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Las constructoras frenan la guerra de precios en las obras del Ministerio de Fomento
Lo que no ha conseguido el Ministerio de Fomento a golpe de amenazas, la reforma de las leyes o repetidas modificaciones de los pliegos de contratación, se ha encargado de solucionarlo el mercado. La difícil situación financiera de muchas constructoras por la falta de crédito ha aplacado la guerra de precios en el mercado de obra pública.
Según la última información disponible, correspondiente a 2009, las bajas medias (la diferencia entre el precio de adjudicación y el de licitación de los concursos públicos) se situaron en el 20,23%, lo que supone un descenso de algo más de cinco puntos porcentuales sobre el mismo periodo del año anterior.
En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, el resultado es menos abultado, ya que las bajas en 2009 se mantuvieron de media en el 24%.
El balance en Fomento es significativo, ya que, en teoría, el descenso de la contratación del Ministerio el año pasado se traduciría en una mayor competencia entre los grupos constructores para mantener o elevar su cuota de mercado. En 2009, el departamento que dirige José Blanco adjudicó obras por valor de 7.484 millones de euros, lo que supone un descenso de 29%.
Sin financiación
Según el sector, la escasez de financiación es uno de los factores que explica la menor agresividad de los precios. Las constructoras necesitan el apoyo inicial de la banca para poner en marcha los proyectos adjudicados por el Gobierno. Esos préstamos se devuelven a medida que se formalizan los pagos por la obra ejecutada. En 2009, buena parte de esas líneas de liquidez se han cerrado, entre otras razones, por la falta de confianza en grupos que, además de dedicarse a la obra civil, tienen un alto porcentaje de riesgo concentrado en el sector inmobiliario.
En los últimos dos años se han producido varios ejemplos de contratistas tradicionales del Ministerio de Fomento que han entrado en ese callejón sin salida. Compañías como Ploder-Uicesa, Begar, DHO, Seop o Hispánica (Assignia desde que fue comprada por el grupo Essentium) han sido víctimas, entre otros factores, de esta dinámica que las ha situado al borde de la quiebra y, en algunos casos, de la desaparición.
Para recuperar esas líneas de crédito, las constructoras reclaman desde hace tiempo la participación del Estado como avalista. La purga provocada por la crisis inmobiliaria, la escasez de crédito y el lento proceso de concentración en el sector explican, en parte, el descenso del número de empresas adjudicatarias en 2009. El año pasado, Fomento adjudicó obras a 422 compañías, lo que significa un 13% menos que el año pasado.
El mayor número se produjo en 2007, cuando el Ministerio repartió contratos entre 588 compañías. Las estadísticas demuestran que hay una relación directa entre competencia y guerra de precio, ya que, en ese mismo año, las bajas alcanzaron niveles históricos, con descuentos medios sobre el precio de licitación del 31%.
Ofertas menos agresivas
La menor agresividad en las ofertas también es fruto del giro en la estrategia de crecimiento de los grupos de construcción, sobre todo, entre los grandes contratistas. Los responsables de Ferrovial fueron de los primeros en exponer públicamente ese cambio al dar prioridad a la rentabilidad frente a una mayor cartera de producción. La compañía controlada por la familia Del Pino ha dado en los últimos meses pasos en esa dirección al rescindir varios contratos multimillonarios en España y en Polonia al no tener garantizada la rentabilidad de los proyectos.
Para los expertos, el modelo de contratación español, con ofertas que suponen iniciar el proyecto en pérdidas, tiene los días contados. La Comisión Europea es la responsable de este diagnóstico. Bruselas ha pedido a España que elimine la figura de los modificados de obra, un instrumento que consiste en la facultad del contratista para solicitar un incremento del presupuesto de adjudicación, que suele rondar el 20%, siempre que concurra una serie de circunstancias. A través del modificado, las empresas consiguen compensar las pérdidas con las que inician las obras. “Los grupos españoles somos expertos en gestionar ese tipo de riesgo”, señala un directivo de una de las mayores constructoras españolas.
El Gobierno ha asumido la orden de la CE y, a través del Ministerio de Economía, trabaja en la introducción de un cambio en la ley de contratos del Estado que impedirá el uso abusivo de los modificados. Fomento lo apoya.
Aena y la Seitt, la cara y la cruz
Dentro del Ministerio de Fomento, el comportamiento de sus principales unidades inversoras no es homogéneo. Aena, el gestor aeroportuario, invirtió el año pasado unos 1.700 millones de euros. En materia de contratación, las bajas medias se situaron en el 25,6%, lo que supone un aumento de casi un punto porcentual con respecto a 2008. En la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seitt), cuyo presupuesto de inversión en 2009 ascendió a 4.000 millones de euros para carreteras y ferrocarriles, las bajas medias se situaron en el 17,3%, once puntos porcentuales menos que el año anterior.
Nuevo ciclo
Ajuste
Las empresas han moderado la agresividad en sus ofertas para reforzar su cartera de obra. Los descuentos medios en la obra pública se han situado en el 20,2% en 2009.
Menos empresas
Fruto de la coyuntura desfavorable y de la purga en el sector, el número de empresas adjudicatarias de contratos de Fomento ha descendido un 13%. De 488 empresas en 2008, a 422 en 2009.
Menor tamaño
De media, el tamaño medio de los contratos adjudicados por Fomento se ha reducido. En 2009, se situó en 8,6 millones de euros por obra adjudicada, lo que representa un descenso del 11%.
Medio ambiente
Las bajas en el Ministerio se mantuvieron de media en el 24% en 2009. Los concursos de la Dirección General de Costas son donde se produce la mayor competencia.
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