Gobierno contra pirateo, una batalla de final incierto

La ‘ley Sinde’ pretende cerrar 200 webs que no pagan derechos de autor, medida que no gusta a internautas y afectaría a varias pymes.
Ya tenemos sobre la mesa la que sin duda será una de las batallas del año. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, anunció a principios de enero la intención del Gobierno de establecer un proceso mixto, administrativo y judicial, para proteger la propiedad intelectual en internet.

Dicha modificación normativa, conocida como la ley Sinde, forma parte del heterogéneo proyecto de Ley de Economía Sostenible (LES), pendiente de pasar por los filtros del Congreso y del Senado. Si dichas medidas se aprobasen, se cerrarían no más de 200 webs, tal y como señaló la propia ministra.

Unas webs cuya identidad se desconoce, aunque sí es público que un 57% de ellas son españolas. Y que detrás hay pequeñas pymes, a menudo formadas por menos de cinco personas. Aunque éstas eluden por prudencia el contacto con la prensa.

Según la Coalición de Creadores e Industria de Contenidos, el grupo de presión que confeccionó la lista del que forman parte asociaciones como la SGAE, Promusicae y Egeda, las 200 webs en cuestión son responsables del 80% de la piratería que se lleva a cabo en España. «El Gobierno ha dado un primer paso muy positivo contra la piratería», opina Joan Navarro, director de la Coalición. «Si frenamos a los que más piratean estaremos avanzando mucho», sentencia.

González-Sinde aseguró ante los medios que la piratería perjudica a «un sector económico estratégico para la transformación del modelo productivo que supone un 4,2% del PIB y que genera decenas de miles de puestos de trabajo». Según datos de la Coalición de Creadores, en 2008 se efectuaron en España 2.400 millones de descargas ilegales. La policía estima que algunas de las webs, que se lucran con ello, ya sea a través de banners de publicidad o de la venta de los datos de los usuarios registrados, obtienen una media de 1,5 millones de euros anuales cada una.

Con la ley en la mano, resulta muy difícil perseguir a las webs piratas. Desde 2006 se han cerrado 40 y otras tantas están en proceso. El último ejemplo lo vimos a finales de enero, cuando se dictó la primera condena contra una web que cobraba por visualizar películas en streaming, es decir, sin ser descargadas.

Pero las webs contra las que se puede actuar son simples gotas en el inmenso océano que es internet. Es muy difícil saber quién está detrás de una página de descargas y si se lucra o no. Asimismo, se puede perseguir al que cobre por la descarga de contenidos de su web si no paga derechos de autor, pero no a quien aconseje a qué ordenadores acudir para obtener los contenidos deseados. Posible esto gracias a la tecnología P2P (del inglés peer to peer), la red entre iguales, mediante la cual los ordenadores actúan a la vez como servidores y clientes de la red. Es decir: intercambian datos entre sí. Actividad perfectamente lícita, aunque los archivos estén protegidos por derechos de autor, siempre que no haya ánimo de lucro, tal y como establece una circular del fiscal general del Estado de mayo de 2006.

De este modo, las webs que contienen enlaces a otros ordenadores desde los que descargar ficheros no incurren en infracción ya que no están ofreciendo contenidos, sino que redirigen al interesado a otras terminales desde las que conseguirlos. Éste es actualmente el tipo mayoritario de web pirata.

La mencionada circular del fiscal general del Estado y la Ley del Secreto de Comunicaciones han motivado el sobreseimiento de multitud de denuncias por piratería. Por eso EE UU considera que la legislación española es de las más laxas del mundo. Y por eso incluyó nuestro país en la temida Lista 301, que le insta a ilegalizar programas de intercambio de archivos P2P como Emule, BitTorrent o Ares y que podría acarrear sanciones económicas o comerciales

Normativa y derechos de los usuarios
Y ahí entra la ley Sinde. La reforma planteada por el Gobierno crearía una comisión que tramitaría las denuncias contra webs que presuntamente vulneren derechos de autor. En caso de que dicha comisión considere que hay que cerrarla, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tendrá un plazo de cuatro días para estimar si se procede o no al bloqueo de la página web.

Las asociaciones de usuarios están de acuerdo: la ley Sinde, de aprobarse en su actual forma, supondrá un importante recorte de los derechos y libertades de los usuarios de internet. Lo más preocupante, en opinión de Javier Maestre, miembro de la Red SOStenible, la plataforma que aglutina a las asociaciones contrarias a la ley Sinde, es que al instalar el procedimiento administrativo -hasta ahora sólo procedía el judicial- se abre la posibilidad de censurar todo tipo de webs, con lo que se podría invadir la privacidad de los usuarios.

«El título de nuestro último informe resume nuestra opinión al respecto: Despliegue de medidas antiterroristas para proteger un mercado obsoleto», sentencia Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, que presentó la semana pasada 20.000 firmas contra las medidas propuestas por el Gobierno.

Basar un negocio en la réplica masiva de copias es un modelo obsoleto gracias a internet. El debate sobre cómo luchar contra la piratería, o de si realmente se puede luchar contra ella, sigue abierto. Domingo lo expresa así: «Si de verdad quisieran acabar con esto tendrían que cerrar Google. Ahí están todos los enlaces para descargar cualquier cosa. Pero claro, ¿quién se va a atrever?».

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