Montilla no descarta plantear una reforma de la Carta Magna

El president de la Generalitat, José Montilla, ha defendido en el Parlament que la respuesta de Catalunya a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut pasa por «entenderse» con España, aunque solo sea porque es la fórmula que más «interesa» a los catalanes. Ha advertido de que la independencia es un camino inviable y que la unidad civil y política es la clave para que Catalunya «fije sus condiciones» ante el Gobierno español. «La soledad no es el progreso, y sin progreso no hay nación», ha señalado. Por ello, ha emplazado a los partidos a hacer efectiva esa unidad, a través de una resolución conjunta en defensa de la Carta catalana.

Negociar con el Estado
La receta de Montilla para superar esta situación es dialogar con los máximos representantes de las instituciones del Estado, empezando por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para lograr las modificaciones legales necesarias. El president ha citado, por ejemplo, el artículo 150 de la Constitución, que permite a los comunidades autónomas la negociación bilateral con el Gobierno de determinadas competencias. Pero Montilla ha ido un paso más allá y no ha descartado que, pasado todo este proceso, sea conveniente plantear una reforma de la Carta Magna, cuyo pacto considera «rebajado y menospreciado».

Los juristas del Govern han propuesto en su informe sobre la sentencia la posibilidad de modificar una docena de leyes orgánicas para recuperar muchos de los preceptos que los magistrados han anulado o reinterpretado.

Durante su intervención inicial en el pleno monográfico sobre el fallo del Constitucional, Montilla ha advertido de que la decisión de los magistrados ha supuesto un punto de inflexión en la relación entre Catalunya y España, de tal manera que ha «lesionado» la confianza mutua. «Sin confianza puede abrirse camino una relación más fría», ha avisado el president. Aunque ha querido dejar claro que «España no es esta sentencia, ni es el tribunal que la ha dictado», ha asegurado que España es hoy «más pobre moralmente», y que la «irritación» que ha provocado el TC puede canalizarse con un auge del sentimiento independentista: «Muchos ciudadanos pueden pensar en dejar de lado el camino del entendimiento y el pacto».

Pese a la mano tendida, Montilla no ha escatimado reproches a la actitud las instituciones del Estado hacia Catalunya. «Si España quiere dar una solución al secular problema catalán, debe estar dispuesta a cambiar», ha advertido. Para empezar, según el president, las instituciones españolas deberían «admitir que se trata no del problema de unos cuantos, sino de un problema constitutivo de su propia esencia».

Eficacia política y social
En cualquier caso, el presidente catalán ha defendido que solo una respuesta desde la unidad tendrá la «eficacia política y social» necesaria para recuperar aquello que la sentencia ha anulado. Un mensaje claro a favor de acordar hoy una resolución unitaria que sea trasladada a las Cortes Generales, tras el fracaso, ayer, de la cumbre de líderes. En este sentido, Montilla ha señalado que esa unidad requiere que todas las fuerzas políticas venzan las «tentaciones» electorales. «Tenemos un mínimo común denominador que debe estar a prueba de confrontaciones partidistas, para que sea tan válido hoy como después de las elecciones», ha añadido. El president ha pedido a los partidos que sean capaces de ofrecer una imagen de «realismo y lealtad». «Es lo mínimo que la ciudadanía espera de nosotros», ha apostillado.

De hecho, los máximos representantes de todos los partidos catalanes han escuchado a Montilla en el hemiciclo, incluidos el secretario general de ICV, Joan Herrera, y la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, que siguen la sesión desde la tribuna de invitados. También ha acudido al Parlament el secretario general de ERC, Joan Ridao. A lo largo de la mañana se retomarán las negociaciones en busca de ese pacto.

La intencionalidad política del TC
Montilla ha acusado al Constitucional de moverse por intereses políticos y de querer suplantar el papel del legislador. «El Tribunal pretende impulsar su propia visión del modelo de Estado», ha criticado en una retahila de reproches al TC. El president ha acusado a los magistrados de extralimitarse en sus funciones y de redactar una sentencia cargada de intencionalidad. Como ejemplo ha citado la manera en la que el Constitucional rechaza el concepto de nación. El tribunal denosta esta definición de manera «enfática, recargada y absolutamente gratuita», según interpreta el president.

Otra prueba, ha añadido, de la intencionalidad política de la decisión del tribunal es su interés en «intentar cerrar la puerta» a un modelo de Estado plurilingüístico. La conclusión a la que llega el president de la Generalitat es que la interpretación que han hecho los magistrados es «irresponsablemente excluyente». En el trasfondo de la actuación de los magistrados está, según el diagnóstico de Montilla, la desconfianza con la que se ha redactado el texto. La misma desconfianza que ahora existe entre las instituciones catalanas y españolas. Un sentimiento que costará de superar, ha pronosticado.

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