Adigsa reconoce 53 pisos oficiales con intrusos en el área metropolitana

Ya no se trata de casos aislados ni de invasiones concretas. La ocupación ilegal de viviendas de protección oficial vacías, mejor conocida como «vivir de patada», se extiende por los barrios más necesitados de Barcelona. Adigsa, la empresa pública de la Generalitat, ha terminado reconociendo, al menos, 53 viviendas ocupadas por familias que han entrado a puntapiés, según cifras aportadas a este diario. El problema se ha detectado con mayor intensidad en Barcelona, L’Hospitalet, Badalona, El Prat y Sant Boi.

El Gornal, en L’Hospitalet de Llobregat, y Sant Roc, en Badalona, encabezan la lista de barrios con más ocupaciones, con 11 pisos afectados cada uno. En los barrios afectados también abundan los pisos municipales vacíos y viviendas privadas que han sido embargadas por los bancos por impago hipotecario, un caldo de cultivo idóneo para las invasiones a patadas.

Adigsa asegura que mantiene unas 203 viviendas deshabitadas en estos municipios del área metropolitano que están reservadas para «emergencias sociales», es decir, para casos de familias con necesidades extremas. No obstante, la empresa también reconoce que unos 150 pisos de su propiedad no están habitados por la lentitud burocrática para encontrar a los beneficiarios a través de un proceso «riguroso y garantista».

CORRECCIONES / Carme Trilla, secretaria general de Habitatge de la Generalitat, reconoció a este diario que hasta ahora los trámites para reasignar viviendas protegidas que habían sido abandonadas por sus adjudicatarios habían sido lentos. La lentitud en los procesos ha creado un importante número de pisos vacíos, debido a los largos y engorrosos trámites administrativos para reasignar la vivienda. Si un inquilino de una vivienda social se marchaba del piso, se debía hacer un nuevo proceso de adjudicación, con sorteo incluido, que alargaba la situación.

«Para corregir este problema, creamos el registro único y ahora en cada sorteo hay una lista de espera larga. De modo que si algún ganador renuncia a la vivienda, podemos llamar a los de la lista de espera», explica Trilla.

De los 2.000 pisos que Adigsa tiene en la ciudad de Barcelona, casi unos 400, es decir, el 20%, no están habitados por diferentes razones. Buena parte de ellos están a punto de ser entregados y la Generalitat espera que el próximo verano esa cifra se reduzca a 200. «Es muy dificil bajar de los 200 pisos vacíos porque necesitamos que entre el 8% y el 10% de las viviendas no estén ocupadas por si ocurre una situación de emergencia», explica Trilla. «La situación no es fija sino que constantemente hay gente que abandona sus viviendas y la readjudicación nunca podrá ser inmediata», agrega.

LEGALIZACIONES / Adigsa ha reconocido que ha debido legalizar la situación de algunos ocupantes ilegales. Se trata de los casos en que un adjudicatario legal se muda y deja la vivienda a algún familiar. La empresa reconoce que no es una medida del todo justa, pero si observa que los ocupantes ilegales cumplen los requisitos, terminan por regularizar su situación para evitar el largo proceso judicial que implica el desalojo y la convocatoria de un nuevo concurso para adjudicar el piso.

La empresa también sostiene que el problema de ocupación de pisos «no es ninguna novedad» y que desde la fundación de la empresa, hace unos 25 años, siempre han contado con un departamento jurídico que se dedica a desalojar a los habitantes ilegales. Pero con las crecientes dificultades económicas y el aumento del paro, los casos de ocupaciones han aumentado.

Gran parte de los habitantes ilegales de viviendas públicas han sido demandados por una cantidad que ronda los 70.000 euros, lo que agrava aún más la situación de pobreza permanente que sufren estas familias. Solo en Barcelona la empresa ha abierto procesos judiciales contra 27 familias.

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