos sin razón. Las grandes constructoras denunciaron ayer que tienen una deuda vencida impagada de 16.500 millones de euros por parte de las administraciones públicas, un montante casi equivalente a los 17.000 millones que pondrá en liza el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), iniciativa estrella del ministro de Fomento, José Blanco. El Estado paga de media a 140 días, las comunidades autónomas a 155 y los ayuntamientos a 238. Y la Ley de morosidad rebaja el período de cobro de 60 a 30 días. “Es una utopía”, subrayó ayer David Taguas, presidente de Seopan.

De acuerdo con las cuentas del ex director de la Oficina Económica de Presidencia, el Estado les adeuda 6.500 millones, las comunidades autónomas 4.000 y los ayuntamientos 6.000 millones de euros. Y eso contando los datos de 2008, últimos agregados disponibles. No fue el único dardo que Taguas lanzó ayer al Gobierno, poniendo fin a la luna de miel escenificada con motivo del anuncio del PEI. “En 2009 se adjudicaron 15.994,2 millones de euros en obras de gran tamaño a 793 empresas. Es un número enorme”, subrayó Taguas. En román paladino, las grandes constructoras ven amenazado parte del pastel del plan Blanco y velan armas para defenderlo.

Y es que aunque el discurso oficial de Seopan es que el problema no radica en si una empresa es pequeña, mediana o grande, sino en su capitalización y en su ratio de solvencia, fuentes del sector aseguran a El Confidencial que la intención declarada por Blanco de trocear los concursos para dar entrada a pequeñas y medianas constructoras ha puesto en guardia a las grandes del sector, que se frotaban las manos. “Seopan llevaba un año hablando con Fomento sobre el plan y pensaba que era para ellas. Ahora ven que se va a repartir la tarta y que no va a haber grandes obras y sí mucho mantenimiento”, aseguran fuentes del sector.

Las grandes constructoras se miran en el espejo de países como Francia, donde a lo sumo una decena de empresas acaparan las licitaciones. No entienden que en España casi 800 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, puedan acceder a la obra civil. En esta línea, Taguas lanzó el guante a Fomento. Recordó que los márgenes en el sector son muy reducidos y el beneficio neto agregado de las 76 empresas líderes en contratación pública apenas representó el 4% del importe neto de la cifra de negocio. “Empresas de gran tamaño, que cotizan, fuertemente capitalizadas, coexisten con otras pequeñas con ínfima capitalización”, subrayó.

Una criba en el sector
¿Pronostica una oleada de fusiones para reestructurar el sector? Taguas comparó la situación con la de las cajas. “Hay veces que las fusiones aportan y otras no. No va a ser igual que en los años noventa, que se arregló con fusiones y adquisiciones. Esto es una crisis financiera. Se valora la deuda. No sé por dónde va a ir. Pero debe haber un número de empresas razonable. Ahora es ridículamente absurdo. Tiene que haber márgenes adecuados, que el ebitda sea el 5% de la cifra de ventas y más capitalización”, subrayó. ¿Plazos para la consolidación? “Ya está ocurriendo. Me gustaría que fueran rápidos, pero no es tan fácil”, zanjó.

El arsenal de demandas de las constructoras no acaba ahí. En primer lugar, piden que se solucionen algunos flecos en el proyecto de ley de captación de financiación. Por ejemplo, quieren que se evite “la transferencia del riesgo del coste de las expropiaciones a los concesionarios”. En segundo término, se solicita que se adapte el sector de concesiones español a la Plan General de Contabilidad, un problema que afecta a la tributación de los grandes grupos cotizados. Finalmente, se aboga por nuevos pliegos de contratación que limiten el riesgo de expropiación, controlen las bajas temerarias y den mayor importancia al plan financiero en la puntuación económica de las ofertas.

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