May
18
Continúa el cerco sobre los adjudicatarios fraudulentos de vivienda protegida
El Servicio de Inspección de Viviendas Municipales (Sivim), creado en 2005 para luchar contra el fraude en la vivienda promovida por el Ayuntamiento de Madrid, ha abierto 577 expedientes por incumplimientos en las condiciones de adjudicación de los pisos y ha recuperado 127 viviendas.
Para comprobar que las viviendas públicas tienen como destinatarios a ciudadanos que cumplen las condiciones que fija la normativa, el Sivim realiza inspecciones sistemáticas, cuyo balance actual suma un total de 409.927 visitas de inspección realizadas a las 18.714 viviendas promovidas por el Ayuntamiento o que componen el patrimonio municipal de vivienda protegida.
En caso de constatar irregularidades, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) abre un proceso encaminado a la recuperación de la vivienda para su posterior adjudicación a familias que tengan necesidad real de la misma.
Incidencias detectadas
Según el Consistorio, en las inspecciones realizadas desde la creación del Sivim se han detectado 2.712 incidencias, de las que han sido archivadas 2.135 tras la oportuna comprobación del cumplimiento de los requisitos.
El resto de las incidencias han dado lugar a la apertura de 577 expedientes que están siendo objeto de estudio para proceder, en su caso, a la interposición de la correspondiente demanda judicial que permita recuperar las viviendas de los adjudicatarios que hayan incumplido las condiciones de adjudicación.
Se han podido recuperar 127 viviendas. Las irregularidades más comunes se agrupan en cinco bloques: no habitar la viviendas (un 57% de los expedientes tramitados); en la vivienda reside una persona diferente al adjudicatario (34%); el adjudicatario ha fallecido (4%); no facilita los datos (4%), y otros casos (1%).
El Sivim realiza inspecciones aleatorias en viviendas seleccionadas al azar un mínimo de dos veces al año. También lleva a cabo controles a viviendas en las que presumiblemente se están cometiendo infracciones, motivadas por quejas o reclamaciones de vecinos, o por impagos de rentas.
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