Los abogados deben pagar las traducciones del catalán que soliciten en los juicios

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Cataluña avala la decisión de la Generalitat de que no se hagan gratuitamente las traducciones del catalán al castellano de los documentos en los juicios sino que las paguen quienes las soliciten, salvo en los casos penales.

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Cataluña rechaza la denuncia de José Luis Mazón porque considera responsable al juez que tomó la decisión de no dar la gratuidad de la traduccion de documentos, cuando el juez no hacía otra cosa que ejecutar la política de medios materiales diseñada desde la Generalidad, Departamento de Justicia, de Cataluña.

En opinión del denunciante, la decisión del TDC de Cataluña constituye «una tomadura de pelo» y la Generalitat se comporta «como un pícaro que niega sus evidentes responsabilidades y competencias en el ramo de los medios materiales de a Justicia».

El abogado Jose Luis Mazón denunció en octubre de 2009 ante la Comision Nacional de la Competencia (con sede en Madrid) al Departamento de Justicia de la Generalitat or práctica restrictiva de la competencia. La Generalitat ha dispuesto que no se hagan gratuitamente las traducciones del catalán al castellano de los documentos en los juicios sino que las paguen quienes las soliciten, salvo en los casos penales, «pese al deber de gratuidad de tales traducciones dispuesto en la Ley Orgánica del POder Judicial para todo tipo de procesos», apostilla Mazón.

La CNC consideró que el caso competía a Competencia de Cataluña. Y ahora el Tribunal de Defensa de la Competencia de Cataluña rechaza la denuncia porque considera responsable al juez que tomó la decisión de no dar la gratuidad de la traduccion de documentos, cuando el juez no hacía otra cosa que ejecutar la política de medios materiales diseñada desde la Generalitat.

Mazón presentará de nuevo la denuncia ante la Comisión Nacional de la Competencia con sede en Madrid contra el Ministerio de Justicia, el CGPJ, el juez aludido y la Generalitat para que se aclare la responsabilidad y se sancione al culpable. «Pero no han negado que el hecho es una discriminación que afecta al Derecho de la Competencia de un abogado que no domina el catalán para poder competir en los tribunales españoles con sede en territorio autonómico catalán en paridad de condiciones con los abogados catalano-parlantes», concluye el denunciante.

El Departamento de Vicepresidencia de la Generalitat de Cataluña, que lideraba Josep Lluís Carod-Rovira, y el de Justicia firmaron el 29 de diciembre de 2008 un acuerdo con el CICAC (Consejo de colegios de abogados de Cataluña) para fomentar el uso del catalán en tribunales y bufetes. En 2008, los cursos de catalán para abogados recibieron, al menos, 66.000 euros, según el Diario Oficial de la Generalitat.

El catalán se usa poco en los tribunales y sólo en el 16, 28%de las sentencias. El 80,64% de los funcionarios en los juzgados puede atender oralmente y por escrito en catalán. Y el 55,63% de jueces, secretarios y fiscales, en datos de 2007. En el curso 2008-9 se inscribieron en cursos catalán 1.237 personas del mundo jurídico –214 jueces y secretarios judiciales, 602 abogados–. Y 52 despachos se apuntaron al plan de calidad lingüística.

[Via Expansion]

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