Los sindicatos anuncian que la huelga general no está en sus previsiones

Las centrales se muestran convencidas de que no se retrasará la edad de jubilación.
UGT es partidaria de que se resuelva con más impuestos y CC.OO. no.
Méndez y Toxo difieren del papel del ministro de Trabajo en la comisión.

Los dirigentes sindicales están aflojando la tensión de sus bases ante el convencimiento de que el Gobierno no aprobará la jubilación por ley a los 67 años. El próximo martes, 23-F, se manifestarán en Madrid, pero descartan una huelga general. «No está en el escenario de las reflexiones del sindicato», afirmó ayer el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo.
El dirigente sindical dijo que «no hay empleos en la huelga general; los empleos los genera la actividad económica», afirmó Toxo en una entrevista en la Cope. Sin embargo, admitió presiones «para que venga a cuenta o no se convoque una huelga general». De hecho, en las últimas reuniones de los órganos directivos de ambos sindicatos, sus dirigentes han tenido que frenar a sus propios delegados, que les reclamaban una respuesta contundente contra el retraso de la jubilación por ley. El problema al que se enfrentan sus cuadros sindicales es que algunos de ellos han ganado las elecciones haciendo bandera de la jubilación a los 60 años.

Tras las reuniones que han mantenido de manera informal, los sindicatos creen que el Gobierno será flexible. Es decir, que la fórmula que acabará aprobando el pacto de Toledo podría ser una recomendación y no un cambio legislativo. Es decir, alguna fórmula que suponga un retraso progresivo incentivado de la jubilación a partir del 2013. El próximo lunes el ministro de Trabajo explicará en el Parlamento la propuesta gubernamental.

Por el contrario, los sindicatos creen que se puede avanzar en alguna fórmula que refuerce la contribución que hacen los trabajadores a lo largo de su vida laboral. Esto permitiría garantizar los ingresos teniendo en cuenta que las nuevas generaciones trabajan menos años y con periodos más intermitentes. Hay que tener en cuenta que la clave de las dos grandes reformas aprobadas fue alargar el periodo de cómputo (en 1985, de 2 a 8 años; en 1997, de 8 a 15 años, y en el 2001 se planteó y luego no se concretó). Por eso se podría habilitar una fórmula que incluyera los mejores años de cotización por determinados periodos laborales.

UGT y CC.OO. no mantienen una posición unitaria ante la reforma de las pensiones públicas. Comisiones admite que es necesario recortar los gastos. De hecho, siempre ha sostenido que el problema de la viabilidad del sistema es su «contribuidad». Esto significa garantizar la máxima aportación de los trabajadores teniendo en cuenta que empiezan a trabajar más tarde y con contratos más precarios. De hecho, esta organización ha avalado todas las reformas, como le gusta decir a su responsable Carlos Bravo, incluida la del 2001, que abrió la puerta al aumento del periodo de cálculo. Además, cree que se deben hacer ajustes para que el sistema se financie con las cotizaciones de trabajadores y empresas, sin necesidad de recurrir a impuestos. Por eso se niega rotundamente a una bajada de cotizaciones que pueda disminuir los ingresos, dada la evolución demográfica española.

Por el contrario, UGT se cierra en banda al aumento del periodo de cálculo de las futuras pensiones. Por esta razón, lo ha impedido siempre que ha podido (en el 2001). Además, considera que si hay problemas de financiación se debe recurrir a subir impuestos para resolverlo.

Ambas organizaciones están de acuerdo en que hay que limitar los expedientes de regulación de empleo. También coinciden en que es necesario adaptar la pensión de viudedad a la nueva realidad laboral de la mujer para las futuras generaciones.

UGTy CC.OO. también discrepan del papel del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la salida de la crisis. Toxo pidió que se le incluya en la comisión integrada por la vicepresidenta Elena Salgado y los ministros de Fomento, José Blanco, y de Industria, Miguel Sebastián.

Por el contrario, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo ayer que «no se deben hacer lecturas torcidas». Es consciente de que el Gobierno quiere mantener dos planos diferentes de negociación, uno político y otro sindical. El objetivo es evitar que los desacuerdos que puedan surgir en la negociación de la reforma laboral y de las pensiones contaminen el consenso que requiere la salida de la crisis.

Ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció que propondrá un nuevo contrato con una indemnización por despido progresiva en la reunión que mantendrá el próximo día 23 con la comisión «anticrisis».

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