El Gobierno de Rajoy indulta a 3.000 chiringuitos: la ley de Costas les salva de la demolición

Los cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas así como miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo terrestre se salvarán de la demolición durante 75 años más, al haberse aprobado hoy en Consejo de Ministros un proyecto de ley que reforma la actual ley de Costas.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que la norma anterior, de hace 24 años, no ha cumplido «debidamente» sus objetivos de protección del litoral y el medio ambiente y ha creado «inseguridad jurídica».

La reforma está encaminada a proteger nuestra riqueza medioambiental, librar al litoral de atrocidades urbanísticas, y además ha destacado que la Comisión Europea ha valorado muy positivamente este nuevo texto.

Se estima que hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. En 2018 expirarían las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no fuera por esta reforma.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, que a partir de ahora inicia su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo considera que la nueva Ley generará confianza en actividad económica al contabiliziar cerca de 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras «de un elevado volumen de empleo». Así, más de 1.700 son ocupaciones industriales y cerca de 3.000 ‘chiringuitos’ (unos 1.300 restaurantes y 1.700 kioscos).

Principales modificaciones
Respecto a las principales modificaciones, la nueva normativa define mejor el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplicar criterios técnicos para deslindar la costa, según Medio Ambiente. La reforma también introduce un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural), para las que impondrá «un nivel de protección mayor» al vigente.

Para reforzar los mecanismos de protección del litoral, la Administración General del Estado tendrá la facultad de suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o que supongan una infracción de las prohibiciones establecidas en la zona de servidumbre de protección, impugnando dichos acuerdos ante los tribunales para evitar que se reproduzcan casos de construcciones ilegales.

[Via ElEconomista]

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