El plan de ajuste del Gobierno complica los recortes en Catalunya

El ajuste propuesto por el Gobierno central complica el plan de recorte previsto por la Generalitat, especialmente en lo que respecta a la extensión de la rebaja de sueldos a trabajadores de empresas públicas y de sociedades en concierto con la Administración. Fuentes de la Conselleria d’Economia precisaron ayer que se debe esperar a la publicación del real decreto para saber si hay cobertura legal que permita esa rebaja de sueldos de los empleados vinculados al sector público pero que no son funcionarios.

Los empleados de las empresas públicas cuentan con un convenio colectivo propio, por lo que no se les puede rebajar el salario de forma automática mediante un decreto ley, salvo que lo especifique en él. Por lo tanto, una hipotética rebaja debería realizarse mediante la modificación de cada convenio colectivo. Lo mismo sucede con los empleados de las empresas con concierto público. Una de las ideas con las que trabajaba el Govern era recortar el concierto o la dotación para las empresas públicas y que fueran esas sociedades las que pactaran las rebajas con sus propios trabajadores. Ayer el conseller de Economia, Antoni Castells, precisó que será necesario esperar a saber el contenido del real decreto.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló el jueves al término del Consejo de Ministros que el ajuste afectaría a los empleados públicos de las administraciones y «a los directores de las empresas públicas». No dijo nada respecto a los trabajadores de empresas públicas que no sean directores. En cambio, el martes el conseller Castells había anunciado la intención de extender la rebaja a «las empresas y entidades que forman parte del sector público», así como un «ajuste» de los conciertos y las subvenciones para el funcionamiento de los centros y entidades prestatarias de servicios públicos.

Según datos de la Generalitat, sólo en Catalunya hay unos 181.000 funcionarios más 45.000 trabajadores de empresas públicas. Además, fuentes del sector calculan que en conjunto son 70.000 empleados los trabajadores de centros con concierto público como escuelas o centros de salud.

USOC, sindicato mayoritario en el sector de la educación concertada, pidió ayer que no se aplique una rebaja de los sueldos a los profesores de escuelas concertadas porque no son funcionarios, disponen de convenio propio y tienen el salario congelado.

Mientras, el conseller de Innovació i Empresa, Josep Huguet, dijo ayer que no todas las autonomías deben tener el mismo nivel de ajuste económico porque hay algunas comunidades en las que el 30% de la población activa son funcionarios y Catalunya sólo tiene entre el 11% y el 12%. Huguet añadió que Catalunya «hace tiempo que se apretó el cinturón» y ahora las cargas deberían ser «inversamente proporcionales a la alegría que se ha tenido con los presupuestos».

Desde ICV, el secretario general Joan Herrera señaló que no es necesario ir «mas allá» que el Estado en el recorte del gasto, y abogó por no incluir a los trabajadores de empresas públicas en las rebajas previstas.

Desde CiU, el portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, propuesto al Gobierno que privatizara parte de Aena y Renfe, y que se vendieran acciones de Iberia, Red Eléctrica o Bolsas y Mercados para incrementar los ingresos del Estado y evitar así tener que aplicar los recortes sociales anunciados. En declaraciones a RAC1, Duran manifestó: «Hay una larga relación de activos que hoy tiene el Gobierno en empresas en las que el Estado, comosi aún estuviésemos en la época de Franco, continúa teniendo participación. Pues que se los venda».

El portavoz de CiU en el Congreso precisó que si bien hay empresas en las que la participación del Estado tiene un «sentido estratégico», como Airbus, hay otras que «no tienen ningún sentido» y su venta reportaría unos ingresos que servirían para tapar déficit público. Duran, por ejemplo, propuso «privatizar Renfe Mercancías», así como «una parte de Aena», con lo que el Estado obtendría «mucho dinero y evitaría tocar las pensiones».

Para Duran, tampoco tiene sentido que el Gobierno español «aún tenga un 8,65% de Ebro Puleva», el 5% de Iberia o el 20% de Red Eléctrica.

Por otra parte, la Cambra de Comerç expresó sus temores sobre el futuro de las inversiones del Estado en Catalunya. Concretamente, el organismo empresarial pidió que en el recorte de la inversión en infraestructuras anunciado por el ministro de Fomento, José Blanco, se debe evitar con las liquidaciones pendientes por la disposición adicional tercera del Estatut. Según la Cambra, el importe pendiente de asignar alcanza los 1.400 millones.

Según la Cambra, «este importe debe permitir atenuar en Catalunya el impacto del recorte de inversión en infraestructuras». Asimismo, exigió que queden excluidos del recorte los proyectos estratégicos. En este sentido, consideró «irrenunciable» el impulso a las actuaciones relacionadas con el corredor mediterráneo, tanto viario como ferroviario, incluida la autovía orbital B-40, la línea ferroviaria de alta velocidad, y los nuevos accesos terrestres al puerto de Barcelona.

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