Solidaridad autonómica: ¿una acción eficaz o un brindis de 65 millones?

La Generalitat se comprometió en 2006 a ejecutar un ambicioso plan de ayudas al desarrollo. El texto contemplaba una dotación en 2007 de 65 millones de euros, correspondiente al 0,66% de los ingresos tributarios de la Administración. Las ayudas debían alcanzar 130 millones de euros este año.

Pero la crisis ha provocado que este capítulo se haya mantenido en 65 millones, algo que el Govern no da por negativo. La reciente polémica sobre la ineficacia de las llamadas caravanas solidarias hace, sin embargo, preguntarse sobre la validez de este modelo de solidaridad.

La Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) –que depende de Vicepresidència, el departament que preside Josep-Lluís Carod-Rovira–, se hace cargo de unos 50 millones, mientras que los 15 millones restantes los aportan los Departaments. Las ayudas son variopintas. La agencia aportó por concurso público más de 27 millones en 2009, repartidos en más de 300 proyectos.

Las mayores transacciones se conceden a ONGs [ver cuadro], pero hay muchas subvenciones a ayuntamientos, principalmente para las llamadas fiestas de la solidaridad. Además, la ACCD firma convenios bilaterales, principalmente con agencias de la ONU, o transfiere cantidades a organizaciones para que elaboren proyectos del Govern; estos dos últimos, fuera de concurso. Una amalgama de acciones cooperativas cuya eficacia real queda en entredicho en ocasiones al observar sus destinatarios.

La gestión de la agencia
El capítulo de gastos de la ACCD es, sobre la base a los presupuestos generales de 2010, de 39,3 millones de euros. De ellos, se destinan a ayudas directas 31,6 millones. Es decir, un 20% del presupuesto se utiliza en gasto corriente. Sólo en gastos de personal destina 4,8 millones, el 12% del presupuesto.

Esta proporción se debe a que, ese mismo año, la ACCD redujo su presupuesto un 21% frente al año anterior, debido a la crisis económica. El aparatado más perjudicado fue la ayuda directa (-27%). El gasto de personal, sin embargo, creció un 14%. Andreu Felip, director de la agencia, indica que su presupuesto real es unos 10 millones mayor, debido a una incorporación reciente en su presupuesto compensado mediante remanentes de tesorería, que el Departament de Economia ejecutó a instancias de una orden del Parlament. Así, la ACCD dispondría de los 50 millones estipulados en el Pla Director.

Rafael López, del PP catalán, entiende que “las agencias fueron creadas para reducir el gasto de los Gobiernos, para tener entidades paralelas más eficientes y profesionales, donde la cúpula debía presentar resultados y era despedida si no gustaba”, y asegura que no es lo que ha sucedido con la ACCD.

El director general de Cooperació, David Minoves, destaca que el control en Catalunya es de los más exigentes pero, aún así, la “cultura de la evaluación” debe desarrollarse. Conscientes de este punto débil, la Generalitat publicará en breve unas “directrices” de evaluación en la materia, con tal de que las ONG y otras entidades que se dedican a estas cuestiones las apliquen, eso sí, de forma voluntaria.

Eficacia
Sobre la eficiencia de las ayudas, Ana Figueres, responsable de cooperación en CiU, considera que el Govern ha querido ejercer directamente de cooperante, en vez de confiar en entidades profesionales que se dedican a ello. “Ha querido sustituir a la sociedad civil”, dice, y apunta que será lo primero que cambiarán si llegan a la Generalitat.

Se refiere, por ejemplo, a la Festa de la Cooperació, tradicionalmente en el parque de la Ciutadella de Barcelona, y que costaba 600.000 euros anuales. “El Govern la suprimió, y ha optado por hacer convenios con los municipios, con los que participa”, dice Figueres, descifrando el monto de subvenciones a ayuntamientos. “Es también una forma de publicitar el Govern en los pueblos”, añade.

Figueras admite que es positivo que se destinen todavía 65 millones anuales al desarrollo, aunque critica las formas. Considera que las aportaciones tienen a veces un carácter “demasiado político”. Cuenta además que las subvenciones, que salen por convocatoria, son sólo una parte del presupuesto. Para Figueres, los convenios que el Govern firma bilateralmente son los que más trampas esconden. “Nadie pide cuentas sobre el criterio, y siempre los firman al final, para completar los presupuestos”, denuncia.

Andreu Felip defiende que este capítulo es sólo el 7,7% del total, y que precisamente es el que antes se soluciona, no como el municipal. La cooperación está aprobada y definida por el Parlament. Defiende las ayudas para las fiestas municipales. “La ayuda al desarrollo tiene cada vez más un carácter de sensibilización. Y ello hay que hacerlo en los países desarrollados”, explica.

“Muchas de estas ayudas son a fondo perdido”, explica Rafael López del PP, quien considera que este modelo es obsoleto. “No debe darnos miedo la economía social”, añade, y anima a profundizar en los llamados microcréditos y microfranquicias, es decir, la exportación de marcas a países en desarrollo, y canalizar la ayuda mediante nuevas líneas del Institut Català de Finances (ICF). “Son proyectos mucho más baratos, finalistas y con mayor proyección. Hay que hacer menos viajes a Brasil”, sentencia.

Si te ha gustado este artículo puedes completarlo dejando un comentario o bien puedes suscribirte al feed y recibir las entradas futuras en tu lector de feeds.