DESPILFARRO Y DERROCHE INMOBILIARIO

14.100 edificios públicos inutilizados, 350 edificios en el extranjero, miles de terrenos y solares paralizados, y más de 1.000 edificios alquilados para albergar funcionarios públicos con un coste anual aproximado de 100 millones de euros sólo en concepto de arrendamiento, y en muchas Comunidades Autónomas no hay dinero ni para pagar las nóminas de las personas que trabajan al servicio del ciudadano. Sólo en el centro de Madrid, existen inmuebles estratégicos sin uso alguno por valor de más de 500 millones de euros. En la Comunidad Autónoma de Galicia, se calculan más de 1.000 edificios públicos abandonados y sin uso desde hace años, lo que no significa que dicha Comunidad no escatime en gastos de alquileres de edificios privados para la función pública, gasto que supera los 9 millones de euros al año. Sólo en la Provincia de León, existen casi 400 edificios públicos sin uso y la mayoría en estado de evidente deterioro. Hasta obras emblemáticas de la Arquitectura, como la otrora Sede del Banco de España de Jaén, obra del Arquitecto Rafael Moneo, llevan años vacías y cerradas a la espera de rellenarlas con algo que eclipse el despilfarro de gasto y mala gestión de los recursos públicos por parte de quienes deberían estar para servir y facilitar la vida de toda la Sociedad Civil española. Incluso en ciudades de reducido tamaño y densa concentración como Valladolid, existen una veintena de edificios públicos vacíos en zonas estratégicas del centro de la ciudad. Por no hablar de la ciudad de Madrid, donde existen más de 30.000 metros cuadrados de edificios públicos inutilizados y donde anualmente se gastan 45 millones de euros al año en alquilar edificios privados para la función pública, pese a tener un déficit disparado y haberse gastado 360 millones de euros en instalar la Casa Consistorial en el antiguo Palacio de Correos junto a la Plaza de Cibeles en un alarde de exagerada magnificencia despilfarradora.

Por no hablar de la cantidad de edificios públicos de nueva construcción que se han realizado en los últimos años en todas las Comunidades Autónomas del país y que actualmente permanecen en desuso, como por ejemplo, la Casa de Cultura de Cee, que lleva 13 años en ejecución con un presupuesto inicial de 3 millones de euros, o el Museo del Mar de Muros, (Municipio que no llega a los 10.000 habitantes), que contó con un presupuesto de 2 millones de euros. Así se pueden contar innumerables ejemplos en todos los Municipios del país, desde edificaciones destinadas presumiblemente a la cultura, hasta equipamientos públicos y edificios de servicios, todos ellos vacíos o semivacíos pero con hipotecas que gravitan sobre todos los contribuyentes y gastos de mantenimiento impagables. Incluso ya inmersos en plena crisis, los poderes públicos siguieron despilfarrando conscientemente con las partidas presupuestarias del Plan E, que entre miles de obras inútiles en aceras y parques en zonas residuales, nos dejó perlas como el pretendido Ayuntamiento de Xábia, con un coste de ejecución material de 6,5 millones de euros, 2,5 millones de euros en mobiliario más la expropiación de los terrenos para acabar inutilizado ante la incapacidad de pago por parte de la Administración.

Ante esta salvajada de despilfarro de dinero público, al actual equipo de Gobierno se le ocurre que la mejor decisión que puede tomar sobre el particular es la rehabilitación y la utilización de gran parte de este patrimonio mediante la reordenación de los centros públicos de trabajo, como si dicha medida no implicara un aumento del endeudamiento ante la necesaria tarea de adecuar los edificios en desuso a dichas actividades. Dicho claramente: el Gobierno parece optar por rehabilitar los edificios públicos en desuso para resituar funcionarios públicos y establecer servicios y equipamientos a la carta que justifiquen el patrimonio acumulado actualmente inutilizado, obviando que dicha medida implicará un endeudamiento mayor ante la imperiosa necesidad de sufragar los correspondientes gastos de rehabilitación, restauración, mobiliario, uso y mantenimiento de los mismos. Bien podría haberse fijado nuestro Gobierno en el de los EEUU, que ha puesto a la venta más de 14.000 edificios públicos en desuso para obtener liquidez y reducir gastos al mismo tiempo.

Pero parece que a los altos funcionarios y políticos del país no les resulta nada agradable deshacerse de los lujosos y excelentemente situados edificios y suelos de titularidad pública, muchos de ellos abandonados, otros parcialmente inutilizados, y la gran mayoría, en total desarmonía con los usos que albergan, sobretodo si el déficit público desbocado que padece el país lo sufragan con pasividad los ciudadanos con su trabajo y esfuerzo. Podríamos preguntarnos qué han hecho los poderes públicos con todo el patrimonio acumulado de suelo y edificación perfectamente apto para la promoción de vivienda pública protegida en unos años de alta inflación en los precios de la vivienda. Y podríamos preguntarnos, asimismo, por los responsables de todo el despilfarro inmobiliario que hemos acumulado a lo largo de los años en que no había Municipio -por pequeño que éste fuese- que no promoviera la construcción de pretenciosas obras faraónicas pagadas con el dinero de todos los españoles. Pero ahora, frente a la grave situación en que nos encontramos como país, sólo cabe denunciar con urgencia y la mayor seriedad, la necesidad de poner a la venta de manera ordenada el ingente patrimonio público inutilizado para paliar en la medida de lo posible el masivo endeudamiento público que pretende reducirse a base de subir impuestos y recortar las prestaciones sociales básicas y elementales que cualquier país digno de llamarse “desarrollado” debe tener. No rehabilitación y más gasto, sino venta y más capitalización. Y quizás en un futuro no tan lejano, podamos reordenar los equipamientos y servicios públicos en áreas de suelo de nueva creación en la periferia, con buenas comunicaciones, mejores aparcamientos y excelentes servicios, constituidas exclusivamente como centros públicos de atención al ciudadano, en oposición al actual e imperante hormigeo de edificios públicos en áreas estratégicas, masificadas y no aptas para el desarrollo de la función pública.

[Via ElEconomista]

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