El ICO dará a las pymes préstamos directos de hasta 200.000 euros

El documento que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, trasladó ayer a los partidos políticos para negociar una salida pactada de la crisis otorga al Instituto de Crédito Oficial un cierto papel de banca privada. Salgado promoverá que el ICO conceda a las empresas créditos por un máximo de 200.000 euros con cobertura de riesgo del 100%. Para ello, el Instituto abrirá un concurso al que podrán presentarse entidades financieras para actuar como meras comercializadoras. El análisis de riesgos y el señalamiento de las empresas beneficiarias de estos préstamos dependerán del ICO, que abrirá una nueva línea crediticia «sin límite cuantitativo alguno», dijo ayer Salgado. Los préstamos se concederán en condiciones de mercado.

La propuesta supone un cambio revolucionario respecto al papel que el ICO ha asumido hasta ahora para reabrir el grifo crediticio y un claro repliegue en las posiciones que públicamente habían defendido el presidente del Gobierno y sus ministros. Salgado informó que la media de los préstamos solicitados por las empresas ronda los 140.000 euros y recordó las dificultades que están encontrando éstas para acceder a los mismos debido a las condiciones tan estrictas que les exigen bancos y cajas. Esta reconversión del ICO no supondrá problemas desde el punto de vista de la credibilidad para los mercados, pues sus créditos no consolidan en la deuda pública ya que el Instituto capta sus recursos en el mercado, subrayó la vicepresidenta.

Menor morosidad comercial
La reactivación del crédito que se propone el Gobierno y la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y autónomos se complementarán también con una reducción de la morosidad: el plazo máximo de pago por parte de las administraciones públicas quedará en 30 días y en 60 para las grandes empresas.

Economía también propone reforzar el derecho de las empresas a percibir la indemnización que les corresponda por los costes de cobro que les ocasione la morosidad. En el mismo sentido, se compromete a potenciar la capacidad de las asociaciones empresariales para actuar en nombre de sus miembros frente a «cláusulas abusivas» relativas a los plazos de pago. Tanto la reforma del ICO como el cambio de la ley de Morosidad han sido banderas permanentes de grupos como el PP, CiU y el PNV en los últimos años y han sido también propuestas parlamentarias que han sido rechazadas por el Gobierno.

Dentro del documento entregado ayer a los partidos se recoge también una apuesta algo más ambigua por la estabilidad del sistema financiero. En ella, el Ejecutivo se compromete a «acelerar el proceso de reestructuración» del mismo y a «agilizar, en su caso, la utilización del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)».

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