El automóvil acusa a la Generalitat de actuar en contra del sector

Dicen que la subida del impuesto de matriculación agravará la caída de ventas.

La patronal de los concesionarios cargó ayer contra la subida al 16% del impuesto de matriculación de los vehículos más contaminantes al considerar que «contruibuirá a hundir más el sector en los próximos meses». Para el presidente del Gremi de Venedors de Vehicles a Motor de Barcelona, Miquel Donnay, el Govern ha utilizado nuevamente el mercado del automóvil «como fuente de financiación», aunque en un momento delicado en el que se espera que las ventas vuelvan a descender.
«La medida no afectará a un gran volumen de ventas, pero llega en un momento en el que el sector está muy tocado y contribuirá a empeorar la situación, especialmente después del verano», aseguró Donnay.

UNA CUOTA DEL 3% DEL MERCADO / La subida del 14,75% al 16% del impuesto de matriculación afectará a los coches con emisiones iguales o superiores a 200 granos de dióxido de carbono por kilómetro y a las motos que emitan a partir de 160 gramos. Los coches que pagan el máximo del impuesto de matriculación sumaron 10.021 en los primero cuatro meses de este año en España, lo que supone una cuota del 3% del mercado, según un estudio de TNS. Este segmento bajó el 8% en ese periodo, frente a un incremento de los coches menos contaminantes y más pequeños que alcanzó el 62%.

Para el presidente de los vendedores, la decisión del Ejecutivo de José Montilla –solicitada por ICV– es «una medida impopular que irá en contra del sector», por lo que advirtió de un posible repunte de los expedientes de regulación de empleo en grandes empresas y los despidos individuales en pequeñas empresas que regentan concesionarios.

El anuncio, el sábado pasado, del incremento del impuesto de matriculación aprobado en el Consell de Govern extraordinario que dio el visto bueno al plan de austeridad de Catalunya cogió por sorpresa a los empresarios del sector del automóvil, que reclamaban la desaparición total del tributo.

Además, se produce en un momento de relaciones tensas entre los concesionarios y el Govern por la reclamación de seis millones en concepto de ayudas del Plan 2000E pendientes de abonar por parte de la comunidad y el Ejecutivo central.

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