Más del 55% de los alquileres de vivienda defraudan a Hacienda

Los técnicos de la Agencia Tributaria (reunidos bajo el colectivo Gestha) han alertado de que más de la mitad de los alquileres de vivienda esconden un fraude a Hacienda.

El informe de Gestha -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda- revela que el Plan de Prevención del Fraude se estancó en 2008 sin resultados «medianamente aceptables», ya que si bien se contabilizaron 130.345 nuevos declarantes de viviendas alquiladas, el número de arrendamientos sumergidos se incrementó en 209.159 en comparación con el año anterior.

Asimismo, el volumen de dinero defraudado aumentó en 473,2 millones de euros, es decir, un 19,3%, hasta los 2.926 millones.

Sin embargo, la Agencia Tributaria niega que la mitad de los alquileres no se declaren y ha advertido a los Técnicos de Hacienda (Gestha) de que no se pueden comparar sus datos con los del Ministerio de Vivienda porque las cifras son «imposibles de homologar».

En este sentido, fuentes de la Agencia Tributaria apuntan que los datos de Vivienda se refieren a una estimación de viviendas alquiladas, mientras que los datos de la Agencia Tributaria recogen los declarantes de IRPF que se reducen por arrendamiento de viviendas habituales.

Según las fuentes, esto implica que todos los alquileres de viviendas no habituales, como las viviendas que se alquilan a estudiantes o durante periodos vacacionales, no están incluidos en la estadística de la Agencia.

Los Técnicos de Hacienda sostienen que si bien la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran casi 90.000 alquileres sumergidos, con una ligera reducción del fraude entre 2006 y 2007, al pasar del 57,1% al 54%, lo cierto es que entre 2007 y 2008 los «alquileres negros» aumentaron en más de 1,3 puntos porcentuales (del 54% al 55,4%).

Gestha atribuye estos datos al retraso de dos años en la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal y la demora de otros dos años más para su entrada en vigor.

Esta norma recoge como «medida estrella» la obligación desde 2010 por parte de las compañías eléctricas de facilitar los consumos de los inmuebles, así como la identificación de los titulares del contrato de suministro, la referencia catastral y su localización, con el fin de poder «fichar» aquellas viviendas que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente un alquiler sumergido.

Rentas ocultas
El estudio de los Técnicos cifra en un mínimo de 3.000 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables (excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles distintos de los destinados a uso como vivienda) que no se han llevado a la base imponible del IRPF.

En opinión de los Técnicos de Hacienda, el hecho de que el fraude por alquiler de viviendas siga creciendo pone de manifiesto que la Agencia Tributaria no está siendo efectiva en la lucha contra el fraude, máxime si se tiene en cuenta que los alquileres aflorados lo han hecho impulsados por dos motivos: por un lado, por los 502.440 inquilinos que han utilizado por primera vez en 2008 la nueva deducción del 10,05% por alquiler de vivienda habitual (al tener una base imponible inferior a 24.020 euros anuales) y, por otro, por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos.

Más alquileres ‘negros’ en Cataluña y Madrid
Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que más de dos tercios de los arrendamientos no declarados (un 65,8% del total) se concentran en Cataluña, Andalucía, y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan. En lo referente a la cuantía defraudada, la Comunidad Catalana lidera el ranking nacional con más de 855 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de las Comunidades de Madrid y Andalucía, con 838,4 y 449,6 millones de euros, respectivamente.

En la Comunidad Valenciana se disparó desde los 123,6 a los 209 millones de euros, mientras que en Archipiélago Canario también aumentó desde los 148,6 a los 179,3 millones de euros.

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