El precio de la VPO dependerá de la renta del adjudicatario

El próximo Plan Director de Vivienda y Renovación Urbanana 2010-2013 que está diseñando el Gobierno Vasco tendrá importantes novedades en materia de VPO. Entre éstas, destaca la creación de un nuevo sistema de precios de tal modo que el precio de venta de la VPO no sea universal, sino que dependa de los ingresos de los adjudicatarios. Además, también se recurrirá a la financiación privada como vía para promover vivienda protegida en régimen de alquiler y resolver de esta forma los problemas de financiación que conllevan este tipo de operaciones.

De este modo, el sistema garantizará a los inversores privados que impulsen el arrendamiento social el cobro de un canon durante un periodo de 30 años y las viviendas pasarán a ser a partir de entonces de titularidad pública. En este sentido,

El Ejecutivo de Vitoria lleva trabajando varios meses con el resto de instituciones públicas, partidos políticos y agentes privados en el Pacto Social de la Vivienda. Este documento definirá las líneas estratégicas que servirán de base para las políticas públicas en materia de vivienda a corto, medio y largo plazo con el fin de dotarlas de estabilidad y facilitar así la satisfacción del derecho constitucional a una vivienda digna.
Este texto servirá de base para el Plan Director de Vivienda y Renovación Urbana 2010-2013, y la Ley de Derecho a la Vivienda. El calendario de planes gubernamentales y el calendario legislativo sitúan la aprobación del primero en el tercer trimestre de 2010 y la segunda para finales de año. Todas las acciones concretas están todavía, por lo tanto, sin concretar a la espera de estos instrumentos estratégicos.

Ello no es óbice para que el equipo que lidera el consejero Iñaki Arriola tenga muy avanzadas varias decisiones que supondrán cambios sustanciales en relación con la política de vivienda vigente en las anteriores legislaturas. Las novedades serán muchas, algunas van a obligar a los demandantes de vivienda a cambiar el ‘chip’ y otras van a provocar a buen seguro debate social.

Una de las líneas estratégicas será el impulso de la vivienda protegida destinada al alquiler y, de hecho, Arriola asumió durante su primera comparecencia parlamentaria el compromiso de que cuatro de cada diez viviendas protegidas irán dirigidas al mercado de alquiler. Este reto no parece fácil en la actual coyuntura de crisis financiera y restricciones presupuestarias, ya que la vivienda de alquiler tiene como principal obstáculo su financiación.

Colaboración público-privada para impulsar el alquiler social
La vivienda protegida en régimen de propiedad permite recuperar la inversión a corto y medio plazo, mientras que en el caso de la vivienda protegida en régimen de alquiler la inversión se recupera más lentamente y los plazos de amortización son tan largos que complican a las instituciones públicas afrontar este tipo de operaciones. El departamento de Vivienda pretende salvar este obstáculo mediante la colaboración público-privada.
El nuevo modelo hará en consecuencia que los adjudicatarios con mayor renta paguen más dinero por la misma vivienda que los ciudadanos que dispongan de menos recursos. Pero este sistema tendrá efectos relevantes asimismo para los promotores, ya que establecerá unos ingresos fijos para el sector privado por la venta de cada una de las promociones a partir de la definición de los precios del módulo en VPO.

Un fondo de garantía y compensación garantizará a los promotores privados estos ingresos fijos cuando los compradores tengan renta baja y accedan a la vivienda a un precio igualmente bajo. Así en el supuesto de que como resultado del cómputo de las ventas de una promoción los ingresos superen el importe fijo garantizado, el promotor deberá ingresar el excedente en el fondo de garantía y compensación. Si por el contrario los ingresos resultantes de las ventas resultan ser menores que los ingresos garantizados, el mismo fondo complementará los ingresos del promotor hasta el importe garantizado.

Este nuevo sistema de precios va a formar parte de la Ley de Derecho a la Vivienda que, según el calendario legislativo, llegará al Parlamento Vasco antes de fin de año. Esta norma va a suponer en teoría un avance en cuanto al reconocimiento efectivo del derecho a una vivienda digna, derecho reconocido en la Constitución Española, pero la crisis económica no ayuda precisamente a ir muy lejos.

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