Rubalcaba anuncia el estado de alarma

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado el establecimiento del estado de alarma a partir de las 13 horas, un momento en el que se publicará el decreto ley que lo promulga. Desde ese momento, los controladores que no trabajen con normalidad serán acusados de un delito de desobediencia para el que el Código Penal Militar prevé hasta dos años de cárcel.

A partir de las 13 horas, los controladores pasarán a estar «movilizados», que implica que pueden ser acusados de desobediencia una vez se les comunique personalmente su nueva situación. Eso es precisamente lo que va a ocurrir a partir del momento en el que se publique el real decreto ley y se llevará a cabo desde las torres de control y mediante contactos personales.

Es la primera vez en la historia de la democracia que se decreta un estado de alarma, que en este caso se extenderá como máximo durante los próximos 15 días y para el que no se descarta una prórroga.

Según Rubalcaba, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha telefoneado al líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, para explicarle la decisión que ha tomado esta mañana el consejo de ministros. El número dos del Ejecutivo ha señalado que el Ministerio de Presidencia ya ha empezado a dirigirse a los portavoces de los grupos parlamentarios.

Alfredo Pérez Rubalcaba ha querido «reiterar las disculpas del Gobierno a los viajeros que se les ha infligido un daño imposible de justificar» y que la Administración está intentando mitigar poniendo al servicio de los ciudadanos «a la Guardia Civil, el Servicio de Protección Civil o Aena».

350.000 víctimas
Una de las primeras consecuencias del desafío de los controladores fue la suspensión del puente aéreo entre Barcelona y Madrid. Diecisiete vuelos tuvieron que ser suspendidos. Para hoy, estaban previstas más de cuarenta conexiones entre El Prat y Barajas.

Se calcula que el paro afectó ayer a hasta 350.000 pasajeros, justo en el inicio del puente de la Constitución española.

La peor parte fue a parar al aeródromo madrileño, nudo del control aéreo y principal conexión internacional del país, en el que, no obstante, sí que aterrizaron algunos vuelos. Por ejemplo, los cuatro aviones procedentes de Venezuela tomaron tierra en Madrid y Tenerife, pese a las protestas de algunos controladores.

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