Las constructoras acusan a Blanco de «abrir en canal» el sector con su recorte inversor

Las constructoras no se lo pondrán tan fácil como los controladores. La decisión de José Blanco de recortar la inversión en obra pública en 6.400 millones entre este año y el que viene ha puesto en pie de guerra a las compañías, que oficialmente callan pero en privado muestran su inquietud a la espera de más detalles por parte de Fomento. “Abre en canal al sector -se asegura desde una de ellas-. Había la expectativa de mantener los niveles de inversión anuales. Además, el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) aportaba otros 17.000 millones. Ahora puede pasar de todo. Se restringe la inversión sin que haya una solución al problema de las radiales y a la ley de captación de financiación por los concesionarios de obras públicas. Va a hacer mucho daño».

En muchos casos, sólo se entiende desde la improvisación que el Gobierno anuncie a bombo y platillo el PEI en abril y apenas cuatro semanas después comunique un ajuste drástico de la inversión. El recorte afectará sobre todo al antiguo Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), en el que la inversión pública es directa. El nuevo plan tiene menos problemas ya que la financiación es privada y no computa déficit público, el caballo de batalla del Ejecutivo. En esta línea, obras acogidas al PEIT saltarán al flamante PEI. “Pero se entiende que los 17.000 millones ya estaban dimensionados. Si se trasvasan obras para evitarse la inversión directa, otras tendrán que salir del nuevo plan a no ser que se incremente la dotación”, aseguran fuentes del sector.

Dudas que demuestran la falta de información que recorre desde hace semanas a los afectados. “Siguen faltando las líneas en el mapa”, se queja una compañía. Hasta tal punto que el pasado jueves, un día después del anuncio de Blanco en el Congreso de los Diputados, se reunía la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y no era capaz de hacer público un comunicado sobre el nuevo escenario. “Falta concreción en las propuestas de Fomento. No podemos decir nada porque poco sabemos”, aseguraban entonces a este diario fuentes conocedoras del cónclave. Es más, estaba prevista la asistencia al encuentro de la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, que dos días antes canceló su comparecencia. Tiene trabajo. Fomento quiere estudiar las proyectos uno por uno para ver a cuáles da vía libre.

“La cuestión es con qué criterios se descartarán los proyectos”, cuestionan desde el sector. Según fuentes empresariales, el ministro ya ha expresado su interés de reunirse con las grandes constructoras para explicarles la nueva situación. “Los contactos son frecuentes”, se asegura desde una de ellas. Mas preocupación supone incluso que las restricciones presupuestarias alcancen a obras en ejecución. “Paralizar una obra adjudicada pero que no se ha llegado a ejecutar, pase. Pero paralizar una obra en ejecución pone en peligro la viabilidad de las empresas y abre la veda para reclamar indemnizaciones”, se expone desde una empresa, bajo condición del anonimato. Es obvio que las grandes constructoras, más diversificadas geográficamente, podrán vadear el nuevo escenario. Más problemas tendrán las medianas.

El problema de las radiales“Te quitan obra, rebajan las expectativas de inversión recogidas en el PEI, no hay una solución clara para las concesiones ni un marco para su financiación. De la noche a la mañana se pretenden cambiar todas la estructuras”, se lamenta desde una compañía. Y es que en el sector escuecen temas enquistados, como los problemas de las concesionarias de autopistas, principalmente las radiales de Madrid, en virtual quiebra técnica. Con la consiguiente implicación de la banca. Y es que como adelantó El Confidencial, las entidades financieras llegaron a condicionar su participación en el PEI al desbloqueo de esta situación. El crédito de 600 millones con que fueron construidas las carreteras vencía el pasado 15 de marzo y las vías no cumplen las expectativas de tráfico e ingresos, sin contar con el precio de las expropiaciones.

La ley de captación de financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas, nacida para poner fin al entuerto, lleva meses bloqueada en el Congreso. De hecho, el plazo de enmiendas se ha ampliado hasta 19 veces a la espera de encontrar una fórmula creativa para pagar a la banca sin que compute como déficit a ojos de Eurostat, condición impuesta por la vicepresidenta Salgado. La inversión total se aproxima a los 1.000 millones de euros, de los que 600 fueron financiados por un consorcio en el que participaban Santander, La Caixa, Caja Madrid o Deutsche Bank. Blanco está en manos de la banca, en tanto su PEI requerirá un 20% de inversión privada, en un buen porcentaje apalancada y a largo plazo.

Otro frente abierto es la posible retroactividad en la rebaja de las primas a las renovables, que ha movilizado a las constructoras. Primero, porque compañías como ACS o Acciona están metidas hasta el cuello en el negocio de las energías limpias y ven sus números seriamente comprometidos. La CNC ya lanzó un aviso a navegantes. “Los cambios normativos en el sector de las energías renovables han causado seria preocupación no sólo en el sector concernido, sino también en aquellos otros cuya actividad -como es el caso de la construcción- depende en gran medida del mantenimiento de las normas establecidas”.

Y dejó claro que habrá guerra si lleva adelante el cambio. “Es letal para (…) la disposición y/o posibilidad de las empresas a colaborar en el futuro en programas o planes públicos que requieran financiación de los mercados financieros, ante los malos ejemplos de cambios sorpresivos del mercado normativo; en definitiva, inseguridad jurídica sobrevenida”, remacha. Aquí la pelea de Blanco es con Miguel Sebastián. Demasiados frentes abiertos a los que sumar la ley de puertos y el descontento de los estibadores. Duro camino hasta el verano incluso para el más listo de la clase.

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