De nueve trabajadores catalanes, uno es funcionario

El profesor Ferran Brunet, del Departamento de Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), plantea una fórmula sencilla ante la necesidad de adelgazar la función pública en Catalunya: «no contratar a nadie y amortizar jubilaciones».

El Gobierno central ha asumido, en parte, esta estrategia, al amortizar una plaza pública por cada diez jubilaciones que se dan entre los funcionarios de la Administración. En la Generalitat no se ha adoptado, por el momento, esta decisión.

En Catalunya, la asunción de nuevas competencias por parte de la Generalitat ha hecho que el aumento en el número de funcionarios haya sido una constante durante los últimos años. El aumento de la población y la incorporación de entidades en el perímetro de consolidación de los Presupuestos de la Generalitat también explican en parte el aumento del gasto en remuneración de personal.

A falta de conocer el detalle del último año, el incremento, del 21,6% entre 2004 y 2008 en los funcionarios de la Generalitat, la Administración local y las universidades se compara al sector privado. ¿Es necesario en un momento de crisis como el actual, en el que las empresas recurren a menudo a las mejoras de eficiencia y los recortes de plantilla para adaptarse a la nueva situación de los mercados?
Plantillas públicas
Según los últimos datos disponibles de 2008, los departamentos y entidades adscritas al Govern contaban entonces con 177.290 trabajadores y personal laboral. A esta plantilla se suman los 22.175 trabajadores de consorcios y fundaciones incluidos en los Presupuestos de la Generalitat y los 92.983 empleados de las entidades locales.

Se trata de las cuatro diputaciones, 41 consells comarcals y 946 ayuntamientos, así como alguna entidad municipal descentralizada y entidades metropolitanas. Se añade a este cuerpo laboral los 23.056 trabajadores de las universidades, así como los 32.072 empleados (funcionarios, personal laboral y militares) de la Administración del Estado en Catalunya, que controla la Delegación del Gobierno.

En total, se trata de un cuerpo de 348.208 funcionarios, que hace que la relación entre trabajadores de la administración pública y empleados del sector privado sea, hoy por hoy, de un trabajador público por cada nueve ocupados.
Pilar Pifarré, diputada de CiU en el Parlament, comenta que “en los últimos años las administraciones han crecido mucho, sobre todo la Generalitat”. “Los departamentos –agrega– y las empresas públicas han crecido exponencialmente, y además no ha habido un aumento en las competencias”.

Desde el Govern, en cambio, subrayan que el tripartito ha realizado un ejercicio de realismo presupuestario. Esto se traduce en la consolidación, cada vez mayor, de entidades en los presupuestos de la Generalitat, y también de sus trabajadores. Es lo que ha ocurrido este año con los cerca de 4.400 empleados del Hospital Clínic de Barcelona, que en 2009 no computaban como trabajadores de la Administración catalana.

Este proceso, que también ha afectado a diversos consorcios sanitarios comarcales, también ha hecho que crezca la dotación del capítulo 1 de los gastos de la Generalitat, aquel que recoge las remuneraciones del personal.

Así, mientras una entidad fuera del perímetro de consolidación de la Generalitat recibe fondos a través de transferencias corrientes (capítulo 4) y después paga sueldos, ahora es directamente el Govern el que inscribe en gasto en personal en su correspondiente capítulo presupuestario.

A pesar de ello, la reducción en el número de funcionarios es uno de los aspectos recurrentes en el debate sobre la austeridad presupuestaria. En 2009, el plan de choque anunciado por el Govern incluyó la supresión de 50 plazas no cubiertas de trabajadores públicos, así como la congelación de plantillas en los diferentes departamentos. Pifarré opina al respecto que las jubilaciones “se deben amortizar todas, una por una”. También preocupa el aumento del sueldo de los funcionarios, que, pese a la crisis, crecerá este año al menos un 0,3%.

Precariedad
Sueldos aparte, los sindicatos de la Administración catalana han abierto un contencioso con la Generalitat por el decreto que regula la nueva ordenación de los cuerpos de funcionarios con la creación de 19 nuevos grupos. Tanto UGT como CCOO han llevado el texto a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Este decreto, según coinciden en señalar los sindicatos y la oposición, no tiene sentido como elemento de organización, ya que se solapa con la tradicional división de cuerpos funcionariales. El Departament de Governació, en cambio, subraya que esta nueva división de los funcionarios en competencias genéricas facilita la movilidad de los funcionarios en distintos departamentos, y también entre administración local y autonómica.

Otro frente entre los sindicatos y las administraciones públicas catalanas es el grado de interinidad de los trabajadores públicos. A 31 de diciembre de 2008, el Govern, las universidades y la administración local (las únicas sobre las que existen este tipo de estadísticas) sumaban 41.122 trabajadores eventuales e interinos, el 15,2% del total.

Engañoso ratio funcionarios-población
Lo cierto es que la Generalitat catalana pone las cosas más fáciles al ciudadano para conocer el número y la distribución de los trabajadores públicos que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Aunque con cierto retraso, el Departament de Governació difunde gráficos entendibles con las estadísticas de la función pública catalana e información sobre la retribución de los altos cargos.

Sin embargo, la información de la Generalitat cojea en un aspecto: es imposible saber cuántos trabajadores de la escuela y la sanidad concertada, con un alto peso en Catalunya, realizan un servicio público con recursos que, indirectamente, llegan de la Administración autonómica. Los expertos subrayan que este sistema público-privado en educación y sanidad altera las estadísticas en que se compara el número de funcionarios de Catalunya con los del resto de comunidades autónomas, y que suelen dejar a la comunidad catalana en los últimos lugares del ránking.

También carecen de estimaciones los sindicatos sectoriales, como por ejemplo Cemsatse, que representa a buena parte de las enfermeras de Catalunya, aunque fuentes de la entidad subrayan la importancia de la sanidad concertada en la prestación del servicio público.

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