Bancos y ladrillos, clave para superar la desconfianza

El ejercicio de 2010 ha sido el annus horríbilis de la banca española y el año que comienza deberá dar muestras de que el duro proceso de reestructuración y saneamiento puesto en marcha empieza a dar sus frutos. La olla a presión en que se habían convertido los balances bancarios a causa del exceso de riesgo inmobiliario ha terminado por estallar y ha dejado un reguero de cuantiosas pérdidas bursátiles, fuertes caídas de beneficios, sufridos saneamientos de la cartera inmobiliaria y vertiginosos e inevitables procesos de fusión en las cajas de ahorros. El ladrillo ha sido también el origen del duro castigo del mercado al conjunto de los activos españoles, y en especial de la deuda soberana. Así, la recuperación de la credibilidad de la economía española ante el implacable juicio de los inversores dependerá en buena parte de la capacidad de la banca española de soltar lastre inmobiliario durante este año.

El sector de cajas ha mudado definitivamente de piel y ha tenido que afrontar en 2010 sin paños calientes todas las asignaturas pendientes de ejercicios anteriores. Una nueva ley ha redefinido la naturaleza de estas entidades, que podrán derivar a una entidad bancaria su negocio y de este modo captar financiación directamente en el mercado bursátil, hasta ahora terreno vedado salvo para las cuotas participativas sin derechos políticos, que han tenido un uso meramente testimonial por parte de la CAM. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente crisis económica, con una tasa de paro en España que ronda el 20%, ha puesto especialmente en evidencia las debilidades de las cajas de ahorros, que han demostrado ser la pieza más vulnerable del sistema financiero español. Así, las ayudas públicas puestas en marcha a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han sido destinadas por el momento únicamente a las cajas de ahorros, por una cuantía superior a los 10.000 millones de euros. Y el riguroso examen al que el Banco de España sometió a las entidades el pasado mes de julio dejó solo cinco suspensos, concentrados todos ellos en el sector de las cajas de ahorros. Aunque ni mucho menos los bancos quedan libres de unos problemas comunes al conjunto del sistema: una pesada carga de activos inmobiliarios y morosidad, que obliga a continuas dotaciones y saneamientos, debilita la cuenta de resultados y merma los recursos propios con los que salvaguardar la solvencia.

La losa de los riesgos inmobiliarios figura de forma inevitable en la tarjeta de presentación de la banca española y ha sido el indiscutible talón de Aquiles para el conjunto de la economía española ante los mercados. La profunda reestructuración de las cajas de ahorros fue una de las reclamaciones de los inversores para conceder su confianza, y su dinero, a los activos made in Spain y el proceso se sigue vigilando con lupa.

Con los procesos de fusión en marcha, el número de cajas de ahorros se va a reducir de 45 a 17. Semejante ajuste va a requerir un severo ahorro de costes -que se reflejará en despidos y cierres de oficinas- que deberá materializarse este año. Buena parte de esas fusiones son virtuales y se están desarrollando a través del denominado sistema institucional de protección (SIP), aunque el Banco de España vigila que el grado de implicación de las entidades que lo integran y sus compromisos de sinergias sean equiparables a los de las fusiones tradicionales. El objetivo es que se trate de fusiones verdaderamente creíbles, capaces de abordar las duplicidades y de garantizar una gestión eficiente. Y para que no haya trampa ni cartón, el Banco de España contempla severas penalizaciones en el caso de que alguna caja quiera desvincularse del SIP del que ha decidido formar parte, con castigos que pueden alcanzar el 30% de los recursos propios.

La institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez dio un ultimátum a las cajas de ahorros para que cerraran los trámites de los procesos de fusión en marcha y definieran sus organigramas antes de la Navidad y el sector ha cumplido con ese plazo en un tiempo récord. Pero el panorama para el sector financiero, tanto para las entidades refundidas como para las antiguas, se presenta complicado. Incluso más aún que en el ejercicio que acaba de concluir.

El propio sector reconoce que, después de haber sorteado las numerosas dificultades de 2010, el punto de partida para el nuevo año es de debilidad. El sistema financiero español soporta un volumen de activos inmobiliarios con problemas por importe de 180.000 millones de euros, según estima el propio Banco de España. Son los correspondientes a créditos que se han declarado morosos, junto a los que podrían llegar a serlo y a los inmuebles en balance, procedentes de adquisiciones y embargos. Así, el volumen de la cartera de inmuebles de la banca española ronda los 70.000 millones de euros, lo que convierte al sector en una verdadera agencia inmobiliaria. En su mano está imprimir mayor velocidad al ajuste de precios del mercado y facilitar por tanto la digestión del elevado excedente inmobiliario, necesario para la reactivación de la actividad y para la recuperación del conjunto de la economía, aun a costa de vender con pérdidas.

El Banco de España ya se preocupó en 2010 en evitar que los activos inmobiliarios se eternicen en el balance de la banca y ha acelerado el calendario de provisiones. Así, las entidades deben provisionar por el 20% los inmuebles que lleven en su balance más de un año y han de elevar esa cobertura al 30% cuando el plazo supera los dos años. En la actualidad, la cobertura de los inmuebles adjudicados y adquiridos ronda el 24%, de modo que el esfuerzo en saneamiento todavía no estaría completado. La cartera inmobiliaria ya engorda a menos velocidad pero queda pendiente para los próximos meses la cobertura adicional de las adquisiciones más recientes. Las entradas en mora también son menos numerosas que en los primeros tiempos de la crisis pero el ratio de morosidad, aunque aún lejos de los niveles del 9% de la crisis de los años 90, sigue su avance y alcanza para el conjunto de los créditos el 5,66%. Además, el Banco de España también ha endurecido el calendario de provisiones para las entradas en mora, de modo que los créditos impagados deberán estar cubiertos al cien por cien a partir del primer año.

En definitiva, el exceso de ladrillos y sus consecuencias amenazan las cuentas de resultados y, de forma inevitable, los ratios de capital de la banca española. Para UBS, el conjunto de la banca española necesita entre 70.000 y 120.000 millones de euros para reforzar sus niveles de capital y de provisiones para afrontar pérdidas, asumiendo eventuales impagos de entre el 50% y el 60% de los activos problemáticos y un objetivo de ratio de capital básico del 10%, muy superior a las exigencias de Basilea III. A cierre de junio, esa ratio era del 8% para el conjunto del sistema, 50 puntos básicos por encima de junio del año anterior.

Pero pese a las llamadas a la calma del Banco de España y su defensa de la solvencia del sistema, las dudas sobre el verdadero alcance del problema inmobiliario y su factura definitiva persisten. Para Bank of America Merrill Lynch, la necesidad de capital de las cajas equivale a hasta el 4% del PIB. La transparencia en las cuentas trimestrales del sector será clave para recuperar la confianza del mercado, aunque el desafío de purgar los excesos del ladrillo sigue estando ahí y será necesario para romper el círculo vicioso de la presente crisis.

[Vìa CincoDìas]

Si te ha gustado este artículo puedes completarlo dejando un comentario o bien puedes suscribirte al feed y recibir las entradas futuras en tu lector de feeds.