Economía sopesa dar un año más a las empresas para reponer sus fondos propios

El Ministerio de Economía estudia volver a dar un balón de oxígeno a las empresas en apuros y ampliar un año más -a las cuentas de 2010, que se cierran en junio de 2011- el plazo para que repongan sus fondos propios sin necesidad de tener que disolverse.
Hace ahora un año, en diciembre de 2008, el Gobierno aprobó un decreto ley que permitía a las empresas no provisionar la caída de la valoración de los activos durante dos años, en las cuentas de 2008 y las de 2009. De este modo se permitió a las compañías esquivar, de manera transitoria y excepcional, la ley de Sociedades Anónimas cuyo cumplimiento les hubiera obligado a provisionar la caída de valor de sus activos y de sus existencias, lo que les acarrearía pérdidas que podrían reducir sus fondos propios hasta el punto de incurrir en disolución. El Gobierno modificaba así, por decreto, la ley de sociedades anónimas y establecía que «no se computarán las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias.
El Gobierno pensó entonces que dos años de plazo serían suficientes para que las compañías pudieran recuperarse y superar las consecuencias de la crisis.
Sin embargo, un año después los empresarios más afectados por la caída del valor de los inmuebles y, por tanto, los más beneficiados con la moratoria, los promotores, han pedido al Ministerio de Economía que se amplíe al menos un año más el plazo para provisionar pérdidas y por tanto recuperar sus fondos propios.
Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron a ABC que no es urgente la aprobación de esta medida y que habría de plazo hasta junio, fecha en que se cierran las cuentas de 2009. Sin embargo, los promotores urgen al Ejecutivo a que tome una decisión ya que ahora es cuando tienen que planificar su estrategia empresarial para 2010.

Suelo y economía sostenible
De momento, el proyecto de ley de economía sostenible, que ya ha sido estudiado por el Consejo de Ministros, modifica la ley del Suelo para dar un respiro no sólo a los promotores, sino también a la banca. Así, se amplía de tres a seis años la prórroga prevista en la actual ley del Suelo para actualizar el valor de los terrenos urbanizables delimitados (aquellos para los que el planeamiento ya ha establecido las condiciones de su desarrollo o, lo que es lo mismo, los que se encuentran en una fase más próxima a la edificación).
La ley del suelo estipula que los terrenos de esa tipología que no se hubieran comenzado a construir en los plazos delimitados por el plan de ordenación urbanística tendrían que actualizar y rebajar su valoración en un plazo máximo de tres años desde su entrada en vigor. Sin los cambios introducidos en la ley de economía sostenible, por tanto, promotoras y entidades financieras se verían obligados a revisar en junio de 2010 el valor de estos solares, teniendo que efectuar las provisiones correspondientes con el consiguiente impacto en sus cuentas.

Moratoria
Esta moratoria garantiza un mayor margen a entidades financieras y promotoras para poder eludir la pérdida de valor a la que tendrían que enfrentarse el próximo año.
Ambas moratorias, la de la ley del suelo y la de sociedades anónimas ponen de manifiesto que la crisis todavía no ha tocado a su fin. La atonía de la demanda inmobiliaria y la escasa actividad urbanística siguen siendo una constante que preocupa a todos los empresarios del sector, que ven en estas medidas un balón de oxígeno para seguir sobreviviendo.
Algunos expertos, sin embargo, consideran que estos cambios en las reglas del juego dan cobertura a situaciones de insolvencia por desequilibrio patrimonial.

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