Las pymes y los autónomos, objetivo de Hacienda para destapar 4.000 millones

Los inspectores denuncian una presión «excesiva e irracional» de la Agencia Tributaria.
Los inspectores revelan que para cumplir objetivos de «cada diez expedientes abiertos deben salir positivos nueve».

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) cargó ayer contra la Agencia Tributaria a la que acusa de un desmedido afán recaudatorio para este año. Según aseguró ayer Francisco de la Torre, secretario general y portavoz de la asociación, la agencia ha fijado para el presente a sus equipos de inspección una recaudación de 4.000 millones de euros por fraude fiscal, una cifra igual a la de 2009, «el mejor ejercicio de inspección de la historia de la Agencia Tributaria», que supuso un incremento del 15% sobre la previsión.

Este objetivo, al que queda ligada la retribución variable de los inspectores –una quinta parte de sus ingresos totales– supondrá una presión sobre su trabajo, que se podría traducir en una mayor precipitación para cerrar los expedientes tratando de alcanzar la mayor recaudación posible. «Obtener una deuda como sea no es bueno y puede llevar acarreado un aumento de los litigios judiciales con los contribuyentes». Y es que para cumplir con los objetivos de Hacienda de «cada diez expedientes abiertos tienen que salir positivos nueve».

Consecuencias de la crisis
La Agencia Tributaria salió ayer al paso de esta denuncia asegurando que lo único de que se trata es de aumentar la presión sobre los defraudadores, algo que «es un objetivo irrenunciable». Fuentes consultadas por Europa Press indicaron que «aún hay margen para incrementar la lucha contra el fraude fiscal», desde el uso de las nuevas tecnologías hasta la mejora de los procedimientos de trabajo la AEAT.

Para los inspectores de Hacienda, «la presión que lleva ejerciendo la Agencia Tributaria en los dos últimos años es excesiva y en los dos últimos meses, irracional». El portavoz de la IHE denuncia el aumento de la burocracia en sus actuaciones con la introducción obligatoria del expediente electrónico un lastre cuando hay casos que suman hasta 15.000 folios. «No podemos cumplir adecuadamente nuestra labor de comprobación al tener que dedicar más tiempo a estas tareas, por lo que se hace más difícil investigar fraudes más sofisticados, más escondidos». Los expedientes tienen ahora que ser cerrados en un plazo máximo de ocho meses y medio en lugar de doce.

Los objetivos de la lucha contra el fraude de los inspectores de Hacienda van a seguir centrados en una bolsa de un millón de pequeñas y medianas empresas y autónomos, donde se supone que se concentra la mayor parte del delito fiscal.
Con arreglo a derecho

Los inspectores garantizaron ayer en una rueda de prensa que a pesar de la presión a que es sometido su trabajo «no vamos a exigir deudas que no sean con arreglo a derecho», en un intento de tranquilizar a todos los contribuyentes. Creen que el mensaje que se está transmitiendo desde la Agencia Tributaria con los objetivos fijados es que hay que conseguir aflorar deuda como sea. El colectivo pide a Hacienda más medios humanos y materiales, y primar la investigación por encima de la mera comprobación.

45.000 millones menos por IVA y sociedades en la crisis
El incremento de la presión de la Agencia Tributaria tiene mucho que ver con el desplome de la recaudación impositiva desde que comenzó la crisis y que se ha reflejado esencialmente en los impuestos sobre sociedades y el IVA, cuya recaudación ha descendido en 45.000 millones de euros entre 2008 y 2009. De acuerdo con los datos acumulados de los diez primeros meses del pasado año, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades se redujo un 22,3% (por los menores beneficios empresariales) y la del IVA, un 29,1%. Francisco de la Torre considera muy desproporcionado este desplome en relación con la caída del PIB (-3,6% como media de 2009) y del consumo interno, lo que, en su opinión, podría justificarse por un aumento de los niveles de fraude tributario y de la economía sumergida.

El Gobierno tiene previsto aprobar el próximo 5 de marzo un plan de lucha contra el fraude fiscal sobre el que, según los inspectores, se ha empezado a trabajar el pasado miércoles. Acerca de su contenido se conoce muy poco. Apenas que las SICAV no van a ser objeto de persecución, que se podrán compartir bases con la Seguridad Social y que no habrá más medios humanos.

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