El Congreso exige al Gobierno que informe a cada trabajador de su pensión

El Congreso de los Diputados quiere que los trabajadores sean conscientes de que deben ahorrar para asegurar su pensión en el futuro, y de lo que cuesta tener un sistema público de reparto para garantizar una renta a todos los jubilados. Precisamente, en un momento en el que se está reformando la protección social. Con este fin, la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha propuesto al Gobierno que, al menos una vez al año, “todo trabajador reciba en su domicilio información puntual de, entre otras cosas, la pensión aproximada que, de mantenerse constantes sus circunstancias de cotización, percibiría tras su jubilación”.

Los partidos políticos entienden que este tipo de información “debe servir para concienciar [al trabajador] sobre sus posibilidades económicas en el futuro, así como sobre la relación entre su salario actual y la pensión que podría recibir”.

Así se establece en el informe, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, que la citada comisión parlamentaria está ultimando para aprobarlo, definitivamente, el próximo día 29 y, a partir de ahí, trasladarlo al Gobierno.

El Congreso ha recogido así una iniciativa de las patronales de las compañías aseguradoras (Unespa), y de las Instituciones de Inversión Colectiva y de Fondos de Pensiones (Inverco) que, a su vez, han copiado una idea establecida en Suecia.
En aquel país, una vez al año, todo trabajador recibe de la Seguridad Social lo que se llama el Sobre Naranja . En él, la Administración le informa de lo que lleva cotizado, tanto en el modelo de reparto, similar al español, como en la cuenta de capitalización, a la que se dedica una parte del salario.

Las cuentas propias
Con esta información, el Gobierno sueco quiere que el ciudadano haga sus propias cuentas y tome sus decisiones de ahorro, si así lo estima oportuno.

En España, la información que reciben muchos trabajadores recoge su vida laboral, lo que comprende los años que lleva cotizados a la Seguridad Social, pero no tienen conocimiento de su futura pensión.

A este respecto también, la Comisión del Pacto de Toledo recuerda que todo trabajador debe conocer en su nómina el importe de sus propias cotizaciones y de las del empresario. Pero, además, los partidos plantean que “se aprovechen al máximo las posibilidades que ofrece Internet para que los trabajadores conozcan sus obligaciones y derechos y acciones formativas en relación con el sistema de la Seguridad Social”.

Precisamente, relacionado con la previsión del jubilado, la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo recomendó al Ejecutivo estudiar nuevas fórmulas de mejorar los incentivos fiscales a los planes complementarios y privados de pensiones. Especialmente, los de empresa o también llamados planes de empleo. Un punto que no debe pasar desapercibido es la demanda del Congreso de los Diputados para que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que hoy día tiene 65.000 millones de euros, reciba un tratamiento presupuestario diferenciado, “al efecto de obtener un mayor control del mismo y una información más precisa sobre su evolución”.

Los partidos políticos se hacen eco también de la demanda del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, de dotar de mayores medios y funcionarios a la también llamada hucha de las pensiones. Es un hecho que su gestión necesitaría de expertos en los mercados de deuda pública que la Seguridad Social no puede pagar, como ha manifestado el propio Granado en el Congreso de los Diputados.

Es relevante también que la Cámara Baja defienda la creación de una comisión parlamentaria permanente para la Seguridad Social y con competencia legislativa plena.

La Comisión del Pacto de Toledo advirtió al Gobierno de que respete sus recomendaciones en el proyecto de ley de reforma de las pensiones, y “no provoque un choque institucional de trenes”. Izquierda Unida anunció un voto particular por no estar de acuerdo con el texto final del informe, y el PP amenazó con hacer lo mismo para intentar bloquear el retraso en la edad legal de jubilación.

Protagonistas del debate sobre la previsión social
Un duro inesperado
Cuando llegó al Ministerio de Trabajo, muchos pensaron que Valeriano Gómez iba a actuar como un aliado de los sindicatos en la reforma laboral y del sistema de pensiones. No ha sido así, Gómez, que fue consejero de UGT en el CES, ha asumido las tesis del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de que la reforma de las pensiones debe concluir en el primer triemestre de 2011 y que, además, debe ser de calado. No cabe otra ante la presión que está recibiendo España de la Unión Europea para defender el euro.

Al enemigo ni agua
Es la actitud que ha mantenido con el Gobierno Tomás Burgos, portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo. El Ejecutivo se lo ha puesto en bandeja, con sus decisiones de retrasar la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años, y de congelar la subida de las pensiones para el año que viene. Dos medidas claramente impopulares sobre las que el PP ha sabido aprovechar para sacar tajada electoral. Burgos amenazó con hacer un voto particular contra el retraso de la edad de jubilación, igual que IU.

El pragmatismo
Carles Campuzano, portavoz de Convergéncia i Unió en la Comisión del Pacto de Toledo, se ha movido con mucho pragmatismo en toda la negociación. Hasta las elecciones catalanas del 28 de noviembre el acuerdo con el Gobierno sobre la reforma de las pensiones era imposible mientras no rectificase sus decisiones de congelar estas rentas en 2011 y de retrasar la edad legal de jubilación. A partir de ahí, Campuzano recuperó su tendencia al acuerdo, incluso animando al PP para alcanzar un pacto con el PSOE.

[Vìa Expansiòn]

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