Su dinero estará vigilado durante una década

A partir de ahora, las declaraciones no deben caer en el olvido: los tributos pueden estar en cuarentena durante una década, el tiempo que la Administración dispondrá para revisar, analizar y vigilar sus impuestos.

«Sólo el 6% de los contribuyentes pagará el nuevo impuesto de Patrimonio»
noticiaHacienda aboga por ampliar a diez años la prescripción del fraude fiscal
noticiaEconomía. El Gobierno anuncia una amnistía fiscal para el capital oculto con la que espera recaudar 2.500 millones ¿Alguien es capaz de acordarse de la Declaración de la Renta que presentó en 2002, cuando las ganancias patrimoniales se gravaban al 15% y la deducción por vivienda alcanzaba hasta el 25%?
Probablemente no. Como tampoco se podrá acordar, allá por el año 2022, cuando le pregunten por la liquidación del Impuesto de la Renta (IRPF) que haya presentado esta semana. Pero, a partir de ahora, no habrá más remedio que guardar todos los documentos de forma más cautelosa en el cajón o, directamente, generar una nueva carpeta en su ordenador con los impuestos abonados desde este ejercicio fiscal.

La pretensión del Gobierno de modificar el Código Penal para aumentar el plazo de prescripción de los delitos fiscales de cinco a diez años supone un drástico cambio para los contribuyentes. Eso sí, habrá que esperar a la aprobación final de la ley para saber si esta medida afectará a todos los contribuyentes, si podría repercutir en las acciones que se realicen a partir de ahora y cómo se compatibilizará con el anuncio de amnistía fiscal impulsado para este ejercicio.

Contradicciones con Patrimonio y amnistía fiscal
Son muchos los factores que, casualmente, confluyen en estas semanas, en las que dar un paso hacia adelante puede ser perjudicial. Por una parte, es necesario declarar el Impuesto de Patrimonio relativo a 2011, «donde pueden aparecer disonancias con respecto a lo que un contribuyente tenga pensado regularizar antes del mes de noviembre», explica Rodolfo Molina, vicepresidente del REAF. Además, este año prescribe la responsabilidad penal por las declaraciones de 2007, aunque dependerá de cómo se articule el nuevo plazo de prescripción de diez años.

El aumento del tiempo de vigilancia de los impuestos es una medida «que está muy condicionada al anuncio del nuevo gravamen para regularizar dinero oculto», explica Valentín Pich, presidente del Consejo General del Colegio de Economistas. «Hay que analizarla con tranquilidad», recomienda. Ante tantas dudas, «hay que exigir la máxima precisión porque la seguridad jurídica queda afectada de alguna manera» con todas estas medidas, indica Valentín Pich.

Delito penal, 10 años; falta administrativa, cuatro
Por ahora, lo que se sabe es que el Gobierno va a actuar, sobre todo, en los grandes patrimonios. Porque lo que se ha anunciado es el aumento hasta una década de la prescripción del delito penal, que es el que se imputa cuando se trata de un fraude superior a los 120.000 euros anuales en cuotas defraudadas», recuerda José María Mollinedo, secretario general de Gestha (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda). Sin embargo, este delito se imputará a partir de los 600.000 euros y no de los 120.000, como hasta ahora.

Por su parte, la infracción administrativa, que es la que se produce cuando el fraude es inferior a esa cifra, se mantiene en los cuatro años. Para Mollinedo, «el aumento de la prescripción penal debería ir acompañada de la administrativa». Es decir, que todas las liquidaciones de impuestos puedan ser revisadas en una década, independientemente de lo que se defraude sean 120, 12.000 ó 120.000 euros. Además, debe tener en cuenta que, en muchas ocasiones, las investigaciones fiscales comienzan a realizarse cuando está a punto de prescribir el posible delito o falta que haya cometido con sus impuestos.

Fraude a la Seguridad Social más castigado
Las penas máximas por defraudar a este organismo pasan de cinco a seis años; y además, se amplía el periodo de prescripción de cinco a diez años en los supuestos delictivos más graves, como, por ejemplo, la creación de «empresas fantasma» sin actividad real.

También se va a reducir la cuantía mínima de defraudación a la Seguridad Social, a los 50.000 euros. «Es una buena medida, porque equipara ese umbral con el de los delitos relacionados con el fraude de fondos europeos», recuerda Mollinedo. El secretario general de Getsha apunta, además, que «en algunos delitos, como los de paraísos fiscales, también se debería rebajar el importe a partir del cual se considera un delito a los 50.000 euros».

[Via Finanzas]

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