El Ejecutivo permitirá cobrar a los 65 años un plan de pensiones pese a retrasar la jubilación

Salgado asume que la nueva edad de retiro «se matizará» según la «profesión».
El retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años que planea el Gobierno promete reconfigurar todo el universo de las pensiones. El calado de semejante reforma -mover la edad de retiro es una de las modificaciones más ambiciosas que admite el sistema- es tal que obliga a replantear el resto de los plazos que orbitan a su alrededor. Es el caso de la edad mínima para prejubilarse, de los plazos excepcionales para las profesiones de riesgo, o del periodo de espera para rescatar un fondo de pensiones privado.

En el último caso, la actual legislación liga indivisiblemente el cobro del plan privado al momento de la jubilación. Retrasar dos años ese momento, por tanto, postergaría su cobro para los 10 millones de personas que cuentan con un plan privado en España. Esta nueva obligación sumaría polémica a la ya impopular reforma propuesta por el Ejecutivo.

Por eso, el documento que el Consejo de Ministros envió el viernes a la Comisión del Pacto de Toledo, sugiere que «a partir de los 65 años», el acceso al fondo «se desvincule de la obligación de jubilarse». Esta medida, argumenta, «haría más atractiva la prolongación de la vida laboral», ya que acceder a ese dinero supondría un importante complemento para aquellos trabajadores que reduzcan su jornada -y su salario- al final de su carrera.

El sistema de previsión social complementaria lleva ya más de 20 años funcionando en España, y en 2009 el patrimonio del conjunto de planes individuales, asociados y de empleo sumó 84.789 millones de euros. Aunque su demanda dista de ser generalizada, estos fondos cuentan ya con 10,744 millones de cuentas. Pese a todo, el Ejecutivo plantea la necesidad de incrementar su penetración en ciertos colectivos, como el de los discapacitados o el de las mujeres. Dado que la mayoría de los titulares son hombres, el documento del Gobierno habla de la posibilidad de «revisar al alza los incentivos fiscales» -uno de los principales atractivos de estos fondos- en el caso de las cónyuges que no tengan empleo.

También se invita a extender la cultura de los fondos privados de pensiones más allá de las grandes empresas o de algunos sectores donde se regula por negociación colectiva, para llevarlas a las pymes.

Otro de los elementos a analizar si se desplaza hasta los 67 años la edad de jubilación, es la universalidad de la medida. «Es una propuesta que puede ser matizada en el sentido de que no todos los trabajos tiene la misma penosidad», defendía ayer la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

Crítica sindical

Efectivamente, la normativa actual establece que mediante real decreto la edad mínima de jubilación podrá establecerse por debajo de los 65 años, a propuesta del Ministro de Trabajo en Inmigración, «en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica peligrosa o insalubre, y acusen elevados índices morbilidad o de mortalidad».

Así, colectivos como el de los mineros o el de los marinos cuentan con convenios especiales que les permiten retirarse antes incluso de los 60 años con la aplicación de coeficientes de reducción específicos sobre su pensión. Tanto CC OO como UGT remarcaron ayer su frontal rechazo al plan de retraso de la jubilación que pretende el Gobierno, y denunciaron que lo que está pendiente es rebajar la edad de retiro en los colectivos de mayor riesgo. Así, reseñaron, el Ministerio de Trabajo tiene pendiente componer una mesa de negociación para tratar el caso de los empleados de la construcción, para quienes las centrales reclaman la posibilidad de retirarse a los 60 años. Este tipo de concesiones se ha hecho ya en otros sectores, como los anteriormente mencionados, e incluso a nivel de empresas. Es el caso de algunos de los asalariados de Arcelor, explican desde la sección de Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT, que por «la penosidad» de su ocupación han podido acceder a la jubilación de forma prematura.

«No es lo mismo jubilarse en un puesto administrativo que en un trabajo manual», reconocía ayer Salgado, en declaraciones a TVE, abriendo la puerta a negociar salvedades en la jubilación a los 67 años en función de «la profesión». Esta declaración de intenciones ya se apunta en la propuesta presentada por el Gobierno, en la que se anima a «continuar con el esfuerzo de racionalización» de los periodos de retiro diferenciando entre «los trabajadores que realizan labores sedentarias y los que realizan otras con mayor carga física y de penosidad».

El documento, no obstante, contrarresta esta afirmación con otra. Pese a contemplar la posibilidad de rebajar la jubilación para ciertos colectivos, el Ejecutivo establece «el tratamiento ordinario no debe ser la jubilación anticipada», sino que los trabajadores más veteranos de los sectores de riesgo deberán «cambiar de condiciones y lugar de trabajo» para «evitar la exclusión temprana del mercado laboral». Los sindicatos, sin embargo, ponen en duda que un asalariado de la construcción pueda, al cumplir los 60 años, reciclarse para efectuar las labores administrativas de su empresa, por ejemplo. Ante el aluvión de críticas el Gobierno ha defendido su proyecto alegando que será matizable. A este objetivo se unió ayer el ex responsable de Trabajo, Jesús Caldera, que sostuvo que es un «sacrificio» necesario.

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