Más de medio millón de desempleados se han beneficiado de la ayuda estatal de 426 euros

La medida ha supuesto para el Ministerio de Trabajo un desembolso cercano a los 700 millones de euros.
Más de un millón de desempleados se han beneficiado ya de la ayuda de 426 euros que desde el pasado mes de noviembre comenzó a abonarse y que ha supuesto para el Ministerio de Trabajo un desembolso cercano a los 700 millones de euros.

El conocido como Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), que se dirige a parados que hayan agotado sus prestaciones y que participen en un itinerario de formación personalizado para mejorar su empleabilidad, se aprobó en agosto pasado.

La secretaria de Empleo, Maravillas Rojo, ya avanzó a principios de abril que el 16% de los cerca de 400.000 beneficiarios del programa encontraron empleo. En concreto, Rojo precisó que 93.000 de los parados dejaron de cobrar este subsidio «extraordinario» lo hicieron por colocación, frente a los 45.229 que lo agotaron en febrero.

Al coste inicial de 700 millones, Trabajo estima que deberá sumar otros 517,8 millones destinados a la prórroga del programa durante otros seis meses, esto es hasta octubre, y que el Gobierno justifica en «las disponibilidades presupuestarias, las perspectivas económicas y la situación de desempleo», según se publica en el Real Decreto de 12 de febrero.

Coste de 1.200 millones

Así pues, y sin que se decidan más prórrogas, la ayuda de 426 euros supondrá para las cuentas públicas un gasto de más de 1.200 millones de euros, en un momento en el que los mercados internacionales presionan a España para recortar su elevado déficit, que cerró en el 11,2% del PIB en 2009.

Eso sí, el incremento del gasto público será, tal y como defiende el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a costa de ayudar a los trabajadores más golpeados por la crisis, al sumar unos 800.000 beneficiarios.

Precisamente, el Gobierno aprobó el pasado mes de agosto esta ayuda temporal durante seis meses como medida coyuntural para minimizar el impacto de la crisis, y que tres meses después aplicó con carácter retroactivo desde el 1 de agosto a instancias de los grupos parlamentarios.

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