La debacle inmobiliaria lleva al banquillo a los ‘reyes del ladrillo’

Los reyes del ladrillo, los empresarios estrella del reciente boom inmobiliario español, no sólo han perdido la mayor parte de sus fortunas por la crisis sino que enmuchos casos empiezan ahora un largo vía crucis judicial. Esta semana las juntas de accionistas de dos inmobiliarias cotizadas, Metrovacesa e Inmobiliaria San José, aprobaron el ejercicio de la Acción Social de Responsabilidad (ASR) contra sus antiguos gestores, Joaquín Rivero y Marcos Fernández Fermoselle, respectivamente, por el daño patrimonial que su gestión ha causado a la compañía y reclamando su restitución. El expresidente de Metrovacesa, Joaquín Rivero, salió al paso públicamente de estas acusaciones resumiendo el sentir de muchos de los implicados: «Se trata de una cortina de humo de los nuevos gestores para desviar la atención sobre las enormes pérdidas que están registrando las compañías».

Metrovacesa, que ha anunciado que revisa también la gestión de la compañía cuando fue presidida por Román Sanahuja, y San José son las últimas de una lista que inició Colonial, entre las grandes firmas cotizadas, al anunciar acciones contra su ex presidente Luis Portillo, y que incluye a decenas de pequeñas inmobiliarias. En otros casos, como en Patrirent, el escrutinio de la gestión del ex presidente, Valentín Bascuñana García, no ha derivado en acciones legales.

«El ejercicio de la ASR no es cosa de ahora: sólo hay que recordar la que ejerció Banesto contra Mario Conde tras la intervención del Banco de España», asegura Andrés Jiménez de Parga, socio y director de la oficina de Barcelona del bufete del mismo nombre. «Aunque ahora –reconoce–, con la crisis, hay una tendencia a revisar más a fondo todas las operaciones. Además entra dentro de las responsabilidades de los administradores, el ejercerla, para velar por el interés de la sociedad».

Josep Ensesa, socio de Garrigues y director del área de procesal del bufete en Barcelona, reconoce también que el recurso a la acción social de responsabilidad «es un clásico en las crisis. A veces es sólo una pataleta del inversor que se encuentra con que está perdiendo dinero. Muchas además se quedarán en nada: los jueces exigen que se demuestren muy claramente los perjuicios». Las ASR se ven facilitadas por el cambio de accionistas o de administradores que ha habido en muchas inmobiliarias, que se han descapitalizado por las pérdidas acumuladas y han pasado a manos de sus acreedores o de nuevos socios. Las acciones puede ejercerlas la propia sociedad cuando lo aprueba la junta de accionistas, que ni siquiera necesita ponerlo en el orden del día (Metrovacesa y San José la aprobaron sorprendentemente). También puede ejercerla un accionista minoritario o, cuando los accionistas no la ejerzan, un acreedor, «aunque en todos los casos el beneficiario es la propia compañía, a la que se debe restituir el perjuicio causado», señala Ensesa. La acción no excluye además el recurso a la vía penal. «Si se demuestra el perjuicio, la compañía puede acusar a sus ex directivos de administración desleal», recuerda Jiménez de Parga.

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